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sábado, 16 de abril de 2016

El papel de la MACCIH.......http://www.nytimes.com/es/2016/04/15/tres-generales-y-un-cartel-violencia-policial-e-impunidad-en-honduras/?emc=eta1-es

A Adam Blackwell, un diplomático canadiense que formó parte de la comisión para la reforma de seguridad en Honduras durante el momento en que se emitieron los informes, le nace la desconfianza. Esta semana dijo en una entrevista que le “cuesta creer que un ministro de seguridad no sea informado de una investigación de estas características”.
En relación con los asesinatos del General Arístides González y Alfredo Landaverde, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a The New York Times, a través de su portavoz Joseph Crook, que ofreció ayuda en su día para investigarlos y que en 2015 se le habían facilitado asesores al Fiscal General Óscar Chinchilla. Pero no se sabe nada sobre el resultado del trabajo de esos asesores. Ni sobre la posibilidad de que conocieran los informes de los asesinatos.
Crook agregó que “se continuará apoyando a la policía de Honduras en su esfuerzo por eliminar la corrupción y la impunidad en todos los niveles”.
Esta semana se ha instalado en Honduras la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada por la Organización de Estados Americanos con el permiso del gobierno de Honduras para responder a cientos de miles de ciudadanos que durante meses pidieron en las calles que la comunidad internacional interviniera el sistema de justicia del país. Esperaban una comisión como la de la vecina Guatemala, que ha logrado enviar a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a quien fungiera como su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no ha querido que la MACCIH tenga las mismas atribuciones que su par de Guatemala, y la OEA aceptó trabajar en el país sin capacidad investigativa propia.
Pero en una entrevista con The New York Times, el director de la MACCIH ha dicho que serán ellos quienes elijan los casos a investigar. La corrupción policial puede caer dentro del ámbito de competencia de la MACCIH, pero la misión aún necesita crear los grupos de fiscales y de jueces que comiencen a trabajar. Juan Jiménez Mayor es el exministro de justicia de Perú que la dirige y ha dicho que “no debería dudarse que nos implicaremos en los casos que estén vinculados con redes de corrupción que perjudican al país”.
El primer caso que se les ha atribuido es el asesinato en marzo de Berta Cáceres, una líder indígena que se oponía a un proyecto hidroeléctrico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había decretado medidas cautelares para su protección las 24 horas del día, pero ningún policía la protegía cuando la mataron y nadie ha asumido ninguna responsabilidad por eso. Su caso es solo el último de una larga lista de asesinatos no resueltos de sindicalistas, activistas de los derechos humanos, abogados y periodistas.
Mario Ronaldo Díaz, presidente de la Asociación Jueces para la Democracia, una organización que se ha mostrado muy crítica con el gobierno, confía en que el apoyo internacional sea útil. “Tengo la esperanza de que con la MACCIH todo pueda salir a la luz con mayor facilidad, que termine lo escondido, que haya transparencia y responsabilidad en cuanto a las investigaciones”.
Cuando un diario local, El Heraldo, hizo pública una versión de los informes sobre los asesinatos del General Arístides González y Alfredo Landaverde, en la que decidieron omitir, entre otras cosas, los nombres de los acusados por los crímenes, el Presidente Hernández dijo: “Todo agente u oficial que supuestamente sea responsable de haber participado en estos hechos y que aparezca en el informe debe ser suspendido de inmediato ante la justicia y debe entregársele al ministerio público los expedientes”.
También creó una nueva comisión para la depuración policial. El Ministro de Seguridad Julián Pacheco dijo que la carga de “la responsabilidad va a estar en el Presidente Juan Orlando Hernández y en mí” y que calcula que “van a salir 2000 o 2500 personas de la policía en doce meses”. La policía cuenta con alrededor de 11.000 efectivos.
El Fiscal General Chinchilla abrió una investigación y ordenó que se allanaran sedes policiales para requisar información.

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