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Los conflictos agrarios, los problemas medioambientales relacionados con la extracción minera, la “depuración” de la policía e incluso la situación general de los derechos humanos constituyen temas esenciales de la situación actual hondureña. También representan vectores de peligro para los periodistas que tienen el valor de abordarlos. Reporteros sin Fronteras expresa su preocupación por una nueva agravación de esta capa represiva, a siete meses de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2013.
La organización pide a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a los organismos de integración regional como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que el reto de la libertad de información constituya un aspecto central en sus relaciones con Honduras, país aún marcado por las secuelas del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Debe recordarse de forma permanente a las autoridades hondureñas su deber de proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos fuertemente amenazados. Esta exigencia concierne en especial a las personas que trabajan de manera independiente o que lo hacen en regiones que experimentan importantes conflictos sociales, como la del Bajo Aguán o la península de Zacate Grande.
“Observé que una camioneta gris me seguía. Vi que el conductor se escondía, lo que se me hizo raro y me puso en alerta. Fue cuestión de segundos. Percibí un objeto metálico, luego escuché un sonido ensordecedor. Atravesé el bulevar y entré a mi trabajo”. Es así como Fidelina Sandoval(foto), periodista del grupo audiovisual nacional Globo, describió el intento de asesinato del que afortunadamente salió ilesa el 8 de abril de 2013 en Tegucigalpa. La joven, que recibió el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), ha abordado el tema de la depuración policial, así como el del conflicto agrario en la región militarizada del Bajo Aguán. Su caso recuerda el de su colega Karla Zelaya, secuestrada y torturada en noviembre pasado, quien fue directamente amenazada por su cobertura de las movilizaciones campesinas.
“Karla Zelaya nunca recibió la protección de la que debería haber gozado pese a nuestras repetidas peticiones. Asimismo, habíamos alertado del peligro que corría la periodista y defensora de los derechos humanos Itsmania Pineda Platero, protegida ‘oficialmente’ por policías a los que había denunciado por casos de corrupción y abuso de poder. ¿Qué será ahora de Fidelina Sandoval? La Secretaría de Justicia de Honduras y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos deben poner en marcha de forma urgente un dispositivo de protección adecuado para estos periodistas, cuya seguridad no se encuentra de ninguna manera garantizada”, declaró Reporteros sin Fronteras.
El gran plan de “depuración” de la policía, emprendido por el gobierno desde noviembre de 2011 en el marco del “Operativo Relámpago”, desafortunadamente no ha resuelto en nada las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden ni ha hecho justicia a sus víctimas. Este plan no dará resultados si no está acompañado de un desarme de las milicias privadas –muy activas en las regiones donde se registran conflictos agrarios y mineros–, responsables de estos ataques. Pedro Canales, presidente de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y fundador de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, sigue siendo blanco constante de los esbirros del magnate agroindustrial Miguel Facussé Barjum. ¿Este empresario rendirá cuentas ante la justicia por los actos delictivos de sus empleados y sus métodos paramilitares?
La particular vigilancia que requiere la situación de las radios comunitarias locales, vulnerables a los ataques y a las presiones en el Bajo Aguán y en Zacate Grande, ahora también es necesaria en los departamentos de Valle y Choluteca, donde las comunidades se movilizan contra la extracción minera.
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