La imprudencia de muchas familias hondureñas de poner en manos de “coyotes” a niños para que viajen de “mojados” hacia Estados Unidos, ha provocado que más de 3,000 menores de edad ahora adopten la nacionalidad mexicana.
A los niños les cambian su nacionalidad, para ofrecerles beneficios estatales.
Los pequeños que son enviados por esa ruta, con la intención de que se reencuentren con sus padres en el país del norte, se van extraviando en el camino.
Algunos mueren trágicamente, otros pierden un miembro de su cuerpo, pero quienes no perecen, pierden su nacionalidad.
De acuerdo a registros del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, unos 3,000 niños hondureños ya cuentan con la nacionalidad mexicana, debido a que los encontraron en situación de vulnerabilidad sin un familiar que los represente.
Esta organización y otras dedicadas a la protección de niños migrantes abandonados, les adoptan la nacionalidad del país azteca, con el fin de asistirlos en los establecimientos sanitarios, en los que se ven obligados adoptarles un nombre con nacionalidad mexicana.
De igual mera, los matriculan en escuelas mientras aparecen sus padres, asimismo, les consiguen alimentación por parte del Estado porque los pequeños están extraviados en situación de indefensión.
Las necesidades que sufren los niños en los albergues, obligan a las organizaciones humanitarias a nacionalizarlos mexicanos.
La representante de la Coalición entre México y Honduras para el Paradero de Niños Migrantes Extraviados, Istmania Pineda Platero, comenta que hay varias organizaciones de beneficencia que tienen a los niños ocultos pero no secuestrados.
“Eso es con el fin de ayudarlos al momento de adquirir alimentación, asistencia médica y educación en México”, manifestó la voluntaria defensora de derechos humanos.
Indicó que al momento de que los pequeños extraviados son recuperados les buscan la huella dactilar y no se las encuentran, lo que hacen es improvisarles una partida de nacimiento para que tengan beneficios en las instituciones del Estado mexicano donde se encuentran.
“Sin esa huella dactilar, agrupaciones irregulares fácilmente les falsifican una partida de nacimiento con fines inescrupulosos”. En esos casos los criminales pueden justificar que los infantes son huérfanos y les pueden adoptar un padre y una madre y hasta el nombre del menor de edad para traficar con él. El tráfico de niños y de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa cerca de los 32 millones de dólares anuales, explicó.
El padre Alejandro Solalinde sale al rescate de los niños para disputárselos con los criminales.
El número de niñas y niños que son desaparecidos cada año a nivel mundial para la trata es de un millón 200 mil de acuerdo con la UNICEF.
Por su parte, el sacerdote mexicano de la organización Ángel Sin Fronteras, Ángel, Alejandro Solalinde, ha denunciado que cada vez se encuentran más mujeres y niños entre los viajeros con rumbo a los Estados Unidos y calculó que el 40 por ciento de la población migrante está integrada por madres de niños pequeños.
Sin embargo, agentes de Migración intentaron culpar al cura de tráfico de personas, pero aclaró que hay muchos negocios clandestinos con migrantes y quienes se dedican a esa actividad ilícita buscan desprestigiar a quienes defienden los migrantes, principalmente niños.
También dio a conocer testimonios que niños migrantes han referido en las casas de migrantes de la pastoral: “Se subió al techo del tren una señora que traía a su bebé como de dos años; lo traía abrazado en sus manos. A la mitad de la noche, solo pudimos observar que el sueño le ganó por el hambre y el cansancio. Solo vimos que el pequeño se le salió de los brazos y resbaló a las vías. Al darse cuenta ella gritó y se aventó a las vías”.
A los pequeños los llevan a los registros nacionales para documentarlos como nacidos en México.
Otro relato de los migrantes menores que viajan solos: “Esa noche hubo fiesta. Lo supo por el sonido que retumbaba en la ventana y por las mujeres desnudas que vio caminar por el pasillo. Ahí se enteró que en la otra habitación estaba ocupada por ellas. Oyó que cuatro eran de El Salvador, dos de Nicaragua, una de Honduras y siete eran mexicanas. (ECA)
Acnur solicita estudio individual de casos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) solicitó hoy que las autoridades revisen individualmente los casos de los niños centroamericanos que cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos antes de ser deportados.
“Hay que revisar la situación de cada niño porque existen muchos perfiles diferentes”, aseguró el representante adjunto del Acnur en Colombia, Martín Gottwald, durante un acto conmemorativo por el 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, que fue organizado por este organismo de la ONU en Bogotá.
Las autoridades migratorias liberan a niños de bandas criminales.
El funcionario manifestó que algunos casos cumplen los requisitos que dicta la Convención sobre el Estatus de Refugiados de las Naciones Unidas, pero otros no.
“Hay que preguntar a cada niño por qué salió de su origen”, agregó Gottwald.
La entrada por la frontera con México de más de 57,000 menores sin compañía de un adulto en los últimos meses ha creado una grave crisis migratoria en el país.
El presidente estadounidense, Barack Obama, ha solicitado 3,700 millones de dólares al Congreso por la vía de urgencia para hacer frente a esta situación.
Descubren albergue que explotan niños
Menores de edad que quedan desamparados son presa fácil de los grupos irregulares que los utilizan para delinquir.
México siguió con asombro el caso de un albergue para menores de la ciudad de Zamora intervenido por el Ejército y la Policía, debido a los abusos que supuestamente sufrían los cerca de 500 niños y niñas allí recluidas en unas condiciones descritas por las autoridades como casi de esclavitud.
En el centro de todas las miradas se encuentra Rosa del Carmen Verduzco, la administradora y fundadora de La Gran Familia, este internado situado en Zamora (Michoacán), a unos 330 kilómetros de la capital.
“Mama Rosa”, el sobrenombre de la administradora de 79 años, que fue detenida el martes junto con ocho colaboradores, es acusada por la fiscalía de “privación ilegal de la libertad” de las 600 personas retenidas en el lugar, desde recién nacidos hasta hombres y mujeres de más de 40 años de edad.
Según la fiscalía, que intervino tras recibir “al menos 50 denuncias”, muchas de las víctimas “dormían en el suelo, pedían limosnas y sufrían abusos sexuales en un espacio con plagas de ratas y chinches”.
Se ofrecían como autorizados. Lo más sorprendente es que el internado se presenta en su web como una institución que cuenta con escuelas primaria y secundaria aparentemente homologadas y con subsidios de entes oficiales de los distintos niveles del Estado mexicano. Por eso exigen a las autoridades que realicen de pruebas de ADN.
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