Por: German Reyes
“El vigilante llamó a la gente y cuando llegaron fueron encañonados con armas de grueso calibre, algunas mujeres se quisieron acercar y ellos les dijeron: si se mueven perras, aquí se van a morir”.
El párrafo anterior forma parte del relato que el presidente del Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (SIVELIH), Ovidio Zelaya, hizo a este medio digital, en torno a un operativo que el pasado viernes en horas de la mañana llevaran a cabo funcionarios, inspectores y policías de la alcaldía municipal de Tegucigalpa, en las afueras del antiguo aserradero Sansoni, donde se construye el Mall Premier.
De acuerdo a lo expresado por el presidente del SIVELIH, a las dos de la madrugada del viernes dos de diciembre, inspectores y policías municipales llegaron a la zona y después de amenazar a muerte al vigilante, comenzaron a destruir los puestos de ventas y a sacar la mercadería y herramientas que se encontraban en los interiores.
En el operativo los agentes e inspectores destruyeron trece puestos de ventas y la mercadería la trasladaron a la antigua penitenciaria nacional, donde se encuentra regada en el piso y a punto de arruinarse por la humedad del lugar.
La mayor parte de la mercadería que fue decomisada la habían adquirido los vendedores con dinero proveniente de préstamos que realizaron en los bancos.
El presidente del SIVELIH dijo que en ese operativo no tuvo participación la Policía Nacional, pero si funcionarios de alto nivel al interno de la comuna capitalina. “Anteriormente si iban los de la preventiva, pero en estos momento son municipales, inspectores y abogados de la misma alcaldía”, indicó.
Antecedentes
Hace varias semanas representantes de los vendedores ambulantes de la capital denunciaron ante diversas instituciones operadoras de justicia, que funcionarios y empleados la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, atentan contra el derecho a la vida de sus afiliados.
La denuncia involucra a 20 inspectores y policías municipales y al jefe de permisos de ambulantes, Genaro Izaguirre, quienes son señalados de provocar intimidación, amenazas, expropiación de puestos, destrucción de las mercaderías y hasta de golpear a mujeres, niños y ancianos que trabajan en distintos sectores de la capital.
Aunque la queja de los vendedores es de amplio conocimiento de funcionarios y empleados de la Fiscalía de Derechos Humanos, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, los afectados afirman que estas dependencias del Estado y la misma federación de trabajadores a que pertenecen, no hacen lo necesario para garantizarles el respeto de su derecho al trabajo y a la vida.
“Estamos peleando la estabilidad laboral de los afiliados y esperamos que las demás organizaciones sociales se sumen a la lucha nuestra porque la verdad es que nos sentimos débiles. El hambre no tiene color político y tienen que ponerse claros, la necesidad de la gente es evidente y las organizaciones deben defender a sus afiliados, peleamos por la justicia, sobre todo para la mujer y los niños”, expresó el presidente de SIVELIH.
SIVELIH se encuentra afiliado a la central General de Trabajadores de Honduras (CGT), organización que hasta hoy no muestra beligerancia para reclamar el derecho de los vendedores ambulantes, quienes además de soportar los abusos provenientes de los funcionarios y policías municipales, también enfrentan serias campañas para que abandonen de la lucha.
Se reúnen, pero no hay resultados
Ante la indiferencia del Alcalde Municipal, Ricardo Álvarez, el pasado 5 de diciembre los representantes de SIVELIH no tuvieron más opción que reunirse por tercera vez con el Juez de Policía Fredy Casasola y sus asistentes, Saúl Sandres y Orlin Fernández. Aunque los vendedores ambulantes fueron acompañados en esta ocasión por el Secretario General de la CGT, Daniel Durón y por un representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la reunión no produjo resultados positivos.
“No llegamos a ningún acuerdo porque nosotros le enviamos una carta al alcalde Ricardo Álvarez diciéndole que las personas que había puesto para negociar la situación estaban a favor de los del mall y que a nosotros los pobres nos estaban echando encima ese monstruo. Debe reconocer el alcalde que nosotros no somos ninguna competencia para ese mall y que somos personas que exigimos y merecemos que se nos respete la dignidad como seres humanos”, afirmó el sindicalista.
Itsmania Pineda dijo haber percibido en la reunión que los personeros de la alcaldía se inclinan por darle prioridad a la exigencia de los propietarios del mall Premier, para que se desaloje a los vendedores instalados en las afueras del edificio. Indicó que en la reunión también estuvo presente un ingeniero de apellido Retes, en representación del complejo comercial y que éste había dicho que si la alcaldía no cumple, que la van a demandar.
“Y el abogado Saúl Sandres dijo que tenían un convenio con el mall porque adentro iban a trabajar 3000 personas y que 50 familias que se quedaran sin comer eran nada en comparación con los 3 mil que van a trabajar ahí”, aseveró Itsmania.
Ante la situación que viven los vendedores ambulantes, Itsmania Pineda solicitó la divulgación en diversos medios de comunicación. No obstante, “reporteros de la prensa dijeron que no podían apoyar ni en publicaciones porque el alcalde tiene acaparado todo, lo mismo ha pasado en el Ministerio Público y en el centro integrado donde ha costado que tomen las declaraciones”, informó.
Los representantes del SIVELIH manifestaron su temor a que los atropellos en contra de sus afiliados se intensifiquen en los días previos a las celebraciones de navidad y año nuevo, razón por la cual exigen la intervención de las autoridades a fin de lograr acuerdos satisfactorios con el alcalde Álvarez. German H. Reyes R
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