REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Español/English/Français
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
9 de julio de 2013
Reporteros sin Fronteras expresa su apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) –conocida también como Ley de Medios– que empezó a ser examinada en la Cámara de Diputados el 22 de mayo de 2013 y que será debatida en el Senado desde ahora hasta el final del año. La organización lamenta las recientes presiones ejercidas por ciertos grupos de medios de comunicación –que podrían ver afectada su posición dominante por esta ley– para frenar, si no es que impedir, su aprobación.
Las cláusulas y los objetivos de la Ley de Medios uruguaya recuerdan en gran medida a los de la Ley de SCA de Argentina –que apoyamos en su principio–, cuya aplicación aún se encuentra en suspenso en medio de un condenable clima de polarización entre el gobierno y una parte de la prensa privada. Hasta ahora Uruguay no ha enfrentado esta situación y el examen de la ley no debe servir de pretexto para generarla.
El proceso de desconcentración del espacio audiovisual que engendraría la futura ley se enfrenta lógicamente a la hostilidad de los grupos dominantes en el mercado. La primera semana de julio los propietarios de los canales 4, 10 y 12 boicotearon hasta el último minuto el proceso de concesión de espacios en la televisión digital –el plazo de presentación de ofertas vencía el 8 de julio–, aunque asegurándose de la renovación de su licencia de difusión. Los empresarios querían conservar todas sus frecuencias y, además, que el gobierno diera marcha atrás con la nueva ley. Finalmente aceptaron cumplir con los requisitos de presentación de ofertas ante la Unión Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), a cambio de que el gobierno postergara diez días el plazo de cierre.
“Esta forma de chantaje no es admisible. No debe confundirse la defensa de los intereses económicos de una empresa de comunicación o de prensa con la lucha por la libertad de expresión y de información”, considera Reporteros sin Fronteras, que lamenta que se genere tal confusión entre los opositores a la ley. “Promover la existencia de un mayor pluralismo implica ampliar la oferta de frecuencias en condiciones de transparencia e igualdad, como nos parece lo hace la Ley de SCA. Por ello apoyamos –en Uruguay y en otras partes del continente– las legislaciones o las cláusulas legales que favorecen la desconcentración de los medios de comunicación y buscan el equilibrio entre los diferentes sectores del espacio audiovisual: públicos, privados y comunitarios. Por otra parte, Uruguay fue pionero en lo que se refiere a los medios de comunicación comunitarios, pues en 2007 adoptó una legislación específica en ese sentido que les reservaba un tercio de las frecuencias de radio (AM y FM) y televisión hertzianas”.
Respecto a las principales disposiciones de la Ley de Medios, Reporteros sin Fronteras destaca en particular los artículos 44 y 45, que buscan evitar el desarrollo de oligopolios audiovisuales. El primero se aplica a los medios de comunicación hertzianos y establece que una persona (física o jurídica) no puede poseer, de forma parcial o total, más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos en la misma banda de frecuencias (AM, FM y televisión), en todo el territorio nacional. El segundo artículo concierne a los servicios de televisión para abonados. En esta área, una persona no puede poseer más de seis licencias en el territorio nacional ni más de una en el mismo ámbito de cobertura local (en el caso del departamento de Montevideo el límite son tres).
El plazo de concesión que se establece es de: diez años para servicios de radio y quince para los de televisión. En ambos casos las renovaciones se efectuarán por períodos de diez años (art. 117). A estos plazos se suman criterios de transparencia para su concesión –licitaciones, concursos, consultas públicas– que ya se contemplaban, en parte, en la ley de medios comunitarios de 2007. La futura Ley de SCA integra sobre todo una garantía capital (art. 106) contra la censura indirecta: "Queda prohibido el uso discriminatorio del mecanismo de otorgamiento o renovación de autorizaciones y licencias con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas o editoriales”. Habría sido benéfico incluir esta cláusula en legislaciones similares adoptadas en otros países de la región.
Si bien la Ley de SCA impone a los medios de comunicación cuotas mínimas de producción nacional y establece restricciones respecto a la programación en ciertos horarios en nombre de la protección a menores de edad, al mismo tiempo evita toda tendencia de control de contenidos o de los medios de comunicación. En ese aspecto es comparable con la Ley de SCA argentina y, por el contrario, se diferencia de la reciente Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador.
“La futura Ley de Medios representa bajo diversas perspectivas un buen modelo de regulación para otros países del continente, donde la libertad de información padece desequilibrios flagrantes (leer el informe de Brasil, enlace en portugués). El debate con la sociedad civil que condujo a su elaboración también constituye un ejemplo”, concluyó Reporteros sin Fronteras.
Consultar en línea la entrevista realizada a Edison Lanza, director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CaInfo) de Uruguay.
__________
URUGUAY
“Pressure from big media must not endanger proposed media law”
Reporters Without Borders supports a proposed broadcast media law, known as the SCA or Ley de Medios, which Uruguay’s Chamber of Deputies began considering on 22 May and which is due to be submitted to the Senate by the end of the year.
The media freedom organization therefore regrets the pressure that some media groups have recently been exercising in an attempt to delay or block adoption of this bill, which could weaken their dominant position.
The provisions and goals of Uruguay’s SCA recall those of Argentina’s SCA, which we supported in principle although its implementation continues to held up by a regrettable climate of polarization between the government and some privately-owned media.
Uruguay has so far avoided similar polarization and we hope that examination of this bill will not provide any pretext.
The dominant broadcast media groups are hostile to the proposed law, which would promote less concentrated ownership. Last week, the owners of Channels 4, 10 and 12 boycotted the digital broadcast licence allocation process until the last day, 8 July, although they had been assured that their licences would be renewed.
Hoping to keep all their frequencies and, furthermore, get the government to do a U-turn on the proposed law, they finally agreed to renew their licences in return for a 10-day extension to the deadline for presenting their programme plan to the Regulatory Unit for Communication Services (URSEC).
“This kind of blackmail is unacceptable,” Reporters Without Borders said. “The defence of a broadcast or print media company’s business interests must not be confused with the fight for freedom of expression or information. It is regrettable that the bill’s opponents are trying to confuse the two.
“Promoting more pluralism includes expanding the availability of broadcast frequencies in a transparent and fair way, and we think the SCA will do this. We support legislation or legislative provisions in Uruguay and elsewhere in the western hemisphere that promote less concentrated ownership and a balance between state-owned, privately-owned and community media.
“It should be recalled that Uruguay was a regional pioneer for community broadcast media, adopting a law in 2007 that assigned them a third of AM and FM radio frequencies and over-the-air television broadcast frequencies.”
Reporters Without Borders particularly supports articles 44 and 45 of the SCA, which aim to prevent broadcasting oligopolies. Article 44 would limit each owner to no more than two AM, two FM and two over-the-air broadcast TV licences anywhere in Uruguay, while article 45 would limit ownership of subscription TV services.
At the same time, no person or company would be able to have more than six licences anywhere in the country and no more than one in a single locality - a ceiling that would increase to three in Montevideo department.
Initial concessions would be valid for 10 years for radio and 15 years for TV while, in both cases, the renewal period would be 10 years (article 117). They would be allocated on the basis of competitive bids that would be conducted transparently and would include public consultation, as in the 2007 community radio law.
In a major safeguard against censorship, article 106 forbids “discriminatory use of the granting or renewal of permits and licences with the aim of exercising pressure in order to punish or reward journalists or media according to their news coverage or editorial policies.” Such a clause could usefully have been included in similar legislation in other countries in the region.
While the SCA would restrict programming at certain times of the day to protect minors and would impose a nationally-produced content quota, it refrains from any other attempt to control or regulate content. In this, it is similar to Argentina’s SCA and quite different from Ecuador’s recently-adopted media law.
Reporters Without Borders concluded: “In every respect, the future SCA is a model of media regulation for other countries in the region, where freedom of information suffers from glaring imbalances (see the Brazil report). The civil society debate that oversaw the drafting process was also exemplary.”
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URUGUAY
“La pression de certains groupes de médias ne doit pas compromettre le vote de la loi SCA”
Reporters sans frontières exprime son soutien à la loi sur les services de communication audiovisuelle (SCA) - ou Ley de Medios -, dont l’examen a débuté le 22 mai 2013 à la Chambre des députés, et devrait se poursuivre au Sénat d’ici à la fin de l’année. L’organisation regrette les récentes pressions exercées par certains groupes de médias, dont le texte remettra de fait en cause la position dominante, pour en freiner, sinon empêcher, l’adoption.
Les clauses et les objectifs de loi SCA uruguayenne rappellent en grande partie ceux de la loi SCA argentine, que nous soutenons dans son principe mais dont l’application reste à ce jour suspendue dans un climat condamnable de polarisation entre le gouvernement et une partie de la presse privée. L’Uruguay a jusque là échappé à cette situation, à laquelle l’examen de la loi ne doit pas fournir prétexte.
Le processus de déconcentration de l’espace audiovisuel qu’entérine la future loi se heurte à l’hostilité des groupes dominants sur le marché. Au cours de la première semaine de juillet, les propriétaires des chaînes 4, 10 et 12, bien qu’assurés de voir renouvelée leur licence de diffusion, ont boycotté jusqu’à la dernière minute la procédure d’assignation d’espaces en télévision digitale, qui arrivait à échéance ce 8 juillet. Voulant conserver la totalité de leurs fréquences et au-delà, obtenir du gouvernement qu’il fasse machine arrière sur la nouvelle loi, les intéressés ont finalement consenti à s’acquitter de leur licence, mais en contrepartie d’un nouveau délai de dix jours pour présenter leur projet de programmation à l’Unité régulatrice des services de communication (Ursec).
“Cette forme de chantage n’est pas admissible. La défense des intérêts économiques d’une entreprise de communication ou de presse ne se confond pas avec le combat pour la liberté d’expression et d’information”, estime Reporters sans frontières, qui regrette qu’une telle confusion se manifeste parmi les opposants à la loi. “Promouvoir davantage de pluralisme, c’est aussi élargir l’offre des fréquences dans des conditions de transparence et d’équité que la SCA nous semble réunir. C’est pourquoi nous soutenons, en Uruguay et ailleurs sur le continent, des législations ou des clauses légales favorisant la déconcentration des médias, et recherchant l’équilibre entre les différents secteurs appelés à occuper l’espace audiovisuel : publics, privés et communautaires. L’Uruguay avait d’ailleurs été pionnier pour ces derniers avec une législation spécifique adoptée en 2007 leur réservant un tiers des fréquences en radios AM et FM, et télévisions hertziennes.”
Des principales dispositions de la SCA, Reporters sans frontières retient en particulier les articles 44 et 45, destinés à éviter le développement d’oligopoles audiovisuels. Le premier s’applique aux médias hertziens et limite à trois le nombre d’autorisations (licences) à émettre en radio ou en télévision et à deux leur nombre sur une même bande de fréquence (AM, FM et télévision), pour l’ensemble du territoire national. Le second article concerne les services de télévision par abonnement. Dans ce cadre, une même personne physique ou morale ne peut détenir plus de six licences pour le territoire national ni plus d’une pour une couverture locale (plafond porté à trois pour le département de Montevideo).
Le délai de validité d’une licence de diffusion est portée à dix ans pour les radios et à quinze ans pour les télévisions. Dans les deux cas, les licences sont renouvelées pour une période de dix ans (art. 117). A ces délais s’ajoutent des critères de transparence dans leur octroi – appels d’offre, concours, consultations publiques – qui figuraient déjà pour partie dans la loi de 2007 sur les radios communautaires. La future SCA introduit surtout une garantie capitale (art. 106) contre la censure indirecte, en interdisant “l’usage discriminatoire du mécanisme d’octroi ou de rénovation des autorisations et licences, dans le but d’exercer une pression et punir, ou récompenser et avantager des communicateurs ou des médias en fonction de leurs lignes informatives ou éditoriales”. Cette clause aurait gagné à figurer dans des législations similaires adoptées dans d’autres pays de la région.
Si elle prévoit des restrictions de programmation à certaines heures de la journée au titre de la protection des mineurs, et impose aux médias un quota de production audiovisuelle nationale, la SCA s’abstient en même temps de toute tendance au contrôle des contenus ou à l’encadrement des médias. Elle se compare, sur ce point, à la SCA argentine. Elle se différencie, à l’inverse, de la récente loi de communication équatorienne.
“La future SCA représente à tous égards un bon modèle de régulation pour d’autres pays du continent, où la liberté de l’information pâtit de criants déséquilibres (lire le rapport Brésil). Le débat au sein de la société civile qui a présidé à son élaboration en fait également un exemple”, conclut Reporters sans frontières.
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REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas Desk, Reporteros sin Fronteras
Español/English/Français
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
9 de julio de 2013
Reporteros sin Fronteras expresa su apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) –conocida también como Ley de Medios– que empezó a ser examinada en la Cámara de Diputados el 22 de mayo de 2013 y que será debatida en el Senado desde ahora hasta el final del año. La organización lamenta las recientes presiones ejercidas por ciertos grupos de medios de comunicación –que podrían ver afectada su posición dominante por esta ley– para frenar, si no es que impedir, su aprobación.
Las cláusulas y los objetivos de la Ley de Medios uruguaya recuerdan en gran medida a los de la Ley de SCA de Argentina –que apoyamos en su principio–, cuya aplicación aún se encuentra en suspenso en medio de un condenable clima de polarización entre el gobierno y una parte de la prensa privada. Hasta ahora Uruguay no ha enfrentado esta situación y el examen de la ley no debe servir de pretexto para generarla.
El proceso de desconcentración del espacio audiovisual que engendraría la futura ley se enfrenta lógicamente a la hostilidad de los grupos dominantes en el mercado. La primera semana de julio los propietarios de los canales 4, 10 y 12 boicotearon hasta el último minuto el proceso de concesión de espacios en la televisión digital –el plazo de presentación de ofertas vencía el 8 de julio–, aunque asegurándose de la renovación de su licencia de difusión. Los empresarios querían conservar todas sus frecuencias y, además, que el gobierno diera marcha atrás con la nueva ley. Finalmente aceptaron cumplir con los requisitos de presentación de ofertas ante la Unión Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), a cambio de que el gobierno postergara diez días el plazo de cierre.
“Esta forma de chantaje no es admisible. No debe confundirse la defensa de los intereses económicos de una empresa de comunicación o de prensa con la lucha por la libertad de expresión y de información”, considera Reporteros sin Fronteras, que lamenta que se genere tal confusión entre los opositores a la ley. “Promover la existencia de un mayor pluralismo implica ampliar la oferta de frecuencias en condiciones de transparencia e igualdad, como nos parece lo hace la Ley de SCA. Por ello apoyamos –en Uruguay y en otras partes del continente– las legislaciones o las cláusulas legales que favorecen la desconcentración de los medios de comunicación y buscan el equilibrio entre los diferentes sectores del espacio audiovisual: públicos, privados y comunitarios. Por otra parte, Uruguay fue pionero en lo que se refiere a los medios de comunicación comunitarios, pues en 2007 adoptó una legislación específica en ese sentido que les reservaba un tercio de las frecuencias de radio (AM y FM) y televisión hertzianas”.
Respecto a las principales disposiciones de la Ley de Medios, Reporteros sin Fronteras destaca en particular los artículos 44 y 45, que buscan evitar el desarrollo de oligopolios audiovisuales. El primero se aplica a los medios de comunicación hertzianos y establece que una persona (física o jurídica) no puede poseer, de forma parcial o total, más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos en la misma banda de frecuencias (AM, FM y televisión), en todo el territorio nacional. El segundo artículo concierne a los servicios de televisión para abonados. En esta área, una persona no puede poseer más de seis licencias en el territorio nacional ni más de una en el mismo ámbito de cobertura local (en el caso del departamento de Montevideo el límite son tres).
El plazo de concesión que se establece es de: diez años para servicios de radio y quince para los de televisión. En ambos casos las renovaciones se efectuarán por períodos de diez años (art. 117). A estos plazos se suman criterios de transparencia para su concesión –licitaciones, concursos, consultas públicas– que ya se contemplaban, en parte, en la ley de medios comunitarios de 2007. La futura Ley de SCA integra sobre todo una garantía capital (art. 106) contra la censura indirecta: "Queda prohibido el uso discriminatorio del mecanismo de otorgamiento o renovación de autorizaciones y licencias con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas o editoriales”. Habría sido benéfico incluir esta cláusula en legislaciones similares adoptadas en otros países de la región.
Si bien la Ley de SCA impone a los medios de comunicación cuotas mínimas de producción nacional y establece restricciones respecto a la programación en ciertos horarios en nombre de la protección a menores de edad, al mismo tiempo evita toda tendencia de control de contenidos o de los medios de comunicación. En ese aspecto es comparable con la Ley de SCA argentina y, por el contrario, se diferencia de la reciente Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador.
“La futura Ley de Medios representa bajo diversas perspectivas un buen modelo de regulación para otros países del continente, donde la libertad de información padece desequilibrios flagrantes (leer el informe de Brasil, enlace en portugués). El debate con la sociedad civil que condujo a su elaboración también constituye un ejemplo”, concluyó Reporteros sin Fronteras.
Consultar en línea la entrevista realizada a Edison Lanza, director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CaInfo) de Uruguay.
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URUGUAY
“Pressure from big media must not endanger proposed media law”
Reporters Without Borders supports a proposed broadcast media law, known as the SCA or Ley de Medios, which Uruguay’s Chamber of Deputies began considering on 22 May and which is due to be submitted to the Senate by the end of the year.
The media freedom organization therefore regrets the pressure that some media groups have recently been exercising in an attempt to delay or block adoption of this bill, which could weaken their dominant position.
The provisions and goals of Uruguay’s SCA recall those of Argentina’s SCA, which we supported in principle although its implementation continues to held up by a regrettable climate of polarization between the government and some privately-owned media.
Uruguay has so far avoided similar polarization and we hope that examination of this bill will not provide any pretext.
The dominant broadcast media groups are hostile to the proposed law, which would promote less concentrated ownership. Last week, the owners of Channels 4, 10 and 12 boycotted the digital broadcast licence allocation process until the last day, 8 July, although they had been assured that their licences would be renewed.
Hoping to keep all their frequencies and, furthermore, get the government to do a U-turn on the proposed law, they finally agreed to renew their licences in return for a 10-day extension to the deadline for presenting their programme plan to the Regulatory Unit for Communication Services (URSEC).
“This kind of blackmail is unacceptable,” Reporters Without Borders said. “The defence of a broadcast or print media company’s business interests must not be confused with the fight for freedom of expression or information. It is regrettable that the bill’s opponents are trying to confuse the two.
“Promoting more pluralism includes expanding the availability of broadcast frequencies in a transparent and fair way, and we think the SCA will do this. We support legislation or legislative provisions in Uruguay and elsewhere in the western hemisphere that promote less concentrated ownership and a balance between state-owned, privately-owned and community media.
“It should be recalled that Uruguay was a regional pioneer for community broadcast media, adopting a law in 2007 that assigned them a third of AM and FM radio frequencies and over-the-air television broadcast frequencies.”
Reporters Without Borders particularly supports articles 44 and 45 of the SCA, which aim to prevent broadcasting oligopolies. Article 44 would limit each owner to no more than two AM, two FM and two over-the-air broadcast TV licences anywhere in Uruguay, while article 45 would limit ownership of subscription TV services.
At the same time, no person or company would be able to have more than six licences anywhere in the country and no more than one in a single locality - a ceiling that would increase to three in Montevideo department.
Initial concessions would be valid for 10 years for radio and 15 years for TV while, in both cases, the renewal period would be 10 years (article 117). They would be allocated on the basis of competitive bids that would be conducted transparently and would include public consultation, as in the 2007 community radio law.
In a major safeguard against censorship, article 106 forbids “discriminatory use of the granting or renewal of permits and licences with the aim of exercising pressure in order to punish or reward journalists or media according to their news coverage or editorial policies.” Such a clause could usefully have been included in similar legislation in other countries in the region.
While the SCA would restrict programming at certain times of the day to protect minors and would impose a nationally-produced content quota, it refrains from any other attempt to control or regulate content. In this, it is similar to Argentina’s SCA and quite different from Ecuador’s recently-adopted media law.
Reporters Without Borders concluded: “In every respect, the future SCA is a model of media regulation for other countries in the region, where freedom of information suffers from glaring imbalances (see the Brazil report). The civil society debate that oversaw the drafting process was also exemplary.”
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URUGUAY
“La pression de certains groupes de médias ne doit pas compromettre le vote de la loi SCA”
Reporters sans frontières exprime son soutien à la loi sur les services de communication audiovisuelle (SCA) - ou Ley de Medios -, dont l’examen a débuté le 22 mai 2013 à la Chambre des députés, et devrait se poursuivre au Sénat d’ici à la fin de l’année. L’organisation regrette les récentes pressions exercées par certains groupes de médias, dont le texte remettra de fait en cause la position dominante, pour en freiner, sinon empêcher, l’adoption.
Les clauses et les objectifs de loi SCA uruguayenne rappellent en grande partie ceux de la loi SCA argentine, que nous soutenons dans son principe mais dont l’application reste à ce jour suspendue dans un climat condamnable de polarisation entre le gouvernement et une partie de la presse privée. L’Uruguay a jusque là échappé à cette situation, à laquelle l’examen de la loi ne doit pas fournir prétexte.
Le processus de déconcentration de l’espace audiovisuel qu’entérine la future loi se heurte à l’hostilité des groupes dominants sur le marché. Au cours de la première semaine de juillet, les propriétaires des chaînes 4, 10 et 12, bien qu’assurés de voir renouvelée leur licence de diffusion, ont boycotté jusqu’à la dernière minute la procédure d’assignation d’espaces en télévision digitale, qui arrivait à échéance ce 8 juillet. Voulant conserver la totalité de leurs fréquences et au-delà, obtenir du gouvernement qu’il fasse machine arrière sur la nouvelle loi, les intéressés ont finalement consenti à s’acquitter de leur licence, mais en contrepartie d’un nouveau délai de dix jours pour présenter leur projet de programmation à l’Unité régulatrice des services de communication (Ursec).
“Cette forme de chantage n’est pas admissible. La défense des intérêts économiques d’une entreprise de communication ou de presse ne se confond pas avec le combat pour la liberté d’expression et d’information”, estime Reporters sans frontières, qui regrette qu’une telle confusion se manifeste parmi les opposants à la loi. “Promouvoir davantage de pluralisme, c’est aussi élargir l’offre des fréquences dans des conditions de transparence et d’équité que la SCA nous semble réunir. C’est pourquoi nous soutenons, en Uruguay et ailleurs sur le continent, des législations ou des clauses légales favorisant la déconcentration des médias, et recherchant l’équilibre entre les différents secteurs appelés à occuper l’espace audiovisuel : publics, privés et communautaires. L’Uruguay avait d’ailleurs été pionnier pour ces derniers avec une législation spécifique adoptée en 2007 leur réservant un tiers des fréquences en radios AM et FM, et télévisions hertziennes.”
Des principales dispositions de la SCA, Reporters sans frontières retient en particulier les articles 44 et 45, destinés à éviter le développement d’oligopoles audiovisuels. Le premier s’applique aux médias hertziens et limite à trois le nombre d’autorisations (licences) à émettre en radio ou en télévision et à deux leur nombre sur une même bande de fréquence (AM, FM et télévision), pour l’ensemble du territoire national. Le second article concerne les services de télévision par abonnement. Dans ce cadre, une même personne physique ou morale ne peut détenir plus de six licences pour le territoire national ni plus d’une pour une couverture locale (plafond porté à trois pour le département de Montevideo).
Le délai de validité d’une licence de diffusion est portée à dix ans pour les radios et à quinze ans pour les télévisions. Dans les deux cas, les licences sont renouvelées pour une période de dix ans (art. 117). A ces délais s’ajoutent des critères de transparence dans leur octroi – appels d’offre, concours, consultations publiques – qui figuraient déjà pour partie dans la loi de 2007 sur les radios communautaires. La future SCA introduit surtout une garantie capitale (art. 106) contre la censure indirecte, en interdisant “l’usage discriminatoire du mécanisme d’octroi ou de rénovation des autorisations et licences, dans le but d’exercer une pression et punir, ou récompenser et avantager des communicateurs ou des médias en fonction de leurs lignes informatives ou éditoriales”. Cette clause aurait gagné à figurer dans des législations similaires adoptées dans d’autres pays de la région.
Si elle prévoit des restrictions de programmation à certaines heures de la journée au titre de la protection des mineurs, et impose aux médias un quota de production audiovisuelle nationale, la SCA s’abstient en même temps de toute tendance au contrôle des contenus ou à l’encadrement des médias. Elle se compare, sur ce point, à la SCA argentine. Elle se différencie, à l’inverse, de la récente loi de communication équatorienne.
“La future SCA représente à tous égards un bon modèle de régulation pour d’autres pays du continent, où la liberté de l’information pâtit de criants déséquilibres (lire le rapport Brésil). Le débat au sein de la société civile qui a présidé à son élaboration en fait également un exemple”, conclut Reporters sans frontières.
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