SEGURIDAD MERCENARIA

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Carola Mittrany


En Honduras se producen 46 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes. La tasa es una de las más altas de América Latina, según el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de 2007. En medio a este ambiente de violencia, las empresas de seguridad privada van ganando terreno en el país y provocan la desconfianza de organismos defensores de derechos humanos.


"La cuestión está en que este tipo de empresas proliferaron en el más absoluto desorden y continúan así, a pesar de que la ley obliga a la Secretaría de Seguridad no sólo para que autorice el funcionamiento de las mismas sino para que vigile, a fin de evitar que se conviertan en una especie de ejércitos privados”, advierte Itsmania Platero, presidenta de la organización no gubernamental Xibalba Arte y Cultura.


En Honduras operan alrededor de 400 agencias de seguridad, pero la unidad policial sólo tiene registradas 116, más 36 organizaciones creadas por empresas para su seguridad interna, 32 que ejercen vigilancias en barrios y colonias y cinco detectives privados, para hacer un total de 189. Se estima que entre todas las agencias pueden llegar a tener 60.000 hombres, pero sólo unos 20.000 están registrados en las 189.


Por registrarse, cada empresa paga 100 mil lempiras (poco más de US$5 mil) y anualmente enterará 10 mil lempiras (US$500) más 20 lempiras (US$1) adicionales por cada guardia. Sobre el uso de armas, ha sido establecido que el armamento necesario para una empresa de seguridad depende del número de plantel que tenga, dentro de una proporción de 1:1, sin embargo no hay ningún tipo de control que determine la cantidad de armas que detienen.


Poder sin control


En un pronunciamento hecho por el presidente Manuel Zelaya, en agosto de 2006, se incluyó a los guardias de seguridad privada en los programas de ciudadanía del gobierno, autorizándolos para intervenir en hechos delictivos, incluso disparar contra delincuentes que estén perpetrando algún asalto. La función también implicaría labor de inteligencia, al proporcionar información valiosa que les sirva a los órganos de seguridad pública. A cambio de esta labor serían premiados con algún bono.


“No hay ninguna ley que haya sido establecida en relación a esto. Sin embargo, la poca confianza por parte de la población en la policía, que recientemente vio implicados a cerca de 190 elementos de la institución involucrados en bandas y en actos de corrupción graves, valoriza al guardia privado y lo legitima ante la sociedad", alerta Itsmania. La activista también nota la falta de equipo en las oficinas de la Direccion General de Investigacion Criminal, que dificulta cualquier tipo de investigacion.


Esto indica que si los guardias privados, al intervenir para detener un delito, se ven en la obligación de herir o matar a un criminal para defender vidas o bienes, no serían acusados de homicidios.


“Esto es muy grave porque hay casos en que los propios agentes cometen actos delictivos. No hay capacitación de estos guardias ni ningún control sobre ellos. Además, no gozan de derechos laborales de ningún tipo dentro de las empresas”, dice.


Aunque no hay cifras exactas de cuánto invierte el sector privado para cuidar sus valores, se estima que son más de 700 millones de lempiras anuales (apróximadamente US$37 millones) los que gastan en equipos de vigilancia electrónica y en la contratación de personal.


Violencia tiene raíces históricas


Parte de la delincuencia que sufre Honduras tiene sus raíces en los conflictos centroamericanos de la década del 80, después de los cuales no solo quedó en circulación gran cantidad de armas de fuego de todo tipo, sino mucha gente entrenada en diversas técnicas de ataque, tanto de parte de las guerrillas que se disolvieron como de los ejércitos regulares que se vieron obligados a empequeñecerse.


“Muchos ex guerrilleros y ex militares conformaron bandas dedicadas a los asaltos bancarios, secuestros, robo de vehículos y narcotráfico. También la expulsión de pandilleros por parte del gobierno estadounidense permitió la proliferación de las maras. Todo esto incrementó al máximo la percepción de inseguridad, por lo que al mismo tiempo abrió las puertas para el éxito de las empresas privadas de seguridad, la mayor parte de ellas propiedad de militares retirados y cuyos guardias también fueron hombres de uniforme”, explica Itsmania.


Armas sin control


El informe del Conadeh cita que a nivel nacional en el primer semestre de 2006, de cada 100 mil personas 37 murieron por causas externas. De ellas, 1,508 fueron víctimas de homicidio, lo cual corresponde a una tasa de 23.1 por cada 100 mil habitantes; con esta tendencia, al finalizar 2006 se produjeron aproximadamente 46 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes, una cifra bastante elevada para el promedio, según la OMS, de 19.3 en las Américas en el año 2000 y 8.8 a nivel mundial.


Es necesario destacar que 201 menores de 20 años, de ambos sexos, murieron por homicidio en este período, constituyendo el 13.4% de todas las muertes. El instrumento letal fue un arma de fuego (revólver, pistola y fusiles) en casi 8 (78.8%) de cada 10 homicidios.


“En Honduras no hay control sobre el uso de armas de fuego”, señala la activista. En un país donde la ley de portación de armas autoriza hasta cinco armas y dos licencias por persona, el llamado de Itsmania se hace cada vez más urgente: “Honduras necesita una campaña de desarme, no sólo para reducir la muerte de niños y jóvenes sino de toda la población”.