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miércoles, 27 de junio de 2012

Acusan a México de resistirse a investigar paradero de migrantes

Protesta para exigir garantías para los migrantes en el INM en diciembre pasado. Foto: Prometeo Lucero
Protesta para exigir garantías para los migrantes en el INM en diciembre pasado.
Foto: Prometeo Lucero
MÉXICO, D.F. (apro).- A un mes de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los migrantes centroamericanos desaparecidos en México, las autoridades mexicanas no han dado respuesta a las demandas de la creación de una comisión de la verdad y a acelerar el proceso de identificación de cuerpos, denunció el director de la Casa del Migrante de Saltillo, el sacerdote Pedro Pantoja Arreola.

El 23 de marzo, Pantoja Arreola junto con integrantes de organizaciones de la sociedad civil de México, Honduras, El Salvador y Argentina, acudieron al 144 Periodo Ordinario de la CIDH, en Washington, para denunciar la incapacidad del Estado mexicano para identificar los cientos de cadáveres localizados en fosas clandestinas en distintas entidades del país, por donde transitan los migrantes centroamericanos.
Además de las quejas, ante la CIDH se presentaron propuestas concretas que involucraban a los gobiernos de México y de los países de los que son originarias las víctimas. Entre las organizaciones que acudieron a Washington destacan el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Comité de Familiares Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Comité de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Honduras), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Luego de quejarse de que antes de acudir a la sesión los representantes del Estado mexicano conocían el documento que presentaron ante el órgano de la OEA, Pantoja Arreola señaló en entrevista que después de un mes sin respuesta a sus peticiones no tiene “ninguna esperanza de que se solucione algo, más aún porque –tal como lo presenta el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas– no hay una verdadera dimensión del problema”.

El sacerdote Pantoja abundó que lo que las organizaciones buscan es la creación de una comisión de verdad y justicia sobre esos acontecimientos, que sería financiada por los gobiernos involucrados y que se centraría en “la investigación, la búsqueda, la reparación de daños y la ejecución de la justicia tanto con elementos criminales del crimen organizado, como elementos criminales de la complicidad de elementos de seguridad”.
La propuesta presentada se centra en la creación de una “comisión interdisciplinaria”, que cuente con autonomía, en la que participen organizaciones de la sociedad civil, se rija por el derecho internacional para la investigación, y que cuente con “instrumentos de derecho internacional de vigilancia, como la ONU u otra instancia”.

El sacerdote recordó que durante la audiencia los representantes de México “no respondieron en cuanto a las situaciones de impunidad y de complicidad, en cuanto a la búsqueda ni en cuanto a la negligencia, ni en cuanto a la falta de respeto, de honestidad y de ayuda a las humildes víctimas familiares de los masacrados”.
Pantoja Arreola resaltó que entre las principales quejas de los familiares que buscan a sus seres queridos entre los restos encontrados en las distintas fosas clandestina mencionan la prepotencia de los agentes del Ministerio Publico, “deshonestos que han engañando en la entrega de los supuestos restos”.
El sacerdote puso como ejemplo el caso de una familia de Centroamérica a la que el gobierno de Felipe Calderón le entregó un féretro relleno de “basura, tierra y restos de animal, porque no eran ni restos humanos”.

Agregó que no han sido pocos los casos en que se han entregado restos falsos “humillantes y vergonzosos”, situación que evidencia “a qué nivel se pone el Estado mexicano para responder a la súplica y el dolor de estas personas”.

Apuntó que las organizaciones civiles exigieron a los Estados de donde son originarias las víctimas “le entren al pleito porque hasta ahora no han expresado ningún reclamo por los suyos, no sé que respeto o que miedo le tienen al Estado mexicano que permite que los pisotee en ese sentido”

Posible fallo judicial sobre ley anti inmigrante causa expectación en Arizona

Inmigrante sostiene la bandera de Estados Unidos manifestandose contra la deportación de los ciudadanos extranjeros. ARCHIVO
  • Integrantes de grupos como Promesa Arizona y Movimiento Puente aseguraron que mantendrán la vigila hasta que la SCJ
  • En caso de ser ratificado el modelo de la ley SB 1070 podría seguirse en otras entidades
PHOENIX, ARIZONA (24/JUN/2012).- La expectación continúa en aumento en Arizona ante el esperado fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Estados Unidos sobre la ley antiinmigrante SB 1070, luego de no haberse producido a lo largo de la semana pasada como se esperaba.

Este lunes, se abre otra ventana para que el máximo tribunal del país dé a conocer su determinación sobre el estatuto, que podría convertirse en un modelo para otras entidades a lo largo de esta nación en caso de ser ratificado por la Corte.

De no darse, la decisión podría emitirse el próximo jueves o incluso a lo largo de julio, prolongando la ansiedad de miles de residentes de Arizona cuya vida podría verse afectada por la aplicación de la SB 1070.

La decisión de la SCJ será aplaudida por unos y condenada por otros, pero se espera desate aquí una serie de manifestaciones a favor y en contra, un rosario de conferencias de prensa y programas especiales de televisión.

El pasado miércoles, más de una veintena de estaciones de radio y televisión en español transmitieron en cadena un programa de media hora para capacitar a la comunidad migrante sobre cómo proceder en caso de que se establezca la ley.

También este jueves, opositores a la iniciativa iniciaron una vigilia permanente frente al Capitolio Estatal en Phoenix, ante un altar levantado a la Virgen de Guadalupe, a la que piden frenar la entrada en vigor del polémico estatuto.

Los activistas, integrantes de grupos como "Promesa Arizona" y "Movimiento Puente" aseguraron que mantendrán la vigila hasta que la SCJ se pronuncie sobre la ley, sin importar el tiempo que esto lleve.

"Estamos orando por una intervención, para que los jueces de la Suprema Corte no mantengan la ley SB 1070", dijo Petra Falcon, directora ejecutiva de Promesa Arizona, un grupo con sede en Phoenix dedicado a la lucha contra la ley de inmigración.

Desde principios de junio, partidarios y opositores de la ley en Arizona y en todo el país han seguido de cerca todos los lunes los anuncios de decisiones de la SCJ a la espera de un fallo, lo que denota la pasión que despierta el debate migratorio en este país.

La Suprema Corte emitió cuatro dictámenes el jueves pasado, pero ninguno tocó la ley de inmigración de Arizona o la ley del presidente Barack Obama sobre la atención de salud, el otro gran dictamen que se espera para finales de este mes.

La SB 1070 promulgada en abril de 2010 nunca ha sido plenamente aplicada, debido a la orden de un juez federal que suspendió temporalmente algunas de sus previsiones ante una demanda interpuesta en contra del estatuto por el Departamento de Justicia.

Entre las previsiones de la ley que están suspendidas, se encuentran la de autorizar a los policías de Arizona a revisar el estatus migratorio de los detenidos o aquellos a los que se les marca el alto por alguna infracción.

También la de permitir la detención obligatoria de las personas que sean cuestionadas por la policía, incluso por sospecha de delitos menores que normalmente resultaría en una multa, si no pueden verificar que están autorizados a estar en Estados Unidos.

Analistas políticos y del tema migratorio sostienen que en caso de que la SCJ decida levantar la suspensión a la ley y permitir que se aplique, los problemas para el establecimiento del estatuto continuarán, al anticiparse que se presentarán nuevas demandas en su contra.

Dan Pochoda, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, precisó que la SCJ se pronunciará sólo sobre la suspensión de la SB 1070.

"No es una decisión final. Puede ser el final de este juicio en particular, pero hay otras demandas que han estado esperando y ahora se moverán hacia adelante", expresó.

Algunas de estas demandas desafían la ley de Arizona por razones totalmente diferentes a la cuestión por la que decidirá la Suprema Corte, explicó.

Por ejemplo, la ACLU y el Fondo para la Defensa Legal y Educación del México-Americano (Maldef) interpusieron una demanda que desafía la ley SB 1070 por considerar que este tipo de legislación conduce a la discriminación racial, un argumento ausente de lo que analiza ahora el máximo tribunal.
NTX / MSFR Jun-24 17:44 hrs