Una tregua pactada hace seis meses
por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18) redujo el número de
asesinatos en El Salvador, pero persisten serias dudas de que el
fenómeno vaya a repetirse en otros países centroamericanos, donde
también operan esas violentas pandillas.
Líderes pandilleros y los mediadores del acuerdo salvadoreño afirman
que las MS-13 y M-18 de Guatemala y Honduras tienen interés en seguir
esos pasos, y que incluso sus cabecillas viajaron a El Salvador para
conocer la experiencia."Nuestros compañeros de Guatemala y de Honduras incluso han enviado peticiones al gobierno (de sus países) pidiéndoles que den inicio a procesos similares", declaró un líder de la M-18, Carlos Mójica Lechuga, recluido en el penal de Cojutepeque, 35 km al este de San Salvador.
El ex comandante guerrillero Raúl Mijango, mediador junto con el vicario castrense Fabio Colindres, señaló que "esta experiencia exitosa (...) no sólo está siendo vista con buenos ojos por otros países hermanos, sino que algunos hasta lo quieren replicar".
No obstante, funcionarios, analistas y sectores de la población en esos dos países lo ven poco factible por tratarse de realidades y organizaciones criminales distintas -aunque de raíz común-. Los gobiernos continúan apostando a la represión, más que a la prevención.
Verificada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la tregua en El Salvador, que se inició el 9 de marzo, redujo de 14 a 5 los asesinatos diarios, con lo que el país dejó de figurar entre los más violentos del mundo, según el gobierno.
Producto de la violencia del narcotráfico aliado con las maras, y disparada por la penetración de los cárteles mexicanos, Honduras tiene el récord mundial de homicidios, con 82 por cada 100.000 habitantes, y Guatemala registra 42 por cada 100.000, según un informe de la ONU de 2011.
El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, sostiene que no negoció con las maras; pero el ministro de Seguridad, general David Munguía, reconoció que acercárseles con mediadores es parte de una estrategia en el combate a la delincuencia. "Una cosa es ser facilitadores y otra es ser negociadores", dijo.
Los mandatarios Otto Pérez (Guatemala) y Porfirio Lobo (Honduras) descartan dialogar con esos grupos. "Deben responder ante la ley", dice el guatemalteco.
"Cada país tiene sus particularidades y estoy muy contento con los caminos que hemos tomado", dijo recientemente Lobo, al declararse satisfecho con la "Operación Relámpago", con la que hace un año sumó a los militares al combate contra el crimen organizado.
Surgidas con miles de jóvenes deportados de Estados Unidos -donde se relacionaron con pandillas bien organizadas y tomaron sus nombres de la Calle 13 y la Calle 18 de Los Ángeles-, las maras, con más de 70.000 miembros en los tres países, son bandas bien armadas, que tienen sus códigos y se identifican con tatuajes.
"Muchos de esos jóvenes habían emigrado en la guerra civil (1980-1992) de El Salvador, por eso ahí la mediación castrense y de un guerrillero funcionó. La violencia en Honduras es más compleja y generalizada, las pandillas están coludidas con la policía", dijo a la AFP Itsmania Pineda, activista humanitaria hondureña, experta en el fenómeno de las maras.
El analista guatemalteco Marco Barahona, subdirector del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, no ve factible una tregua en su país por ahora, porque las maras "no tienen una estructura de jerarquía tan clara y muchos cabecillas no están detenidos", como en El Salvador.
"Hay coincidencias y relación entre las M-13 y M-18 de uno y otro país, pero no tanto como para que se influyan. Hay mayor fortaleza estructural en las de El Salvador que les permite negociar. En Guatemala no hay claros liderazgos", coincidió Mario Mérida, ex viceministro de Seguridad.
Observadores estiman que la extensión territorial de Honduras y Guatemala -ambos quintuplican a El Salvador-, contribuye a una distribución geográfica de las maras que limita el choque directo y a que las clicas -células- operen con más independencia, controlando barrios enteros.
"Es difícil que autoridades conversen con delincuentes, porque lo que les corresponde es la aplicación de la ley", dijo a AFP Eduardo Villanueva, jefe de la dirección de investigación policial de Honduras.
A pesar del escepticismo, algunos no pierden la fe. Monseñor Rómulo Emiliani, obispo de la ciudad hondureña de San Pedro Sula y quien ha trabajado rehabilitando pandilleros, se ha mostrado dispuesto a mediar.
© ANP/AFP
