La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicó este 15 de abril el su Informe Anual 2010 sobre la situación de los derechos humanos en el continente y en relación a Honduras señala diversas violaciones a los derechos fundamentales que se han incrementado a partir del golpe de Estado de 2009 y la participación de escuadrones de la muerte en los ataques contra la resistencia y a defensores y defensores de derechos humanos.
El Informe fue presentado ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde señala que existe un accionar represiva que no tiene un alto desde las instituciones estatales encargadas para tal fin, al contrario el castigo con el despido para una magistrada y tres jueces deja en evidencia que no hay imparcialidad en el sistema de justicia y se sanciona la libertad de expresión en el país.
Da cuenta de las actividades realizadas durante el año 2010 con relación a la situación en Honduras y analiza la situación de derechos humanos, en especial la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales; los hostigamientos contra jueces y magistrados; la situación de la libertad de expresión y la situación en que se encuentran sectores de la población históricamente marginados y en situación de mayor vulnerabilidad.
Incluye información sobre asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos y otros líderes sociales, hostigamiento y persecución contra magistrados identificados como opositores al golpe de Estado, violaciones al derecho a la libertad de expresión, y deficiencias en la implementación de medidas cautelares, entre otros.
Igualmente analiza el estado de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH; la situación de impunidad y su relación con el Decreto de Amnistía de febrero de 2010; se pronuncia sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación; identifica avances y desafíos para el retorno a la institucionalidad democrática y emite recomendaciones.
Crímenes contra miembros y miembras de la resistencia
El 8 de marzo de 2010, a solo 39 días de que Porfirio Lobo Sosa llegó a través de elecciones espurias a saca presidencia, la CIDH condenó y lamentó los asesinatos de miembros activos del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de registrados entre febrero y marzo de 2010.
Se trata de los casos de Julio Fúnez Benítez, asesinado el 15 de febrero de 2010. El era miembro activo de la resistencia y afiliado al Sindicato de Trabajadores de SANAA. Ese día sujetos desconocidos terminaron con su vida al inferirle dos balazos mientras conversaba en la acera de su residencia en la Colonia Brisas de Olancho.
Otro de los casos señalados es el de Claudia Brizuela, el 24 de febrero de 2010 cuando fue asesinada en su domicilio. Es hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela, que participa activamente en la resistencia. Dos desconocidos llamaron a la puerta y al abrir, Claudia Brizuela fue asesinada a balazos, frente a sus hijos de 2 y 8 años de edad.
La CIDH documentó el asesinado Francisco Castillo, miembro activo de la resistencia, asesinado el 17 de marzo de 201. Castillo y su esposa habrían sido objeto de persecución por personas que se conducían en motocicletas y autos.
El 23 de marzo de 2010, fue asesinado el dirigente del Frente Nacional de Resistencia y miembro del colegio de profesores de Educación Media, señor Juan Manuel Flores Arguijo. El profesor Flores Arguijo fue asesinado cuando se encontraba en el Instituto San José del Pedregal de Comayagüela frente a alumnos y profesores.
El 8 de mayo de 2010, Adalberto Figueroa, miembro directivo del movimiento ambientalista de Olancho y líder en su comunidad fue asesinado a un kilómetro de distancia de su casa por personas con pasamontañas, que le infirieron varios disparos de arma de fuego. Según la información recibida, su muerte estaría relacionada con las denuncias que la víctima habría realizado sobre la explotación ilegal del bosque de la zona por parte de empresarios madereros.
Gilberto Alexander Núñez Ochoa, quién habría sido miembro del comité de seguridad de la resistencia, fue asesinado el 13 de mayo de 2010 de 17 balazos, señala el informe de la CIDH.
El 26 de mayo de 2010, Pedro Antonio Durón Gómez -hermano de Arcadia Gómez, ministra del Presidente Zelaya y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia- junto a Oscar Tulio Martínez, agente de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación (DGSEI) fueron asesinados de varios disparos por individuos que interceptaron el vehículo que conducían.
En el 2010 la CIDH tuvo que otorgar varias medidas cautelares a favor de personas que se encuentran en situación de riesgo a personas que en su mayoría han participado en acciones contra el golpe de Estado.
La CIDH señala que en el 2010 solicitó medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Gladys Lanza el 30 de agosto y de José Luis Galdámez Álvarez y su núcleo familiar el 6 de diciembre. En ambos casos, las solicitudes se fundamentaron en la persistencia de los actos de hostigamiento, amenazas y persecuciones que originalmente motivaron la adopción de medidas cautelares por parte de la CIDH y que fueron ejecutados en reacción a la posición crítica al golpe de Estado que asumieron los beneficiarios: la señora Lanza a través de su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos, y el señor Galdámez en su calidad de periodista.
La CIDH señaló que los asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y miembros de la resistencia, no cuentan con las debidas investigaciones por parte del sistema de justicia y se mantienen en la impunidad.
Esta falta de debida investigación no permite esclarecer si tales delitos están o no relacionados con el golpe de Estado de 2009 o son producto de la criminalidad común; asimismo no permite juzgar y sancionar a los responsables de tales acciones y ni evitar que hechos similares se repitan.
Ataques contra defensores y defensoras de DDHH
El informe de la CIDH destacó los ataques de que fueron objeto en el 2010 las defensoras y los defensores de derechos humanos denunciaron ante la CIDH que en los últimos meses grupos ilegales operarían en forma clandestina con patrones de ataque enfocados en personas vinculadas a la resistencia; personas que denuncian y personas que generan opinión. De acuerdo a los defensores y las defensoras de derechos humanos, la situación en Honduras ha empeorado, porque los escuadrones de la muerte, que durante algunos años fueron conocidos por sus cruentas acciones de “limpieza social”, estarían volviendo a operar en Honduras, con un objetivo de persecución de carácter político.
Por otra parte, se recibió información indicando que los actos de hostigamiento contra maestros y maestras que se manifestaron contra el golpe de Estado continúan. Específicamente, se informó que 10 directores y secretarios departamentales y directores distritales de la oposición fueron ilegalmente separados de sus cargos, que estarían siendo adoptadas represalias de naturaleza económica y que decenas de educadores de la oposición al gobierno se encontrarían sujetos a medidas previstas en la legislación interna para “asegurar la eficacia del procedimiento”.
Además, se informó respecto del inicio de procesos de investigación contra instituciones educativas en las cuales sus maestros hubieren participado en acciones de protesta. Asimismo, la Comisión fue informada sobre la preocupación de los maestros y maestras hondureñas, por la presentación al Congreso Nacional de Honduras, de proyectos de ley que, según alegan, podrían llegar a afectar los logros magisteriales alcanzados al presente.
Por otro lado, se denuncia por parte de opositores al gobierno, que se ha criminalizado la disidencia política y se ha perseguido a abogados y defensores de derechos humanos, con acusaciones sin fundamento claro. En esta línea, la Comisión ha recibido información durante el 140º período ordinario de sesiones conforme a la cual existiría un uso abusivo del aparato de justicia de los tipos penales de asociación ilícita, terrorismo, rebelión, sedición y manifestación ilícita con el objeto de obstaculizar las labores desempeñadas por miembros de organizaciones civiles.
La Comisión ha recibido información del uso de fuerza desproporcionado de la policía, en contra de una manifestación realizada el 20 de agosto por maestros y maestras en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Se dice que los educadores fueron blanco de disparos y bombas lacrimógenas y luego de eso, se detuvo a dirigentes del magisterio, terminando algunos hospitalizados por la forma en que fueron arrestados.
Represión contra jueces y magistrada
La CIDH consideró de especial preocupación los actos de hostigamiento contra jueces y juezas identificados como opositores al golpe de Estado. En mayo de 2010, la Comisión se reunió con miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes informaron sobre la situación de los jueces y juezas despedidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además, se reunió con el pleno de la CSJ, oportunidad en la que se planteó esta situación.
De acuerdo a la información recibida, la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales inició de oficio después del golpe de Estado, investigaciones por supuestas faltas cometidas por Tirza del Carmen Flores, Magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula; Guillermo López Lone, Juez del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula; Ramón Enrique Barrios, Juez del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula y; Luis Alonso Chévez de la Rocha, Juez de Letras contra la Violencia Doméstica, todos integrantes de la Asociación Jueces por la Democracia.
De acuerdo a los jueces afectados, en los procedimientos seguidos en su contra no se les habría respetado el debido proceso. En la reunión sostenida el 18 de mayo de 2010 con el Pleno de la Corte Suprema, su Presidente informó a la CIDH que la decisión de despido habría sido ratificada por dicho tribunal y que los jueces afectados tenían la facultad de interponer un recurso de impugnación contra la decisión de la Corte Suprema.
Al respecto, la CIDH insiste que, sin perjuicio de las motivaciones formales argumentadas por la CSJ, las causas que motivaron el proceso y la decisión final están vinculadas indudablemente a la participación en manifestaciones contra el golpe de Estado, o haber expresado su opinión contra el mismo. El sistema interamericano de derechos humanos ha expresado reiteradamente el rol central del Poder Judicial en el funcionamiento del sistema democrático. Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia.
Asesinatos contra periodistas
La grave situación de inseguridad que viven los comunicadores y las comunicadoras sociales de Honduras, sumada a la impunidad que subsiste sobre los crímenes de periodistas cometidos en 2010 exige respuestas eficientes y efectivas. En este sentido, es imprescindible que el Estado establezca órganos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos especializados de protección que sean eficaces, reforzados y concertados con los propios periodistas. Cabe recordar el principio 9 de la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.
En relación a los asesinatos contra unos 10 periodistas en el 2010, la CIDH informó que en la audiencia pública realizada el 25 de octubre de 2010 ante este organismo internacional, sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Honduras, los representantes del Estado expresaron que existen avances en las investigaciones de los crímenes de periodistas e indicaron que ninguno de los periodistas asesinados en 2010 fue ultimado por ejercer su profesión, sino que se trató de crímenes comunes. Sin embargo, los representantes del Estado, al igual que los funcionarios con quienes se entrevistó la CIDH en su visita oficial de mayo, no aportaron prueba para sustentar tal afirmación.
El informe explica varios casos de crímenes contra comunicadores sociales y amenazas latentes hacia personal de las radios comunitarias La Voz de Zacate Grande, y la radio garífuna, Faluma Bimetu-Coco Dulce-.
Ineficiencia en la implementación de medidas cautelares
Durante 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a 24 personas amenazadas por el ejercicio de su libertad de expresión, en su mayoría periodistas. En muchos casos, dichas medidas incluyeron a sus grupos familiares.
Nahúm Palacios, el periodista asesinado el 14 de marzo de 2010, contaba con esas medidas de protección al momento de su asesinato. Tanto en la visita realizada por la CIDH en mayo de 2010 como en la audiencia sobre Mecanismos para la implementación de medidas cautelares en Honduras, realizada en Washington D.C. el 25 de octubre de 2010, las organizaciones de la sociedad civil y los propios beneficiarios manifestaron haber experimentado enormes dificultades para la correcta implementación de las medidas cautelares.
Violencia contra grupos vulnerables
La CIDH desea expresar que las violaciones a los derechos humanos afectan de forma especial a aquellos sectores de la población históricamente marginados, discriminados y de mayor vulnerabilidad, como la comunidad LGTB, las niñas y los niños, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.
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