laprensa.hn
22 de Octubre de 2013
Por:Sergio Zavala Leiva szavalaleiva@gmail.com
Se
le debe a la Comisión Interventora del Ministerio Público que recién
cesó en sus funciones, la delación de los derroches, los excesos y el
abuso de poder encontrados en la Fiscalía General de la República, que
provocó la destitución más que justificada de su anterior titular. La
indicada Comisión encontró un inadecuado manejo del personal nombrado
sin estructura presupuestaria, uso irracional de viáticos, y gastos
excesivos realizados por la argolla que rodeaba al ex-Fiscal del Estado;
políticas fraudulentas en el área de Recursos Humanos, aumentos
salariales selectivos, y abuso en el nombramiento de “asesores” sin
funciones específicas, y un personal administrativo que gozaba de
inmerecidas altos salarios y canonjías, que les son vedadas a los
fiscales comunes, incluso a los de carrera.
Ahora ha salido a luz otra clase de
corrupción denunciada por el actual Fiscal General, que aunque electo
incorrectamente por el Congreso Nacional, está demostrando su voluntad
para depurar esa maltrecha entidad y devolverle su credibilidad
institucional. Más de una veintena de fiscales han sido encontrados
responsables de corrupción en concierto para delinquir, por la comisión
de varios delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de
influencias y violación a los deberes del funcionario. La prensa
nacional ha recogido las declaraciones del director de fiscales quien ha
manifestado que 22 fiscales habían amasado fortunas en forma ilícita,
recibiendo dinero a cambio de inacción en los casos a ellos
encomendados, o simplemente abandonando el rol protagónico que al
Ministerio Público le corresponde en los procesos investigativos a favor
de los imputados.
Esto ha ocurrido tanto en la sede
central, como en las departamentales, como San Pedro Sula la segunda
sede más importante del Ministerio Público como lo ha denunciado
reiteradamente el que esto escribe, procedimiento tortuoso que pone en
jaque a la justicia y alienta a los criminales, lo que los profesionales
del derecho y las víctimas de los delitos resienten, para muestra
señalo el Expediente No. 0501-2007-02118, en el cual a pesar de haber
transcurrido más de seis años de haberse interpuesto, los sucesivos
Coordinadores no han hecho nada por llevar a los tribunales a los
responsables de los crímenes denunciados.
En su informe la Comisión Interventora
expresó: “Se encontraron en personal del Ministerio Público, depósitos
bancarios que exceden los ingresos salariales, posesión de bienes
inmuebles en cantidades significativas, transacciones bancarias en
depósitos cuantiosos, múltiples depósitos en un mismo día a la misma
cuenta y de forma fraccionada”.
Más claro como se dice popularmente, no
puede cantar un gallo. Con esta pista nadie podrá expresar que los
requerimientos anunciados son falsedad o pura persecución, como
hipócritamente suele decirse.
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Se
le debe a la Comisión Interventora del Ministerio Público que recién
cesó en sus funciones, la delación de los derroches, los excesos y el
abuso de poder encontrados en la Fiscalía General de la República, que
provocó la destitución más que justificada de su anterior titular. La
indicada Comisión encontró un inadecuado manejo del personal nombrado
sin estructura presupuestaria, uso irracional de viáticos, y gastos
excesivos realizados por la argolla que rodeaba al ex-Fiscal del Estado;
políticas fraudulentas en el área de Recursos Humanos, aumentos
salariales selectivos, y abuso en el nombramiento de “asesores” sin
funciones específicas, y un personal administrativo que gozaba de
inmerecidas altos salarios y canonjías, que les son vedadas a los
fiscales comunes, incluso a los de carrera.
Ahora ha salido a luz otra clase de
corrupción denunciada por el actual Fiscal General, que aunque electo
incorrectamente por el Congreso Nacional, está demostrando su voluntad
para depurar esa maltrecha entidad y devolverle su credibilidad
institucional. Más de una veintena de fiscales han sido encontrados
responsables de corrupción en concierto para delinquir, por la comisión
de varios delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de
influencias y violación a los deberes del funcionario. La prensa
nacional ha recogido las declaraciones del director de fiscales quien ha
manifestado que 22 fiscales habían amasado fortunas en forma ilícita,
recibiendo dinero a cambio de inacción en los casos a ellos
encomendados, o simplemente abandonando el rol protagónico que al
Ministerio Público le corresponde en los procesos investigativos a favor
de los imputados.
Esto ha ocurrido tanto en la sede
central, como en las departamentales, como San Pedro Sula la segunda
sede más importante del Ministerio Público como lo ha denunciado
reiteradamente el que esto escribe, procedimiento tortuoso que pone en
jaque a la justicia y alienta a los criminales, lo que los profesionales
del derecho y las víctimas de los delitos resienten, para muestra
señalo el Expediente No. 0501-2007-02118, en el cual a pesar de haber
transcurrido más de seis años de haberse interpuesto, los sucesivos
Coordinadores no han hecho nada por llevar a los tribunales a los
responsables de los crímenes denunciados.
En su informe la Comisión Interventora
expresó: “Se encontraron en personal del Ministerio Público, depósitos
bancarios que exceden los ingresos salariales, posesión de bienes
inmuebles en cantidades significativas, transacciones bancarias en
depósitos cuantiosos, múltiples depósitos en un mismo día a la misma
cuenta y de forma fraccionada”.
Más claro como se dice popularmente, no
puede cantar un gallo. Con esta pista nadie podrá expresar que los
requerimientos anunciados son falsedad o pura persecución, como
hipócritamente suele decirse.
