FUENTE:C-LIBRE

Escrito por admin en Mar, 03/19/2013 - 15:06

Estudio confirma que los femicidios han aumentado un 200 por ciento entre 2011 y 2012. De acuerdo al análisis de las cifras disponibles, 51 mujeres son asesinadas al mes en la mayoría de los casos con señales de ensañamiento pues también son víctimas de violación, tortura y mutilación. Sin embargo, los criminales parecen sentirse intocables en un país donde el 98% de los crímenes queda en la impunidad.

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- A través de un informe presentado por una serie de organizaciones afines con el tema, revelaron este lunes, que más de 1.100 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre los años 2011 y 2012.

El estudio evidencia cómo entre el 2011 y 2012, la problemática de femicidios se ha incrementado aún más, pasando de 512 femicidios en 2011 a 606 casos en el 2012, información que comparte el Observatorio de la Violencia de la UNAH.

Esta denuncia fue revelada durante la presentación del informe realizado por la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, denominada: “Como se tejen los hilos de la impunidad” de la “Campaña Nacional contra los Femicidios”.

El documento indica que en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2012 se registraron 2.850 asesinatos de mujeres en el país centroamericano y la mayoría de las asesinadas rondaba entre los 15 y 30 años de edad.

Según Maritza Gallardo, de ONU Mujeres en la capital hondureña, “no hay justicia en los asesinatos de mujeres y la impunidad prevalece en el país”. Gallardo consideró como preocupante que en Honduras sean asesinadas en circunstancias violentas unas 51 mujeres al mes o alrededor de una víctima cada quince horas.

Impunidad y ausencia de justicia

Dentro de las conclusiones que deja el estudio hay una que especifica que la falta de investigación por parte de las autoridades es uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia. Se estima que el 98 por ciento de los casos, las personas responsables permanecen impunes. Los asesinatos son cometidos en las grandes urbes del país como son las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Comayagüela.

Según el informe, la impunidad y la ausencia de justicia, pero también la aceptación tácita de la violencia hacia las mujeres, prevalece en los criterios discriminatorios y misóginos que están presentes cuando las mujeres o familias de las víctimas exigen justicia y se ven enfrentadas a la re victimización, culpando a las mismas mujeres víctimas de femicidio.

Quiénes son las mujeres asesinadas

Las victimas de femicidios son principalmente jóvenes entre los 20 y 24 años. Se trata entonces de mujeres jóvenes, lo que da pie a que las autoridades responsabilicen a las mujeres de sus propias muertes y crímenes. Las mujeres son asesinadas en la vía pública, en sus casas o recintos privados de con medidas seguridad y protección; sus cuerpos son abandonados en sectores baldíos.

Mayoritariamente son mujeres que trabajan en sus casas; jefas de familia, muchas de ellas trabajan en las maquilas y cumplen turnos de madrugada o de noche, volviendo inseguro su desplazamiento entre sus casas y los lugares de trabajo. Sus asesinatos tienen características similares a los femicidios de Ciudad Juárez (México).

Otro de los hallazgos evidencia que los femicidios no íntimos (asesinatos cometidos por hombres donde la víctima no tuvo relación o vínculo con el perpetrador) y los femicidios por conexión han aumentado. Asimismo se analizó un nuevo escenario para la comisión de estos crímenes, donde los femicidios se cometen por encargo, en manos de sicarios, propios de la delincuencia organizada.

Algunas conclusiones

El estudio "Cómo se tejen los hilos de la impunidad" da cuenta que el Estado no ha cumplido con los compromisos y recomendaciones dadas por diversos organismos internacionales de derechos humanos. El Informe evidencia dónde están las debilidades de Estado y cuál es su deuda con las mujeres:

• Las medidas que impulsa el Estado hondureño para contrarrestar la problemática de la violencia son principalmente de tipo represivo, lo que se evidencia en el proceso de remilitarización de la sociedad acorde al armamentismo que se impulsa en toda la región y que trae consecuencias nefastas para las mujeres.

• La impunidad es persistente. Autoridades policiales se han visto involucradas en delitos contra la población, y en casos específicos de femicidios. La inseguridad y desconfianza en los operadores de justicia se posiciona entre la ciudadanía, en especial entre las mujeres y sus familias.

• El colapso institucional es notorio, en el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Criminal y los tribunales de justicia. Las instancias judiciales siguen desestimando la normativa internacional sobre derechos humanos de las mujeres. Los procedimientos se tornan engorrosos y muchas veces reflejan el desprecio hacia la vida de las mujeres.

• En materia de legislación, persiste la falta de armonización de las leyes, así como la poca atención a los compromisos adquiridos internacionalmente sobre prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Persisten figuras discriminatorias tanto en las leyes, como en los procedimientos y las prácticas.

• El acceso a la justicia continúa siendo un problema que afecta particularmente a las mujeres. La investigación es uno de los principales obstáculos para el acceder a ella. Tanto en las indagaciones como en el proceso judicial hay un desconocimiento generalizado de la dimensión de género que prima en los crímenes contra las mujeres.

• Se ha documentado que los familiares de las víctimas y las personas defensoras son habitualmente estigmatizadas y amenazadas cuando comparecen públicamente o reclaman el adelanto de los procesos y castigo a los responsables.

• Falta de políticas públicas integrales que aborden la violencia contra las mujeres como un problema estructural, lo cual determina que las medidas que se anuncian quedan en simples promesas y lejos de erradicar la violencia la fomentan.