Honduras en el Informe Anual 2012 de Humans Rights Watch

Durante 2011, Honduras no hizo justicia en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto instaurado con posterioridad al golpe militar de 2009. Una gran cantidad de casos continúan impunes, a pesar de que enmayo de 2010 el gobierno creó una Comisión de la Verdad que analizaría los sucesos relativos al golpe de estado y de los esfuerzos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público por investigar los abusos.
También persistieron los hechos de violencia y las amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y personas transgénero. Son pocos los casos en que se juzga a los responsables de estos abusos.

Impunidad de abusos posteriores al golpe

Luego del golpe militar de 2009, el gobierno de facto suspendió varias libertades civiles fundamentales, como la libertad de prensa y de reunión. En los días posteriores, el Ejército ocupó diversos medios opositores y canceló su transmisión en forma provisoria. Tanto policías como militares respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza. Este patrón de uso desproporcionado de la fuerza derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias.

En julio de 2011, la Comisión de la Verdad creada por el Presidente Porfirio Lobo para investigar los eventos previos y posteriores al golpe de Estado presentó su informe. Los comisionados documentaron los casos de 20 personas, y concluyeron que 12 de ellas habían muerto como resultado de uso excesivo de la fuerza por policías o miembros del Ejército, y que 8 habían sido asesinadas deliberadamente por agentes del gobierno.

La comisión también informó que policías y militares habían participado en la “obstrucción sistemática” de las investigaciones sobre estos abusos, a través de, por ejemplo, alterar la escena del crimen y documentos oficiales, actuar de manera negligente y ayudar a los presuntos responsables a escapar.

Según información proporcionada en octubre de 2011 por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, ninguna persona había sido condenada penalmente por los graves abusos que habrían sido cometidos por las fuerzas de seguridad tras el golpe de estado y en el marco de manifestaciones a favor del presidente depuesto Manuel Zelaya. Los fiscales de derechos humanos continúan enfrentando obstáculos en sus investigaciones, como colaboración limitada por parte de las fuerzas de seguridad, insuficiencia de recursos y falta de implementación de un programa de protección a testigos.

Ataques contra periodistas

Desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010 hasta noviembre de
2011, agresores no identificados asesinaron a al menos 12 periodistas murieron —tres de ellos durante 2011—. Muchas de las víctimas habían repudiado el golpe de estado o habían informado sobre casos de corrupción o violaciones de derechos humanos.

Otros periodistas han recibido amenazas de muerte. En julio de 2011, el periodista de radio Nery Jeremías Orellana, de 26 años, se dirigía en motocicleta a su trabajo en Candelaria, departamento de Lempira, cuando agresores armados no identificados le dispararon en la cabeza. Murió en el hospital pocas horas después. Orellana dirigía Radio Joconguera de Candelaria, un medio que informó sobre violaciones de derechos humanos en la zona y en varias oportunidades había difundido la opinión de opositores al golpe. Orellana habría recibido anteriormente varias amenazas de muerte.

En la mayoría de estos crímenes, las personas responsables no han sido identificadas ni acusadas penalmente. En marzo de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cuatro casos estaban siendo analizados por la justicia y que otros seis aún estaban siendo investigados. Varios funcionarios gubernamentales, entre ellos el Secretario de Seguridad y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, han rechazado señalamientos que aseguran que los asesinatos estarían relacionados con la actividad profesional de las víctimas.

Violencia rural

Más de 30 personas fueron asesinadas entre enero y agosto de 2011 en el valle del Bajo Aguán, una zona fértil de producción de aceite de palma en el norte de Honduras. En mayo estalló un conflicto por la tierra que tiene décadas de vigencia, luego de que un grupo de campesinos ocupó terrenos que estaban siendo cultivados por grandes compañías agrícolas de propiedad privada. Muchas de las víctimas eran miembros de asociaciones de campesinos que presuntamente habrían sido abatidos por guardias de seguridad privada armados que trabajaban para estas compañías.

A su vez, cuatro guardias de seguridad privada murieron tras recibir disparos en agosto de 2011, cuando un grupo de personas se presentaron con fusiles y otras armas e intentaron ocupar una hacienda. No ha sido posible esclarecer las circunstancias de cada uno de estos incidentes ante la falta de investigaciones penales adecuadas. Hasta septiembre, ninguna persona había sido acusada por los asesinatos en la región de Bajo Aguán.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes

En marzo de 2011, trascendieron denuncias creíbles de que miembros de la policía nacional arrojaron gases lacrimógenos indiscriminadamente y golpearon a manifestantes durante las protestas organizadas por sindicatos de docentes que se oponían a una serie de reformas propuestas al sistema de educación pública. Ilse Velázquez Rodríguez, docente y miembro de una organización de derechos humanos, se habría desmayado luego de ser golpeada en la frente por un cartucho de gas lacrimógeno y murió pocos minutos después tras ser atropellada por un automóvil.

Violencia contra personas transgénero

Los ataques dirigidos específicamente a personas transgénero representan un problema grave en Honduras. Seis mujeres transgénero fueron asesinadas entre noviembre de 2010 y enero de 2011 en la vía pública o en sus viviendas en Tegucigalpa, la capital del país, y en Comayagüela y San Pedro Sula. Los ataques incluyeron desde agresiones armadas hasta prender fuego a las víctimas. Algunas víctimas habrían sido torturadas antes de ser asesinadas. Entre enero y noviembre de 2011, cuatro nuevos casos de homicidio de mujeres transgénero han sido documentados por
activistas de derechos humanos locales.

La supuesta participación de miembros de la policía hondureña en algunos de estos violentos abusos resulta particularmente preocupante. Son pocas las instancias en que, luego de estos hechos, se impulsan investigaciones rigurosas, y muchos menos los casos en que se aplica alguna condena penal. En enero de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos condenó los “crímenes de odio” contra miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT).

En febrero, el gobierno creó una unidad especial en el Ministerio Público que se encargaría de investigar el asesinato de mujeres, transgénero y de miembros de otros grupos vulnerables, y en noviembre se conformó otra similar en San Pedro Sula.

Honduras no cuenta con leyes contra la discriminación y su legislación penal vigente expone a miembros de la comunidad de LGBT a detenciones arbitrarias por conductas que han sido definidas de manera sumamente imprecisa como “faltas contra las buenas costumbres”.

Independencia judicial

Hasta hace poco, la Corte Suprema de Justicia gozaba de poderes absolutos sobre cuestiones de manejo del personal del poder judicial. En mayo de 2010, aplicó estos poderes de manera abusiva para destituir a cuatro jueces que se habían manifestado abiertamente en contra del golpe de estado, acusándolos de haber participado en política, mientras que no adoptó medida alguna contra jueces que habían apoyado públicamente el derrocamiento del ex Presidente Zelaya. En agosto de 2011, el Consejo de la Carrera Judicial confirmó la destitución de tres de los jueces, otorgó una indemnización a sólo uno de ellos y reincorporó al cuarto juez.

En febrero de 2011, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas constitucionales que crearon un nuevo organismo, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, un órgano electo encargado de nombrar y destituir a jueces. En noviembre de 2011, tras prolongadas demoras como resultado de diferencias políticas, el Congreso aprobó varios artículos clave de una ley que regula la integración y las facultades del Consejo. Los legisladores acordaron no incluir a un representante del poder ejecutivo en el Consejo, cuyos cinco miembros serían elegidos por el Congreso luego de celebrar audiencias públicas.

Defensores de derechos humanos

En algunos casos, funcionarios del gobierno han fomentado una actitud de hostilidad por parte de algunos sectores del público respecto de defensores de derechos humanos que promueven los derechos de víctimas de abusos policiales. En mayo de 2011, la titular de la
Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Sandra Ponce, recibió una serie de mensajes de texto intimidatorios luego de que el Subsecretario de Seguridad la criticara públicamente por haber iniciado una investigación de la muerte de siete jóvenes que presuntamente eran miembros de una pandilla en Ciudad Planeta, cerca de San Pedro Sula.

Leo Valladares, uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos de Honduras y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contó a Human Rights Watch que había recibido amenazas telefónicas, y advirtió que su vivienda fue vigilada y que fue seguido por individuos luego de cuestionar el poder cada vez más amplio que detenta el Ejército de Honduras desde el golpe de estado de 2009.

Actores internacionales clave

En junio de 2011, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos votó a favor de la readmisión de Honduras, cuya membresía había sido suspendida inmediatamente después del golpe de 2009. Unos días antes, Zelaya puso fin a su exilio y regresó a Honduras luego de que un tribunal de apelación de ese país desestimara las acusaciones de corrupción en su contra.

En junio de 2011, el Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) interpuso una demanda en el marco de la Ley de Reclamaciones Civiles para Extranjeros de Estados Unidos (United States Alien Tort Statute) contra el ex Presidente de facto Roberto Micheletti en representación de los padres del adolescente Isis Obed Murillo, asesinado por disparos de miembros del Ejército hondureño durante una manifestación contra el golpe de estado. Al momento de la redacción de este informe, la demanda civil aún se encontraba pendiente ante un Tribunal de Distrito Federal del Distrito Sur de Texas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un rol clave en Honduras desde el golpe de estado, y ha elaborado informes exhaustivos donde se documentan abusos como asesinatos, amenazas y ataques contra periodistas.

Desde agosto de 2010, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene un asesor de derechos humanos en Honduras, quien brinda asesoramiento al gobierno sobre estrategias de protección y promoción de los derechos humanos, así como consejos y apoyo a organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
El Presidente Lobo continuó apoyando durante 2011 la creación de una comisión internacional respaldada por la ONU contra la impunidad en Honduras, en el contexto de medidas internacionales destinadas a brindar asistencia a los gobiernos para luchar contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción en América Central.