Entra en vigor la Ley antimaras mientras Amnistía Internacional advierte de “la ejecución de niños y jóvenes por parte del Estado”
Alèxia Peláez
Ricardo Maduro (Partido Nacional) llegó en el año 2000 a la presidencia de la República de Honduras con la promesa de reducir la violencia en las calles, que se habían convertido en la cuna del crimen de las bandas juveniles, más conocidas como maras. Un año después, el balance que hacía el Gobierno era positivo. Según el presidente, se consiguieron reducir los secuestros en un 42% y se capturaron a la mayor parte de los autores, los asaltos a personas disminuyeron un 26%, las agresiones a comercios un 10%, los robos de vehículos un 24% y los ataques contra instituciones bancarias un 36%. Sin embargo, las cifras continúan cortando la respiración y según declararon al diario La prensa funcionarios, ex presidentes de Honduras y organizaciones civiles –cuando se cumplía un año del Gobierno de Maduro, el 27 de enero- la caótica situación escapa también de las manos de Maduro. Y es que en los últimos cinco años, más de 1.800 jóvenes han sido asesinados, sobre todo en la capital, Tegucigalpa, y en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país.
En este sentido, el hecho más significativo y la respuesta más contundente del Gobierno fue el proyecto de ley enviado por el presidente al Congreso Nacional, el primer día de julio, para prohibir la existencia de las maras y penar el hecho de formar parte de alguna de ellas. En su anuncio, Maduro declaraba: “No hay nada más importante para mi Gobierno que la guerra contra la delincuencia. El Estado no puede permitir la existencia notoria y masiva de grupos cuyo único propósito es cometer crímenes contra el pueblo hondureño”. El 7 de agosto el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal y el 15 de agosto entraba, definitivamente, en vigor la Ley Antimaras. Con esta nueva ley se condena hasta a doce años de prisión “a los cabecillas de las maras que se asocien con el objetivo permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito”, según el artículo 332 del Código Penal. Con tal de esclarecer cuáles son los grupos violentos, la ley apunta que son aquéllos que “se destaquen o se identifiquen como tales y las decisiones de los cuales influyan en el ánimo y acciones del grupo”. A aquellos integrantes de las pandillas que no sean los cabecillas se les rebajará “un tercio” la pena. Además de la prisión también se les podrá imponer una multa de hasta 12.000 dólares. Con todo, la polémica de esta ley estaba garantizada. ONG y grupos de defensa de los derechos humanos de Honduras e internacionales demostraron un claro rechazo a la reforma del Código Penal ya que, según manifestaron, no respeta el derecho a la presunción de inocencia de los detenidos. Esta disconformidad se materializó el 22 de septiembre cuando la organización COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras) presentó un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Supremo del país. En cuanto a los 1.800 jóvenes muertos entre el 1998 y el 2002, Amnistía Internacional (AI) en sus informes resaltaba el elevado número de casos (un 22%) en que se ha informado de la participación en las muertes de las fuerzas de seguridad que actúan con el consentimiento implícito de las autoridades. Una parte de esos crímenes, un 13%, ha ocurrido dentro del contexto de lucha contra las maras. AI denuncia “la ejecución de niños y jóvenes en manos de agentes del Estado o de individuos no identificados, en circunstancias que hacen pensar en una campaña de limpieza social”. Por otro lado, AI critica la vulnerabilidad de los derechos y libertades de las personas con la aplicación de la ley y se muestra preocupada porque “detrás de los homicidios se escondan motivaciones sociales o económicas, y que los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales sean vistos por algunos sectores de la población como la solución al problema de la inseguridad pública”. Las cifras apuntan hacia un total de 40.000 mareros en Honduras y las maras más importantes son La Mara 18 y Salvatrucha. También existen, según fuentes oficiales, un gran número de personas hacinadas en las cárceles. El debate sobre la Ley Antimaras apuntó, más allá de la vulneración de los derechos individuales y de una posible detención aleatoria de jóvenes que, con la ley, los mareros –víctimas de la pobreza y la dificultad de salir de la pandilla una vez se ha entrado- son detenidos pero no reinsertados. De esta forma se expresaba un integrante de una de estas maras. “Si nos dan una oportunidad tendremos un futuro, si la sociedad no nos critica y nos brinda su ayuda”. Por eso el Gobierno consideró la opción de construir centros educativos para su rehabilitación. Un claro ejemplo de la violencia en las calles de Honduras tuvo lugar el 31 de agosto. Fue entonces cuando, en menos de una hora, integrantes de las maras asesinaron a un total de once personas en diferentes puntos de la ciudad de San Pedro Sula. Poco después, el 5 de septiembre, en lo que fue considerado un gesto histórico sin precedentes, La Mara 18 leyó un comunicado donde se desvinculaba de los hechos y pedía perdón por su comportamiento, al mismo tiempo que apostaba por la paz.
En este sentido, el hecho más significativo y la respuesta más contundente del Gobierno fue el proyecto de ley enviado por el presidente al Congreso Nacional, el primer día de julio, para prohibir la existencia de las maras y penar el hecho de formar parte de alguna de ellas. En su anuncio, Maduro declaraba: “No hay nada más importante para mi Gobierno que la guerra contra la delincuencia. El Estado no puede permitir la existencia notoria y masiva de grupos cuyo único propósito es cometer crímenes contra el pueblo hondureño”. El 7 de agosto el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal y el 15 de agosto entraba, definitivamente, en vigor la Ley Antimaras. Con esta nueva ley se condena hasta a doce años de prisión “a los cabecillas de las maras que se asocien con el objetivo permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito”, según el artículo 332 del Código Penal. Con tal de esclarecer cuáles son los grupos violentos, la ley apunta que son aquéllos que “se destaquen o se identifiquen como tales y las decisiones de los cuales influyan en el ánimo y acciones del grupo”. A aquellos integrantes de las pandillas que no sean los cabecillas se les rebajará “un tercio” la pena. Además de la prisión también se les podrá imponer una multa de hasta 12.000 dólares. Con todo, la polémica de esta ley estaba garantizada. ONG y grupos de defensa de los derechos humanos de Honduras e internacionales demostraron un claro rechazo a la reforma del Código Penal ya que, según manifestaron, no respeta el derecho a la presunción de inocencia de los detenidos. Esta disconformidad se materializó el 22 de septiembre cuando la organización COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras) presentó un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Supremo del país. En cuanto a los 1.800 jóvenes muertos entre el 1998 y el 2002, Amnistía Internacional (AI) en sus informes resaltaba el elevado número de casos (un 22%) en que se ha informado de la participación en las muertes de las fuerzas de seguridad que actúan con el consentimiento implícito de las autoridades. Una parte de esos crímenes, un 13%, ha ocurrido dentro del contexto de lucha contra las maras. AI denuncia “la ejecución de niños y jóvenes en manos de agentes del Estado o de individuos no identificados, en circunstancias que hacen pensar en una campaña de limpieza social”. Por otro lado, AI critica la vulnerabilidad de los derechos y libertades de las personas con la aplicación de la ley y se muestra preocupada porque “detrás de los homicidios se escondan motivaciones sociales o económicas, y que los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales sean vistos por algunos sectores de la población como la solución al problema de la inseguridad pública”. Las cifras apuntan hacia un total de 40.000 mareros en Honduras y las maras más importantes son La Mara 18 y Salvatrucha. También existen, según fuentes oficiales, un gran número de personas hacinadas en las cárceles. El debate sobre la Ley Antimaras apuntó, más allá de la vulneración de los derechos individuales y de una posible detención aleatoria de jóvenes que, con la ley, los mareros –víctimas de la pobreza y la dificultad de salir de la pandilla una vez se ha entrado- son detenidos pero no reinsertados. De esta forma se expresaba un integrante de una de estas maras. “Si nos dan una oportunidad tendremos un futuro, si la sociedad no nos critica y nos brinda su ayuda”. Por eso el Gobierno consideró la opción de construir centros educativos para su rehabilitación. Un claro ejemplo de la violencia en las calles de Honduras tuvo lugar el 31 de agosto. Fue entonces cuando, en menos de una hora, integrantes de las maras asesinaron a un total de once personas en diferentes puntos de la ciudad de San Pedro Sula. Poco después, el 5 de septiembre, en lo que fue considerado un gesto histórico sin precedentes, La Mara 18 leyó un comunicado donde se desvinculaba de los hechos y pedía perdón por su comportamiento, al mismo tiempo que apostaba por la paz.
Los asesinatos del 31 de agosto hicieron evidente la elevada violencia de estos grupos, que cometen tanto asaltos como homicidios o trafico de drogas. Para combatir la dramática situación –que habla de unos 60 homicidios por cada 10.000 habitantes en Honduras y 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en la zona de San Pedro Sula- el BID (Banco Internacional de Desarrollo) aprobó,
el 12 de septiembre, un préstamo de veinte millones de dólares en el programa de paz en el Valle de Sula, la zona más industrializada del país, con un 55% del PNB (Producto Nacional Bruto). Esta iniciativa propone un trabajo de prevención social y reinserción de jóvenes mareros.
Cronología año 2003
18 de enero. Zonas enteras de la ciudad de San Pedro Sula en manos de las pandillas o maras.
20 de enero. El presidente –Ricardo Maduro- pide a Bush que conceda la residencia permanente a unos 82.000 hondureños que viven en EEUU y que en estos momentos se encuentran bajo la condición de Estatus de Protección Temporal (TPS). La vigencia de este estatus –prorrogado por EEUU por tercera vez el año pasado- se termina en mayo del 2004
27 de enero.
El primer año de Maduro sigue con violencia juvenil en las calles de Honduras.
8 de febrero. El presidente y el secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental, Daniel W. Fisk, hablan sobre el TLC después de la incertidumbre creada con la vigencia del arancel del 35% impuesto por Nicaragua a los productos hondureños
12 de febrero.
Honduras posterga las represalias contra Nicaragua por la posible derogación del impuesto
4 de marzo. Honduras da un ultimátum a Nicaragua sobre el tema de los impuestos
11 de marzo. Nicaragua suspende la aplicación del arancel
12 de marzo. Banco Central de Desarrollo presta 20 millones de dólares para un programa de paz en el Valle de Sula
3 de mayo. EEUU aprueba la extensión del Estatus de Protección Temporal 18 meses más
18 de mayo. Más de 1.800 jóvenes han estado asesinados en los últimos cinco años, en la capital y en la ciudad del norte, San Pedro Sula. Los cuerpos de los jóvenes son encontrados en las calles casi a diario.
1 de julio. El presidente envía al Congreso Nacional un proyecto de ley para prohibir las maras y penar el hecho de pertenecer a ellas, ya que perjudican a la juventud y aterrorizan al pueblo.
12 de julio. Miembros de las comisiones de Honduras y El Salvador avanzan para cumplir los mandatos de La Haya, que determinó la ubicación exacta de la frontera entre Honduras y El Salvador
7 de agosto. Parlamento aprueba reforma del Código Penal15 de agosto. Entra en vigor la ley antimaras
31 de agosto. Integrantes de las maras matan, en menos de una hora, a 11 personas en distintos puntos de la ciudad de San Pedro Sula
5 de septiembre. Mara 18 pide una tregua ante la prensa, en una acción histórica. Por primera vez expresaron su opinión sobre los últimos acontecimientos violentos y leyeron un comunicado donde negaban su participación en estos actos. Asimismo, en el comunicado pedían perdón por su comportamiento y abogaban por la paz
6 de septiembre. El presidente promete ayudar a los jóvenes mareros que decidan renunciar, ofreciéndoles ayudas del Estado
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