La intervención que se ha producido en los últimos días en las direcciones de investigación de la Policía Nacional, podría desatar una ola de delitos de diferentes áreas ante la falta de respuesta por parte de la autoridad, temen expertos en la materia.
La intervención de la Policía de Investigación estaría incrementando la impunidad.
Mientras los agentes encargados de sustentar los casos al Ministerio Público son evaluados por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la Policía Preventiva se limita a recibir denuncias.
Para el analista Raúl Pineda Alvarado, al suspender las operaciones de la DNIC y de las Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) se debilita la sustentación de los casos para los fiscales y pueden dispararse los diferentes delitos.
Consideró que la acción debió haber sido gradual, por medio de un estudio estratégico que permitiera determinar qué operaciones se podrían suspender y ver bajo qué mecanismo se iban a suplir los agentes, porque es inadmisible suspender un organismo a “rajatabla”.
“Quien tomó esa decisión no conoce el sistema procesal penal hondureño, que se fundamenta básicamente en el trabajo que desarrolla la Policía de Investigación, porque la intervención es buena pero su implementación en muy mala”, aseguró Pineda.
Sobre los delitos que requieren de una investigación inmediata, dijo que al parecer para ello se ha dejado una fuerza de tarea combinada de las Fuerzas Armadas y del Comando de Operaciones Especiales “Cobras” que siguen actuado con normalidad.
El informe del Observatorio de la Violencia revela como un delito de alto impacto los secuestros.
El analista añadió que el gobierno no aclara a la sociedad qué es lo que está haciendo debido a la confidencialidad que maneja la Secretaría de Seguridad, ya que todo lo maneja por comunicados de prensa y también está parado el registro balístico y otras acciones de la institución.
“El público necesita ahora otro comunicado, donde se diga qué es lo que está pasando y qué tiene que hacer referente con la Policía. De hecho, el gobierno no ha explicado qué es lo que se pretende hacer con la Policía de Investigación y qué se puede esperar de este proceso”, cuestionó.
Respecto al tiempo que puede durar el proceso de intervención, refirió que es difícil determinar un plazo ya que está predeterminado por el tiempo que duren las evaluaciones que desarrolle la Dirección de Evaluación e Investigación de la Carrera Policial.
Consultado sobre las propuestas que hizo la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), indicó que “no tienen el acerbo científico para poder ser implementadas, deben ser objeto de un debate profundo por gente que conozca el tema de seguridad, porque sus integrantes no son especialistas en ese campo”.
Hay que esperar que, “el Estado tome su papel y vuelva a darnos la paz que todos deseamos”, abogó el exjefe de la DNIC, Wilfredo Urtecho.
Lamentó que, “la información del crimen organizado se filtra en todas las organizaciones del Estado”, lo que hace complicada la lucha contra la delincuencia, sobre todo porque en ninguna de las instituciones “hay pureza” y en su mayoría están contaminadas.
Según el último boletín de delitos de alto impacto del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el primer trimestre del año anterior se registraron 2,761 hechos en total, de acuerdo a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y 1,997 registró en MP.
En el conteo del MP en los primeros meses del año anterior se cometieron un total de 1,567 delitos de alto impacto contra la propiedad; para el caso se dieron 1,233 robos de vehículos terrestres, naves, aeronaves y buques, 57 hurtos de vehículos automotores y 277 extorsiones.
Las extorsiones penetraron con mayor fuerza en tres de los municipios más importantes del país, encabezando el Distrito Central con 82 casos que representan el 29.6 por ciento; San Pedro Sula con 68 casos, es decir el 24.5 por ciento; La Ceiba con 47 casos que es el 16.96 por ciento.
Se debe informar más a la población sobre las acciones que se están haciendo, según Pineda Alvarado.
Las otras zonas con un mediano nivel de intensidad fueron Comayagua con 11 casos, que es el 3.97 por ciento; Tela con 9, significando el 3.24 por ciento, luego Santa Rosa y El Progreso con 7 casos cada uno, que es 2.52 por ciento.
AUMENTAN LOS SECUESTROS
Los delitos contra la libertad e integridad física, psicológica y sexual de las personas se midió por medio de la incidencia del secuestro y la trata de personas, ya que en comparación con el 2011 que se registraron 67 secuestros, durante los primeros meses del 2012 sumaron 94, es decir un 40.3 por ciento de aumento.
Mientras que el delito de trata de personas aumentó en un 9 por ciento, ya que en 2011 se registraron 11 eventos, y para el 2012 subió a 12. De acuerdo al sexo, los hombres resultan ser los más afectados en el secuestro con 61 casos y representan el 64.9 por ciento del total y un 29 por ciento lo absorben las mujeres con 28 casos.
Con respecto al delito de trata de personas, las mujeres son víctimas con mayor frecuencia con 8 casos, todas niñas entre 9 y 17 años, significan un 66.6 por ciento del total, en el caso de los hombres solo fueron víctimas un 8.3 por ciento.
Los dos delitos que afectan en gran medida la seguridad interior de un Estado, según el Observatorio de la Violencia, son el tráfico de drogas, que en el 2012 aumentó en un 20.57 por ciento, con 252 eventos registrados; y el lavado de activos, que se reduce en un 3 por ciento con 69 hechos.
La directora del Observatorio de la Violencia, Migdonea Ayestas, indicó que el informe sobre los delitos de alto impacto permite tener un mejor entendimiento del impacto de la violencia en el país, pero es difícil realizarlo periódicamente porque en las instituciones responsables de los casos no les abren fácilmente las puertas.
