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viernes, 13 de mayo de 2011

Conflicto violento e inseguridad:

Informe sobre el desarrollo mundial 2011 examina riesgos y propone medidas



Información relacionada

Documentos

Panorama General (pdf)

Resumen Conflicto, seguridad y desarrollo (pdf)
Hechos y cifras (pdf)
Comunicado


Ciudadanía, seguridad social y conflicto

Por lo menos 1.500 millones de personas viven en países afectados por violencia e inseguridad.
Fortalecimiento de instituciones nacionales legítimas y buen gobierno en beneficio de la seguridad de los ciudadanos, la justicia y el empleo es fundamental para evitar que se repitan los ciclos de violencia.
Se necesitan soluciones bien definidas para Estados afectados por conflictos.

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10 de abril de 2011— En el tiempo transcurrido desde la inmolación pública de Mohamed Bouazizi en un mercado de Túnez, una ola de protestas se extendió en el mundo árabe y mucho más allá. Su acto proporcionó la chispa que encendió la llama de la rebelión en millones de personas que sienten que se violan sus derechos, se les niega dignidad y se limitan sus oportunidades económicas.

Este drama regional, que continúa dominando el ciclo de noticias, forma parte de una larga historia que afecta las vidas de más de 1.500 millones de personas en países afectados por violencia política o criminal, desde naciones en desarrollo de África, América Latina y Asia hasta algunas de ingreso alto.

El Informe sobre el desarrollo mundial 2011: Conflicto, seguridad y desarrollo (IDM) destaca el efecto devastador de los enfrentamientos persistentes sobre las perspectivas de desarrollo de un país o región, observando que los 1.500 millones de personas que viven en zonas afectadas por conflictos tienen el doble de probabilidades de quedar sumidos en la pobreza. Ningún Estado frágil de ingreso bajo ha logrado alcanzar siquiera un objetivo de desarrollo del milenio y las tasas de pobreza son más del 20% más altas en países afectados por disputas que en otros.

“Los niños que viven en los Estados frágiles tienen el doble de probabilidades de padecer desnutrición y el triple de probabilidades de no asistir a la escuela. Y los efectos de la violencia en una región pueden extenderse a otras partes del mundo, y menoscabar así las perspectivas de desarrollo de otras naciones e impedir las perspectivas económicas de regiones enteras”, dijo el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick.


Las guerras civiles y entre Estados dominaron los enfrentamientos violentos en el último siglo. Actualmente prevalecen los brotes virulentos vinculados con disputas locales, represión y delincuencia organizada. Estas formas de violencia se entremezclan y mutan, exponiendo a las sociedades a ciclos repetitivos de violencia.
Instituciones legítimas en beneficio de la seguridad de los ciudadanos, la justicia y el empleo actúan como un sistema inmune contra amenazas de violencia

La violencia organizada del siglo XXI es impulsada por una serie de presiones internas e internacionales, como el desempleo entre los jóvenes; las crisis de ingresos; las tensiones entre grupos étnicos, religiosos o sociales; la desigualdad, y la infiltración de redes de tráfico y delincuencia organizada. En encuestas ciudadanas realizadas para el informe, el desempleo fue citado abrumadoramente como el factor más importante para el reclutamiento en pandillas y movimientos rebeldes.

Sin embargo, estas tensiones no terminan en violencia en todos los países. El IDM brinda nueva evidencia de que los Estados que carecen de instituciones legítimas, incluidos los que tienen altos niveles de corrupción y abuso de los derechos humanos, son menos capaces de contener estas presiones. Las instituciones legítimas son el sistema inmune que protege a las sociedades de los riesgos de una violencia generalizada.

“Para que podamos romper los círculos de violencia y reducir los factores de tensión que los provocan, los países deben crear instituciones más legítimas, responsables y eficientes que brinden seguridad, justicia y empleo a la ciudadanía”, dijo Zoellick.

Lecciones nacionales sobre transiciones hacia un futuro sin violencia
El IDM extrae enseñanzas de países de ingreso alto, mediano y bajo que han transitado hacia un futuro sin violencia. En situaciones de fragilidad, es necesario realizar esfuerzos deliberados para generar confianza entre los ciudadanos y el Estado. Esto, a su vez, requiere coaliciones políticas que sean suficientemente incluyentes para generar un amplio respaldo nacional orientado al cambio y esfuerzos encaminados decididamente a señalar una ruptura con el pasado, mediante resultados inmediatos confiables y medidas que fehacientemente aseguren el compromiso de cambio.

“En el IDM se ha recogido la experiencia de los países y líderes nacionales que han conducido exitosamente transiciones destinadas a dejar atrás los círculos repetitivos de violencia: esta es la verdadera contribución del informe”,dijo Nigel Roberts, codirector de la publicación.

La pronta acción es fundamental para devolver la confianza, pero el IDM muestra también que las transformaciones institucionales requieren tiempo. Les tomó una generación a los más rápidos reformadores del siglo XX para reformar las instituciones nacionales débiles o ilegítimas y volverlas resistentes a la violencia y la inestabilidad. Las sociedades que han logrado alejarse de la violencia han atravesado una secuencia de transiciones, no simplemente un único momento de cambio.

Para los reformadores nacionales, el IDM proporciona una serie de herramientas que han sido valiosas para restablecer la confianza entre los ciudadanos y el Estado en países que llevan adelante procesos de transición exitosos. Dichas herramientas incluyen medidas para aumentar la transparencia, asignaciones presupuestarias especiales para grupos desfavorecidos, nuevos nombramientos, la derogación de leyes discriminatorias y compromisos creíbles respecto de cronogramas realistas para la reforma a más largo plazo. Asimismo, se describen cinco programas prácticos a nivel nacional destinados a establecer un vínculo entre la rápida generación de confianza y la transformación institucional a más largo plazo: en la creación de empleo, en reformas de la seguridad y la justicia, en el otorgamiento de más poder a la comunidad, en la participación de la mujer y en medidas de lucha contra la corrupción.

Adaptación de la asistencia internacional

Es necesaria una nueva orientación del pensamiento internacional que lo aleje del énfasis excesivo en la reconstrucción a corto plazo después del conflicto y lo acerque a la reducción permanente de los riesgos en distintas situaciones, dicen los autores del informe. Las recomendaciones se basaron en los aportes de muchas otras organizaciones.

“En este informe se recoge el análisis de los investigadores y la experiencia de los encargados de formular las políticas en la comunidad del desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas y las instituciones regionales del mundo. La combinación de estos elementos proporciona información sumamente valiosa sobre los aspectos de políticas, seguridad y economía que se encuentran presentes a la hora de resolver los conflictos”, expresó Roberts.

En la publicación se recomienda incrementar el apoyo internacional en las siguientes esferas:

Brindar mayor asistencia, y en forma más integrada, a fin de mejorar la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo.
Reformar los sistemas internos de los organismos para respaldar las medidas inmediatas destinadas a restablecer la confianza y el fortalecimiento institucional a largo plazo.
Tomar medidas a nivel regional y mundial para hacer frente a las tensiones externas, como los efectos que provocan en los Estados frágiles la corrupción internacional, el tráfico ilegal y la inseguridad alimentaria.
Alcanzar un nuevo consenso internacional acerca de las normas de liderazgo responsable y fomentar el intercambio de conocimientos a partir de la experiencia de los países de ingreso mediano.

“Los líderes nacionales y mundiales deben mejorar la manera de responder a la demandas de empleo y justicia de la ciudadanía, desde el norte de África hasta Côte d'Ivoire, pasando por Haití. El sistema internacional debe reorientar la asistencia hacia la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo en las situaciones más frágiles. Para ello, habrá que reformar los procedimientos de los organismos internacionales, respondiendo a nivel regional, y renovar los esfuerzos de cooperación entre los países de ingreso bajo, mediano y alto”, declaró Sarah Cliffe, codirectora y representante especial del Informe sobre el desarrollo mundial

Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes

Resumen del Informe de América Latina

En el año 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas, solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas la realización de un estudio en profundidad sobre el tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.


Para dar respuesta a esta iniciativa y aportar información sobre las distintas manifestaciones de la violencia en la región de América Latina, Cuba y República Dominicana, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales constituyeron una Secretaría Regional para coordinar los esfuerzos y que permitiera cumplir con varios objetivos centrales: la elaboración del presente informe, llevar a cabo un proceso de consultas nacionales con niños, niñas y adolescentes y asumir posteriormente, las recomendaciones que emanaron del Estudio cuyos resultados fueron presentados en 2006 a la Asamblea General de las Naciones Unidas
La Secretaría Regional está integrada por representantes de la Alianza Save The Children, Defensa de Niñas y Niños Internacional, Plan Internacional, Reforma Penal Internacional, Visión Mundial Internacional, la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe y del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, organizaciones que han aportado recursos, informes, estudios y metodologías que han hecho posible la presentación del Informe Regional.
Alcance del informe
Respecto a los entornos en que se ejerce violencia contra los niños, niñas y adolescentes, el informe analiza la violencia en hogares y familias; en la escuela y otros entornos educativos; en la comunidad y en las calles; en las instituciones y en ámbitos laborales.

Algunos indicadores sociodemográficos

Según el BID la existencia de unos 7 millones de niños, niñas y adolescentes que deambulan en las calles de los distintos países de la región está vinculada a distintas formas de violencia - abandono, violencia doméstica que los empuja a huir del hogar- y situaciones de explotación económica, entre otras. “Los niños de la calle son objeto también de violencia policial, asesinatos y “limpieza social” por parte de escuadrones de la muerte”.

A ello se agrega el hecho de que de acuerdo con IPEC-OIT 12 .6 millones -de los 19.7 millones niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que participan en actividades económicas- prácticamente dos de cada tres, lo hacen en trabajos no permitidos para su edad o que se consideran dentro de las formas de trabajo infantil que deben ser erradicadas de inmediato y que implican situaciones de explotación económica, con altos niveles de riesgo de enfrentar abuso y maltrato.


Los datos anteriores indican que casi un 10% de la población total de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años se encuentra en estas situaciones, en clara violación de sus derechos y de lo que al respecto plantean distintos instrumentos jurídicos, en particular la Convención de los Derechos del Niño.
Factores de riesgo asociados a la violencia


En este informe se reconoce que la conducta violenta se aprende y la primera oportunidad para aprender a comportarse agresivamente surge en el hogar, observando e imitando la conducta agresiva de los padres, madres así como de otros familiares o incluso de personajes que aparecen en programas de los medios de comunicación masiva.
Las reacciones de los padres y madres que premian las conductas agresivas de sus hijos e hijas y el maltrato infantil por parte de ellos y ellas son algunos de los mecanismos mediante los cuales los niños, niñas y adolescentes aprenden, desde una temprana edad a expresarse en forma violenta. El niño y la niña aprenden a asociar estímulos agresivos con conductas violentas y a responder con violencia a eventos estresantes o a frustraciones.

A manera de síntesis, entre las características de la violencia en América Latina, se citan:

• Expresa conflictos sociales y económicos.
• Se produce principalmente en zonas pobres y excluidas de las ciudades, cuyos ciudadanos y ciudadanas se convierten en las principales víctimas.
• No se da una clara correlación entre pobreza y violencia, y sí entre empobrecimiento y desigualdad.
• Está fuertemente asociada a la exclusión escolar y laboral.
• Insatisfacción de las expectativas entre las generaciones en situaciones de pobreza y exclusión nacidas en las ciudades.
• Proliferación de armas pequeñas y ligeras.
• Alcoholismo, uso y abuso de otras sustancias adictivas.
• La dimensión cultural de la masculinidad favorece la resolución violenta de los conflictos.
• Carencia de políticas sociales preventivas del delito.
• Inoperancia de los sistemas policial y judicial y por tanto, desconfianza entre la ciudadanía.

Capacidades Institucionales

El establecimiento de entidades defensoras de derechos de la infancia en niveles descentralizados y con participación comunitaria en varios países ha significado una transformación institucional importante que permite abordar la defensa de los derechos desde la misma comunidad en la cual vive el niño. Los casos de Perú y el Salvador se destacan por su extensión e inserción comunitaria. Existe además este tipo de entidades en Bolivia, Brasil, Chile Costa Rica, Ecuador, Guatemala. Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

Violencia en hogares, familias y escuelas

Según la sistematización realizada por Save de Children para algunos países centroamericanos y en República Dominicana: “para niñas y niños la violencia física, la violencia verbal y la violencia sexual son las formas más comunes de violencia que viven en la familia. Esta situación es vivida por ellos y ellas, así como también, entre las personas adultas miembros de la familia. En el discurso de niñas y niños la violencia física se expresa en maltrato físico tales como golpes, patadas, pegarles con diferentes objetos o con lo que encuentran -zapatos, bejucos, chilillos, correas, cables, sogas, alambres de púas-. Este tipo de castigo físico es ejercido más hacia los niños que hacia las niñas. En el área rural las niñas expresan recibir castigos físicos con rajas de leña. Algunas niñas y niños manifiestan que el maltrato puede llevar hasta la muerte”.

Asimismo, dicho Informe situacional en 21 países de América Latina, concluye que: "El maltrato infantil menos denunciado en la mayoría de países es el abuso sexual. En todos los países se han incrementado las denuncias relativas a la violencia familiar y el maltrato infantil. Sin embargo, en la mayoría de estos países, los marcos jurídicos protegen a los niños, niñas y adolescentes víctimas del maltrato intrafamiliar, pero no en el caso de maltrato en otros ámbitos. En ninguno de los países estudiados existe una información nacional centralizada respecto a la problemática de maltrato infantil y la violencia familiar. Sólo existen fuentes parciales, sectoriales o locales. Por lo tanto, la percepción de la problemática en términos de su magnitud, sigue siendo limitada".

En el caso de México, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Nicaragua los niños, niñas y adolescentes refieren que la violencia física, la violencia verbal y psicológica ejercida por maestros y maestras es una forma significativa de violencia. Esta forma de violencia es ejercida cuando las y los estudiantes presentan incumplimiento a las tareas o lecciones o ante determinadas conductas en el aula.

Violencia institucional


Al año 2004 había una población de 95 mil 373 niños, niñas y adolescentes institucionales por razones de protección, y 119, mil 972 privados de libertad por conflicto con la ley penal.

La privación de libertad de jóvenes en conflicto con la ley es una medida ampliamente utilizada, como una vía de re-educación y sanción. No es extraño que en ocasionas se dé el mismo tratamiento y se mantengan en los mismos lugares a niños, niñas y adolescentes que están bajo medidas de protección por abandono u otras causas, con aquellos que han cometido infracciones y están bajo sanción. Todos estos hechos son violaciones de derechos e incompatibles con los mandatos de la Convención.

Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes

De acuerdo con un informe de Visión Mundial de 2001, “dos investigaciones realizadas recientemente en la República Dominicana, llegaron a la conclusión de que el camino que se dirige a la explotación sexual comercial infantil se construye sobre la falta de afecto, debilidades culturales y extrema pobreza. Los factores constantes encontrados fueron la exposición permanente a riesgos físicos y morales, malos tratos, abuso sexual, inestabilidad familiar o rompimiento, falta de afecto y seguridad e insatisfacción de sus necesidades básicas”.


Ese mismo informe destaca que según “una encuesta entre 422 personas en situaciones de explotación sexual comercial infantil en la República Dominicana, un 4 % de los padres o padres adoptivos de estas niñas y niños trabajaban en el sector informal como vendedores en las calles y que en un 4 8% de los casos los padres-madres estaban separados.”


© UNICEF/RD/2006/R.Piantini
Violencia y VIH/SIDA
Hay en América Latina y el Caribe 48 mil personas menores de 15 años afectados por VIH & SIDA y cerca de 735 mil jóvenes entre 15 y 24 años. En el estudio se considera que aún cuando la conexión entre VIH & SIDA y violencia no es actualmente evaluable, ésta se ha potenciado.
Un estudio realizado en algunos países en América Latina y el Caribe sobre los perfiles de la violencia doméstica demostró una asociación positiva entre infecciones de transmisión sexual) y violencia intrafamiliar
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Recomendaciones



1. El informe evidentemente insta a todos los Estados a que prohíban toda forma de violencia contra los niños en todos los contextos, inclusive el castigo físico dentro de las casas y escuelas. Las leyes no son artefactos mágicos para cambiar la realidad, pero difícilmente la realidad cambia sin el amparo de leyes.
2. Dar prioridad a la prevención de la violencia contra los niños abordando sus causas y considerando los factores de riesgo. Es esencial dedicar recursos a la intervención una vez que se ha producido la violencia. Es mucho más efectivo, incluso en términos de costo para el Estado, invertir en las políticas de prevención que en las consecuencias graves de la violencia.
3. Promover valores no violentos y capacitación. Los Estados y la sociedad civil deben contribuir para transformar las actitudes que aceptan o consideran normal la violencia contra los niños, incluida la aceptación de los castigos corporales y las prácticas tradicionales dañinas. Hay ejemplos de países que han puesto en marcha programas para ayudar a los padres y madres a no utilizar más la disciplina del castigo físico con resultados muy positivos.
Los medios de comunicación también deben ser cautelosos para evitar glorificar la violencia o estigmatizar a los niños tenidos como violentos. Esto es importante en esta región porque asistimos a una estigmatización de la figura del adolescente pandillero y violento; esto sólo refuerza el miedo e incluso crea una atracción adicional por el crimen.
4. Crear y promover sistemas de registro de denuncias y servicios accesibles y adecuados para los niños. Han tenido mucho éxito los mecanismos como líneas telefónicas de ayuda mediante los cuales los niños, niñas y adolescentes pueden denunciar los abusos, hablar con un asesor capacitado de manera confidencial y pedir apoyo.
5. Invertir en el apoyo de la víctima y la recuperación del agresor es fundamental para romper el ciclo de violencia. Para las víctimas y abusadores es fundamental que funcionen los servicios de recuperación y reinserción social. Hay iniciativas que concentran en un sólo espacio todos los servicios que necesitan las víctimas de abuso sexual, por ejemplo.
6. Asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad. La impunidad, principalmente en los casos en que la violencia es cometida por funcionarios del Estado, es un terrible combustible para más violencia. Todos los esfuerzos son necesarios para mostrar a la población que la justicia es eficaz e imparcial respetando los derechos de todos.
7. Los Estados deben mejorar sus sistemas de datos e información. Solamente basándose en un sistema de datos eficiente se puede planificar de forma efectiva las políticas públicas y hacer un seguimiento de los progresos alcanzados. El mínimo para cualquier política de protección a la niñez eficiente es tener registros universales sobre nacimientos, defunciones y matrimonios. También es inadmisible que los servicios de justicia no tengan claros los números de adolescentes en conflicto con la ley y los números de detenidos. Sin transparencia, sin inteligencia, tampoco es posible acabar con la violencia.