SAN JOSÉ.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) consideró un ejemplo para la región la solución amistosa alcanzada hoy por el Estado hondureño y los representantes de las víctimas de un incendio ocurrido en 2004 en la cárcel de San Pedro Sula, donde murieron 107 reos.
El Gobierno creará una comisión independiente, con el apoyo de la Iglesia católica, para investigar el incendio de 2004 y castigar a los responsables.
“Que los representantes y el Estado encuentren por la vía del acuerdo un camino que apunta a construir un nuevo centro penal y reconstruir nueve más son respuestas concretas que pueden servir de ejemplo a otras realidades que tienen estos problemas”, expresó hoy el presidente de la Corte IDH, el peruano Diego García-Sayán, durante la audiencia por este caso.
El juez afirmó que las malas condiciones de las cárceles “es un problema que le atañe a varios países de las Américas”, pues “el sistema penitenciario ha colapsado prácticamente en todos lados”.
García-Sayán aseguró que el colapso de los sistemas penitenciarios se debe a “la saturación e incapacidad de las autoridades de prevenir situaciones internas y de crear espacios de rehabilitación para los reclusos”.
El acuerdo entre Honduras y los representantes de las víctimas indica que el Estado reconoce su responsabilidad por la muerte de los 107 reos en la cárcel de San Pedro Sula y se compromete a realizar un acto público al respecto en mayo de 2013, encabezado por el presidente del país, Porfirio Lobo.
Además, el Estado promete construir un nuevo centro penal de San Pedro Sula y reconstruir nueve cárceles más, con la promesa de que no volverán a ocurrir hechos similares.
Otro punto del acuerdo señala que el Gobierno creará una comisión independiente, con el apoyo de la Iglesia católica, para investigar el incendio de 2004 y castigar a los responsables.
INDEMNIZARÁN FAMILIARES
El Estado también indemnizará a los familiares de los 107 reclusos que fallecieron en la cárcel, dinero que será administrado en un fideicomiso con colaboración de la Iglesia católica.
Este acuerdo se presenta un par de semanas después de que en Honduras ocurriera otro hecho similar en la cárcel de Comayagua, donde el pasado día 14 murieron 361 reclusos en un incendio.
Otros casos similares sucedieron este mes en Latinoamérica, pues el 19 de febrero 44 reos, supuestos miembros del cártel del Golfo, fueron asesinados en el penal de Apodaca, en el estado mexicano de Nuevo León, por presuntos integrantes del cártel de Los Zetas, que utilizaron el tumulto creado en la prisión para fugarse.
Otro suceso en las cárceles de la región ocurrió el pasado viernes en Nicaragua, cuando 10 reclusos y cinco vigilantes resultaron heridos, incluido el director del penal, que fue golpeado por prisioneros que lo mantuvieron retenido durante casi seis horas.
Este fue el saldo de un motín ocurrido en la cárcel Puertas de la Esperanza, ubicada en el municipio de Estelí, 146 kilómetros al norte de Managua, que revivió el debate en ese país sobre el hacinamiento en el sistema penitenciario.
El presidente de la Corte IDH afirmó que la solución amistosa alcanzada por Honduras y los representantes de las víctimas es una muestra de que el sistema interamericano “está cumpliendo su misión” de “solucionar problemas”.
La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, destacó que con el acuerdo Honduras ofrece garantías de que no se repitan los hechos, reconoce su responsabilidad y se compromete a mejorar el sistema penitenciario y las condiciones de vida de los privados de libertad.
Sin embargo, recordó que los hechos ocurridos en 2004 “respondieron a fallas estructurales conocidas por el Estado”, por lo que espera que Honduras cumpla en adecuar sus cárceles a los estándares internacionales.
Pese al anuncio de solución amistosa, la Corte IDH continuó hoy escuchando a los testigos y peritos propuestos por las partes
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