que será sometido a
votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de junio 2013.
Este informe, dedicado a la vigilancia de Internet por parte de los
Estados, muestra el impacto que ésta tiene en los derechos humanos en
general y en la libertad de información en particular.
Reporteros sin Fronteras exhorta a los Estados miembros
del Consejo de Derechos Humanos a que voten este informe, que puede y
debe ser un primer paso para el establecimiento de mecanismos
internacionales y regionales restrictivos. Por primera vez, la comunidad
internacional se ocupa del problema de la vigilancia de Internet.
Reporteros sin Fronteras acoge aún con más esperanza esta iniciativa
dado que la organización ha abordado este tema desde hace cerca de diez
años (ver la nota Empresa y DH
- Inglés -). Reporteros sin Fronteras ha denunciado en varias ocasiones
las artimañas de los Estados y las empresas en lo que respecta a la
vigilancia de la población, en particular en su Informe Especial sobre Vigilancia en Línea publicado el 12 de marzo de 2013 (Día Mundial contra la Cibercensura).
Este informe subraya que en la actualidad ningún Estado
está exento de desvíos securitarios ligados a este tipo de vigilancia.
Frank LaRue muestra que el uso de herramientas tecnológicas que permiten
espiar a los ciudadanos no es exclusivo de los Estados autoritarios. En
especial, menciona las leyes sobre terrorismo, la seguridad nacional o
la lucha contra la gran criminalidad, en vigor en numerosas democracias,
que autorizan la cibervigilancia y siguen la pista de “blancos
vulnerables”, entre los que se encuentran los periodistas (párrafo 52: "Journalists
are also particularly vulnerable to becoming targets of communications
surveillance because of their reliance on online communication").
El relator especial subraya que la “violación a los derechos humanos” que representa la vigilancia en Internet tiene un impacto negativo en los periodistas (párrafo 51).
Cuando menciona el uso de datos personales y el respeto
de la vida privada, considera que en el caso de los periodistas y sus
fuentes, los efectos de la vigilancia de sus comunicaciones llegan a ser
desastrosos (párrafos 26 y 52).
Asimismo, este documento señala la necesidad de: adaptar legislaciones a menudo obsoletas (párrafo 50) y/o imprecisas, establecer un delito para poder sancionar la vigilancia ilícita y de instaurar un control jurisdiccional
(párrafo 54) de estas prácticas, en especial de la obtención y
conservación de datos personales. También preconiza el informar y
sensibilizar a los ciudadanos y los usuarios. Al igual que Reporteros
sin Fronteras en su Informe Especial sobre Vigilancia en Línea, el
relator especial toma muy en serio la amenaza que representan las
“nuevas formas de vigilancia” (párrafo 62), como la tecnología ofensiva
de intrusión informática (por ejemplo los troyanos) o la interceptación legal.
Reporteros sin Fronteras alaba el llamado que hace Frank
La Rue a la responsabilidad de los Estados. Estos no sólo tienen la
obligación de respetar los derechos, sino también y sobre todo, de
protegerlos (párrafo 76). Por otra parte, la organización coincide con
sus recomendaciones en lo que concierne al sector privado (párrafo 97: "States
must take measures to prevent the commercialization of surveillance
technologies, paying particular attention to research, development,
trade, export and use of these technologies considering their ability to
facilitate systematic human rights violations").
En efecto, la organización considera que tales
recomendaciones conciernen no sólo a los Estados, sino a los actores
privados (intermediarios técnicos, empresas de la Web, fabricantes y
exportadores de material de vigilancia). Por otra parte, Reporteros sin
Fronteras pide que se impongan sanciones a las empresas implicadas en actividades de vigilancia perjudiciales para la libertad de informar.
En ese sentido, Reporteros sin Fronteras confirma la tendencia observada en este informe por Frank LaRue: "the burden of such policy is transferred to private intermediaries"
(párrafo 46). La organización ha denunciado con frecuencia el creciente
poder y los desvíos del sector privado en materia de vigilancia.
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