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Carola Mittrany
Más de 400 niños, niñas y jóvenes perdieron la vida de forma violenta en 2006 en Honduras, mientras que 150 mujeres fueron asesinadas a lo largo del año, según el informe de Amnistía Internacional (AI) divulgado a fines de mayo último. En la mayoría de los casos, según la organización, no se puso a disposición de la justicia a las personas responsables.
“Las cifras son alarmantes. Sin embargo, lo que cita AI es un mínimo de lo que se está viendo. Los organismos se han vuelto burocráticos y hay casos que no son cuantificables”, señala Itsmania Platero, presidenta de la organización no gubernamental Xibalba Arte y Cultura.
Itsmania, que trabaja en la defensa de los derechos humanos desde hace 19 años, es una de las muchas activistas que sufre con las “crecientes amenazas, intimidaciones y hostigamiento contra personas que centran sus actividades en los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la vivienda”, según el mismo informe de AI.
“La negligencia y omisión de los organismos de derechos humanos está fortaleciendo los abusos a la causa que ellos deberían defender. El comisionado de DDHH repite lo que el Estado quiere que repita. El silencio se vuelve cómplice”, denuncia Itsmania.
Impunidad y corrupción
En un país donde la tasa de homicidios es de 37 por cada cien mil habitantes - según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Itsmania cree que las estadísticas pueden ser aún mayores y apunta la impunidad como mayor culpable por la perpetuación de la violencia. “Hay muchas personas que no están denunciando por miedo. No pueden los números ser reales, porque el departamento de investigación criminal solo reporta casos de personas o hechos muy relevantes, no cuenta con agentes en los 18 departamentos, por lo que muchas muertes quedan sin resolver. Hay lugares, inclusive, donde los investigadores hacen de jueces, de fiscales, de forenses”, critica.
La activista cita como ejemplo el entierro en semanas recientes de varias personas en fosas comunes, sin que fueran identificadas, por inoperancia del ministerio publico, según fuentes de la policía. “Es normal que la policía y la dirección general de investigación criminal delinquen. Poner una queja en la policía puede costarte la vida. Eso ahora es normal, pero lo absurdo es poner una queja y darte cuenta que esto te puede costar la vida porque tu denuncia pronto estará en manos de los delincuentes”, alerta.
Itsmania, que es testigo en muchos casos de la corte y está amenazada de muerte, apunta la inoperancia en el sistema judicial y la corrupción dentro de la policía por este cuadro alarmante: “Esto hace a uno creer que el sistema judicial está involucrado o es deficiente. Ya en la policía, los que no son corruptos, están descontentes por la dirección que no está cumpliendo su finalidad de realizar”, lamenta.
Juventud al margen de la sociedad
Sobre el tema de las pandillas, la activista dice que la ley antimaras apenas sirvió para estigmatizar y criminalizar a la juventud, principalmente a aquellos jóvenes que provienen de bajos estratos. Observa también que ya no se maneja el tema como en el pasado, habiendo sido sustituido en los titulares de los diarios y en la boca de la gente, por el tema del crimen organizado y el sicariato.
“En las cárceles hay entre 600 y 700 jóvenes que pertenecen a las maras. Ya no se ven jóvenes tatuados en las calles. Los que han sobrado han emigrado, mientras otros han sido muertos, inclusive dentro de los centros penales”, indica.
Para la activista son muchos los intereses que están en juego. Entre ellos cita la comercialización de la seguridad privada y la venta de armas, dirigida especialmente a un público femenino alarmado con la creciente inseguridad en el país. “Hay un conjunto que está compuesto inclusive por los medios de comunicación que responde a intereses elitistas y empresariales. Hay libertad de prensa pero no hay libertad de expresión. El amarillismo en los periódicos vende y justifica la existencia de grupos de exterminio que han hecho que la población se vuelva juez”, sentencia la activista.
Por la defensa de los derechos humanos
El informe “El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, fue presentado en Londres por la Secretaría General de Amnistía Internacional, Irene Khan y analiza por regiones la vigencia de las garantías individuales.
El documento hace énfasis en los temas de violencia contra las mujeres, contra la niñez, el trasiego de armas, la pena de muerte, las distintas formas de tortura y terror, así como la justicia internacional. Y hace un llamado para que los defensores de los derechos humanos puedan hacer su trabajo en paz.
“Lo que quiero es que se respeten los derechos del ser humano, que sean aplicadas medidas cautelares y que el estado propicie la seguridad digna para vivir”, concluye Itsmania.
sábado, 23 de enero de 2010
SEGURIDAD MERCENARIA
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Carola Mittrany
En Honduras se producen 46 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes. La tasa es una de las más altas de América Latina, según el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de 2007. En medio a este ambiente de violencia, las empresas de seguridad privada van ganando terreno en el país y provocan la desconfianza de organismos defensores de derechos humanos.
"La cuestión está en que este tipo de empresas proliferaron en el más absoluto desorden y continúan así, a pesar de que la ley obliga a la Secretaría de Seguridad no sólo para que autorice el funcionamiento de las mismas sino para que vigile, a fin de evitar que se conviertan en una especie de ejércitos privados”, advierte Itsmania Platero, presidenta de la organización no gubernamental Xibalba Arte y Cultura.
En Honduras operan alrededor de 400 agencias de seguridad, pero la unidad policial sólo tiene registradas 116, más 36 organizaciones creadas por empresas para su seguridad interna, 32 que ejercen vigilancias en barrios y colonias y cinco detectives privados, para hacer un total de 189. Se estima que entre todas las agencias pueden llegar a tener 60.000 hombres, pero sólo unos 20.000 están registrados en las 189.
Por registrarse, cada empresa paga 100 mil lempiras (poco más de US$5 mil) y anualmente enterará 10 mil lempiras (US$500) más 20 lempiras (US$1) adicionales por cada guardia. Sobre el uso de armas, ha sido establecido que el armamento necesario para una empresa de seguridad depende del número de plantel que tenga, dentro de una proporción de 1:1, sin embargo no hay ningún tipo de control que determine la cantidad de armas que detienen.
Poder sin control
En un pronunciamento hecho por el presidente Manuel Zelaya, en agosto de 2006, se incluyó a los guardias de seguridad privada en los programas de ciudadanía del gobierno, autorizándolos para intervenir en hechos delictivos, incluso disparar contra delincuentes que estén perpetrando algún asalto. La función también implicaría labor de inteligencia, al proporcionar información valiosa que les sirva a los órganos de seguridad pública. A cambio de esta labor serían premiados con algún bono.
“No hay ninguna ley que haya sido establecida en relación a esto. Sin embargo, la poca confianza por parte de la población en la policía, que recientemente vio implicados a cerca de 190 elementos de la institución involucrados en bandas y en actos de corrupción graves, valoriza al guardia privado y lo legitima ante la sociedad", alerta Itsmania. La activista también nota la falta de equipo en las oficinas de la Direccion General de Investigacion Criminal, que dificulta cualquier tipo de investigacion.
Esto indica que si los guardias privados, al intervenir para detener un delito, se ven en la obligación de herir o matar a un criminal para defender vidas o bienes, no serían acusados de homicidios.
“Esto es muy grave porque hay casos en que los propios agentes cometen actos delictivos. No hay capacitación de estos guardias ni ningún control sobre ellos. Además, no gozan de derechos laborales de ningún tipo dentro de las empresas”, dice.
Aunque no hay cifras exactas de cuánto invierte el sector privado para cuidar sus valores, se estima que son más de 700 millones de lempiras anuales (apróximadamente US$37 millones) los que gastan en equipos de vigilancia electrónica y en la contratación de personal.
Violencia tiene raíces históricas
Parte de la delincuencia que sufre Honduras tiene sus raíces en los conflictos centroamericanos de la década del 80, después de los cuales no solo quedó en circulación gran cantidad de armas de fuego de todo tipo, sino mucha gente entrenada en diversas técnicas de ataque, tanto de parte de las guerrillas que se disolvieron como de los ejércitos regulares que se vieron obligados a empequeñecerse.
“Muchos ex guerrilleros y ex militares conformaron bandas dedicadas a los asaltos bancarios, secuestros, robo de vehículos y narcotráfico. También la expulsión de pandilleros por parte del gobierno estadounidense permitió la proliferación de las maras. Todo esto incrementó al máximo la percepción de inseguridad, por lo que al mismo tiempo abrió las puertas para el éxito de las empresas privadas de seguridad, la mayor parte de ellas propiedad de militares retirados y cuyos guardias también fueron hombres de uniforme”, explica Itsmania.
Armas sin control
El informe del Conadeh cita que a nivel nacional en el primer semestre de 2006, de cada 100 mil personas 37 murieron por causas externas. De ellas, 1,508 fueron víctimas de homicidio, lo cual corresponde a una tasa de 23.1 por cada 100 mil habitantes; con esta tendencia, al finalizar 2006 se produjeron aproximadamente 46 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes, una cifra bastante elevada para el promedio, según la OMS, de 19.3 en las Américas en el año 2000 y 8.8 a nivel mundial.
Es necesario destacar que 201 menores de 20 años, de ambos sexos, murieron por homicidio en este período, constituyendo el 13.4% de todas las muertes. El instrumento letal fue un arma de fuego (revólver, pistola y fusiles) en casi 8 (78.8%) de cada 10 homicidios.
“En Honduras no hay control sobre el uso de armas de fuego”, señala la activista. En un país donde la ley de portación de armas autoriza hasta cinco armas y dos licencias por persona, el llamado de Itsmania se hace cada vez más urgente: “Honduras necesita una campaña de desarme, no sólo para reducir la muerte de niños y jóvenes sino de toda la población”.
Carola Mittrany
En Honduras se producen 46 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes. La tasa es una de las más altas de América Latina, según el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de 2007. En medio a este ambiente de violencia, las empresas de seguridad privada van ganando terreno en el país y provocan la desconfianza de organismos defensores de derechos humanos.
"La cuestión está en que este tipo de empresas proliferaron en el más absoluto desorden y continúan así, a pesar de que la ley obliga a la Secretaría de Seguridad no sólo para que autorice el funcionamiento de las mismas sino para que vigile, a fin de evitar que se conviertan en una especie de ejércitos privados”, advierte Itsmania Platero, presidenta de la organización no gubernamental Xibalba Arte y Cultura.
En Honduras operan alrededor de 400 agencias de seguridad, pero la unidad policial sólo tiene registradas 116, más 36 organizaciones creadas por empresas para su seguridad interna, 32 que ejercen vigilancias en barrios y colonias y cinco detectives privados, para hacer un total de 189. Se estima que entre todas las agencias pueden llegar a tener 60.000 hombres, pero sólo unos 20.000 están registrados en las 189.
Por registrarse, cada empresa paga 100 mil lempiras (poco más de US$5 mil) y anualmente enterará 10 mil lempiras (US$500) más 20 lempiras (US$1) adicionales por cada guardia. Sobre el uso de armas, ha sido establecido que el armamento necesario para una empresa de seguridad depende del número de plantel que tenga, dentro de una proporción de 1:1, sin embargo no hay ningún tipo de control que determine la cantidad de armas que detienen.
Poder sin control
En un pronunciamento hecho por el presidente Manuel Zelaya, en agosto de 2006, se incluyó a los guardias de seguridad privada en los programas de ciudadanía del gobierno, autorizándolos para intervenir en hechos delictivos, incluso disparar contra delincuentes que estén perpetrando algún asalto. La función también implicaría labor de inteligencia, al proporcionar información valiosa que les sirva a los órganos de seguridad pública. A cambio de esta labor serían premiados con algún bono.
“No hay ninguna ley que haya sido establecida en relación a esto. Sin embargo, la poca confianza por parte de la población en la policía, que recientemente vio implicados a cerca de 190 elementos de la institución involucrados en bandas y en actos de corrupción graves, valoriza al guardia privado y lo legitima ante la sociedad", alerta Itsmania. La activista también nota la falta de equipo en las oficinas de la Direccion General de Investigacion Criminal, que dificulta cualquier tipo de investigacion.
Esto indica que si los guardias privados, al intervenir para detener un delito, se ven en la obligación de herir o matar a un criminal para defender vidas o bienes, no serían acusados de homicidios.
“Esto es muy grave porque hay casos en que los propios agentes cometen actos delictivos. No hay capacitación de estos guardias ni ningún control sobre ellos. Además, no gozan de derechos laborales de ningún tipo dentro de las empresas”, dice.
Aunque no hay cifras exactas de cuánto invierte el sector privado para cuidar sus valores, se estima que son más de 700 millones de lempiras anuales (apróximadamente US$37 millones) los que gastan en equipos de vigilancia electrónica y en la contratación de personal.
Violencia tiene raíces históricas
Parte de la delincuencia que sufre Honduras tiene sus raíces en los conflictos centroamericanos de la década del 80, después de los cuales no solo quedó en circulación gran cantidad de armas de fuego de todo tipo, sino mucha gente entrenada en diversas técnicas de ataque, tanto de parte de las guerrillas que se disolvieron como de los ejércitos regulares que se vieron obligados a empequeñecerse.
“Muchos ex guerrilleros y ex militares conformaron bandas dedicadas a los asaltos bancarios, secuestros, robo de vehículos y narcotráfico. También la expulsión de pandilleros por parte del gobierno estadounidense permitió la proliferación de las maras. Todo esto incrementó al máximo la percepción de inseguridad, por lo que al mismo tiempo abrió las puertas para el éxito de las empresas privadas de seguridad, la mayor parte de ellas propiedad de militares retirados y cuyos guardias también fueron hombres de uniforme”, explica Itsmania.
Armas sin control
El informe del Conadeh cita que a nivel nacional en el primer semestre de 2006, de cada 100 mil personas 37 murieron por causas externas. De ellas, 1,508 fueron víctimas de homicidio, lo cual corresponde a una tasa de 23.1 por cada 100 mil habitantes; con esta tendencia, al finalizar 2006 se produjeron aproximadamente 46 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes, una cifra bastante elevada para el promedio, según la OMS, de 19.3 en las Américas en el año 2000 y 8.8 a nivel mundial.
Es necesario destacar que 201 menores de 20 años, de ambos sexos, murieron por homicidio en este período, constituyendo el 13.4% de todas las muertes. El instrumento letal fue un arma de fuego (revólver, pistola y fusiles) en casi 8 (78.8%) de cada 10 homicidios.
“En Honduras no hay control sobre el uso de armas de fuego”, señala la activista. En un país donde la ley de portación de armas autoriza hasta cinco armas y dos licencias por persona, el llamado de Itsmania se hace cada vez más urgente: “Honduras necesita una campaña de desarme, no sólo para reducir la muerte de niños y jóvenes sino de toda la población”.
TORTURAS
"El acto de la tortura es un crimen Internacional y ninguna circunstancia excepcional como: la guerra, inestabilidad política interna, o violencia criminal puede invocarse como justificación de la practica de la tortura. La prohibición es absoluta. Aun en estas circunstancias porque "degrada irreparablemente el código de la moral de quien la aplica materialmente, de los responsables que la autorizan y de la sociedad que la acepta, explicita o implícitamente" Centro Cultural Conde Duque, Madrid, 29 de marzo 1996.
ITSMANIA PINEDA PLATERO
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