periodistas de Honduras
28 de noviembre de 2011
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el lunes atentados, amenazas y otros actos de intimidación contra editores y periodistas de Honduras.
La SIP instó asimismo al gobierno hondureño a investigar las denuncias para proteger la integridad física de los comunicadores sociales y garantizar la libertad de prensa, sumándose así al pedido efectuado días atrás por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio.
La semana pasada Custodio condenó el hostigamiento y las amenazas contra los periodistas y editores de los periódicos El Heraldo y La Tribuna, los canales Televicentro y Globo TV, y la emisora Radio Globo.
Se trata de medios que han denunciado hechos de corrupción en la policía y la falta de transparencia en la administración pública, dijo la organización que agrupa a más de 1.300 publicaciones del continente americano.
La SIP "condena estas acciones contra periodistas hondureños y sus familiares, dirigidas a amedrentar a la prensa y mediante la intimidación, provocar autocensura para evitar que se exponga en los medios información comprometedora", expresó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gustavo Mohme, en un comunicado de prensa.
El gobierno ha atribuido los crímenes de periodistas a la delincuencia común. En los últimos tres años han sido asesinados 22 comunicadores.
De acuerdo con las denuncias mencionadas por la SIP en su comunicado, periodistas y editores de El Heraldo reciben mensajes denigrantes y amenazantes en sus teléfonos celulares.
Entre los ejemplos mencionados, la SIP dijo que el 21 de noviembre uno de sus editores fue seguido por un vehículo sospechoso que habría sido decomisado por las autoridades por supuesto vínculo a actividades del crimen organizado.
Por otra parte, un periodista del equipo de investigación de La Tribuna salió ileso de un atentado el 20 de noviembre, luego haber sido seguido a la salida del periódico por desconocidos que le dispararon en varias ocasiones, indicó la SIP.
En el diario también se han recibido varias llamadas sospechosas y uno de sus editores fue detenido en dos ocasiones por la policía entre el 9 y 11 de noviembre y tratado con hostilidad al identificarse como empleado de La Tribuna, indicó la SIP.
El periodista Francisco Hernández, director de un programa noticioso en Radio Globo y Globo TV, denunció por su parte amenazas en su contra y su familia recibidas el 17 de noviembre.
Sólo tres casos de periodistas asesinados han sido aclarados por la policía desde el 2007, de acuerdo a las autoridades. Para los organismos de derechos humanos, Honduras se ha convertido en el país más peligroso para ejercer la profesión después de México.
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En Internet:
http://www.sipiapa.org.
martes, 29 de noviembre de 2011
sábado, 26 de noviembre de 2011
CONADEH Denuncia ante instancias internacionales amenazas contra periodistas
“La palabra es, la espada del espíritu”
Compañeros y compañeras pido a ustedes solidaridad con todo el gremio de periodistas, dueños de medios de comunicacion, locutores y periodistas graficos de Honduras.
ITSMANIA PINEDA PLATERO
Presidenta de XIBALBA DDHH
www.xibalbahonduras.blogspot.com
www.1000peacewomen.org
·El ombudsman hondureño exigió que cese el hostigamiento y las amenazas contra los comunicadores sociales y demandó del gobierno la investigación de las denuncias para evitar que más periodistas pierdan su vida por el ejercicio de su labor.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, denunció ante instancias internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión, las amenazas y los actos de intimidación de los que son víctimas periodistas y editores de diferentes medios de comunicación en el país, que denuncian actos de corrupción y la falta de transparencia en la administración pública.
Custodio condenó los actos intimidatorios contra periodistas y editores de los diarios El Heraldo, La Tribuna, además, Televicentro, Radio Globo y de Globo TV, que denunciaron, en los últimos días, ser objeto de amenazas a su integridad física, la vida y la libertad de expresión.
“Nuestra solidaridad con los medios de comunicación y los miembros del gremio periodístico que velan por el respeto del derecho a la información, investigación y denuncian la corrupción y la impunidad”, dijo Custodio.
En los últimos días, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recibió denuncias de amenazas e intimidación de las que son objeto el periodista Renato Alvarez, conductor del programa Frente a Frente que se transmite por Televicentro, del periodista Francisco Hernández que labora para la cadena Globo TV.
Además, el CONADEH recibió la denuncia de periodistas y editores de los diarios El Heraldo y La Tribuna quehan sido objeto de amenazas contra su integridad física, la vida y la libertad de expresión.
En todos los casos, dijo Custodio, las víctimas han recibido mensajes insultantes, denigrantes e intimidatorios que ponen en riesgo su integridad física y la de sus familiares.
Actos intimidatorios contra el periodista Renato Alvarez
El 09 de noviembre, minutos después de haber ingresado a su casa de habitación, el periodista Renato Alvarez fue informado que su hijo fue objeto de un asalto por tres hombres que se bajaron de un vehículo estacionado frente a su casa, quienes pistola en mano le apuntaron a la cabeza para despojarlo de su mochila y su celular.
Con anterioridad al hecho violento perpetrado contra su hijo, personas desconocidas fuertemente armadas y con celular en mano se han estacionado en los alrededores de la vivienda del periodista.
En los programas noticiosos que coordina el periodista Alvarez,se ha debatido en los últimos días la situación de la Policía Nacional y las denuncias que sobre ella existen por actuaciones al margen de la Ley de sus agentes y oficiales.
Amenazas contra el periodista Francisco Hernández
El 17 de noviembre recién pasado, el periodista Francisco Hernández, que coordina el programa Noti Comentarios de la Tarde en Radio Globo y Globo TV, denunció haber recibidouna serie de llamadas y luego un mensaje donde le decían “Contéstame hijuela gran p… xq si no orita vamos ir aserte la pegada hasta con toda tu familia te vaz a akabar”.
El periodista solicitó al Ministerio Público que investigue el origen de las amenazas en su contra ya que se pone en peligro su integridad física y la vida.
Amenazan a editores y periodistas de El Heraldo
En el caso de los periodistas y editores de diario El Heraldo las amenazas a su integridad física y los mensajes intimidatorioscomenzaron luego que estallaron las denuncias contra la policía y empezaron a publicar los cuestionamientos a la compra de energía térmica.
De acuerdo a la denuncia en sus celulares reciben mensajes insultantes y denigrantes e incluso intimidaciones a los reporteros que andan en la calle.
La situación se acentuó el 21 de noviembre, cuando un vehículo marca Kia Sorento le dio seguimiento sospechoso a uno de los editores. El vehículo era conducido por una persona vestido de policía que iba acompañado con otra persona.
Investigaciones preliminares indican que la placa pertenece a otro vehículo que aparece como bloqueado en la DEI.
Otro de los hallazgos investigados es que el carro fue decomisado por actividades vinculadas al crimen organizado y aparece bloqueado por una orden judicial.
Amenazan a miembros del equipo de investigación de La Tribuna
El 23 de noviembre, también se recibió la denuncia pública de diario La Tribuna en la que se detalla que el 20 de noviembre, uno de los miembros del equipo de investigación de ese rotativo, al salir del periódico, en horas de la noche, con destino a su casa, individuos que se conducían en un vehículo le hicieron dos disparos, de los cuales por fortuna ninguno impactó en su humanidad.
El viernes 18 una persona que se identificó como policía asignado en la colonia Kennedy preguntó sospechosamente por el nombre del reportero que cubre sucesos.
Entre el 9 y el 11 de noviembre, en horas de la noche, uno de los editores fue detenido en dos operativos de la Policía Nacional, en el bulevar de las Fuerzas Armadas, frente a la posta de Las Brisas, donde lo abordaron para solicitarle la licencia de conducir y la boleta de revisión de su vehículo.
De acuerdo al relato, los policías adoptaron una actitud hostil cuando se identificó como empleado de La Tribuna, por lo que lo obligaron a bajarse del vehículo, al parecer, en busca de armas. Luego
de varias consultas telefónicas lo dejaron ir, sin embargo, ahora es objeto de persecución tanto en el bulevar de las Fuerzas Armadas como en el Anillo Periférico.
Finalmente uno de los fotógrafos de diario La Tribuna fue amenazado por el policía Marco Antonio Alvarez, quien se encontraba en la Sala del Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán y mientras el reportero gráfico le tomaba fotografías lo amenazó diciéndole “recordá que voy libre, si me sacas mañana te busco…”.
Gobierno obligado a investigar actos de intimidación
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanoscondena este tipo de amenazas y los ataques contra los comunicadores sociales ya sea provenientes de agentes del Estado como de particulares.
Los hechos relatados, según el CONADEH, son una muestra evidente de la situación de violencia a la que están expuestos los periodistas hondureños como resultado del ejercicio de su profesión.
El defensor de los derechos humanos ve con preocupación que en el país funciona un“aparato organizado de poder” que busca aterrorizar medios de comunicación, periodistas y a todos los que denunciamos la corrupción y defendemos la libertad de expresión en el país.
En una carta reciente remitida al Congreso Nacional, Custodio, recomienda la aprobación inmediata de las figuras penales de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, que por su gravedad deben ser sancionadas con la pena de prisión de por vida.
“Hay autoridades policiales que abusando de la autoridad con que han sido investidos, tienen un aparato organizado de poder que de hecho les otorga licencia para atentar contra el sagrado derecho a la vida de las personas, gozando de hecho de la impunidad por un sospechoso desempeño de sus superiores”, establece la misiva entrega a los diputados.
Según Custodio la violencia contra los periodistas y medios de comunicación continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la información, particularmente contra quienes cubren problemas sociales, como el crimen organizado, el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, corrupción, critican a las autoridades y a los sectores de poder.
El ombudsman hondureño exigió que cese el hostigamiento y las amenazas contra los comunicadores sociales y demandó del gobierno la investigación de las denuncias para evitar que más periodistas pierdan su vida por el ejercicio de su labor.
Señaló que la persistencia de la impunidad en el país genera un sentimiento de impotencia y frustración en el pueblo hondureño.
Compañeros y compañeras pido a ustedes solidaridad con todo el gremio de periodistas, dueños de medios de comunicacion, locutores y periodistas graficos de Honduras.
ITSMANIA PINEDA PLATERO
Presidenta de XIBALBA DDHH
www.xibalbahonduras.blogspot.com
www.1000peacewomen.org
·El ombudsman hondureño exigió que cese el hostigamiento y las amenazas contra los comunicadores sociales y demandó del gobierno la investigación de las denuncias para evitar que más periodistas pierdan su vida por el ejercicio de su labor.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, denunció ante instancias internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión, las amenazas y los actos de intimidación de los que son víctimas periodistas y editores de diferentes medios de comunicación en el país, que denuncian actos de corrupción y la falta de transparencia en la administración pública.
Custodio condenó los actos intimidatorios contra periodistas y editores de los diarios El Heraldo, La Tribuna, además, Televicentro, Radio Globo y de Globo TV, que denunciaron, en los últimos días, ser objeto de amenazas a su integridad física, la vida y la libertad de expresión.
“Nuestra solidaridad con los medios de comunicación y los miembros del gremio periodístico que velan por el respeto del derecho a la información, investigación y denuncian la corrupción y la impunidad”, dijo Custodio.
En los últimos días, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recibió denuncias de amenazas e intimidación de las que son objeto el periodista Renato Alvarez, conductor del programa Frente a Frente que se transmite por Televicentro, del periodista Francisco Hernández que labora para la cadena Globo TV.
Además, el CONADEH recibió la denuncia de periodistas y editores de los diarios El Heraldo y La Tribuna quehan sido objeto de amenazas contra su integridad física, la vida y la libertad de expresión.
En todos los casos, dijo Custodio, las víctimas han recibido mensajes insultantes, denigrantes e intimidatorios que ponen en riesgo su integridad física y la de sus familiares.
Actos intimidatorios contra el periodista Renato Alvarez
El 09 de noviembre, minutos después de haber ingresado a su casa de habitación, el periodista Renato Alvarez fue informado que su hijo fue objeto de un asalto por tres hombres que se bajaron de un vehículo estacionado frente a su casa, quienes pistola en mano le apuntaron a la cabeza para despojarlo de su mochila y su celular.
Con anterioridad al hecho violento perpetrado contra su hijo, personas desconocidas fuertemente armadas y con celular en mano se han estacionado en los alrededores de la vivienda del periodista.
En los programas noticiosos que coordina el periodista Alvarez,se ha debatido en los últimos días la situación de la Policía Nacional y las denuncias que sobre ella existen por actuaciones al margen de la Ley de sus agentes y oficiales.
Amenazas contra el periodista Francisco Hernández
El 17 de noviembre recién pasado, el periodista Francisco Hernández, que coordina el programa Noti Comentarios de la Tarde en Radio Globo y Globo TV, denunció haber recibidouna serie de llamadas y luego un mensaje donde le decían “Contéstame hijuela gran p… xq si no orita vamos ir aserte la pegada hasta con toda tu familia te vaz a akabar”.
El periodista solicitó al Ministerio Público que investigue el origen de las amenazas en su contra ya que se pone en peligro su integridad física y la vida.
Amenazan a editores y periodistas de El Heraldo
En el caso de los periodistas y editores de diario El Heraldo las amenazas a su integridad física y los mensajes intimidatorioscomenzaron luego que estallaron las denuncias contra la policía y empezaron a publicar los cuestionamientos a la compra de energía térmica.
De acuerdo a la denuncia en sus celulares reciben mensajes insultantes y denigrantes e incluso intimidaciones a los reporteros que andan en la calle.
La situación se acentuó el 21 de noviembre, cuando un vehículo marca Kia Sorento le dio seguimiento sospechoso a uno de los editores. El vehículo era conducido por una persona vestido de policía que iba acompañado con otra persona.
Investigaciones preliminares indican que la placa pertenece a otro vehículo que aparece como bloqueado en la DEI.
Otro de los hallazgos investigados es que el carro fue decomisado por actividades vinculadas al crimen organizado y aparece bloqueado por una orden judicial.
Amenazan a miembros del equipo de investigación de La Tribuna
El 23 de noviembre, también se recibió la denuncia pública de diario La Tribuna en la que se detalla que el 20 de noviembre, uno de los miembros del equipo de investigación de ese rotativo, al salir del periódico, en horas de la noche, con destino a su casa, individuos que se conducían en un vehículo le hicieron dos disparos, de los cuales por fortuna ninguno impactó en su humanidad.
El viernes 18 una persona que se identificó como policía asignado en la colonia Kennedy preguntó sospechosamente por el nombre del reportero que cubre sucesos.
Entre el 9 y el 11 de noviembre, en horas de la noche, uno de los editores fue detenido en dos operativos de la Policía Nacional, en el bulevar de las Fuerzas Armadas, frente a la posta de Las Brisas, donde lo abordaron para solicitarle la licencia de conducir y la boleta de revisión de su vehículo.
De acuerdo al relato, los policías adoptaron una actitud hostil cuando se identificó como empleado de La Tribuna, por lo que lo obligaron a bajarse del vehículo, al parecer, en busca de armas. Luego
de varias consultas telefónicas lo dejaron ir, sin embargo, ahora es objeto de persecución tanto en el bulevar de las Fuerzas Armadas como en el Anillo Periférico.
Finalmente uno de los fotógrafos de diario La Tribuna fue amenazado por el policía Marco Antonio Alvarez, quien se encontraba en la Sala del Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán y mientras el reportero gráfico le tomaba fotografías lo amenazó diciéndole “recordá que voy libre, si me sacas mañana te busco…”.
Gobierno obligado a investigar actos de intimidación
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanoscondena este tipo de amenazas y los ataques contra los comunicadores sociales ya sea provenientes de agentes del Estado como de particulares.
Los hechos relatados, según el CONADEH, son una muestra evidente de la situación de violencia a la que están expuestos los periodistas hondureños como resultado del ejercicio de su profesión.
El defensor de los derechos humanos ve con preocupación que en el país funciona un“aparato organizado de poder” que busca aterrorizar medios de comunicación, periodistas y a todos los que denunciamos la corrupción y defendemos la libertad de expresión en el país.
En una carta reciente remitida al Congreso Nacional, Custodio, recomienda la aprobación inmediata de las figuras penales de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, que por su gravedad deben ser sancionadas con la pena de prisión de por vida.
“Hay autoridades policiales que abusando de la autoridad con que han sido investidos, tienen un aparato organizado de poder que de hecho les otorga licencia para atentar contra el sagrado derecho a la vida de las personas, gozando de hecho de la impunidad por un sospechoso desempeño de sus superiores”, establece la misiva entrega a los diputados.
Según Custodio la violencia contra los periodistas y medios de comunicación continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la información, particularmente contra quienes cubren problemas sociales, como el crimen organizado, el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, corrupción, critican a las autoridades y a los sectores de poder.
El ombudsman hondureño exigió que cese el hostigamiento y las amenazas contra los comunicadores sociales y demandó del gobierno la investigación de las denuncias para evitar que más periodistas pierdan su vida por el ejercicio de su labor.
Señaló que la persistencia de la impunidad en el país genera un sentimiento de impotencia y frustración en el pueblo hondureño.
sábado, 19 de noviembre de 2011
“Primero los pobres”: desnudan corrupcion de la alcaldia
Vendedores ambulantes desnudan la corrupción de la alcaldía
Tegucigalpa. El Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (SIVELIH), denunció que funcionarios y empleados la Alcaldía Municipal del Distrito Central, atentan contra el derecho a la vida de sus afiliados. Aunque la organización sindical presentó las denuncias respectivas ante el alcalde Ricardo Álvarez y los órganos de derechos humanos del país, hasta hoy la situación sigue sin resolverse.
Una denuncia que recientemente presentó el SIVELIH ante la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, señala que los vendedores ambulantes ubicados en distintos sectores de la capital, sufren de persecución, amenazas y extorsión por parte de los policías municipales asignados en diversos sectores de la capital.
Detalla la denuncia que entre 15 y 20 policías municipales al mando del jefe de permisos de ambulantes, Genaro Izaguirre, se encargan de realizar desalojos, destruir las mercaderías y hasta de golpear a mujeres, niños y ancianos que trabajan en el mercado Zonal Belén y en el bulevar del Norte.
“En los últimos días golpearon a varias mujeres y a niños en el sector del bulevar del Norte y del Zonal Belén, agrediéndolas con brutalidad, desalojándolas con empujones, solo porque estos no querían perder la mercadería que les da el sustento para mantener a su familia”, dice el documento presentado a la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.
Por la difícil situación que atraviesan, los vendedores ambulantes que en su mayoría son madres solteras y ancianos con mucha necesidad, también se quejaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), organismo al que hicieron saber de los atropellos de que son víctima por parte de los representantes de la alcaldía capitalina.
Las denuncias también fueron presentadas ante la fiscalía especial de los derechos humanos. Sin embargo, el caso duerme el sueño de los justos.
Inspectores abusan del poder
El presidente de SIVELI, Ovidio Zelaya Gómez, pidió a las autoridades escuchar el lamento de los vendedores, sobre todo “porque la dignidad de la mujer está siendo atropellada continuamente, se les está violentando el derecho a trabajar y de tener un lugar digno donde ganarse la vida y eso lo hacen los funcionarios porque tienen el poder en sus manos”.
Detalló que a los vendedores que trabajan en el sector donde se construye el Mall Premier son atropellados continuamente, les saquean sus puestos, les decomisan la mercadería y los obligan a pagar entre 300 y 500 lempiras semanales por dejarlos trabajar.
Denunció que amparados en la supuesta política de reordenamiento, los empleados municipales desalojan a las personas, dándoles plazo de veinticuatro horas, los amenazan con decomisarles la mercadería si no lo hacen. “Pero esto lo hacen para desubicar a los que ya están allí para vender los puestos a otras personas. Ahorita en navidad viene mucha gente de otros sectores y ellos venden las aceras y medianas y se reparten el dinero”, dijo.
Asimismo reveló la existencia de una red organizada al interior de la alcaldía, quienes se han confabulado con personas externas. “Dan los permisos haciendo constar que el nuevo tiene más tiempo del que ya está allí, eso lo hace, Genaro Izaguirre, que es el jefe de permisos de ambulante, pero el jefe de Genaro, es Nelson Abdalá, un ingeniero que es el más molesta a la gente”, expresó el presidente del SIVELI.
“Yo en lo personal, como representante del sindicato quiero que tome nota de la cuenta 001-201-000000316404 que solo aparece con el nombre de Banco Ficosa Fiduciario, en la cual hacen que los vendedores vayan a pagar” especificó.
Siveli cuenta con 50 mil afiliados en todo el país. Mantiene seccionales con los vendedores de los marcados Colon, San Isidro, Zonal Belén y La Isla, a las orillas del Álvarez, 5ª y 7ª avenidas de Comayagüela, Bulevar del Norte, Sansoni, Hospital San Felipe y en el Seguro social de la Granja, además de contar con afiliados en Juticalpa, Campamento, Talanga, Siguatepeque Nacaome, y otros municipios.
La fiscalía me perdió la denuncia y las fotos
“A mí me quitaron porque dijeron que ellos eran autoridad y que podían hacer con los puestos lo que ellos querían. Yo les enseñé mi carne de Siveli y los inspectores me lo tiraron al suelo ellos andaban junto con el jefe de permisos de ambulantes, Genaro Izaguirre y Manuel Vásquez, que es subalterno”, aseguró Marleni Gómez Galo, una vendedora a quien le destruyeron su puesto de ventas, que con mucho esfuerzo había logrado construir con material metálico.
La afectada dijo que el hecho se produjo el pasado 8 de septiembre, cuando los inspectores después de golpear a sus hijos, cortaron la canaleta para levantar el puesto de ventas. “me dijeron que yo me tenía que quitarme porque ellos iban a poner ahí a un hombre que solo se conoce como el gallero.
Marleni, tenía 15 años de estar de trabajar en un puesto de venta de artículos de plástico, en el Bulevar del Norte, frente a Elektra, la mayoría de su producto lo había adquirido a través de préstamos. “Yo vendo plástico y me quebraron venta, me llevaron la canaleta que me costó más de 6 mil lempiras”, afirmó.
Aseveró que anteriormente asegurando que no la molestarían, los inspectores habían mandado a una persona identificada únicamente como Cristian, a pedirle que semanalmente les entregara 300 ó 500 lempiras, pero que debido a que sus ingresos a penas le alcanzan para cubrir las necesidades básicas de sus 5 hijos, no pudo complacer la demanda.
“Yo les dije que no podía dar eso porque además de ser madre soltera, trabajo con préstamos y por eso he perdido, la canaleta, la mercadería que me han robado, a mis hijos los han golpeado, a mi me golpearon también”, ratificó Marleni.
La vendedora presentó la denuncia ante Fiscalía Especial de los Derechos Humanos. Sin embargo, evidenciando poco interés para resolver situaciones que afectan a la población, en esta dependencia, desaparecieron la documentación y las evidencias que había presentado. “Hace poco llegaron a que les firmara de nuevo porque me dijeron que la habían perdido con todas las fotografías que llevé”.
Al momento de presentar la denuncia Marleni fue atendida por el oficial Alex Ponce y el caso fue asignado al fiscal Juan Carlos Griffin.
Marleni fue desalojada por la fuerza, la tarde del jueves ocho e septiembre pasado, donde participaron alrededor de 30 inspectores municipales. “Pero los que me golpearon solo fueron dos”, especificó.
“Por ser pobres nos quieren sacar”
Se trata de una joven emprendedora que junto a su padre y sus hermanos, hace ocho años trabaja en un pequeño taller de reparación de celulares, con sus ingresos además comprar sus alimentos, también sostiene sus estudios universitarios. Su centro de trabajo se ubica en la carretera a Olancho, en las afueras del antiguo aserradero Sansoni, lugar donde se construye el Mall Premier.
Desde hace muchos años en ese lugar funcionan 26 puestos de ventas que sirven de base para el sustento de igual número de familias. No ocasionan daño, porque sus ventas se basan en prendas de vestir y alimentos entre otros artículos permitidos por la ley. Tampoco obstaculizan la circulación de los peatones. Sin embargo, la construcción del Mall amenaza con hacerlos desaparecer.
“Nosotros tenemos problema porque allí están construyendo el mall premier, nosotros estábamos pagando, pero ahora nos quieren quitar. Antes teníamos un permiso de operación que era respetado por los inspectores, el mismo Genaro Izaguirre con los de la alcaldía llegaban y a ellos teníamos que darles el dinero, pero después nos fueron a decir que el permiso no tenía valor, nos ponían sellos en las puertas y nos decían que no teníamos derecho a abrir los negocios y que si no hacíamos caso que nos iban a sacar de allí y nos iban a meter presos”, aseguró Katia.
La comerciante dijo que desde que Sansoni vendió el terreno para la construcción del Mall, la municipalidad dejó de cobrarles el impuesto y desde ese momento comenzaron a enviarles notas haciéndoles saber que iban a ser desalojados.
“Nosotros no afectamos el mall, pero ellos dicen que nuestras casetas le quitan presentación porque son feas, no es justo que por ser pobres nos quieran sacar para favorecer al rico que construye el mall. Mi papá tiene un tallercito y de eso subsisto yo, de ahí gano dinero para ir a la universidad y viene la alcaldía solo a decir sálganse para complacer al empresario. Estamos en zozobra porque los meros hondureños no tenemos derecho a nada”, lamentó.
Dijo que el pasado 8 de octubre, por orden de la alcaldía, la policía preventiva realizó un operativo para desalojarlos “los policías andaban con barras de uña metiéndose en los locales, yo andaba con el celular tomando fotos y grabando y entonces me dijeron apague ese celular sino de un garrotazo se lo voy a apear, yo soy autoridad, -¿y ellos porque si me pueden tomar fotos a mi?, - y me querían llevar solo por eso” reflexionó Katia.
Tegucigalpa. El Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (SIVELIH), denunció que funcionarios y empleados la Alcaldía Municipal del Distrito Central, atentan contra el derecho a la vida de sus afiliados. Aunque la organización sindical presentó las denuncias respectivas ante el alcalde Ricardo Álvarez y los órganos de derechos humanos del país, hasta hoy la situación sigue sin resolverse.
Una denuncia que recientemente presentó el SIVELIH ante la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, señala que los vendedores ambulantes ubicados en distintos sectores de la capital, sufren de persecución, amenazas y extorsión por parte de los policías municipales asignados en diversos sectores de la capital.
Detalla la denuncia que entre 15 y 20 policías municipales al mando del jefe de permisos de ambulantes, Genaro Izaguirre, se encargan de realizar desalojos, destruir las mercaderías y hasta de golpear a mujeres, niños y ancianos que trabajan en el mercado Zonal Belén y en el bulevar del Norte.
“En los últimos días golpearon a varias mujeres y a niños en el sector del bulevar del Norte y del Zonal Belén, agrediéndolas con brutalidad, desalojándolas con empujones, solo porque estos no querían perder la mercadería que les da el sustento para mantener a su familia”, dice el documento presentado a la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.
Por la difícil situación que atraviesan, los vendedores ambulantes que en su mayoría son madres solteras y ancianos con mucha necesidad, también se quejaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), organismo al que hicieron saber de los atropellos de que son víctima por parte de los representantes de la alcaldía capitalina.
Las denuncias también fueron presentadas ante la fiscalía especial de los derechos humanos. Sin embargo, el caso duerme el sueño de los justos.
Inspectores abusan del poder
El presidente de SIVELI, Ovidio Zelaya Gómez, pidió a las autoridades escuchar el lamento de los vendedores, sobre todo “porque la dignidad de la mujer está siendo atropellada continuamente, se les está violentando el derecho a trabajar y de tener un lugar digno donde ganarse la vida y eso lo hacen los funcionarios porque tienen el poder en sus manos”.
Detalló que a los vendedores que trabajan en el sector donde se construye el Mall Premier son atropellados continuamente, les saquean sus puestos, les decomisan la mercadería y los obligan a pagar entre 300 y 500 lempiras semanales por dejarlos trabajar.
Denunció que amparados en la supuesta política de reordenamiento, los empleados municipales desalojan a las personas, dándoles plazo de veinticuatro horas, los amenazan con decomisarles la mercadería si no lo hacen. “Pero esto lo hacen para desubicar a los que ya están allí para vender los puestos a otras personas. Ahorita en navidad viene mucha gente de otros sectores y ellos venden las aceras y medianas y se reparten el dinero”, dijo.
Asimismo reveló la existencia de una red organizada al interior de la alcaldía, quienes se han confabulado con personas externas. “Dan los permisos haciendo constar que el nuevo tiene más tiempo del que ya está allí, eso lo hace, Genaro Izaguirre, que es el jefe de permisos de ambulante, pero el jefe de Genaro, es Nelson Abdalá, un ingeniero que es el más molesta a la gente”, expresó el presidente del SIVELI.
“Yo en lo personal, como representante del sindicato quiero que tome nota de la cuenta 001-201-000000316404 que solo aparece con el nombre de Banco Ficosa Fiduciario, en la cual hacen que los vendedores vayan a pagar” especificó.
Siveli cuenta con 50 mil afiliados en todo el país. Mantiene seccionales con los vendedores de los marcados Colon, San Isidro, Zonal Belén y La Isla, a las orillas del Álvarez, 5ª y 7ª avenidas de Comayagüela, Bulevar del Norte, Sansoni, Hospital San Felipe y en el Seguro social de la Granja, además de contar con afiliados en Juticalpa, Campamento, Talanga, Siguatepeque Nacaome, y otros municipios.
La fiscalía me perdió la denuncia y las fotos
“A mí me quitaron porque dijeron que ellos eran autoridad y que podían hacer con los puestos lo que ellos querían. Yo les enseñé mi carne de Siveli y los inspectores me lo tiraron al suelo ellos andaban junto con el jefe de permisos de ambulantes, Genaro Izaguirre y Manuel Vásquez, que es subalterno”, aseguró Marleni Gómez Galo, una vendedora a quien le destruyeron su puesto de ventas, que con mucho esfuerzo había logrado construir con material metálico.
La afectada dijo que el hecho se produjo el pasado 8 de septiembre, cuando los inspectores después de golpear a sus hijos, cortaron la canaleta para levantar el puesto de ventas. “me dijeron que yo me tenía que quitarme porque ellos iban a poner ahí a un hombre que solo se conoce como el gallero.
Marleni, tenía 15 años de estar de trabajar en un puesto de venta de artículos de plástico, en el Bulevar del Norte, frente a Elektra, la mayoría de su producto lo había adquirido a través de préstamos. “Yo vendo plástico y me quebraron venta, me llevaron la canaleta que me costó más de 6 mil lempiras”, afirmó.
Aseveró que anteriormente asegurando que no la molestarían, los inspectores habían mandado a una persona identificada únicamente como Cristian, a pedirle que semanalmente les entregara 300 ó 500 lempiras, pero que debido a que sus ingresos a penas le alcanzan para cubrir las necesidades básicas de sus 5 hijos, no pudo complacer la demanda.
“Yo les dije que no podía dar eso porque además de ser madre soltera, trabajo con préstamos y por eso he perdido, la canaleta, la mercadería que me han robado, a mis hijos los han golpeado, a mi me golpearon también”, ratificó Marleni.
La vendedora presentó la denuncia ante Fiscalía Especial de los Derechos Humanos. Sin embargo, evidenciando poco interés para resolver situaciones que afectan a la población, en esta dependencia, desaparecieron la documentación y las evidencias que había presentado. “Hace poco llegaron a que les firmara de nuevo porque me dijeron que la habían perdido con todas las fotografías que llevé”.
Al momento de presentar la denuncia Marleni fue atendida por el oficial Alex Ponce y el caso fue asignado al fiscal Juan Carlos Griffin.
Marleni fue desalojada por la fuerza, la tarde del jueves ocho e septiembre pasado, donde participaron alrededor de 30 inspectores municipales. “Pero los que me golpearon solo fueron dos”, especificó.
“Por ser pobres nos quieren sacar”
Se trata de una joven emprendedora que junto a su padre y sus hermanos, hace ocho años trabaja en un pequeño taller de reparación de celulares, con sus ingresos además comprar sus alimentos, también sostiene sus estudios universitarios. Su centro de trabajo se ubica en la carretera a Olancho, en las afueras del antiguo aserradero Sansoni, lugar donde se construye el Mall Premier.
Desde hace muchos años en ese lugar funcionan 26 puestos de ventas que sirven de base para el sustento de igual número de familias. No ocasionan daño, porque sus ventas se basan en prendas de vestir y alimentos entre otros artículos permitidos por la ley. Tampoco obstaculizan la circulación de los peatones. Sin embargo, la construcción del Mall amenaza con hacerlos desaparecer.
“Nosotros tenemos problema porque allí están construyendo el mall premier, nosotros estábamos pagando, pero ahora nos quieren quitar. Antes teníamos un permiso de operación que era respetado por los inspectores, el mismo Genaro Izaguirre con los de la alcaldía llegaban y a ellos teníamos que darles el dinero, pero después nos fueron a decir que el permiso no tenía valor, nos ponían sellos en las puertas y nos decían que no teníamos derecho a abrir los negocios y que si no hacíamos caso que nos iban a sacar de allí y nos iban a meter presos”, aseguró Katia.
La comerciante dijo que desde que Sansoni vendió el terreno para la construcción del Mall, la municipalidad dejó de cobrarles el impuesto y desde ese momento comenzaron a enviarles notas haciéndoles saber que iban a ser desalojados.
“Nosotros no afectamos el mall, pero ellos dicen que nuestras casetas le quitan presentación porque son feas, no es justo que por ser pobres nos quieran sacar para favorecer al rico que construye el mall. Mi papá tiene un tallercito y de eso subsisto yo, de ahí gano dinero para ir a la universidad y viene la alcaldía solo a decir sálganse para complacer al empresario. Estamos en zozobra porque los meros hondureños no tenemos derecho a nada”, lamentó.
Dijo que el pasado 8 de octubre, por orden de la alcaldía, la policía preventiva realizó un operativo para desalojarlos “los policías andaban con barras de uña metiéndose en los locales, yo andaba con el celular tomando fotos y grabando y entonces me dijeron apague ese celular sino de un garrotazo se lo voy a apear, yo soy autoridad, -¿y ellos porque si me pueden tomar fotos a mi?, - y me querían llevar solo por eso” reflexionó Katia.
domingo, 13 de noviembre de 2011
Cuatro Periodistas Latinoamericanos
Cuatro Periodistas Latinoamericanos entre ellos la hondureña Claudia Mendoza, ex coordinadora de Revistazo.com denuncian en Madrid el acoso a la prensa
Madrid -EFE- Cuatro periodistas latinoamericanos denunciaron hoy en Madrid el acoso que sufre la prensa en sus respectivos países, en los que los reporteros tienen que hacer frente a constantes amenazas, secuestros, requerimientos judiciales e incluso asesinatos para ejercer su profesión.
En una mesa redonda organizada en la facultad de Ciencias de la Información por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), el colombiano Herbin Hoyos, la hondureña Claudia Mendoza, el ecuatoriano Luis Vivanco y la mexicana Rosa Isela Pérez, expusieron las situaciones por las que, en algunos casos, han tenido que abandonar su país.
Sólo en lo que va de año, 30 periodistas han sido asesinados en América Latina, según indicó Malén Aznárez, presidenta de RSF-España al comienzo del acto.
Colombia, Honduras, Ecuador y México suman 16 de esos fallecidos en 2011, aunque, puntualizó Aznárez, "no hay que olvidar a los que no han muerto, pero permanecen encarcelados, secuestrados o exiliados por intentar defender la libertad de expresión.
El periodista Herbin Hoyos fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1994, cuando trabajaba en Bogotá en la emisora Radio Caracol.
De su cautiverio surgió el programa "Las voces del secuestro", que no sólo permitió conectar a cientos de personas con sus familiares secuestrados, sino que ofreció a Hoyos la posibilidad de desarticular bandas de grupos terroristas y otras en las que participaban miembros de las Fuerzas de Seguridad colombianas.
"A todos los que estamos aquí nos une un factor común: la corrupción que existe en las instituciones de nuestros países. Colombia es el laboratorio, del narcotráfico, el secuestro y el dinero fácil", dijo.
Para la mexicana Rosa Isela Pérez Torres, que ejerció su profesión en Ciudad Juárez, se hacía "muy difícil vivir y trabajar en una frontera con tantas mafias, corrupción y acuerdos económicos entre los grupos de poder de la zona".
Pérez Torres, exiliada en España desde hace dos años tras haber sido amenazada reiteradamente por denunciar los casos de asesinatos y violaciones de mujeres en su ciudad, explicó que "los propios medios de comunicación guardan relación con esos grupos de poder".
"La información se revisa para que no perjudique a la relación que se tiene con ellos. En ningún momento sentí el respaldo de mis jefes, y cuando me echaron de mi empleo nadie me quiso dar trabajo. Se me hizo un boicot laboral", indicó.
Una investigación sobre un grupo de empresas de seguridad en Honduras fue el detonante de las contantes amenazas y el acoso al que se enfrenta en su trabajo la periodista Claudia Mendoza, quien afirma que desde hace dos años su país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
"Durante el golpe de estado que sacó del poder en 2009 a Manuel Zalaya los medios de comunicación se abstrajeron de forma deliberada de los que estaba pasando. Los medios independientes que intentaron informar sufrieron cierres, persecuciones y se les retiró la publicidad", subrayó.
Mendoza recordó el cobro de un "impuesto de guerra" de las maras y pandillas que operan en Honduras, y se preguntó si "también habrá que pagar uno para la libertad de expresión".
En los último cuatro años Ecuador ha pasado a ser uno de los países más restrictivos en toda la región en cuanto a libertad de prensa se refiere, según indicó Luis Vivanco, jefe de información del diario La Hora, en Quito.
Vivanco explicó el caso del periódico "El Universo", cuyos directivos han sido condenados a pagar 40 millones de dólares de multa y se enfrentan a penas de no menos de tres años de cárcel por la publicación de una columna de opinión sobre el presidente del país, Rafael Correa.
"Los constantes requerimientos judiciales sirven para atemorizar a los periodistas en un país en el que, desde la llegada de Correa al poder 19 medios de comunicación han pasado a manos públicas y en total son 1.025 cadenas nacionales las que emiten 150 horas obligatorias para atacar al resto", afirmó.
Madrid -EFE- Cuatro periodistas latinoamericanos denunciaron hoy en Madrid el acoso que sufre la prensa en sus respectivos países, en los que los reporteros tienen que hacer frente a constantes amenazas, secuestros, requerimientos judiciales e incluso asesinatos para ejercer su profesión.
En una mesa redonda organizada en la facultad de Ciencias de la Información por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), el colombiano Herbin Hoyos, la hondureña Claudia Mendoza, el ecuatoriano Luis Vivanco y la mexicana Rosa Isela Pérez, expusieron las situaciones por las que, en algunos casos, han tenido que abandonar su país.
Sólo en lo que va de año, 30 periodistas han sido asesinados en América Latina, según indicó Malén Aznárez, presidenta de RSF-España al comienzo del acto.
Colombia, Honduras, Ecuador y México suman 16 de esos fallecidos en 2011, aunque, puntualizó Aznárez, "no hay que olvidar a los que no han muerto, pero permanecen encarcelados, secuestrados o exiliados por intentar defender la libertad de expresión.
El periodista Herbin Hoyos fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1994, cuando trabajaba en Bogotá en la emisora Radio Caracol.
De su cautiverio surgió el programa "Las voces del secuestro", que no sólo permitió conectar a cientos de personas con sus familiares secuestrados, sino que ofreció a Hoyos la posibilidad de desarticular bandas de grupos terroristas y otras en las que participaban miembros de las Fuerzas de Seguridad colombianas.
"A todos los que estamos aquí nos une un factor común: la corrupción que existe en las instituciones de nuestros países. Colombia es el laboratorio, del narcotráfico, el secuestro y el dinero fácil", dijo.
Para la mexicana Rosa Isela Pérez Torres, que ejerció su profesión en Ciudad Juárez, se hacía "muy difícil vivir y trabajar en una frontera con tantas mafias, corrupción y acuerdos económicos entre los grupos de poder de la zona".
Pérez Torres, exiliada en España desde hace dos años tras haber sido amenazada reiteradamente por denunciar los casos de asesinatos y violaciones de mujeres en su ciudad, explicó que "los propios medios de comunicación guardan relación con esos grupos de poder".
"La información se revisa para que no perjudique a la relación que se tiene con ellos. En ningún momento sentí el respaldo de mis jefes, y cuando me echaron de mi empleo nadie me quiso dar trabajo. Se me hizo un boicot laboral", indicó.
Una investigación sobre un grupo de empresas de seguridad en Honduras fue el detonante de las contantes amenazas y el acoso al que se enfrenta en su trabajo la periodista Claudia Mendoza, quien afirma que desde hace dos años su país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
"Durante el golpe de estado que sacó del poder en 2009 a Manuel Zalaya los medios de comunicación se abstrajeron de forma deliberada de los que estaba pasando. Los medios independientes que intentaron informar sufrieron cierres, persecuciones y se les retiró la publicidad", subrayó.
Mendoza recordó el cobro de un "impuesto de guerra" de las maras y pandillas que operan en Honduras, y se preguntó si "también habrá que pagar uno para la libertad de expresión".
En los último cuatro años Ecuador ha pasado a ser uno de los países más restrictivos en toda la región en cuanto a libertad de prensa se refiere, según indicó Luis Vivanco, jefe de información del diario La Hora, en Quito.
Vivanco explicó el caso del periódico "El Universo", cuyos directivos han sido condenados a pagar 40 millones de dólares de multa y se enfrentan a penas de no menos de tres años de cárcel por la publicación de una columna de opinión sobre el presidente del país, Rafael Correa.
"Los constantes requerimientos judiciales sirven para atemorizar a los periodistas en un país en el que, desde la llegada de Correa al poder 19 medios de comunicación han pasado a manos públicas y en total son 1.025 cadenas nacionales las que emiten 150 horas obligatorias para atacar al resto", afirmó.
sábado, 5 de noviembre de 2011
Asuntos Internos nunca dio resultado “altos jefes policiales apañan actos delictivos”
Lo más reciente 5 noviembre, 2011
LATRIBUNA.HN
TEGUCIGALPA.- Para defensores de los Derechos Humanos (DDHH) y analistas políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Internos nunca cumplió con los objetivos para los que fue creada debidos a los altos niveles de corrupción que se han destapado en los últimos días.
Itsmania Pineda: Existe un informe a nivel internacional de policías que integran bandas del crimen organizado.Del 2009 a inicios del 2011 esta unidad policial ha recibido más 5,000 denuncias por faltas y delitos cometidas por agentes de la Policía Nacional, y a las que supuestamente les siguen un proceso de investigación.
Por delitos se registran unas 540 denuncias y sin méritos recibieron 1,104, sin encontrar indicios racionales, pero todavía tienen más 3,184 en proceso de investigación, revelan los informes del titular de esa dependencia, Santos Simeón Flores.
Según las mismas autoridades, la mayor parte de las denuncias pertenecen a elementos de la escala básica que son 12,000 policías, comparado a un poco más de 1,000 oficiales.
En ese sentido, la procuradora de DD.HH y miembro de la Red Mundial de Mil Mujeres de Paz, Itsmania Pineda, señaló que de las zonas de donde más se reciben denuncias por abusos de policías es la costa norte, Tegucigalpa, Trujillo y Santa Bárbara.
Aseguró que existe un informe a nivel internacional de policías que integran bandas del crimen organizado, narcotráfico, secuestros y se estima que unos 1,500 elementos están siendo investigados por haber cometido algún tipo de crimen.
ABUSO DE AUTORIDAD
Pineda, lamentó que por lo general las autoridades tipifican las acciones delictivas de los agentes policiales como abuso de autoridad, cuando en realidad las acciones son tan graves como tentativa de homicidio.
Ejemplificó que hace unos años policías jugaron a la ruleta rusa con niños de ocho años, poniéndoles la pistola en los sentidos y obligándola a halar del gatillo con tiro en la pistola y pese a que a nivel internacional se vio como tentativa de asesinato, las autoridades en Honduras lo calificaron como abuso de autoridad.
Dijo que la investigación la realizó la Unidad de Asuntos Internos, en tal sentido, señaló que esa dependencia “nunca dio los resultados esperados, pese a que ellos hablan de 5,000 denuncias en los últimos dos o tres años, pero recientemente presentó unos 1,500 casos a la Ministerio Público. Sin embargo, no iban evacuados completamente”.
“Sus investigaciones no son suficientemente profundas para reforzar un caso en la Fiscalía, no presentan los documentos, ni los hechos que involucran a los policías teniendo como resultado la pérdida de los casos”.
“El problema es que no hacen las investigaciones profundas por temor u amistad” dijo, al tiempo de lamentar que mientras se desarrollan las investigaciones los policías están libres o las autoridades superiores los mandan como jefes a otros departamentos del país y hasta los ascienden.
Raul Pineda Alvarado: “Hay que reconocer que existen altos niveles de contaminación”.Además, refirió que también hay negligencia de las autoridades del Ministerio Público por medio de sus diferentes fiscalías por lentos procesos que siguen para presentar los requerimientos fiscales.
ORGANIZACIONES CRIMINALES
“Lo que pasó con el hijo de doña Julieta Castellanos es apenas la punta del Iceberg, porque en la Policía funciona una verdadera organización criminal y con conocimiento de los mismos jefes”, declaró a LA TRIBUNA, el analista político, Raúl Pineda Alvarado.
Indicó que los hechos delictivos realizados por los elementos policiales, son hechos con profunda eficacia y “son los jefes policiales que en este momento están poniendo en precaria la existencia de la policía”.
En ese sentido, dijo que se tiene que considerar seriamente la capacidad de intervenir la Policía, que no es un trabajo que puede desempeñar individualmente el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Pineda, recomendó tomar la experiencia de 1993, donde se nombró una junta interventora, encabezada por personas respetables, honestas y conocedoras del tema, con voluntad y firmeza como en aquel entonces que fue Oscar Andrés Rodríguez.
Sugirió integrar una comisión de policías honestos y especialmente seleccionados, personas de la sociedad civil bien informados y con asesoría de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA).
De ahí comenzar hacer una labor efectiva de depuración, desde los altos mandos policiales hasta la escala básica, acompañado con acciones emergentes.
CONTAMINADA
Reconoció que no toda la policía está contaminada. “Hay que reconocer que existen altos niveles de contaminación. Sin embargo, pueden ser depurados por una decisión política del Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa y el Congreso Nacional”.
“Este no es un problema donde hay que estar improvisando, sino de tomar las experiencias del pasado y entender que el problema es mucho más grande y complicado”.
Señaló que la población tiene altos niveles de desconfianza en la Policía, debido a que no está siendo controlada. “Las instituciones en que menos confía la sociedad hondureña son los políticos y la policial, pero son los políticos los obligados a tomar acciones urgentes, para castigar drásticamente a los que portan un uniforme, pero que son una amenaza para la población”.
En ese sentido, el Congreso Nacional, aprobó el jueves anterior desconcentrar los Asuntos Internos para crear la Dirección de Investigación y Evaluación de la Cerrera Policial, con el propósito de hacer más transparentes los procesos de investigación.
LATRIBUNA.HN
TEGUCIGALPA.- Para defensores de los Derechos Humanos (DDHH) y analistas políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Internos nunca cumplió con los objetivos para los que fue creada debidos a los altos niveles de corrupción que se han destapado en los últimos días.
Itsmania Pineda: Existe un informe a nivel internacional de policías que integran bandas del crimen organizado.Del 2009 a inicios del 2011 esta unidad policial ha recibido más 5,000 denuncias por faltas y delitos cometidas por agentes de la Policía Nacional, y a las que supuestamente les siguen un proceso de investigación.
Por delitos se registran unas 540 denuncias y sin méritos recibieron 1,104, sin encontrar indicios racionales, pero todavía tienen más 3,184 en proceso de investigación, revelan los informes del titular de esa dependencia, Santos Simeón Flores.
Según las mismas autoridades, la mayor parte de las denuncias pertenecen a elementos de la escala básica que son 12,000 policías, comparado a un poco más de 1,000 oficiales.
En ese sentido, la procuradora de DD.HH y miembro de la Red Mundial de Mil Mujeres de Paz, Itsmania Pineda, señaló que de las zonas de donde más se reciben denuncias por abusos de policías es la costa norte, Tegucigalpa, Trujillo y Santa Bárbara.
Aseguró que existe un informe a nivel internacional de policías que integran bandas del crimen organizado, narcotráfico, secuestros y se estima que unos 1,500 elementos están siendo investigados por haber cometido algún tipo de crimen.
ABUSO DE AUTORIDAD
Pineda, lamentó que por lo general las autoridades tipifican las acciones delictivas de los agentes policiales como abuso de autoridad, cuando en realidad las acciones son tan graves como tentativa de homicidio.
Ejemplificó que hace unos años policías jugaron a la ruleta rusa con niños de ocho años, poniéndoles la pistola en los sentidos y obligándola a halar del gatillo con tiro en la pistola y pese a que a nivel internacional se vio como tentativa de asesinato, las autoridades en Honduras lo calificaron como abuso de autoridad.
Dijo que la investigación la realizó la Unidad de Asuntos Internos, en tal sentido, señaló que esa dependencia “nunca dio los resultados esperados, pese a que ellos hablan de 5,000 denuncias en los últimos dos o tres años, pero recientemente presentó unos 1,500 casos a la Ministerio Público. Sin embargo, no iban evacuados completamente”.
“Sus investigaciones no son suficientemente profundas para reforzar un caso en la Fiscalía, no presentan los documentos, ni los hechos que involucran a los policías teniendo como resultado la pérdida de los casos”.
“El problema es que no hacen las investigaciones profundas por temor u amistad” dijo, al tiempo de lamentar que mientras se desarrollan las investigaciones los policías están libres o las autoridades superiores los mandan como jefes a otros departamentos del país y hasta los ascienden.
Raul Pineda Alvarado: “Hay que reconocer que existen altos niveles de contaminación”.Además, refirió que también hay negligencia de las autoridades del Ministerio Público por medio de sus diferentes fiscalías por lentos procesos que siguen para presentar los requerimientos fiscales.
ORGANIZACIONES CRIMINALES
“Lo que pasó con el hijo de doña Julieta Castellanos es apenas la punta del Iceberg, porque en la Policía funciona una verdadera organización criminal y con conocimiento de los mismos jefes”, declaró a LA TRIBUNA, el analista político, Raúl Pineda Alvarado.
Indicó que los hechos delictivos realizados por los elementos policiales, son hechos con profunda eficacia y “son los jefes policiales que en este momento están poniendo en precaria la existencia de la policía”.
En ese sentido, dijo que se tiene que considerar seriamente la capacidad de intervenir la Policía, que no es un trabajo que puede desempeñar individualmente el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Pineda, recomendó tomar la experiencia de 1993, donde se nombró una junta interventora, encabezada por personas respetables, honestas y conocedoras del tema, con voluntad y firmeza como en aquel entonces que fue Oscar Andrés Rodríguez.
Sugirió integrar una comisión de policías honestos y especialmente seleccionados, personas de la sociedad civil bien informados y con asesoría de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA).
De ahí comenzar hacer una labor efectiva de depuración, desde los altos mandos policiales hasta la escala básica, acompañado con acciones emergentes.
CONTAMINADA
Reconoció que no toda la policía está contaminada. “Hay que reconocer que existen altos niveles de contaminación. Sin embargo, pueden ser depurados por una decisión política del Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa y el Congreso Nacional”.
“Este no es un problema donde hay que estar improvisando, sino de tomar las experiencias del pasado y entender que el problema es mucho más grande y complicado”.
Señaló que la población tiene altos niveles de desconfianza en la Policía, debido a que no está siendo controlada. “Las instituciones en que menos confía la sociedad hondureña son los políticos y la policial, pero son los políticos los obligados a tomar acciones urgentes, para castigar drásticamente a los que portan un uniforme, pero que son una amenaza para la población”.
En ese sentido, el Congreso Nacional, aprobó el jueves anterior desconcentrar los Asuntos Internos para crear la Dirección de Investigación y Evaluación de la Cerrera Policial, con el propósito de hacer más transparentes los procesos de investigación.
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