ALERTA AMERICA, PLAN DE SEGURIDAD OEA

10 de abril de 2011—
SAN SALVADOR, CA.

En el tiempo transcurrido desde la inmolación pública de Mohamed Bouazizi en un mercado de Túnez, una ola de protestas se extendió en el mundo árabe y mucho más allá. Su acto proporcionó la chispa que encendió la llama de la rebelión en millones de personas que sienten que se violan sus derechos, se les niega dignidad y se limitan sus oportunidades económicas.

Este drama regional, que continúa dominando el ciclo de noticias, forma parte de una larga historia que afecta las vidas de más de 1.500 millones de personas en países afectados por violencia política o criminal, desde naciones en desarrollo de África, América Latina y Asia hasta algunas de ingreso alto.

El Informe sobre el desarrollo mundial 2011: Conflicto, seguridad y desarrollo (IDM) destaca el efecto devastador de los enfrentamientos persistentes sobre las perspectivas de desarrollo de un país o región, observando que los 1.500 millones de personas que viven en zonas afectadas por conflictos tienen el doble de probabilidades de quedar sumidos en la pobreza. Ningún Estado frágil de ingreso bajo ha logrado alcanzar siquiera un objetivo de desarrollo del milenio y las tasas de pobreza son más del 20% más altas en países afectados por disputas que en otros.

“Los niños que viven en los Estados frágiles tienen el doble de probabilidades de padecer desnutrición y el triple de probabilidades de no asistir a la escuela. Y los efectos de la violencia en una región pueden extenderse a otras partes del mundo, y menoscabar así las perspectivas de desarrollo de otras naciones e impedir las perspectivas económicas de regiones enteras”, dijo el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick.


Las guerras civiles y entre Estados dominaron los enfrentamientos violentos en el último siglo. Actualmente prevalecen los brotes virulentos vinculados con disputas locales, represión y delincuencia organizada. Estas formas de violencia se entremezclan y mutan, exponiendo a las sociedades a ciclos repetitivos de violencia.
Instituciones legítimas en beneficio de la seguridad de los ciudadanos, la justicia y el empleo actúan como un sistema inmune contra amenazas de violencia

La violencia organizada del siglo XXI es impulsada por una serie de presiones internas e internacionales, como el desempleo entre los jóvenes; las crisis de ingresos; las tensiones entre grupos étnicos, religiosos o sociales; la desigualdad, y la infiltración de redes de tráfico y delincuencia organizada. En encuestas ciudadanas realizadas para el informe, el desempleo fue citado abrumadoramente como el factor más importante para el reclutamiento en pandillas y movimientos rebeldes.

Sin embargo, estas tensiones no terminan en violencia en todos los países. El IDM brinda nueva evidencia de que los Estados que carecen de instituciones legítimas, incluidos los que tienen altos niveles de corrupción y abuso de los derechos humanos, son menos capaces de contener estas presiones. Las instituciones legítimas son el sistema inmune que protege a las sociedades de los riesgos de una violencia generalizada.

“Para que podamos romper los círculos de violencia y reducir los factores de tensión que los provocan, los países deben crear instituciones más legítimas, responsables y eficientes que brinden seguridad, justicia y empleo a la ciudadanía”, dijo Zoellick.

Lecciones nacionales sobre transiciones hacia un futuro sin violencia
El IDM extrae enseñanzas de países de ingreso alto, mediano y bajo que han transitado hacia un futuro sin violencia. En situaciones de fragilidad, es necesario realizar esfuerzos deliberados para generar confianza entre los ciudadanos y el Estado. Esto, a su vez, requiere coaliciones políticas que sean suficientemente incluyentes para generar un amplio respaldo nacional orientado al cambio y esfuerzos encaminados decididamente a señalar una ruptura con el pasado, mediante resultados inmediatos confiables y medidas que fehacientemente aseguren el compromiso de cambio.

“En el IDM se ha recogido la experiencia de los países y líderes nacionales que han conducido exitosamente transiciones destinadas a dejar atrás los círculos repetitivos de violencia: esta es la verdadera contribución del informe”,dijo Nigel Roberts, codirector de la publicación.

La pronta acción es fundamental para devolver la confianza, pero el IDM muestra también que las transformaciones institucionales requieren tiempo. Les tomó una generación a los más rápidos reformadores del siglo XX para reformar las instituciones nacionales débiles o ilegítimas y volverlas resistentes a la violencia y la inestabilidad. Las sociedades que han logrado alejarse de la violencia han atravesado una secuencia de transiciones, no simplemente un único momento de cambio.

Para los reformadores nacionales, el IDM proporciona una serie de herramientas que han sido valiosas para restablecer la confianza entre los ciudadanos y el Estado en países que llevan adelante procesos de transición exitosos. Dichas herramientas incluyen medidas para aumentar la transparencia, asignaciones presupuestarias especiales para grupos desfavorecidos, nuevos nombramientos, la derogación de leyes discriminatorias y compromisos creíbles respecto de cronogramas realistas para la reforma a más largo plazo. Asimismo, se describen cinco programas prácticos a nivel nacional destinados a establecer un vínculo entre la rápida generación de confianza y la transformación institucional a más largo plazo: en la creación de empleo, en reformas de la seguridad y la justicia, en el otorgamiento de más poder a la comunidad, en la participación de la mujer y en medidas de lucha contra la corrupción.

Adaptación de la asistencia internacional

Es necesaria una nueva orientación del pensamiento internacional que lo aleje del énfasis excesivo en la reconstrucción a corto plazo después del conflicto y lo acerque a la reducción permanente de los riesgos en distintas situaciones, dicen los autores del informe. Las recomendaciones se basaron en los aportes de muchas otras organizaciones.

“En este informe se recoge el análisis de los investigadores y la experiencia de los encargados de formular las políticas en la comunidad del desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas y las instituciones regionales del mundo. La combinación de estos elementos proporciona información sumamente valiosa sobre los aspectos de políticas, seguridad y economía que se encuentran presentes a la hora de resolver los conflictos”, expresó Roberts.

En la publicación se recomienda incrementar el apoyo internacional en las siguientes esferas:

Brindar mayor asistencia, y en forma más integrada, a fin de mejorar la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo.
Reformar los sistemas internos de los organismos para respaldar las medidas inmediatas destinadas a restablecer la confianza y el fortalecimiento institucional a largo plazo.


Tomar medidas a nivel regional y mundial para hacer frente a las tensiones externas, como los efectos que provocan en los Estados frágiles la corrupción internacional, el tráfico ilegal y la inseguridad alimentaria.
Alcanzar un nuevo consenso internacional acerca de las normas de liderazgo responsable y fomentar el intercambio de conocimientos a partir de la experiencia de los países de ingreso mediano.

“Los líderes nacionales y mundiales deben mejorar la manera de responder a la demandas de empleo y justicia de la ciudadanía, desde el norte de África hasta Côte d'Ivoire, pasando por Haití. El sistema internacional debe reorientar la asistencia hacia la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo en las situaciones más frágiles. Para ello, habrá que reformar los procedimientos de los organismos internacionales, respondiendo a nivel regional, y renovar los esfuerzos de cooperación entre los países de ingreso bajo, mediano y alto”, declaró Sarah Cliffe, codirectora y representante especial del Informe sobre el desarrollo mundial


La 41º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó en San Salvador con un proyecto de Declaración Final que pide a los países miembros fortalecer la seguridad a fin de contrarrestar el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en la región.La denominada Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas incluye más de una docena de acuerdos e insta al Consejo Permanente de la OEA a elaborar un plan de acción hemisférico que asegure el cumplimiento de lo establecido.

El documento fija la obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas en materia de seguridad pública que se remitan a las causas que generan la violencia y la inseguridad, respetando los derechos humanos y la legislación.
También que se garantice a la población el "acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justicia penal eficaz, transparente y confiable".
Durante un encuentro con la prensa al margen de las sesiones, el secretario general de OEA, José Miguel Insulza, destacó la consolidación de la democracia en la región.
"Tenemos el continente más democrático que hayamos tenido nunca", dijo Insulza, quien subrayó que existe “un afianzamiento fuerte del proceso democrático, tanto el electoral como de estabilidad de los gobiernos".

Sin embargo, según un informe presentado por la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la organización, América Latina es la región más violenta del mundo, con un promedio de una persona muerta cada cuatro minutos.
Según Adam Blackwell, titular de la secretaría, en el mundo se registran ocho muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mientras que esa tasa casi se duplica en la región, con 14,9.

Reforzar los mecanismos

Insulza recalcó que el organismo regional apoya una iniciativa de América Central para crear un plan que frene la violencia desatada por el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas en la región y dio el respaldo de la OEA a una reunión que habrá el 22 y 23 de junio en Guatemala.

La denominada Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica tendrá como objetivo buscar apoyo económico y material con ese fin. Por lo pronto, durante su reciente visita a El Salvador, el presidente de EE.UU., Barack Obama, ofreció $200 millones para el plan.

En la reunión plenaria, los cancilleres y representantes de los estados miembros también abordaron la vieja demanda de Bolivia de recuperar la salida al mar que perdió en la Guerra del Pacífico, en la segunda mitad del siglo XIX, frente a Chile. Insulza dijo que sobre el asunto no fue presentado ningún proyecto de resolución.
Costa Rica propuso adoptar cambios para fortalecer la OEA, entre ellos "reformular" la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El canciller costarricense, René Castro, también dijo que la organización debe someter a una “revisión integral” los mecanismos interamericanos de defensa, que calificó de “obsoletos”.

Por su parte, el canciller chileno, Alfredo Moreno, propuso "reforzar los mecanismos" para prevenir rupturas del orden democrático en la región, y apoyó una reforma de la Carta Democrática de la OEA siempre y cuando no se altere “la esencia de ese instrumento".