LAS ARMAS PRINCIPAL INSTRUMENTO DE MUERTE

POR: ITSMANIA PINEDA PLATERO

El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que en Centro América circulan alrededor de 3 millones de armas de fuego y que dos de cada tres serían portadas en forma ilegal.

Honduras, es uno de los tres países de la región donde estaría circulando gran parte de ese armamento. Se estima que en el país hay más de 800 mil armas en poder de diversos sectores de la ciudadanía, de las cuales 650,000 estarían circulan ilegalmente.

La mayor parte de las muertes violentas que ocurren en Honduras no son causadas por armas como: tanques, artillería y aviones de guerra sino por armas como la AK-47, rifle de asalto, ametralladora, pistola, revólver, machete y puñal. En los últimos años, los registros estadísticos identifican las armas de fuego como el principal instrumento de muerte en el país.

Entre 2005 y junio del 2011, se registró la muerte violenta de 28,261 personas de la cuales 22,684 (80.27%) fueron víctimas de las armas de fuego.


Alrededor del 85% de las 3,587 muertes violentas registradas en el 2011 se cometieron con armas de fuego.
Honduras se ha convertido en un campo de batalla. Alrededor de 650,000 armas circulan ilegalmente en Honduras.
Al menos eso es lo que ha dicho el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), divulgado por su titular Ramón Custodio López, en años anteriores.
El informe da a conocer que actualmente en Honduras hay más de 800 mil armas en diversos sectores de la ciudadanía.
Ante esa preocupación, Custodio López ha exhortado al Poder Legislativo a revisar y reformar la Ley de Control de Armas de Fuego y crear los mecanismos que permitan controlar las miles de armas ilegales que circulan a nivel nacional.

La Ley de Portación de Armas, autoriza que cada ciudadano tenga en su poder hasta cinco armas de fuego comerciales, lo que unido a la gran cantidad de armas ilegales que circulan en el país, constituye una de las principales causas de la violencia que se vive en las principales ciudades de Honduras.

Según estudios, se estima que en Centroamérica circulan alrededor de 3 millones de armas de fuego y que dos de cada tres serían portadas en forma ilegal.
Honduras, es uno de los tres países de la región donde estaría circulando gran parte de ese armamento que es utilizado por las bandas organizadas para cometer los crímenes.
Muertes
De acuerdo con el Comisionado de Derechos Humanos, la mayor parte de las muertes violentas que ocurren en nuestro país no son causadas por armas como: tanques, artillería y aviones de guerra, sino por armas como la AK-47, rifles de asalto, ametralladoras, pistolas, revólver, machete y puñal.
"En los últimos años, los registros estadísticos de la Dirección de Medicina Forense identifican las armas de fuego como el principal instrumento de muerte en el país", dice Custodio López.

Durante los conflictos internos vividos en los años 80, en la región centroamericana, el suministro de pistolas y armas ligeras fue abundante y pese al desarme ejecutado como parte de los procesos de paz, en los años 90, muchas de esas armas no fueron destruidas y no se descarta que aún continúen en circulación en poder de pandillas criminales, miembros del crimen organizado, carteles de la droga y en manos de la población civil.
.Aunque las autoridades policiales han incautado fuertes cantidades de armas, cajas de fusiles M-16, alrededor de 1,000 cargadores para este mismo tipo de arma, granadas de uso militar, 25 RPG antitanques capaces de derribar un helicóptero, fusiles AR-5 y fusiles AK-47, entre otras. En mayo del 2011 descubrieron en un centro educativo de la zona norte, armas de grueso calibre y municiones. Fueron hallados dos AK-47, un R-15, un fusil propiedad del Estado de Honduras y pasamontañas.
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El problema de la reducción del armamento europeo no figura en el orden del día , Macdonald declaró que el desarme gradual es la vía más segura para garantizar la paz eterna. Por supuesto, si todos los países se desarmaran, la paz estaría seriamente garantizada.
Hablando en términos generales, es fácil demostrar que el problema del "desarme gradual", si se lo examina de cerca, no es mas que una trágica farsa. La cuestión del desarme dio lugar a la de la reducción del armamento. Y finalmente, esta última quedó reducida al establecimiento de la paridad naval entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Hoy se proclama que esta "conquista" es la mayor garantía de paz.

Con la matanza de Connecticut, que dejó la semana pasada 26 muertos, entre ellos 20 niños, las voces de los que piden un mayor control de armas volvieron a oírse, mientras el presidente Barack Obama, Nobel de la paz encargó a su vicepresidente Joe Biden que encuentre una respuesta a la violencia con armas de fuego y que examine como reglamentar la venta de fusiles de asalto y de cargadores de gran capacidad.
Aunque Obama esté dispuesto a tomar medidas que pueden tener un alto costo político, deberá enfrentarse con una cultura donde portar armas forma parte de la idiosincrasia nacional, defendida por la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana. Sin contar con el poder de la NRA (Asociación Nacional del Rifle, por sus siglas en inglés). Aunque se ha hecho discreta desde la matanza de Newtown, el medio conservador Fox News hizo saber que las afiliaciones a la organización, que reivindica cuatro millones de miembros, se habían disparado desde la masacre.
El 9 de marzo pasado, el senador estadounidense republicano Charles Grassley interrogó a la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, respecto a una investigación que identificaba involucramiento oficial estadounidense en el tráfico de armas hacia México, Centro América y Colombia

La investigación surgió después que agentes federales estadounidenses murieron en dos balaceras a principios de 2011, y que las armas que los detectives recuperaron—entre ellas, dos fusiles AK-47—fueron vinculadas con sospechosos que ya investigaba el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Grassley acusó a agentes del ATF de permitir que cientos de armas “fluyeran” desde armerías en EE.UU. hasta criminales en México y Centroamérica, para fortalecer casos y reunir más evidencias contra prominentes traficantes de armas.

El operativo, bautizado “Rápido y Furioso”, facilitó el ingreso de numerosas armas , el 3 de marzo de este año, informes de prensa dan cuenta de unas dos mil armas. Además, refieren que el lapso del ingreso de armas coincidió con el incremento de homicidios en México que ascendió a 60.000, en el mismo período (alrededor de 2007), de acuerdo con informes de agentes del ATF, asignados en ese país. El operativo se desprende del “Gunrunner Project”, o Proyecto Mensajero de Armas, del ATF.

El resultado todavía Honduras no logro introducir a la cámara legislativa reformas a la Ley de Portación de Armas explosivos y suministros, que permitan la reducción del crimen

ARTÍCULO 17. — Créase el Registro Nacional de Armas, como
una dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad y tendrá entre otras responsabilidades…Las personas naturales podrán registrar un máximo de cinco (5) armas, excepto lo previsto

ARTÍCULO 7. — Para los efectos de esta ley se consideran permitidas de conformidad
con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes:

1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas
hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (. 45), u once punto cinco
milímetros (11. 5) de calibre;
2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y carabinas de acción
mecánica y semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas
de calibre (. 308); y;
3) Escopetas de acción mecánica o semiautomática, de los calibres
diez (10). doce (12), dieciséis (16), veinte (20), y punto
cuatrocientos diez (. 410), siempre que el cañón no sea menor de
cuarenta y seis centímetros (46 cm.) o dieciocho (18) pulgadas
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Honduras: Un Estado de Derecho deteriorado por la impunidad

11/27/2012 - 06:10

• La impunidad hace perder más de 11 mil millones de lempiras al año al país, denunciaron organizaciones fiscalizadoras de la gestión pública.
• La ausencia de castigo para los culpables de homicidios en materia de DD.HH. supera el 98 por ciento.
• Unos 33 comunicadores sociales que fueron asesinados en los últimos años y solo uno de esos casos ha sido resuelto, el asesinato del periodista “Giorgino” Orellana.
• Desde el 2005 a la fecha al menos 82 abogados han caído producto de las balas de sus asesinos.
• El Comité de Derechos Humanos, (Codeh) contabiliza más de 85 mil huérfanos y alrededor 40 mil mujeres asesinadas en la última década.
• Los hondureños entre los 25 y 64 años están “poco o nada satisfechos” con lo que operadores de justicia y seguridad han hecho para garantizar el acceso a una justicia imparcial.

Por Luis Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Los niveles de impunidad en Honduras se filtran en diferentes sectores de la sociedad y el Estado, desde el Congreso Nacional, la Policía, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, los Juzgados y Tribunales, carcomiendo la seguridad jurídica y convirtiendo a Honduras en un Estado deteriorado.Así lo concluyeron este viernes 23 de noviembre cuando se celebró el Día Mundial contra la Impunidad, en un foro convocado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (Ciprodeh) y el Grupo de la Sociedad Civil.

“Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad, combatir la impunidad, si no tomamos las medidas y presionamos definitivamente el Estado no va a responder con acciones concretas, la institucionalidad  está aún debilitada precisamente porque lo que impera es la corrupción política”, dijo en sus palabras de bienvenida Héctor Longino Becerra, director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-libre).

Becerra sostiene que “tenemos un Estado de derecho deteriorado y que, en la medida que permanezca esta situación, la impunidad seguirá reinando en nuestro país, aún y cuando algunos no creemos en estos procesos de depuración, debemos involucrarnos como sociedad civil para que los resultados sean enteramente positivos”.

Según la fundadora de la organización Xibalba, Itsmania Pineda, el combate a la impunidad está desviado, porque la depuración de la Policía es una farsa, el proceso se ha politizado y los verdaderos criminales siguen dentro de institución.

Pineda consideró que el pie de apoyo de la impunidad es la falta de solidaridad de la sociedad hondureña, conjuntamente con la parsimonia de la llamada sociedad civil, que en experiencias pasadas solo ha respondido a intereses políticos o de grupos.

Impunidad y desigualdad: Los efectos sociológicos

Para el sociólogo Guillermo Molina Chocano, “la   exclusión   social,   vinculada  a  la  desigualdad   de   la distribución de ingreso, riqueza y oportunidades, tiende a multiplicar obstáculos para un desarrollo con democracia. Entre éstos destacan los costos de la violencia y el crimen en América Latina que alcanzan alrededor de una décima parte del Producto Interno Bruto (PIB)”.

A su juicio el aumento del crimen organizado y las ejecuciones extrajudiciales socavan la relación entre los ciudadanos y el gobierno debido a la percepción de fracaso del Estado en asegurar la integridad física de las personas.

Esta situación, –explicó- disminuye seriamente la confianza de los ciudadanos en la democracia, pues demandan  del Estado  medidas efectivas, mientras que los grupos de mayores recursos (económicos) recurren a la seguridad privada y los pobres participan o apoyan actividades de vigilancia.  “En  ambas  situaciones la  Policía  se  convierte  en  actor central, pero con frecuencia también en actor crítico. Que comete frecuentes abusos de autoridad.”.

Irónicamente comentó, que Honduras es uno de los pocos países de América Latina con una Ley de Acceso a la Información Pública, pero con los niveles más altos de corrupción.

A su criterio, es precisamente el derecho al acceso a la información pública y el empoderamiento  de la sociedad civil constituye un primer escalón en la lucha contra la corrupción e impunidad, mientras que una vez alcanzado mayores niveles de transparencia  se constituye la primera parte de un proceso de cambio, que tiene como meta la rendición de cuentas efectiva  como mecanismo de evaluación.
Impacto de la corrupción en el desarrollo de Honduras

El costo de la impunidad

De su lado, el director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), Mauricio Díaz Burdeth, explicó que el impacto de la corrupción en el desarrollo de Honduras le causa a Honduras pérdidas superiores a los 11 mil millones de lempiras anuales.

Según el Fosdeh, el gobierno ha impulsado en el transcurso de sus dos años y medio de gobierno al menos unos 30 reformas económicas, pero “de la base de 65,000 contribuyentes, 805 son considerados grandes contribuyentes, pero en realidad son mas recaudadoras de impuestos y estos aportan el 80% de los ingresos tributarios nacionales”,

Un ejemplo claro de las pérdidas, es la publicidad  supuestamente institucional otorgada “con el propósito de favorecer pretensiones políticas de determinados funcionarios, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Conducta Ética del Servidor Público (Decreto No. 36-200/; abril 24, 2007), que indica que es contrario a la ética pública utilizar”.

Para el economista,  “la falta de aplicación de las normas sancionatorias, administrativas o penales, contribuye a la impunidad y a la repetición de prácticas indebidas o ilegales, afectándose con ello las finanzas públicas”.

Operadores de Justicia son partícipes de la impunidad

Para el exfiscal hondureño, Edmundo Orellana Mercado, los operadores de justicia deben ser mas participes “lamentablemente la falta de investigación forense, jurídica, y especializada en materia de la misma del Ministerio Público se queda corta”.

Orellana subrayó que en materia financiera muchos en Honduras han quedado impunes pues  tanto la Comisión de Banca y Seguros (CNBS) y como Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) “no han sido entes supervisores y reguladores de estos delitos en el pasado” y en la actualidad “el lavado de activos se ve reflejado en la construcción de inmuebles que de la noche a la mañana salen nuevas edificaciones sin saber el dinero de su procedencia”.

Grupos de poder y operadores de justicia

Según el representante del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Andrés Pavón explicó que “los grupos de poder están bien involucrados en los operadores de justicia” de tal forma que dentro del Ministerio Público no proceden las denuncias en las violaciones de los derechos humanos. Desde 1990 hasta la fecha han ocurrido aproximadamente 75 mil homicidios y el 98 porciento están en la impunidad.

El consultor de organismos internacionales, Guido Eguigure, concluyó que “la impunidad constituye el franco incumplimiento del deber del Estado que lesiona a la sociedad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”.

A esto se le suma la información emitida por agencias de prensa internacional en Honduras se cree que la  Policía está implicada en el asesinato en el año 2000 de más de mil jóvenes en manos de los escuadrones de la muerte en ese entonces.

“La sumisión de los jueces a los deseos de los poderes políticos y económicos así como también la impunidad de los políticos de alto nivel y de los agentes económicos”, subrayó.

Perpetuación de la impunidad y la sociedad civil

Según el Ciprodeh, en la década de los años 80’s los actores de la impunidad eran los militares y sectores afines en el cual fueron afectados los derechos humanos, sectores de oposición social y política y las consecuencias fueron  la corrupción de bienes públicos.

Sin embargo, desde los años 90’s a la actualidad la impunidad se ha infiltrado no solo en los militares, si no que en grupos de poder y crimen organizado.

La violencia y el narcotráfico se han penetrado mas en Honduras por la misma impunidad en la sociedad más generalizada como apropiación de bienes públicos, de recursos naturales y destrucción de la institucionalidad del Estado de derecho.

Según el Ciprodeh existen tres características principales de los grupos de poder en Honduras: Una creciente tendencia a la parlamentarización del poder gubernamental, el autoritarismo disfrazado de modernidad y transparencia y la influencia de diversos grupos de poder.