Reporte del istmo

Analistas cuestionan la creación de unidad móvil antiterrorista

AFP

SAN SALVADOR.- La fuerza móvil de combate al terrorismo que pretende crear Centroamérica es “una necesidad creada” por Estados Unidos y sus “intereses de seguridad, que no responde ni soluciona los problemas de seguridad pública de la región”, estimaron analistas. “Hay que ver quién define el terrorismo, qué fuerzas intervienen en la prevención. Ése es un problema de Estados Unidos, no negamos la necesidad de todo Estado de tener prevención en el tema de terrorismo, pero eso es una cosa, y es muy distinto a que los estados respondan a la agenda y prioridad que otro país le esté dando y eso preocupa”, aseguró a la AFP el analista Jaime Martínez. Martínez, director del Centro de Estudios Penales de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), recordó que el discurso de Estados Unidos para el combate al terrorismo “tiene concepciones y enfoques” que, en muchos casos, “va más allá de lo que nuestras propias constituciones permiten”. “Para ellos (Estados Unidos) no es problema que el Ejército esté metido en temas de antiterrorismo, pero para nosotros sí que es un problema. Para América Latina en general y El Salvador, que vivió un conflicto civil en particular, es indudable que no es deseable que otra vez la Fuerza Armada esté en este tipo de labores que le corresponde a la Policía”, remarcó Martínez. Los presidentes de Centroamérica analizaron, en dos cumbres en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles y el jueves la creación de una fuerza móvil de combate al “terrorismo”, al que han asimilado a grupos de pandillas juveniles que se han convertido en el principal problema de seguridad pública en varias naciones del istmo como El Salvador, Honduras y Guatemala. En tanto, el politólogo Napoleón Campos, señaló que “no es de extrañar” que los países centroamericanos deseen promover la creación de la fuerza móvil de combate al terrorismo, puesto que ello “va en consonancia” con la idea de Estados Unidos de atacar ese mal. “No es extraño, pero sí preocupante, no sería la primera vez que Centroamérica haga algo para estar bien con Estados Unidos, pero no sé qué pueda haber detrás de todo esto, no creo conveniente enfocar un problema de seguridad pública (las pandillas) como un aspecto de terrorismo, son cosas distintas”, señaló Campos. “Estados Unidos tiene tres grandes prioridades, lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de personas, bueno, serán las prioridades de ellos, pero no las nuestras, pero no al punto tal de que estos países se embarquen en algo que no abona en nada a los problemas de seguridad pública”, recordó Martínez. “ES NECESARIA” Sin embargo, y pese a las críticas, hay quienes consideran la idea de una fuerza antiterrorista regional como algo “necesario en prevención de cualquier problema de este tipo”. “La idea es aceptable, nuestro ejército es profesional y está capacitado para integrar un grupo así, el terrorismo es un mal que no distingue países, y esperamos que el enfoque de su creación sea ése precisamente”, aseguró el coronel retirado salvadoreño y actual diputado del derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN), Miguel Bennet. La integración de la fuerza móvil —cuya organización fue establecida en reuniones de los jefes militares de la región agrupados en la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC)—, se acordó en la pasada cumbre de presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada el 1 de abril en Tegucigalpa. Los militares acordaron que primero funcionará una unidad individual en cada uno de los países, con logística suficiente para movilizarse con rapidez, sobre todo por vía aérea, y después, al reformarse las leyes, en cada una de las naciones, actuaría en forma conjunta. “Homeland Security es una estrategia del Pentágono, apoyado por el Comando Sur, que habla de combatir a las pandillas porque las vinculan con Al Qaeda”, aseguró a la AFP, Itsmania Pineda, presidenta de la no gubernamental organización de rescate de menores Xibalba Arte y Cultura, de Honduras. “En Estados Unidos se habla de pandilleros o ‘mareros’ centroamericanos, pero ‘mareros’ y pandilleros hay en Estados Unidos, más bien allá se organizaron, pero se está estigmatizando a los ciudadanos de estos países en Estados Unidos como ‘mareros’ y pandilleros”, lamentó la activista humanitaria. ABOGAN POR RESPUESTAS SOCIALES EN HONDURAS La reforma del artículo 332 del Código Penal, más conocida como Ley Antimaras, aprobada en agosto del 2003 por el Congreso hondureño y reformada en diciembre, establece hasta 30 años de cárcel para los líderes de las pandillas. El dirigente de la Central General de Trabajadores (CGT), una de las tres centrales obreras de Honduras, Daniel Durón, deploró que “los presidentes quieren atacar las efectos y no las causas de las pandillas”. “Sólo se les ofrece cárcel, pero lo que deben hacer es atacar las causas, la falta de educación, la falta de oportunidades de empleo; cuando no encuentran oportunidades los jóvenes se agrupan para delinquir y se convierten en un verdadero problemas social”, advirtió Durón. Emilio Gouboud, director de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), de Guatemala, aseguró que mientras hay algunos pandilleros que quieren reinsertarse en la sociedad, cada día son más los jóvenes que por diferentes causas se integran a una pandilla con el fin de sentirse aceptados en un grupo. “Los presidentes lo que quieren es legalizar las matanzas de jóvenes pandilleros e inclusive ambientalistas a quienes aplican el artículo 332”, advirtió la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva. FISCAL: NARCOS FINANCIAN A MARAS Las temibles pandillas juveniles conocidas como “maras” son el brazo armado del crimen organizado en Guatemala, pues tanto narcotraficantes como los llamados grupos paralelos las utilizan para mantener en zozobra a los ciudadanos, aseguró el miércoles el fiscal general, Juan Luis Florido. “Las maras hace dos años eran organizaciones puramente de barrio, donde se limitaban a la violencia urbana que cualquier país del mundo podría tener, y poco a poco fueron convirtiéndose en el brazo criminal del crimen organizado para mantener un estado de zozobra y caos en la población”, sostuvo Florido en rueda de prensa. De acuerdo con el funcionario, las pandillas juveniles han logrado estructurarse gracias al apoyo económico del narcotráfico, como una organización criminal, a semejanza de “la mafia en Estados Unidos”. El jefe de la sección de operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Henry López, coincidió con el fiscal, al recordar los últimos hechos en los que se han visto involucrados pandilleros, que incluso trataron de incendiar una vivienda en un barrio capitalino, sólo porque unos jóvenes no se quisieron integrar al grupo. “La estructura que tienen los ‘mareros’ para cobrar el impuesto de circulación a autobuses, así como a comerciantes en diferentes áreas del país, y la adquisición de armas, hacen suponer que hay alguna organización que los está financiando”, afirmó López a la AFP. Las pandillas juveniles no están integradas sólo por ladinos (población mestiza), sino que dentro de sus filas cuentan con jóvenes de las distintas comunidades indígenas (mayoritarias en Guatemala) que llegan a la capital en busca de mejores oportunidades. Estos jóvenes luego regresan a sus comunidades y así extienden el “dominio” del grupo al que pertenecen, aseguró Florido.