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Margaret Sekaggya,
al concluir su visita oficial a HondurasDel 7 al 14 de febrero de 2012, llevé a cabo una visita oficial a Honduras, visitando específicamente las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Durante la visita, me reuní con el Presidente; la Ministra de Justicia y Derechos Humanos; el Ministro de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños; el Ministro del Instituto Nacional Agrario; la Vice-Ministra de Relaciones Exteriores; el Vice-Ministro de Defensa; la Vice-Ministro del Interior; la Vice- Ministra de Seguridad; el Comisionado Nacional de Derechos Humanos del Congreso Nacional; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; la Oficina de la Fiscalía Especial para los Derechos Humanos y el Comisionado de Derechos Humanos. No obstante, lamento no haberme reunido con los Ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad, Defensa, Interior y Población. Así mismo, me reuní con miembros de la comunidad diplomática (G16) y agencias de las Naciones Unidas, incluyendo el Coordinador Residente. Durante mi misión sostuve también reuniones con un amplio segmento de la sociedad civil.
Agradezco al Gobierno de Honduras por su invitación y cooperación durante la misión. Así mismo, quisiera agradecer a todos los defensores de derechos humanos con los que me reuní. Finalmente, deseo expresar mi gratitud al Asesor de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a su equipo por el apoyo invaluable antes y durante la visita.
Me complace el compromiso expresado por el Gobierno de Honduras de aceptar e implementar mis recomendaciones, y me complace en particular la apertura del Presidente para sostener un diálogo constructivo con la sociedad civil. Es de gran satisfacción para mí, la invitación abierta que ha otorgado el Gobierno de Honduras a los Procedimientos Especiales y que indica su voluntad de cooperar con los diferentes titulares de mandatos.
Considero positiva la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños. De igual manera, me complace el establecimiento de un Mecanismo Nacional de Prevención de acuerdo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Así mismo me complace el informe preparado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en especial las recomendaciones relacionadas con los derechos humanos. Veo con beneplácito la participación de las autoridades y la sociedad civil durante el proceso del Examen Periódico Universal y la aceptación del Gobierno de varias recomendaciones, incluyendo las relacionadas con el mejoramiento de la protección de defensores de derechos humanos.
Honduras enfrenta serios desafíos en el combate a la violencia e inseguridad. La impunidad reinante y la ausencia de investigaciones efectivas de las violaciones de derechos humanos socaban la administración de justicia y deterioran la confianza de la sociedad hacia sus autoridades. El golpe de Estado de 2009 agravó aún más la debilidad institucional, aumentado la vulnerabilidad de defensores de derechos humanos y provocando una mayor polarización del pueblo Hondureño. Debido al rol protagónico por la naturaleza de sus actividades, los defensores de derechos humanos continúan exponiéndose y por ende continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización.
He observado que ciertas categorías de defensores de derechos humanos se encuentran particularmente en situación de riesgo en Honduras, incluyendo periodistas, trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, abogados, fiscales y jueces, así como los defensores que abogan por los derechos de la mujer, la niñez, la comunidad LGTBI, las comunidades indígenas y Afro-Hondureñas, y también aquellos que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente y el derecho a la tierra.
Me preocupa que funcionarios públicos, incluyendo altos funcionarios del Estado, han ofrecido declaraciones públicas que estigmatizan a los defensores de derechos humanos. En particular, he recibido información indicando que los defensores de derechos humanos que trabajan en temas de los LGTBI han sido amenazados y perseguidos porque se percibe que a través de su trabajo, defienden comportamientos inmorales. Por su parte, los defensores que trabajan en temas de los derechos del niño han sido acosados, particularmente aquellos que denuncian la limpieza social de niños y adolescentes por parte de actores públicos y privados. Las organizaciones de mujeres expresaron su preocupación de que debido a la persistente discriminación de género, sus denuncias sobre violaciones en contra de su integridad y su trabajo no se toman en cuenta, y para empeorar su situación, sufren intimidaciones por parte de las autoridades, en particular por miembros de la fuerza policial.
También recibí informes sobre violaciones y restricciones serias a la libertad de expresión, especialmente después del golpe de Estado. Un número alarmante de periodistas fueron asesinados durante el período 2009-2010 y las medidas orientadas a restringir los medios de comunicación han tenido como resultado la autocensura entre los periodistas. Algunas emisoras radiales comunitarias que fueron cerradas después del golpe continúan fuera del aire. Esto afecta el derecho de acceso a la información, sobretodo de las comunidades más vulnerables, particularmente las indígenas y Afro-Hondureñas.
Conocí también a varios representantes de organizaciones que han sido amenazados debido a su participación en actividades que buscan proteger el medio ambiente, así como por su posición en contra de proyectos de empresas privadas, como proyectos mineros e hidroeléctricos, en lo cuales el proceso de consulta con los pueblos indígenas no se ha respetado conforme a lo establecido en la Convención No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Me preocupan los niveles de violencia que afectan a personas que pacíficamente reclaman sus derechos económicos y sociales, incluyendo el derecho a la tierra.
Pese a que muchos defensores gozan de medidas cautelares y de protección emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, me preocupa haber recibido información sobre la ausencia de medidas efectivas de protección, y de que estos defensores se convierten en víctimas de asesinatos, atentados y amenazas resultado de la falta de eficacia de dichas medidas. Al momento de la misión, en Honduras hay más de 380 personas con medidas cautelares y cuando me reuní con muchos de ellos, expresaron estar seriamente preocupados por su seguridad.
La ausencia de un programa nacional de protección para defensores de derechos humanos es una de las preocupaciones principales manifestadas por la mayoría de los actores en la sociedad. Dicha preocupación también ha sido expresada por las autoridades. Debo enfatizar que el Estado tiene la obligación de llevar a cabo la diligencia debida y debe tomar medidas preventivas para proteger a las personas que se encuentran en situación de riesgo por defender los derechos humanos. Dicha falla en las medidas de protección hace que el grado de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos aumente, se obstruye la capacidad de las autoridades para realizar investigaciones y como consecuencia se contribuye con el ciclo de impunidad.
La capacidad del Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones criminales efectivas e imparciales, se ha visto seriamente afectada por la supuesta participación de miembros de la fuerza policial en la ejecución de crímenes, incluyendo aquellos que representan serias violaciones de los derechos humanos. He recibido también información indicando que miembros de la policía, incluyendo algunos de alto rango, han impedido y obstruido las investigaciones. Asimismo, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos está siendo afectada por interferencia política, falta de eficiencia, carencia de recursos, y el personal que labora en dicha oficina ha sido amenazado.
En repetidas ocasiones, los defensores de derechos humanos me informaron que se abstenían de buscar protección debido al temor hacía la policía, y que el contacto con la misma los expone a mayores riesgos de seguridad. En la actualidad, únicamente la policía es la encargada de brindar medidas de protección, sin embargo, no cuenta con una unidad específica que garantice la protección específica de los defensores de derechos humanos. En las diversas reuniones que sostuve con los defensores, estos expresaron que los agentes asignados a su protección son rotados con frecuencia y que al no conocer el agente asignado para brindar la protección, sentían que su nivel de inseguridad aumentaba. Un defensor de derechos humanos con medidas cautelares comentó que los agentes asignados a su protección ni siquiera sabían cuál era la tarea que debían cumplir ya que suponían que el defensor de derechos humanos se encontraba en libertad condicional. De esa forma, la persona que supuestamente debía recibir la protección fue tratada como sospechoso y no como víctima.
He recibido información que indica la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, lo cual afecta negativamente la efectividad de la administración de justicia y el rol potencial de los jueces que actúan como defensores de derechos humanos. En consecuencia, medidas de protección como el Habeas Corpus y Amparo se convierten en mecanismos ilusorios. La ausencia de un órgano autónomo para salvaguardar la independencia del Poder Judicial y supervisar el nombramiento, promoción y reglamentación de la profesión judicial ha sido socavada por interferencia política, poniendo en riesgo la legitimidad del mismo. Observo que la incertidumbre que se tiene sobre la carrera judicial es perjudicial para el ejercicio de las funciones de los jueces.
Durante mi misión recibí informes indicando que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) no puede desempeñar eficazmente sus funciones fundamentales. Si bien es cierto la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos representa un avance del Gobierno para cumplir con sus responsabilidades de monitoreo y protección de los derechos humanos, me gustaría enfatizar que la responsabilidad institucional por la supervisión de la protección de los derechos humanos debe recaer en el ámbito de una institución nacional de derechos humanos que sea independiente. La falta de coordinación entre las autoridades genera una brecha en el cumplimiento del deber de protección. Esta debilidad institucional genera a su vez falta de credibilidad en el sistema nacional de protección de derechos humanos.
Recibí información de varios actores los cuales informaron que la Comisión Interinstitucional para la Protección de Derechos Humanos, encabezada por el Procuradora General de la República, no contempla un marco eficaz para la coordinación institucional de los derechos humanos.
En relación al derecho legítimo de asociación de los defensores de derechos humanos, me preocupa que el rol valioso de la sociedad civil vea afectado por la adopción de legislaciones orientadas a restringir el trabajo de los defensores de derechos humanos, particularmente hago referencia al Decreto 32-211 “Ley Especializada de Fomento para las Organizaciones Non-Gubernamentales de Desarrollo” y el Decreto 252-2010 “Ley contra el Financiamiento de Terrorismo”. En ese sentido, dichas legislaciones podrían representar un obstáculo para que organizaciones de derechos humanos obtengan la personería jurídica necesaria para registrarse ante las autoridades. Asimismo, algunas organizaciones son amenazadas con el cierre definitivo.
Recomendaciones
Al Estado
El Gobierno deberá establecer una política de Estado que reconozca el indispensable trabajo llevado a cabo por los defensores de derechos humanos y su protección debería ser garantizada. El Presidente deberá promover y liderar el diálogo entre las autoridades y la sociedad civil, afín de crear un entorno favorable para que los defensores puedan llevar a cabo su trabajo de derechos humanos. Un enfoque integral que tome en cuenta varias variables deberá ser la clave para el diseño de una política de Estado que promueva un desempeño efectivo y coordinado de todas las instituciones. Las políticas, estrategias y programas deberán ser desarrolladas tomando como base las recomendaciones proporcionadas por los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos. Asimismo, en consulta con la sociedad civil, se deberá implementar un mecanismo nacional que evalúe regularmente el grado de implementación de las recomendaciones.
Un Plan Nacional de Acción para los derechos humanos deberá ser aprobado e implementado tomando en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos, incluyendo aquellas contenidas en el EPU, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratados y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como aquellas establecidas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Asimismo, le recomiendo al Gobierno solicitar ayuda técnica a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Como una medida crucial para superar la desconfianza de los defensores de derechos humanos en contra de las autoridades, se deberá crear e implementar con carácter de urgencia, un programa de protección para defensores de derechos humanos que cuente con recursos necesarios. De igual manera es necesario un marco interinstitucional desarrollado que contemple la responsabilidad para la coordinación, así como la supervisión del funcionamiento del programa. Todas las medidas para la protección de los defensores de derechos humanos deberán ser planeadas y consensuadas con los individuos a quienes se les asigne las medidas de protección. Quisiera enfatizar la responsabilidad del Estado de garantizar que los defensores de derechos humanos reciban medidas de protección efectivas de forma expedita.
Dado el amplio mandato otorgado a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, las prioridades de la institución deberán ser identificadas y por ende su rol deberá ser clarificado afín de evitar cualquier duplicación de trabajo con las otras instituciones. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos deberá asumir responsabilidad por el desarrollo de políticas públicas, así como también, por la coordinación interna de las estrategias de protección para los defensores de derechos humanos. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos deberá demostrar liderazgo en la reforma de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Derechos Humanos afín de coordinar la implementación de las políticas de protección de derechos humanos del Estado.
Debe reforzarse el rol y la independencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). Las autoridades competentes deberán investigar sin demora los casos remitidos por CONADEH, el cual deberá ser consultado durante el desarrollo del mecanismo de protección, y particularmente para establecer un programa de protección para defensores de derechos humanos.
El marco legislativo nacional legal deberá ser revisado afín de armonizarlo con los principios y provisiones de instrumentos internacionales de derechos humanos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos debería ser incorporada en la legislación nacional y así fomentar concientización sobre la definición y rol de los defensores de derechos humanos. Más específicamente, se recomienda revisar la “Ley Especializada de Fomento para las Organizaciones Non-Gubernatales de Desarollo, Decreto 32-2011” y la “Ley contra el Financiamiento de Terrorismo, Decreto 252-2010” con el fin de crear un entorno que permita a los defensores de derechos humanos realizar sus labores. Así mismo, deseo reiterar el Artículo 13 de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos que establece que toda persona tiene el derecho a recibir y utilizar recursos para la promoción y protección de derechos humanos.
Una política para investigaciones criminales efectivas deberá ser definida y los métodos de trabajo de investigación deberán ser revisados. Recursos humanos considerables y apoyo técnico deberán ser otorgados afín de asegurar la capacidad investigativa de la Oficina del Fiscal Especial para los Derechos Humanos. Reportes de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos deberán tener prioridad y deberán ser investigados de oficio cuando lo necesite. El programa de protección para los testigos del Fiscal deberá ser revisado y fortalecido. Mecanismos de protección deberán ser implementados con la finalidad de proteger el Fiscal Especial de derechos humanos de cualquier interferencia política así como para asegurar la seguridad física de los fiscales, particularmente cuando éstos investigan casos de supuesta responsabilidad policial.
La depuración de la fuerza policial debería ser una prioridad afín de incrementar la credibilidad de las instituciones responsables para la aplicación de la ley. Una unidad específica de policías entrenados deberá establecerse para la protección de defensores de derechos humanos.
El efectivo desempeño de la administración de la justicia es un factor clave para la protección de los defensores de derechos humanos. La independencia e imparcialidad de la institución judiciaria es fundamental para asegurar el estado de derecho. Reconozco la adopción del Decreto 219-2011, Ley del Consejo de la Juricatura y la Carrera Judicial, sin embargo un ente independiente deberá establecerse afín de resguardar la independencia de la institución judicial, y supervisar la selección, promoción y regulación de la profesión de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos. Los jueces deberán tener permanencia en sus cargos afín de que puedan ejercer sus funciones de una manera independiente.
El Estado deberá promover la concientización y diseminar información sobre el rol de los defensores de derechos humanos. Jueces, fiscales, abogados, la policía y demás oficiales públicos deberán contar con una capacitación sistemática y continua sobre estándares de derechos humanos, incluyendo la garantía de habeas corpus afín de mejorar su uso efectivo.
El Estado deberá asegurar que tanto actores públicos y privados, incluyendo compañías trasnacionales, respeten el trabajo de los defensores de derechos humanos. En casos en donde actores no estatales han cometido violaciones en contra de los defensores de derechos humanos deberán ser investigados, llevados antes la justicia y las víctimas deberán ser reparadas en sus derechos. El diálogo y la mediación entre los actores no estatales privados y la sociedad civil deberá ser fomentado, particularmente en el caso de las comunidades Afro-Hondureñas, indígenas y comunidades rurales. Consultas previas con las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo conforme a lo dispuesto por la Convención 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Cualquier estigmatización en contra de los defensores de derechos humanos, ya sea proveniente de instancias públicas o privadas, por ejemplo medios de comunicación, deberá ser desalentada y oportunamente sancionada.
A los defensores de derechos humanos
Plataformas nacionales y/o redes de cooperación que busquen facilitar el diálogo y la protección de defensores de derechos humanos deberán ser diseñadas y fortalecidas.
Defensores deberán tener un mejor manejo de las provisiones contenidas en la Declaración sobre defensores de derechos humanos y se deberá promover su diseminación.
Al momento de denunciar violaciones de derechos humanos, esfuerzos deberán hacerse para hacer uso continuo de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, así como de otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.
A la comunidad internacional:
§ Esfuerzos deberán ser intensificados con la finalidad de fortalecer la sociedad civil.
§ Las Naciones Unidas y la comunidad internacional deberán apoyar el diálogo y fomentar la colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil, con miras a incluir de manera efectiva los derechos humanos en los programas de creación y fortalecimiento de instituciones, desarrollo y otros programas, tomando en consideración la protección de los defensores de derechos humanos.
Otros actores§ Esfuerzos deberán continuarse afín de concientizar cívica
mente todos los actores de la sociedad. Asimismo, el diálogo y el espíritu de cooperación deberán ser fomentados.
