CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ola de asesinatos de defensores de derechos humanos en Honduras volvió a prender las alarmas internacionales este jueves.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) urgieron al gobierno del país centroamericano a proteger a los activistas.
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En un comunicado, la CIDH repudió los recientes asesinatos de José Ángel Flores y Slimer Dionisio George, integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), una de las organizaciones campesinas de esa región que lucha para la redistribución de tierras concesionadas a tres poderosos empresarios, en la década de los 90, para producir aceite de palma.
El organismo internacional denunció abiertamente la pasividad del gobierno hondureño para proteger a los dos campesinos, quienes el pasado 18 de octubre fueron ejecutados dentro de una cooperativa por un grupo de encapuchados “fuertemente armados”, pese a que ambos contaban con medidas cautelares de la CIDH desde el 8 de mayo de 2014.
El doble asesinato generó condenas por parte de ONG hondureñas e internacionales, entre ellas Human Rights Watch (HRW), que exigió al gobierno una investigación “oportuna, exhaustiva e imparcial” sobre el caso.
La CIDH también recordó que en una reunión de trabajo celebrada el 21 de octubre de 2015, señaló al gobierno hondureño las “serias falencias en la implementación de las medidas de protección” a favor de los defensores de derechos humanos hondureños.
“Con estos asesinatos ya son al menos diez los defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados en el país en lo que va de año. A la luz de la continuidad de los asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión expresa su alarma y consternación sobre estos actos de violencia”, deploró la CIDH.
Por su parte, el CEDAW denunció que “los recientes homicidios de cuatro defensores de derechos humanos, que se sumaron al asesinato de Berta Cáceres hace ocho meses, muestran lo alarmante que es la situación” de esas personas.
Al revisar los avances de Honduras en la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Discriminaciones contra las Mujeres, los expertos de la ONU instaron al gobierno a “cesar la criminalización de las actividades de los defensores de derechos humanos”.
Los representantes del país centroamericano afirmaron que la investigación sobre el asesinato de la activista indígena Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo, “sigue abierta”.
Pero el pasado 29 de septiembre el expediente judicial del caso fue “robado” junto con el automóvil de María Luisa Ramos, una magistrada que seguía la investigación.
De acuerdo con los representantes del gobierno, una persona vinculada con el consorcio de empresas que pretendía construir el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca –del que Cáceres era opositora– participó en el crimen, lo que “reforzó la hipótesis de que el asesinato está vinculado con sus actividades como defensora de los derechos humanos”.
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