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viernes, 2 de marzo de 2012

HONDURAS (ESP/ENG/FR):

Español/English/Français
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
2 de marzo de 2012


Honduras


Desde el inicio del año 2012, en Honduras no ha pasado un día sin que a un periodista, un propietario de un medio de comunicación local o un observador de la sociedad civil le hagan saber vía telefónica que su vida está en peligro. Ese cúmulo de amenazas e intimidaciones se registra tanto en la región militarizada del Aguán –teatro de un violento conflicto agrario–, como en el departamento de Copán, fronterizo con Guatemala y ruta del narcotráfico, incluso en las principales ciudades, como pudo constatar una representante de Reporteros sin Fronteras que visitó el país del 17 al 29 de febrero.

Alimentado por la represión generada tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, este clima de terror resurgió con el lanzamiento, en noviembre de 2011, del “Operativo Relámpago”, que moviliza a la policía y el ejército (http://es.rsf.org/honduras-absuelven-al-principal-sospechoso-02-11-2011,41329.html). Clima que se prolonga con la tragedia nacional vivida por el incendio del centro penitenciario de Comayagua, en el cual 361 presos perdieron la vida la noche del 14 al 15 de febrero. Hasta este momento, la impunidad perdura en los 24 casos de asesinato de periodistas registrados desde hace una década; tan sólo 17 de ellos fueron cometidos en el periodo que siguió al golpe de Estado (http://es.rsf.org/honduras-asesinan-a-un-periodista-atacan-a-08-12-2011,41530.html). La impunidad también persiste en los casos de asesinato de representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y abogados (http://es.rsf.org/paraguay-asesinan-a-un-abogado-que-denuncio-19-01-2012,41711.html) registrados estos últimos años.

Aguán: silencio, reprimimos
Después de que campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) ocuparan, en 2009, tierras usurpadas por terratenientes (http://es.rsf.org/honduras-miguel-facusse-barjum-empresario-y-03-05-2011,40163.html), el envío del ejército convirtió a la región del Aguán en un verdadero enclave del territorio hondureño. Las pequeñas radios comunitarias, portavoces de los movimientos locales, sufren todo tipo de maniobras de censura. El 20 de enero pasado el MUCA perdió a uno de sus miembros, el dirigente y representante comunitario Matías Valle (http://es.rsf.org/honduras-no-hay-tregua-en-el-terror-contra-24-01-2012,41762.html).

El reciente Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Tocoa, realizado del 17 al 20 de febrero, no atenuó en nada los ardores represivos del ejército o de los enemigos de las comunidades. Así, el 19 de febrero una veintena de periodistas que viajaban en una caravana conformada por seis vehículos fue interceptada por un retén militar; cuando intentaban conocer los motivos de la detención de los ocupantes de uno de los autos, conducido por un dirigente del MUCA, los soldados no dudaron en esgrimir sus armas apuntando a los periodistas, según el testimonio de uno de ellos, Giorgio Trucchi, de la Rel-UITA.

Según nuestra representante, en menos de una semana el coordinador del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, Wilfredo Paz, recibió dos llamadas en las que lo amenazaban. En ambas ocasiones, los mensajes se referían a Juan Chinchilla, otro dirigente del MUCA. El segundo mensaje, que ofrecía una fuerte suma por el asesinato de Juan Chinchilla, data del 24 de febrero. Ese mismo día el presidente Porfirio Lobo, acompañado de varios ministros, realizaba una visita en la región para ratificar un acuerdo firmado una semana antes por un grupo de campesinos del MUCA, destinado a garantizarles el derecho de posesión de las tierras ocupadas.

Al respecto, el conductor de un programa del Centro de Noticias de Colón (CNC), Roberto Hernández, y el reportero de este pequeño canal local David Corea, nos confiaron que es casi imposible para los periodistas del Aguán ejercer su oficio. Financiados por anunciantes a veces susceptibles de recibir dinero sucio del narcotráfico, los pequeños medios de comunicación privados locales, conducidos por periodistas precarios y sin títulos, prefieren autocensurarse en lo que respecta a temas delicados.

Comayagua, las verdades incómodas
¿Las puertas permanecieron cerradas por temor de una fuga, dejando a los presos a merced de las llamas durante el incendio del penal de Comayagua? ¿De dónde provienen los impactos de bala descubiertos durante la autopsia de algunos reos? ¿Por qué fueron los vecinos del lugar y no los directivos de la prisión los que llamaron a los bomberos? ¿Esto habría sacado a relucir que se acordó la salida de presos a cambio de dinero y que al final se traicionó tal promesa? Tantos elementos que se suman al escándalo de la sobrepoblación y de la inseguridad carcelaria, y que la tragedia de Comayagua puso de manifiesto.

Por haber abordado estas cuestiones e investigado, el periodista Luis Rodríguez y su camarógrafo Javier Villalobos, del canal local por cable Catedral TV, recibieron amenazas explícitas el 22 de febrero: “dejen de seguir hablando del incendio o les metemos fuego”. Según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización colaboradora de Reporteros sin Fronteras, el propietario de este canal, Juan Ramón Flores, así como Ramón Cabrera, gerente general de Digicable, la empresa que brinda el servicio de cable a Catedral TV, recibieron amenazas similares.

Protección arriesgada
No han cesado los ataques contra los medios de comunicación nacionales conocidos por su oposición al golpe de Estado y sus representantes. El 23 de febrero Ivis Alvarado, director de un programa transmitido por Globo TV y Radio Globo –que sufrió varias suspensiones y requisas en la época del golpe (http://es.rsf.org/honduras-cierre-de-dos-medios-y-represion-29-09-2009,34613.html)–, denunció al aire el robo de dos ordenadores de su casa y el posterior registro de su vehículo. Debido a que ha sido amenazado varias veces, el periodista goza de medidas cautelares.

Este no es aún el caso de Gilda Silvestrucci e Itsmania Pineda Platero (http://es.rsf.org/honduras-agreden-a-mujeres-periodistas-que-14-12-2011,41549.html), ambas miembros del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, que realizó una manifestación contra la impunidad que fue reprimida violentamente por militares y miembros de la Guardia de Honor Presidencial en las inmediaciones de la Casa de Gobierno el 13 de diciembre pasado, en Tegucigalpa. Reporteros sin Fronteras exige de nuevo una respuesta a su petición de que se brinde protección a las dos mujeres, así como en lo concerniente al seguimiento judicial de la denuncia presentada por el colectivo tras la agresión sufrida durante la manifestación del 13 diciembre.

De la misma manera, debe otorgarse protección a Danilo Osmaro Castellanos, vicepresidente de C-Libre y director del telenoticiero ATN: Honduras a Todo Noticias transmitido por el Canal 32,  quien el 22 de febrero fue blanco de amenazas a muerte contra el y su familia.  El periodista, que vive en Santa Rosa de Copán, se había pronunciado recientemente sobre la corta vision de la gestión en la administración local y sobre el intento de callar su voz mediante ofrecimientos de pagos a su equipo de prensa.
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Honduras


Not a day has passed since the start of the year in Honduras without a journalist, local media owner or social commentator receiving a phone call to say his or her life is in danger. This daily reality of threats and intimidation applies as much in the militarized region of Aguán, scene of a violent land dispute, as in the Copan department which borders Guatemala and acts as a conduit for drug smuggling, and also in the main towns and cities, as recorded by a representative of Reporters Without Borders who was in the country between 17 and 29 February. 

The climate of fear that began with the crackdown that followed the coup on 28 June, 2009, was rekindled when police launched a security operation codenamed “Relámpago” (“Lightning”) last November (http://en.rsf.org/honduras-leading-suspect-cleared-of-killing-02-11-2011,41328.html). 

It has continued since the tragic fire at Comayagua prison during the night of 14 February, in which 361 inmates were killed. Meanwhile, the murders of 24 journalists over the past decade, 17 of them in the aftermath of the 2009 coup alone, remain unsolved and unpunished. (http://en.rsf.org/honduras-journalist-killed-paper-attacked-08-12-2011,41532.html).

This impunity also extends to the murders in recent years of civil society activists, human rights campaigners, trade unionists and lawyers (http://en.rsf.org/paraguay-lawyer-gunned-down-after-reporting-19-01-2012,41712.html). 

Aguán - Quiet please, crackdown in progress
In response to the 2009 occupation by a peasant coalition under the banner of MUCA , the  Unified Peasant Movement of Aguán, of land grabbed illegally by  big landowners (http://en.rsf.org/honduras-miguel-facusse-barjum-businessmen-03-05-2011,40195.html), the army’s intervention turned Aguán virtually into a separate enclave within Honduras.

The small community radio stations that carry the local movements’ message are the target of censorship of every kind. The MUCA lost one of its own when Matías Valle, its leader and spokesman, was shot dead on 20 January (http://en.rsf.org/honduras-women-journalists-terrorized-24-01-2012,41761.html).

The staging of the International Gathering for Human Rights in Honduras in Tocoa from 17 to 20 February did little to curb the repressive efforts of the army and the communities’ foes. On 19 February, about 20 journalists in a convoy of six vehicles were intercepted by troops while they were trying to find out why the occupants of one of the cars, which had a MUCA leader at the wheel, had been detained. According to one of the journalists, Giorgio Trucchi, of Rel-UITA, the soldiers waved their weapons in their direction.

Our representative reports that Wilfredo Paz, the coordinator of the Permanent Observatory of Human Rights in the Aguán, received two threatening phone calls in less than a week. Both messages were believed to refer to Juan Chinchilla, another MUCA activist. The second message, which offered a large reward for the murder of Chinchilla, was received on 24 February.

On the same day, President Porfirio Lobo visited the region, accompanied by several ministers, to ratify an agreement signed a week earlier with some of the MUCA peasants’ collectives aimed at guaranteeing them the right of ownership of the lands they had occupied.

Roberto Hernández and David Corea, respectively presenter and reporter for the small local television station Centro de Noticias in Colon (CNC), told us it was almost impossible for journalists in Aguán to carry out their duties. Small local media outlets, financed by advertisers whose sources of ill-gotten cash may include the proceeds of the drugs trade, and run by insecure and unqualified journalists, prefer to exercise self-censorship on sensitive topics.    

Comayagua - uncomfortable truths
During the fire at Comayagua prison, were the doors kept locked because of fears of an escape, leaving prisoners at the mercy of the flames?  Who fired the shots whose effects were discovered during the autopsies of some of the dead inmates?  Why were fire-fighters alerted by neighbours and not by the prison director? Did he hold out the prospect of a way out for some prisoners in exchange for cash, only to renege on his promise?

To these questions can be added the scandal of overcrowding and lack of safety precautions at prisons that have been exposed by the Comayagua tragedy.

The journalist Luis Rodríguez and his cameraman Javier Villalobos of the local cable television station Catedral TV, who investigated these questions, received an unequivocal threat on 22 February: “Stop talking about the fire or we shall set fire to you!”

According to the Committee for Free Expression (C-Libre), a Reporters Without Borders partner organization, a similar warning was received by the station’s owner Juan Ramón Flores and Ramón Cabrera, manager of Digicable, the cable contractor for Catedral TV.

Haphazard protection
Nor has there been any reduction in the attacks on national media organizations known to have opposed the coup, and on their staff. Ivis Alvarado, programme director of Globo TV and Radio Globo, which were suspended and had their equipment seized several times at the time of the coup (http://en.rsf.org/honduras-worse-feared-after-de-facto-regime-29-09-2009,34615.html) deplored on air on 23 February the targeted theft of two computers from his home a few days earlier, and also reported that his car had been broken into. He is now under protection as a result of persistent threats.

This is still not the case, however, for Gilda Silvestrucci and Itsmania Pineda Platero, (http://en.rsf.org/honduras-soldiers-use-clubs-to-disperse-14-12-2011,41548.html), members of the “Journalism for life and free expression” collective. The collective held a demonstration against impunity, which was violently dispersed by the army and the presidential guard outside the president’s palace in Tegucigalpa on 13 December last year. 

Reporters Without Borders again demands a response to its request for protection for the two women, and for an investigation of the complaint lodged by the collective after the December demonstration. 

Similarly, protection must be given to Danilo Osmaro Castellanos, programme director of the station Canal local 32 and vice-president of C-Libre, who received death threats to himself and his family on 22 February. The journalist, located in Santa Rosa de Copán, recently spoke out about a lack of transparency in the management of the local government, and reported that his editorial management had come under financial pressure to silence him.  
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Honduras


Plus un jour ne se passe au Honduras, depuis le début de l’année 2012, sans qu’un journaliste, un propriétaire de média local ou un observateur de la société civile n’apprenne via son téléphone que sa vie est en danger. Ce lot quotidien de menaces et d’intimidations se vérifie aussi bien dans la région militarisée de l’Aguán, théâtre d’un violent conflit agraire, que dans le département de Copán, frontalier du Guatemala et passerelle du narcotrafic, ou encore dans les principales villes, comme a pu le constater une représentante de Reporters sans frontières présente dans le pays du 17 au 29 février.

Alimenté par la répression née du coup d’État du 28 juin 2009, ce climat de terreur a rebondi lors du lancement de l’opération policière Relámpago (Éclair) en novembre 2011 (http://fr.rsf.org/honduras-le-principal-suspect-de-l-02-11-2011,41327.html). Il se prolonge depuis la tragédie nationale survenue avec l’incendie du centre pénitentiaire de Comayagua, au cours duquel 361 détenus ont perdu la vie dans la nuit du 14 au 15 février. Pendant ce temps, l’impunité demeure dans les 24 affaires d’assassinats de journalistes constatées depuis une décennie, dont 17 pour la seule période consécutive au coup d’État (http://fr.rsf.org/honduras-une-journaliste-assassinee-un-08-12-2011,41527.html). Cette impunité concerne tout autant les cas de représentants de la société civile, militants des droits de l’homme, syndicalistes ou avocats (http://fr.rsf.org/paraguay-un-avocat-assassine-apres-avoir-19-01-2012,41710.html), tués ces dernières années.

Aguán : silence, on réprime
En réponse à l’occupation, en 2009, par des paysans coalisés au sein du MUCA (Mouvement unifié paysan de l’Aguán), de terres accaparées illégalement par de grands propriétaires (http://fr.rsf.org/honduras-miguel-facusse-barjum-entrepreneur-03-05-2011,40193.html), l’envoi de l’armée a converti la région de l’Aguán en véritable enclave au sein du territoire hondurien. Aucune manœuvre de censure n’est épargnée aux petites radios communautaires qui portent les voix des mouvements locaux. Le MUCA a perdu l’une des siennes en la personne du dirigeant et porte-parole communautaire Matías Valle, le 20 janvier dernier (http://fr.rsf.org/honduras-terreur-continue-contre-le-24-01-2012,41760.html).

La récente rencontre internationale pour les droits humains de Tocoa, du 17 au 20 février, n’a en rien atténué les ardeurs répressives de l’armée ou des ennemis des communautés. Ainsi, le 19 février, une vingtaine de journalistes présents dans une caravane de six véhicules ont été interceptés par des militaires, alors qu’ils tentaient de s’enquérir des raisons de la détention des occupants de l’une des voitures, conduite par un dirigeant du MUCA. Les militaires n’ont pas hésité à brandir leurs armes en direction des journalistes, selon le témoignage de l’un d’eux, Giorgio Trucchi, de la Rel-UITA.

En moins d’une semaine, d’après notre représentante, le coordinateur de l’observatoire permanent des droits humains dans l’Aguán, Wilfredo Paz, a reçu deux appels menaçants. Les messages se référaient à chaque fois à Juan Chinchilla, autre dirigeant du MUCA. Le second message, qui offrait une forte somme contre l’assassinat de Juan Chinchilla, est daté du 24 février. Ce même jour, le président Porfirio Lobo, accompagné de plusieurs ministres, effectuait une visite dans la région pour ratifier un accord signé une semaine auparavant avec une partie des collectifs paysans du MUCA, destiné à leur garantir un droit de possession sur les terres occupées.

Respectivement présentateur et reporter de la petite chaîne locale Centro de Noticias de Colón (CNC), Roberto Hernández et David Corea nous ont confié la quasi impossibilité pour les journalistes de l’Aguán d’exercer leur métier. Financés par des annonceurs parfois perméables à l’argent sale du narcotrafic, les petits médias privés locaux, animés par des journalistes précaires et sans diplôme, préfèrent s’autocensurer sur les sujets sensibles.

Comayagua, les vérités qui dérangent
Des portes ont-elles été maintenues fermées par crainte d’une évasion, laissant les prisonniers à la merci des flammes lors de l’incendie du pénitencier de Comayagua ? D’où proviennent les impacts de balles relevés lors de l’autopsie de certains détenus ?  Pourquoi les pompiers ont-ils été alertés par des riverains et non par le directeur de la prison ? Celui-ci aurait-il fait miroiter une sortie à des prisonniers en échange d’argent pour au final trahir sa promesse ? Autant d’éléments qui s’ajoutent au scandale de la surpopulation et de l’insécurité carcérales révélé que la tragédie de Comayagua a mis en évidence.

Pour avoir soulevé ces questions et enquêté, le journaliste Luis Rodríguez et son cameraman Javier Villalobos, de la chaîne locale câblée Catedral TV ont reçu des menaces explicites, le 22 février : “Arrêtez de parler de l’incendie ou c’est à vous que nous mettrons le feu !” Selon le Comité pour la libre expression (C-Libre), organisation partenaire de Reporters sans frontières, un avertissement du même type a également été adressé au détenteur de la chaîne, Juan Ramón Flores, ainsi qu’à Ramón Cabrera, gérant de Digicable, l’entreprise prestataire du câble à Catedral TV.

Protection hasardeuse
Les attaques n’ont pas davantage cessé contre les médias nationaux réputés pour leur opposition au coup d’État et leurs représentants. Directeur de programme pour Globo TV et Radio Globo - objet de plusieurs suspensions et réquisitions à l’époque du putsch (http://fr.rsf.org/honduras-fermeture-de-deux-medias-et-29-09-2009,34612.html) -, Ivis Alvarado a dénoncé à l’antenne, le 23 février, le vol ciblé de deux ordinateurs à son domicile quelques jours plus tôt et l’effraction de sa voiture. Le journaliste bénéficie, en raison de menaces persistantes, de mesures de protection.

Tel n’est toujours pas le cas de Gilda Silvestrucci et Itsmania Pineda Platero (http://fr.rsf.org/honduras-une-protestation-pacifique-de-14-12-2011,41547.html), toutes deux membres du collectif “Journalistes pour la vie et pour la liberté d’expression”, dont une manifestation contre l’impunité a été violemment réprimée par l’armée et la garde d’honneur présidentielle devant le palais du gouvernement, le 13 décembre 2011 à Tegucigalpa. Reporters sans frontières exige à nouveau une réponse à sa demande de protection en faveur des deux femmes, et concernant l’instruction de la plainte déposée par leur collectif après la manifestation du 13 décembre.

Une protection doit être accordée de la même manière à Danilo Osmaro Castellanos, directeur de programme pour la chaîne Canal local 32 et vice-président de C-Libre, cible de menaces de mort également dirigées contre sa famille, le 22 février. Le journaliste, établi à Santa Rosa de Copán, s’était récemment exprimé sur la gestion opaque de l’administration locale et avait dénoncé des pressions financières contre sa rédaction pour le faire taire. 

Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas desk
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