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sábado, 19 de noviembre de 2011

“Primero los pobres”: desnudan corrupcion de la alcaldia

Vendedores ambulantes desnudan la corrupción de la alcaldía

Tegucigalpa. El Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (SIVELIH), denunció que funcionarios y empleados la Alcaldía Municipal del Distrito Central, atentan contra el derecho a la vida de sus afiliados. Aunque la organización sindical presentó las denuncias respectivas ante el alcalde Ricardo Álvarez y los órganos de derechos humanos del país, hasta hoy la situación sigue sin resolverse.

Una denuncia que recientemente presentó el SIVELIH ante la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, señala que los vendedores ambulantes ubicados en distintos sectores de la capital, sufren de persecución, amenazas y extorsión por parte de los policías municipales asignados en diversos sectores de la capital.

Detalla la denuncia que entre 15 y 20 policías municipales al mando del jefe de permisos de ambulantes, Genaro Izaguirre, se encargan de realizar desalojos, destruir las mercaderías y hasta de golpear a mujeres, niños y ancianos que trabajan en el mercado Zonal Belén y en el bulevar del Norte.

“En los últimos días golpearon a varias mujeres y a niños en el sector del bulevar del Norte y del Zonal Belén, agrediéndolas con brutalidad, desalojándolas con empujones, solo porque estos no querían perder la mercadería que les da el sustento para mantener a su familia”, dice el documento presentado a la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.

Por la difícil situación que atraviesan, los vendedores ambulantes que en su mayoría son madres solteras y ancianos con mucha necesidad, también se quejaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), organismo al que hicieron saber de los atropellos de que son víctima por parte de los representantes de la alcaldía capitalina.

Las denuncias también fueron presentadas ante la fiscalía especial de los derechos humanos. Sin embargo, el caso duerme el sueño de los justos.

Inspectores abusan del poder

El presidente de SIVELI, Ovidio Zelaya Gómez, pidió a las autoridades escuchar el lamento de los vendedores, sobre todo “porque la dignidad de la mujer está siendo atropellada continuamente, se les está violentando el derecho a trabajar y de tener un lugar digno donde ganarse la vida y eso lo hacen los funcionarios porque tienen el poder en sus manos”.

Detalló que a los vendedores que trabajan en el sector donde se construye el Mall Premier son atropellados continuamente, les saquean sus puestos, les decomisan la mercadería y los obligan a pagar entre 300 y 500 lempiras semanales por dejarlos trabajar.

Denunció que amparados en la supuesta política de reordenamiento, los empleados municipales desalojan a las personas, dándoles plazo de veinticuatro horas, los amenazan con decomisarles la mercadería si no lo hacen. “Pero esto lo hacen para desubicar a los que ya están allí para vender los puestos a otras personas. Ahorita en navidad viene mucha gente de otros sectores y ellos venden las aceras y medianas y se reparten el dinero”, dijo.

Asimismo reveló la existencia de una red organizada al interior de la alcaldía, quienes se han confabulado con personas externas. “Dan los permisos haciendo constar que el nuevo tiene más tiempo del que ya está allí, eso lo hace, Genaro Izaguirre, que es el jefe de permisos de ambulante, pero el jefe de Genaro, es Nelson Abdalá, un ingeniero que es el más molesta a la gente”, expresó el presidente del SIVELI.

“Yo en lo personal, como representante del sindicato quiero que tome nota de la cuenta 001-201-000000316404 que solo aparece con el nombre de Banco Ficosa Fiduciario, en la cual hacen que los vendedores vayan a pagar” especificó.

Siveli cuenta con 50 mil afiliados en todo el país. Mantiene seccionales con los vendedores de los marcados Colon, San Isidro, Zonal Belén y La Isla, a las orillas del Álvarez, 5ª y 7ª avenidas de Comayagüela, Bulevar del Norte, Sansoni, Hospital San Felipe y en el Seguro social de la Granja, además de contar con afiliados en Juticalpa, Campamento, Talanga, Siguatepeque Nacaome, y otros municipios.

La fiscalía me perdió la denuncia y las fotos

“A mí me quitaron porque dijeron que ellos eran autoridad y que podían hacer con los puestos lo que ellos querían. Yo les enseñé mi carne de Siveli y los inspectores me lo tiraron al suelo ellos andaban junto con el jefe de permisos de ambulantes, Genaro Izaguirre y Manuel Vásquez, que es subalterno”, aseguró Marleni Gómez Galo, una vendedora a quien le destruyeron su puesto de ventas, que con mucho esfuerzo había logrado construir con material metálico.

La afectada dijo que el hecho se produjo el pasado 8 de septiembre, cuando los inspectores después de golpear a sus hijos, cortaron la canaleta para levantar el puesto de ventas. “me dijeron que yo me tenía que quitarme porque ellos iban a poner ahí a un hombre que solo se conoce como el gallero.

Marleni, tenía 15 años de estar de trabajar en un puesto de venta de artículos de plástico, en el Bulevar del Norte, frente a Elektra, la mayoría de su producto lo había adquirido a través de préstamos. “Yo vendo plástico y me quebraron venta, me llevaron la canaleta que me costó más de 6 mil lempiras”, afirmó.

Aseveró que anteriormente asegurando que no la molestarían, los inspectores habían mandado a una persona identificada únicamente como Cristian, a pedirle que semanalmente les entregara 300 ó 500 lempiras, pero que debido a que sus ingresos a penas le alcanzan para cubrir las necesidades básicas de sus 5 hijos, no pudo complacer la demanda.

“Yo les dije que no podía dar eso porque además de ser madre soltera, trabajo con préstamos y por eso he perdido, la canaleta, la mercadería que me han robado, a mis hijos los han golpeado, a mi me golpearon también”, ratificó Marleni.

La vendedora presentó la denuncia ante Fiscalía Especial de los Derechos Humanos. Sin embargo, evidenciando poco interés para resolver situaciones que afectan a la población, en esta dependencia, desaparecieron la documentación y las evidencias que había presentado. “Hace poco llegaron a que les firmara de nuevo porque me dijeron que la habían perdido con todas las fotografías que llevé”.

Al momento de presentar la denuncia Marleni fue atendida por el oficial Alex Ponce y el caso fue asignado al fiscal Juan Carlos Griffin.

Marleni fue desalojada por la fuerza, la tarde del jueves ocho e septiembre pasado, donde participaron alrededor de 30 inspectores municipales. “Pero los que me golpearon solo fueron dos”, especificó.

“Por ser pobres nos quieren sacar”

Se trata de una joven emprendedora que junto a su padre y sus hermanos, hace ocho años trabaja en un pequeño taller de reparación de celulares, con sus ingresos además comprar sus alimentos, también sostiene sus estudios universitarios. Su centro de trabajo se ubica en la carretera a Olancho, en las afueras del antiguo aserradero Sansoni, lugar donde se construye el Mall Premier.

Desde hace muchos años en ese lugar funcionan 26 puestos de ventas que sirven de base para el sustento de igual número de familias. No ocasionan daño, porque sus ventas se basan en prendas de vestir y alimentos entre otros artículos permitidos por la ley. Tampoco obstaculizan la circulación de los peatones. Sin embargo, la construcción del Mall amenaza con hacerlos desaparecer.

“Nosotros tenemos problema porque allí están construyendo el mall premier, nosotros estábamos pagando, pero ahora nos quieren quitar. Antes teníamos un permiso de operación que era respetado por los inspectores, el mismo Genaro Izaguirre con los de la alcaldía llegaban y a ellos teníamos que darles el dinero, pero después nos fueron a decir que el permiso no tenía valor, nos ponían sellos en las puertas y nos decían que no teníamos derecho a abrir los negocios y que si no hacíamos caso que nos iban a sacar de allí y nos iban a meter presos”, aseguró Katia.

La comerciante dijo que desde que Sansoni vendió el terreno para la construcción del Mall, la municipalidad dejó de cobrarles el impuesto y desde ese momento comenzaron a enviarles notas haciéndoles saber que iban a ser desalojados.

“Nosotros no afectamos el mall, pero ellos dicen que nuestras casetas le quitan presentación porque son feas, no es justo que por ser pobres nos quieran sacar para favorecer al rico que construye el mall. Mi papá tiene un tallercito y de eso subsisto yo, de ahí gano dinero para ir a la universidad y viene la alcaldía solo a decir sálganse para complacer al empresario. Estamos en zozobra porque los meros hondureños no tenemos derecho a nada”, lamentó.

Dijo que el pasado 8 de octubre, por orden de la alcaldía, la policía preventiva realizó un operativo para desalojarlos “los policías andaban con barras de uña metiéndose en los locales, yo andaba con el celular tomando fotos y grabando y entonces me dijeron apague ese celular sino de un garrotazo se lo voy a apear, yo soy autoridad, -¿y ellos porque si me pueden tomar fotos a mi?, - y me querían llevar solo por eso” reflexionó Katia.

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