Informe Honduras de la SIP
Casos más relevantes
Serias amenazas a la libertad de expresión han sido plasmadas en el informe sobre Honduras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). De acuerdo al documento, presentado por Edgardo Dumas durante la reunión de medio año, “la libertad de expresión sigue sufriendo todo tipo de amenazas y agresiones. No existe voluntad del Gobierno nacional para resolver la ola criminal que afecta a la prensa, mientras muchos casos de crímenes contra periodistas permanecen impunes”.
Contradictoriamente, funcionarios del Estado, entre ellos los presidentes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, han incurrido en ataques verbales contra medios de comunicación, sus propietarios, periodistas y editores, tendientes a descalificarlos y estigmatizarlos.
Este clima de animosidad se ha intensificado en los últimos dos meses con la presentación de un proyecto de reformas a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, que contiene disposiciones que violentan principios sobre libertad de expresión y vulneran derechos humanos como la libre asociación, el derecho y acceso al trabajo, el derecho a la propiedad privada, se destacó.
De acuerdo al informe, al que tuvo acceso EL HERALDO, el presidente Porfirio Lobo promueve la reforma con el sofisma de “democratizar a los medios”, argumentando que estos solo están interesados en crear conspiraciones, buscar intereses económicos o perjudicar moralmente a la población.
En sus declaraciones, Lobo tanto acusa a “dos periódicos que ustedes ya conocen, La Prensa y EL HERALDO, que creen que presionando a los gobiernos a través de sus medios pueden doblar a los gobiernos...” como que no dejará su “…pleito con algunos medios” porque “…informar y orientar a la opinión pública no debe ser un negocio lucrativo que permita que defiendan intereses económicos que tienen en diferentes sectores de inversión”, o hasta afirmar que el “…el daño que (se) le hace a la niñez que los medios de comunicación, algunos de ellos que en su primera plana, despliegan la violencia”.
El proyecto ha sido sometido a un debate público dirigido desde el mismo sector que responsabiliza a la prensa por los actuales niveles de inseguridad y violencia en el país.
Órgano de censura
El informe reza que mediante el polémico proyecto se contempla, entre otras cosas, crear un órgano de censura denominado “comisión reguladora de contenidos”. Prohibir que los accionistas de una empresa de telecomunicaciones puedan participar de otras empresas mercantiles. Distribuir sin garantías de transparencia, un 33% de frecuencias al sector público y otro 33% a radios comunitarias. Establecer regulaciones de competitividad (usualmente reservado para leyes antimonopolio de aplicación general), mediante un órgano regulador que no establece garantías de transparencia para asegurar una distribución adecuada de frecuencias y una supervisión ajena a la influencia política.
El proyecto también busca establecer sanciones confiscatorias para las infracciones a la ley o sus reglamentos, incluyendo normas que permiten la confiscación de bienes inmuebles, equipos, redes y demás bienes de las empresas del sector de telecomunicaciones. Instaurar condicionamientos previos (censura previa) tales como veracidad, oportunidad e imparcialidad y disposiciones que violentan tratados en materia de garantía de inversiones, comercio internacional y libre comercio.
De acuerdo al informe, al justificar estas reformas, el presidente del Congreso Nacional (Juan Orlando Hernández), dijo que “vamos a humanizar, democratizar y modernizar el sector de las comunicaciones para que estén al servicio y beneficien al ciudadano hondureño”.
Mientras tanto, el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, causó mayor sorpresa cuando expresó que la nueva ley también servirá para regular a la prensa escrita: “Se incorporarán en el tema de las comunicaciones la prensa escrita, como revistas, periódicos impresos y periódicos digitales. Estos pasarán a ser competencia de Conatel… como medio de comunicación queda bajo Conatel, pero como medio de información se aplicará la Ley de Emisión del Pensamiento”.
Casos más relevantes
NOVIEMBRE
• Karla Zelaya, vocera del MUCA, denunció que el 23 de octubre fue secuestrada, torturada e interrogada sobre sus actividades.
• Se denunció a Roosevelt Avilés, alcalde de Talanga, por dos actos de censura (suspensión de la señal y compra masiva de periódicos) contra canal Telecentro y EL HERALDO.
• El Tribunal de Sentencia de la CSJ absolvió al director de EL HERALDO, Carlos Mauricio Flores, de la querella interpuesta por el exviceministro de Deportes, Godofredo Fajardo, por publicaciones en agosto de 2011.
• Un empleado de la Iglesia Evangélica Mi Viña agredió a la periodista Mercy Berríos y al camarógrafo David Coello, del canal universitario UTV, cuando filmaban una valla publicitaria en la que aparece el pastor de esa Iglesia Mario Tomás Barahona y su hijo.
• Se denunció a Conatel los hostigamientos de esta comisión hacia distintas radios comunitarias asociadas al Copinh: Radio Guarajambala FM, La Voz Lenca FM y La Voz Lenca AM.
• La periodista Juana Dolores Valenzuela Cálix declaró ante el Conadeh que por primera vez en 30 años de su ejercicio profesional, teme por su vida.
DICIEMBRE
• C- Libre denunció que la empresa Audio Video, mediante un correo electrónico, le censuró varios spot radiales que habían pautado cinco días atrás, en los cuales se promocionaba la democratización del espectro radioeléctrico.
ENERO
• La periodista Itsmania Pineda Plateros y el comunicador social Selvin Martínez denunciaron que en 2013, las amenazas e intimidaciones contra sus vidas continúan. Martínez tiene medidas de seguridad a solicitud de la Fiscalía de Derechos Humanos, debido a dos atentados en 2012.
• En una protesta cerca de Casa Presidencial, unos 30 hombres del rubro de “rapiditos o microbuses” agredieron al periodista César Silva y al camarógrafo Samuel Aguilera, ambos de la televisora Globo TV.
FEBRERO
• El periodista Marvin Palacios, del Cofadeh; Wilfredo Paz, vocero del Observatorio en el Aguán; Vitalino Álvarez y Jony Rivas, integrantes de la Plataforma Agraria Regional del Aguán, fueron acusados por la fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, por una campaña de desinformación.
• El corresponsal de Radio Progreso en Tela, Atlántida, Leonardo Guevara, denunció a C-Libre las amenazas verbales por parte de la Policía.
Domingo 10 de marzo de 2013
08:44 pm
- Redacción
No existe voluntad del gobierno para resolver la ola criminal que
afecta a la prensa. Presidentes del Ejecutivo y el Congreso Nacional
han lanzado ataques verbales contra medios y periodistas.
Tegucigalpa, Honduras
La Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP analizó detenidamente la situación de cada país. (El Heraldo)
Casos más relevantes
Serias amenazas a la libertad de expresión han sido plasmadas en el informe sobre Honduras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). De acuerdo al documento, presentado por Edgardo Dumas durante la reunión de medio año, “la libertad de expresión sigue sufriendo todo tipo de amenazas y agresiones. No existe voluntad del Gobierno nacional para resolver la ola criminal que afecta a la prensa, mientras muchos casos de crímenes contra periodistas permanecen impunes”.
Contradictoriamente, funcionarios del Estado, entre ellos los presidentes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, han incurrido en ataques verbales contra medios de comunicación, sus propietarios, periodistas y editores, tendientes a descalificarlos y estigmatizarlos.
Este clima de animosidad se ha intensificado en los últimos dos meses con la presentación de un proyecto de reformas a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, que contiene disposiciones que violentan principios sobre libertad de expresión y vulneran derechos humanos como la libre asociación, el derecho y acceso al trabajo, el derecho a la propiedad privada, se destacó.
De acuerdo al informe, al que tuvo acceso EL HERALDO, el presidente Porfirio Lobo promueve la reforma con el sofisma de “democratizar a los medios”, argumentando que estos solo están interesados en crear conspiraciones, buscar intereses económicos o perjudicar moralmente a la población.
En sus declaraciones, Lobo tanto acusa a “dos periódicos que ustedes ya conocen, La Prensa y EL HERALDO, que creen que presionando a los gobiernos a través de sus medios pueden doblar a los gobiernos...” como que no dejará su “…pleito con algunos medios” porque “…informar y orientar a la opinión pública no debe ser un negocio lucrativo que permita que defiendan intereses económicos que tienen en diferentes sectores de inversión”, o hasta afirmar que el “…el daño que (se) le hace a la niñez que los medios de comunicación, algunos de ellos que en su primera plana, despliegan la violencia”.
El proyecto ha sido sometido a un debate público dirigido desde el mismo sector que responsabiliza a la prensa por los actuales niveles de inseguridad y violencia en el país.
Órgano de censura
El informe reza que mediante el polémico proyecto se contempla, entre otras cosas, crear un órgano de censura denominado “comisión reguladora de contenidos”. Prohibir que los accionistas de una empresa de telecomunicaciones puedan participar de otras empresas mercantiles. Distribuir sin garantías de transparencia, un 33% de frecuencias al sector público y otro 33% a radios comunitarias. Establecer regulaciones de competitividad (usualmente reservado para leyes antimonopolio de aplicación general), mediante un órgano regulador que no establece garantías de transparencia para asegurar una distribución adecuada de frecuencias y una supervisión ajena a la influencia política.
El proyecto también busca establecer sanciones confiscatorias para las infracciones a la ley o sus reglamentos, incluyendo normas que permiten la confiscación de bienes inmuebles, equipos, redes y demás bienes de las empresas del sector de telecomunicaciones. Instaurar condicionamientos previos (censura previa) tales como veracidad, oportunidad e imparcialidad y disposiciones que violentan tratados en materia de garantía de inversiones, comercio internacional y libre comercio.
De acuerdo al informe, al justificar estas reformas, el presidente del Congreso Nacional (Juan Orlando Hernández), dijo que “vamos a humanizar, democratizar y modernizar el sector de las comunicaciones para que estén al servicio y beneficien al ciudadano hondureño”.
Mientras tanto, el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, causó mayor sorpresa cuando expresó que la nueva ley también servirá para regular a la prensa escrita: “Se incorporarán en el tema de las comunicaciones la prensa escrita, como revistas, periódicos impresos y periódicos digitales. Estos pasarán a ser competencia de Conatel… como medio de comunicación queda bajo Conatel, pero como medio de información se aplicará la Ley de Emisión del Pensamiento”.
Casos más relevantes
NOVIEMBRE
• Karla Zelaya, vocera del MUCA, denunció que el 23 de octubre fue secuestrada, torturada e interrogada sobre sus actividades.
• Se denunció a Roosevelt Avilés, alcalde de Talanga, por dos actos de censura (suspensión de la señal y compra masiva de periódicos) contra canal Telecentro y EL HERALDO.
• El Tribunal de Sentencia de la CSJ absolvió al director de EL HERALDO, Carlos Mauricio Flores, de la querella interpuesta por el exviceministro de Deportes, Godofredo Fajardo, por publicaciones en agosto de 2011.
• Un empleado de la Iglesia Evangélica Mi Viña agredió a la periodista Mercy Berríos y al camarógrafo David Coello, del canal universitario UTV, cuando filmaban una valla publicitaria en la que aparece el pastor de esa Iglesia Mario Tomás Barahona y su hijo.
• Se denunció a Conatel los hostigamientos de esta comisión hacia distintas radios comunitarias asociadas al Copinh: Radio Guarajambala FM, La Voz Lenca FM y La Voz Lenca AM.
• La periodista Juana Dolores Valenzuela Cálix declaró ante el Conadeh que por primera vez en 30 años de su ejercicio profesional, teme por su vida.
DICIEMBRE
• C- Libre denunció que la empresa Audio Video, mediante un correo electrónico, le censuró varios spot radiales que habían pautado cinco días atrás, en los cuales se promocionaba la democratización del espectro radioeléctrico.
ENERO
• La periodista Itsmania Pineda Plateros y el comunicador social Selvin Martínez denunciaron que en 2013, las amenazas e intimidaciones contra sus vidas continúan. Martínez tiene medidas de seguridad a solicitud de la Fiscalía de Derechos Humanos, debido a dos atentados en 2012.
• En una protesta cerca de Casa Presidencial, unos 30 hombres del rubro de “rapiditos o microbuses” agredieron al periodista César Silva y al camarógrafo Samuel Aguilera, ambos de la televisora Globo TV.
FEBRERO
• El periodista Marvin Palacios, del Cofadeh; Wilfredo Paz, vocero del Observatorio en el Aguán; Vitalino Álvarez y Jony Rivas, integrantes de la Plataforma Agraria Regional del Aguán, fueron acusados por la fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, por una campaña de desinformación.
• El corresponsal de Radio Progreso en Tela, Atlántida, Leonardo Guevara, denunció a C-Libre las amenazas verbales por parte de la Policía.
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