Por: German Reyes
“El vigilante llamó a la gente y cuando llegaron fueron encañonados con armas de grueso calibre, algunas mujeres se quisieron acercar y ellos les dijeron: si se mueven perras, aquí se van a morir”.
El párrafo anterior forma parte del relato que el presidente del Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (SIVELIH), Ovidio Zelaya, hizo a este medio digital, en torno a un operativo que el pasado viernes en horas de la mañana llevaran a cabo funcionarios, inspectores y policías de la alcaldía municipal de Tegucigalpa, en las afueras del antiguo aserradero Sansoni, donde se construye el Mall Premier.
De acuerdo a lo expresado por el presidente del SIVELIH, a las dos de la madrugada del viernes dos de diciembre, inspectores y policías municipales llegaron a la zona y después de amenazar a muerte al vigilante, comenzaron a destruir los puestos de ventas y a sacar la mercadería y herramientas que se encontraban en los interiores.
En el operativo los agentes e inspectores destruyeron trece puestos de ventas y la mercadería la trasladaron a la antigua penitenciaria nacional, donde se encuentra regada en el piso y a punto de arruinarse por la humedad del lugar.
La mayor parte de la mercadería que fue decomisada la habían adquirido los vendedores con dinero proveniente de préstamos que realizaron en los bancos.
El presidente del SIVELIH dijo que en ese operativo no tuvo participación la Policía Nacional, pero si funcionarios de alto nivel al interno de la comuna capitalina. “Anteriormente si iban los de la preventiva, pero en estos momento son municipales, inspectores y abogados de la misma alcaldía”, indicó.
Antecedentes
Hace varias semanas representantes de los vendedores ambulantes de la capital denunciaron ante diversas instituciones operadoras de justicia, que funcionarios y empleados la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, atentan contra el derecho a la vida de sus afiliados.
La denuncia involucra a 20 inspectores y policías municipales y al jefe de permisos de ambulantes, Genaro Izaguirre, quienes son señalados de provocar intimidación, amenazas, expropiación de puestos, destrucción de las mercaderías y hasta de golpear a mujeres, niños y ancianos que trabajan en distintos sectores de la capital.
Aunque la queja de los vendedores es de amplio conocimiento de funcionarios y empleados de la Fiscalía de Derechos Humanos, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, los afectados afirman que estas dependencias del Estado y la misma federación de trabajadores a que pertenecen, no hacen lo necesario para garantizarles el respeto de su derecho al trabajo y a la vida.
“Estamos peleando la estabilidad laboral de los afiliados y esperamos que las demás organizaciones sociales se sumen a la lucha nuestra porque la verdad es que nos sentimos débiles. El hambre no tiene color político y tienen que ponerse claros, la necesidad de la gente es evidente y las organizaciones deben defender a sus afiliados, peleamos por la justicia, sobre todo para la mujer y los niños”, expresó el presidente de SIVELIH.
SIVELIH se encuentra afiliado a la central General de Trabajadores de Honduras (CGT), organización que hasta hoy no muestra beligerancia para reclamar el derecho de los vendedores ambulantes, quienes además de soportar los abusos provenientes de los funcionarios y policías municipales, también enfrentan serias campañas para que abandonen de la lucha.
Se reúnen, pero no hay resultados
Ante la indiferencia del Alcalde Municipal, Ricardo Álvarez, el pasado 5 de diciembre los representantes de SIVELIH no tuvieron más opción que reunirse por tercera vez con el Juez de Policía Fredy Casasola y sus asistentes, Saúl Sandres y Orlin Fernández. Aunque los vendedores ambulantes fueron acompañados en esta ocasión por el Secretario General de la CGT, Daniel Durón y por un representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la reunión no produjo resultados positivos.
“No llegamos a ningún acuerdo porque nosotros le enviamos una carta al alcalde Ricardo Álvarez diciéndole que las personas que había puesto para negociar la situación estaban a favor de los del mall y que a nosotros los pobres nos estaban echando encima ese monstruo. Debe reconocer el alcalde que nosotros no somos ninguna competencia para ese mall y que somos personas que exigimos y merecemos que se nos respete la dignidad como seres humanos”, afirmó el sindicalista.
Itsmania Pineda dijo haber percibido en la reunión que los personeros de la alcaldía se inclinan por darle prioridad a la exigencia de los propietarios del mall Premier, para que se desaloje a los vendedores instalados en las afueras del edificio. Indicó que en la reunión también estuvo presente un ingeniero de apellido Retes, en representación del complejo comercial y que éste había dicho que si la alcaldía no cumple, que la van a demandar.
“Y el abogado Saúl Sandres dijo que tenían un convenio con el mall porque adentro iban a trabajar 3000 personas y que 50 familias que se quedaran sin comer eran nada en comparación con los 3 mil que van a trabajar ahí”, aseveró Itsmania.
Ante la situación que viven los vendedores ambulantes, Itsmania Pineda solicitó la divulgación en diversos medios de comunicación. No obstante, “reporteros de la prensa dijeron que no podían apoyar ni en publicaciones porque el alcalde tiene acaparado todo, lo mismo ha pasado en el Ministerio Público y en el centro integrado donde ha costado que tomen las declaraciones”, informó.
Los representantes del SIVELIH manifestaron su temor a que los atropellos en contra de sus afiliados se intensifiquen en los días previos a las celebraciones de navidad y año nuevo, razón por la cual exigen la intervención de las autoridades a fin de lograr acuerdos satisfactorios con el alcalde Álvarez. German H. Reyes R
viernes, 16 de diciembre de 2011
Agreden a mujeres periodistas que realizaban una protesta pacífica frente al palacio presidencial
POR: CLAUDIA MENDOZA
ASJ( ASOCIACION SOCIEDAD MAS JUSTA)
Una protesta pacífica de periodistas, en su mayoría mujeres, convocada por el colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, fue víctima de la brutalidad de la policía y del ejército en las inmediaciones de la Casa de Gobierno el 13 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa.
Los manifestantes, que partieron de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, reclamaban justicia por los asesinatos de 24 periodistas ocurridos desde 2003, 17 de ellos durante el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Frente a una situación de lo más dramática en lo que respecta a las libertades públicas y a los derechos humanos, el Estado hondureño tiene como única respuesta la represión. Esta actitud muestra su responsabilidad en este contexto y la clara continuidad de la dinámica de persecución emprendida tras el golpe de Estado. La ‘reconciliación nacional’ promovida por el Acuerdo de Cartagena de Indias (http://es.rsf.org/honduras-preocupacion-por-el-futuro-de-las-07-06-2011,40410.html) no es más que palabras huecas.
La comunidad internacional y los Estados latinoamericanos deben exigir en 2012 resultados tangibles en las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, así como la plena cooperación de las autoridades hondureñas en este aspecto. De otra manera, ante la cercanía de las grandes elecciones de 2013, el país corre de nuevo el riesgo del caos”, declaró Reporteros sin Fronteras.
La protesta del 13 de diciembre responde especialmente al más reciente asesinato de un periodista, por primera vez se trata de una mujer: Luz Marina Paz Villalobos, quien perdió la vida el 6 de diciembre pasado (http://es.rsf.org/honduras-asesinan-a-un-periodista-atacan-a-08-12-2011,41530.html). Como recuerda la organización C-Libre, socia de Reporteros sin Fronteras, los manifestantes también buscaban denunciar los actos de censura y la persecución sistemática que padecen los medios de comunicación alternativos y comunitarios, así como los defensores de los derechos humanos y los representantes de los movimientos sociales.
Minado por la violencia política desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se encuentra, de manera general, entre los países con los peores niveles de inseguridad a escala mundial debido a los 86 homicidios registrados por cada 100.000 habitantes.
“Logramos mover la barda y avanzamos hasta nuestra meta, lo que llenó de furia a los militares que resguardan la presidencial, que más adelante, frente a la casa de gobierno nos esperaban tras otra barrera metálica. Nos recibieron a empujones, toletazos y lanzaron las bombas tóxicas para desplazarnos”, testimonió ante Reporteros sin Fronteras una de las participantes, precisando que los colegas que participaron en una manifestación precedente, convocada el 9 de diciembre por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pudieron realizar su marcha sin la mínima confrontación.
En Honduras, el país más mortífero del continente para el gremio después de México, han sido asesinados cinco periodistas desde el inicio del año; en tres de los casos el crimen está relacionado directamente –o es muy probable que lo esté– con el ejercicio de su profesión.
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ASJ( ASOCIACION SOCIEDAD MAS JUSTA)
Una protesta pacífica de periodistas, en su mayoría mujeres, convocada por el colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, fue víctima de la brutalidad de la policía y del ejército en las inmediaciones de la Casa de Gobierno el 13 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa.
Los manifestantes, que partieron de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, reclamaban justicia por los asesinatos de 24 periodistas ocurridos desde 2003, 17 de ellos durante el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Frente a una situación de lo más dramática en lo que respecta a las libertades públicas y a los derechos humanos, el Estado hondureño tiene como única respuesta la represión. Esta actitud muestra su responsabilidad en este contexto y la clara continuidad de la dinámica de persecución emprendida tras el golpe de Estado. La ‘reconciliación nacional’ promovida por el Acuerdo de Cartagena de Indias (http://es.rsf.org/honduras-preocupacion-por-el-futuro-de-las-07-06-2011,40410.html) no es más que palabras huecas.
La comunidad internacional y los Estados latinoamericanos deben exigir en 2012 resultados tangibles en las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, así como la plena cooperación de las autoridades hondureñas en este aspecto. De otra manera, ante la cercanía de las grandes elecciones de 2013, el país corre de nuevo el riesgo del caos”, declaró Reporteros sin Fronteras.
La protesta del 13 de diciembre responde especialmente al más reciente asesinato de un periodista, por primera vez se trata de una mujer: Luz Marina Paz Villalobos, quien perdió la vida el 6 de diciembre pasado (http://es.rsf.org/honduras-asesinan-a-un-periodista-atacan-a-08-12-2011,41530.html). Como recuerda la organización C-Libre, socia de Reporteros sin Fronteras, los manifestantes también buscaban denunciar los actos de censura y la persecución sistemática que padecen los medios de comunicación alternativos y comunitarios, así como los defensores de los derechos humanos y los representantes de los movimientos sociales.
Minado por la violencia política desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se encuentra, de manera general, entre los países con los peores niveles de inseguridad a escala mundial debido a los 86 homicidios registrados por cada 100.000 habitantes.
“Logramos mover la barda y avanzamos hasta nuestra meta, lo que llenó de furia a los militares que resguardan la presidencial, que más adelante, frente a la casa de gobierno nos esperaban tras otra barrera metálica. Nos recibieron a empujones, toletazos y lanzaron las bombas tóxicas para desplazarnos”, testimonió ante Reporteros sin Fronteras una de las participantes, precisando que los colegas que participaron en una manifestación precedente, convocada el 9 de diciembre por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pudieron realizar su marcha sin la mínima confrontación.
En Honduras, el país más mortífero del continente para el gremio después de México, han sido asesinados cinco periodistas desde el inicio del año; en tres de los casos el crimen está relacionado directamente –o es muy probable que lo esté– con el ejercicio de su profesión.
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