sábado, 27 de agosto de 2011
INFORME CRIMENES CONTRA MUJERES AUTOR DESCONOCIDO
POR: ITSMANIA PINEDA PLATERO
Mujeres entre los 15 y 44 años son las principales víctimas
La violencia en contra de la mujeres se ha convertido en uno de los crímenes mas difíciles de resolver . En el año 2010, la Policía Nacional contabilizó el asesinato de 385 mujeres, sin embargo, el Observatorio de la Violencia establece 438 casos.
Mientras las autoridades de la Secretaria de Seguridad de Honduras culpan al Ministerio Publico de la inferencia al momento de capturar un delincuente y dejarlo en libertad.
Representan de la "fiscalía de la mujer" opinan que hay una gran deficiencia en el sistema de operadores de justicia, " expreso: no es nuestra culpa, para el caso nosotros solo contamos con una morguera y dos médicos forenses para dar asistencia en momentos como los actuales donde el índice de criminalidad se ha elevado"
Adan del Cid de la Unidad de Acción inmediata expreso lo siguiente: Como investigador nosotros evacuamos un promedio de 17 casos diarios por agente, pero estos deben ser enviados a las diferentes fiscalias, al llegar al ministerio publico, hay una deficiencia en la cantidad de agentes para investigar los casos, por ejemplo; la fiscalía de la mujer únicamente cuenta con dos investigadores, cuando el investigador toma un caso por lo general ya han pasado tres meses, eso desanima a la víctima, la cual decide al final abandonar el caso y no regresar.
En todos los casos las victimas esperan eficiencia, pero es evidente la burocracia y el protocolo que lleva una denuncia cuando se trata de niñes, violencia contra la mujer, sea domestica o intrafamiliar o en casos del adulto mayor, los tramiten son engorrosos y las mismas autoridades los vuelven complicados al extremo de que las victimas terminan por defraudarse y dejar de creer en la justicia haciendo mas grande la " impunidad".
Mientras tanto, el municipio de San Pedro Sula ha registrado 95 crímenes. Le siguen La Ceiba con 20, Choloma con 11 muertes. Tela, La Lima, Catacamas y El Progreso registran 10 muertes cada uno y ocho femicidios se registran en Copán Ruinas y Olanchito. Un aspecto preocupante radica en el rango de edades de las mujeres asesinadas son jóvenes, casi todas con edades de entre 15 a 44.
Los familiares de las víctimas relataron a los agentes que las mujeres, en su mayoría, eran amas de casa o trabajaban en oficios domésticos, una minoría eran profesionales.
Apesar que en el año 2001-2005, a razón de la muertes de niños y jóvenes las diferentes relatorias en derechos Humanos aconsejaron a Honduras la necesidad urgente de establecer un Registro balístico, empezando por las armas confiadas a entes policiales, el Estado de Honduras esta en la obligacion de adquirir el equipo dactiloscopico científico necesario para hacer efentiva esta ley.
Pero la regulacion en el registro de armas de fuego que circulan en el país es incontrolable, y son las pistolas el implemento más utilizado en los femicidios.
Según el informe, de los 438 asesinatos de mujeres, 346 se perpetraron con arma de fuego. Ramón Custodio condenó las constantes muertes de mujeres que ocurren en el país y exhortó a las autoridades encargadas de la seguridad a investigar cada uno de los crímenes para que los mismos no queden en la impunidad. Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos responsabilizó de la actual situación de violencia contra las mujeres a la ausencia de políticas públicas preventivas, la carencia de programas específicos contra el femicidio, las deficiencias en la investigación y la consecuente impunidad.
“Podemos hablar de una situación de impunidad y que la mayor parte de crímenes violentos en contra de las mujeres quedan sin castigo y eso, en una sociedad como esta, no debe suceder”,dijo.
Custodio recomendó al gobierno que se fortalezca la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, así como la implementación de toda medida encaminada a la prevención de los femicidios.
En algunos casos las mujeres han sido víctimas de un crimen pasional perpetrado por su actual pareja o por una ex pareja.
Según los investigadores, otras mujeres han sido asesinadas por amantes de sus esposos, quienes las ven como un obstáculo para entablar una relación formal con el hombre infiel.
Son muchos los casos de femicidios que se encuentran en proceso de investigación debido a que los posibles responsables han abandonado el lugar donde residían o por la poca información que brindan los vecinos del lugar donde encontraron el cadáver.
Un factor agrabante es la poca colaboración que prestan los familiares de las mujeres asesinadas, muchos dicen que no pueden confiar en la justicia ya que eso pone tambien en riesgo la vida de los que sobreviven a estas tragedias.
Según CONADEH:
Impunidad agudiza la muerte violenta de mujeres en Honduras
• Desde el 2008 a la fecha se registró un promedio de más de una víctima diaria con el hallazgo que, en el 94% de los crímenes él o los responsables son personas desconocidas para las autoridades de investigación.
• En una carta remitida recientemente al Congreso Nacional urgió a los diputados se tipifique el delito de femicidio en el Código Penal para sancionar sin contemplaciones a los autores de tan abominables hechos.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, condenó la forma violenta en que más de una docena de mujeres perdieron la vida, en los últimos días, a manos de familiares y desconocidos y lamentó la impunidad con que actúan los responsables de cometer tan abominables crímenes.
El ombudsman hondureño urgió a las autoridades encargadas de la seguridad mayor efectividad en sus actuaciones hasta dar con los responsables y ponerlos a la orden de los tribunales, para que los crímenes no se sumen a la larga lista de casos impunes que se registran a diario en el país por falta de investigación.
Los hechos violentos comenzaron en la aldea Barrosa, municipio de San Ignacio, Francisco Morazán, donde un padre de familia identificado como Ricardo Ramos le infirió un disparo en la cabeza a su esposa Mabelí Elvir con quien había procreado cuatro hijos, uno de ellos de apenas dos meses de nacido.
La ola de crímenes continuó contra la odontóloga Dulce María Hernández, a quien un individuo no identificado le disparó sobre su humanidad provocándole la muerte, en las cercanías de su residencia, otra mujer dedicada al rubro de los bienes y raíces fue abatida a tiros en la calle que conduce a la Villa Olímpica de Tegucigalpa.
En Olancho, la señora Vilma Gaitán murió violentamente a manos de su propio hijo que le infringió alrededor de siete puñaladas en su cuello y tórax. En Tocoa, la Reina Mejía y su esposo, el vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Pedro Salgado, fueron ejecutados en su propia casa por desconocidos.
La lista continuó con el asesinato de la dueña de una pulpería localizada en la colonia Flor del Campo de Comayagüela, más otra que murió a manos de hombres no identificados cuando echaba tortillas de harina en una glorieta de la colonia Lempira en el sector de Chamelecón.
Los interminables hechos violentos contra las mujeres continuaron con la ejecución de la presidenta del patronato de la colonia “10 de Septiembre”, a manos de personas desconocidas, en Chamelecón, a ésta se suma la muerte de Doris Lizzeth Moreno y su esposo acribillados en la colonia Planeta de San Pedro Sula.
Preocupado por la situación de violencia contra las mujeres, el ombudsman hondureño, remitió en fecha reciente una carta al Congreso Nacional, en la que urge se tipifique el delito de femicidio en el Código Penal, como una de las medidas para contrarrestar la violencia contra las mujeres y sancionar a los autores de tan abominables hechos, que en los últimos tres años y medio dejo como saldo el promedio de más de una víctima diaria.
Custodio explicó que el femicidio no existe en el Código Penal hondureño por lo que se aplican otros tipos penales detallados en el título sobre los “Delitos contra la vida y la integridad corporal”.
“Estamos tratando que en el Código Penal se tipifique en forma individualizada el crimen contra la mujer y si es posible que haya una pena agravada”, dijo.
El femicidio es calificado, por Custodio, como la mayor violación a los derechos humanos y el más grave delito de violencia contra la mujer por el ensañamiento que hay por parte del victimario, al mutilar, desmembrar o dejar marcas en el cuerpo de la víctima.
Agregó que ese ensañamiento se vio reflejado en el sangriento episodio ocurrido en San Pedro Sula que involucra a una profesora, su hermana y una bebe de 18 meses que fueron abatidas por criminales en el interior de su auto cuando regresaban del cine con destino a su residencia.
Señaló que en manos de los asesinos perecen desde profesionales universitarias, amas de casa, estudiantes, trabajadoras de maquilas, vendedoras, ancianas y hasta niñas de escasos meses de nacida.
Se estima que entre el año 2002 y el primer semestre del 2011 murieron en forma violenta alrededor de 2,400 mujeres.
Uno de los hallazgos, hasta ahora, es que el 70% de las víctimas tienen un rango de edad entre los 15 y los 40 años, aunque las más expuestas a morir en forma violenta son las mujeres entre los 20 y los 24 años.
La situación es de tal magnitud que, en los primeros seis meses del 2001, alrededor de 220 mujeres perdieron la vida en forma violenta, de las cuales el 83% fueron víctimas de las armas de fuego, un 14% de las armas blancas, mientras que el resto murió por asfixia, estrangulamiento y por otras causas violentas.
Señaló que uno de los hechos lamentables, sobre la muerte violenta de mujeres, es que en apenas el 6% de los casos se conoce al responsable del hecho lo que indica que en el 94% de los crímenes el responsable es una persona desconocida para las autoridades encargadas de la investigación.
El defensor de los derechos humanos considera que la actual situación de violencia contra las mujeres es producto de la ausencia de políticas públicas preventivas, la carencia de programas específicos contra el femicidio, las deficiencias en la investigación y la impunidad
domingo, 21 de agosto de 2011
POLICIAS COMETEN TENTATIVA DE DETENCION ILEGAL CONTRA PERIODISTA
Honduras Tierra Libre Honduras Tierra Libre Tegucigalpa, MDC 20 de agosto de 2011.
Licenciado
Oscar Arturo Alvarez Guerrero
Ministro de Seguridad.
Con el respeto debido, le remito copia de la esta denuncia pública, interpuesta ante mi persona, por la Periodista y Defensora de Derechos Humanos Itsmania Pineda Plateros, para que usted en cumplimiento del mandato legal de la Secretaría de Seguridad y a través de los órganos competentes especializados, proceda ordenar a quien corresponda, realizar una investigación sería y formal, sobre este abuso de autoridad y violación de los Derechos Humanos contra la Periodista Pineda Plateros, cometida por estos dos agentes policiales de la Dirección Nacional de Transito, asignados al Distrito Policial del Manchen, bajos las ordenes del Comisario Soto actualmente, por encontrarse de vacaciones el Comisario Héctor Orlando Ruiz, quienes al parecer pueden estar incluso o supuestamente, involucrados en otros actos criminales como el que recientemente la ocurrió a una ciudadana en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Toncontín, siendo asaltada en plena luz del día, por no portar identificación los agentes de Transito en las patrullas motorizadas, por el nuevo chaleco que usted les ha colocado sin número y sin nombre, lo que les protege la identidad para operar impunemente, dejando en estado de Indefensión a la población, hecho denunciado públicamente por el periodista David Romero Elner, Director de Noticias de Radio Globo, el día jueves y verificado por el Comisionado General, Director Nacional de la Policía Don José Luis Muños Licona ese mismo día en el programa noticioso.
Considerando la seriedad de la denuncia y el deber del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad, de Proteger la vida, libertad e integridad de los y las defensoras de Derechos Humanos, operadores de justicia, periodistas y comunicadores sociales, conforme la resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es necesario señor Ministro, realizar investigaciones y depuraciones profundas en la policía nacional a efecto de parar estos abusos, amenazas y atentados a la seguridad ciudadana, desde funcionarios irresponsables que se aprovechan del poder que tienen, investidos de autoridad que les confiere la institución policial, para desprestigiar al país.
Con fundamento en el artículo 80 constitucional y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Código Penal y Procesal Penal y la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el cumplimiento de mi deber como ciudadano hondureño, de notificar a las autoridades competentes hechos delictivos que tuviere conocimiento por razón de mi profesión a usted Pido: Que en forma responsable se informe a la población y la víctima de este abuso policial, sobre las medidas tomadas y se ordene brindar la protección especial que el caso amerite, para evitar que este abuso de autoridad constitutivo de Tentativa de Detención Ilegal y ofensas a la Dignidad Personal contra la Periodista y Defensora de Derechos Humanos Itsmania Pineda Plateros, así como los daños ocasionados a la Unidad de Transporte, no quede en la impunidad como tantos otros casos cometidos contra periodistas y comunicadores sociales.
De usted con mi más alta consideración y respeto.
Atentamente,
Leonel Casco Gutiérrez
Procurador de los Derechos Humanos
Cel. 9892-6935
DENUNCIA
Tegucigalpa, MDC 19 de agosto de 2011.
LEONEL CASCO GUTIERREZ
PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS
Yo, ITSMANIA PINEDA PLATERO, hondureña, periodista, defensora de los Derechos Humanos, Miembro voluntaria de la Red Mundial de Mil Mujeres de Paz, comparezco ante usted a interponer la siguiente denuncia:HECHOSEl día doce de agosto del año 2011, a las 17:30 horas de la tarde, me disponía a regresar a mi casa ubicada en la colonia las Torres, me subí a un microbús, cuando a la altura de la primera avenida del puente Estocolmo, exactamente bajo el semáforo, una motocicleta con dos agentes de tránsito que portaban un chaleco color verde que no permitían ver el nombre de estos, ni el número que los identificaba, interceptaron el microbús, ordenándole al chofer que se detuviera y al mismo tiempo uno de los agentes trigueño de complexión gruesa, aproximadamente de unos 52 años, ordeno que yo me bajara del bus haciendo uso de palabras groseras, me decía que me bajara en el mercado, nosotros le discutimos que era muy peligroso, entonces él dijo que si yo no me bajaba del bus entonces él se subiría en el bus y nos llevaría detenidos.
Al no acceder el policía trigueño que no identifique su nombre ordeno al conductor del bus que arrancara nos conducimos rumbo al centro de Tegucigalpa, la moto nos seguía, aprovechando la fila de vehículos paramos frente al congreso, ahí una mujer que también viajaba se bajó corriendo y apunto la placa de la moto que la tenía al lado derecho casi escondida “M1-03”, yo trate de bajar pero el policía que conducía la moto de nombre MARCO ALONSO GALINDO ALVARADO, más o menos de unos 30 años , delgado bajo de estatura, trigueño claro, SACO SUS ESPOSAS Y en tono grosero y amenazante me dijo que me dejara poner las esposas, que subiera al bus, que me llevaba presa.Personas que se encontraban en el punto de microbuses del congreso rodearon a los policías e impidieron que este me subiera nuevamente al bus y me pusiera las esposa, el trigueño de edad más avanzada me ofendía verbalmente cuando por fin decidí identificarme y le dije que trabajaba en organizaciones de derechos humanos, “ ESO LOS ENOJO AUN MAS” .
Se llevaron al conductor, y le quebraron el vidrio lateral de la puerta,Cabe hacer notar Sr. Procurador, que estos policías son de Tránsito y están asignados a la posta del MANCHEN. Procedí a denunciar estos hechos a la “dirección general de investigación criminal”, y posteriormente llevar la denuncia a Asuntos Internos para que esta declaración sea ampliada considero que por ser policías también deben aparecer sus denuncias igual que el resto de los ciudadanos que infringen la ley, una opción para COMBATIR LA IMPUNIDAD es la equidad en la aplicación de la justicia, no importa quién sea el que comete la falta o delito. Este hecho aparece registrado con el número de denuncia 0801-2011-26565
Cabe hacer notar que en estos días he estado apoyando a la Fiscal de Derechos Humanos MERCEDES SUYAPA VASQUEZ COELLO, en asuntos relacionados con abuso de autoridad.
ITSMANIA PINEDA PLATERO
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESIDENTA DE ORGANIZACIÓN XIBALBA
96031998 celular
Licenciado
Oscar Arturo Alvarez Guerrero
Ministro de Seguridad.
Con el respeto debido, le remito copia de la esta denuncia pública, interpuesta ante mi persona, por la Periodista y Defensora de Derechos Humanos Itsmania Pineda Plateros, para que usted en cumplimiento del mandato legal de la Secretaría de Seguridad y a través de los órganos competentes especializados, proceda ordenar a quien corresponda, realizar una investigación sería y formal, sobre este abuso de autoridad y violación de los Derechos Humanos contra la Periodista Pineda Plateros, cometida por estos dos agentes policiales de la Dirección Nacional de Transito, asignados al Distrito Policial del Manchen, bajos las ordenes del Comisario Soto actualmente, por encontrarse de vacaciones el Comisario Héctor Orlando Ruiz, quienes al parecer pueden estar incluso o supuestamente, involucrados en otros actos criminales como el que recientemente la ocurrió a una ciudadana en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Toncontín, siendo asaltada en plena luz del día, por no portar identificación los agentes de Transito en las patrullas motorizadas, por el nuevo chaleco que usted les ha colocado sin número y sin nombre, lo que les protege la identidad para operar impunemente, dejando en estado de Indefensión a la población, hecho denunciado públicamente por el periodista David Romero Elner, Director de Noticias de Radio Globo, el día jueves y verificado por el Comisionado General, Director Nacional de la Policía Don José Luis Muños Licona ese mismo día en el programa noticioso.
Considerando la seriedad de la denuncia y el deber del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad, de Proteger la vida, libertad e integridad de los y las defensoras de Derechos Humanos, operadores de justicia, periodistas y comunicadores sociales, conforme la resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es necesario señor Ministro, realizar investigaciones y depuraciones profundas en la policía nacional a efecto de parar estos abusos, amenazas y atentados a la seguridad ciudadana, desde funcionarios irresponsables que se aprovechan del poder que tienen, investidos de autoridad que les confiere la institución policial, para desprestigiar al país.
Con fundamento en el artículo 80 constitucional y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Código Penal y Procesal Penal y la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el cumplimiento de mi deber como ciudadano hondureño, de notificar a las autoridades competentes hechos delictivos que tuviere conocimiento por razón de mi profesión a usted Pido: Que en forma responsable se informe a la población y la víctima de este abuso policial, sobre las medidas tomadas y se ordene brindar la protección especial que el caso amerite, para evitar que este abuso de autoridad constitutivo de Tentativa de Detención Ilegal y ofensas a la Dignidad Personal contra la Periodista y Defensora de Derechos Humanos Itsmania Pineda Plateros, así como los daños ocasionados a la Unidad de Transporte, no quede en la impunidad como tantos otros casos cometidos contra periodistas y comunicadores sociales.
De usted con mi más alta consideración y respeto.
Atentamente,
Leonel Casco Gutiérrez
Procurador de los Derechos Humanos
Cel. 9892-6935
DENUNCIA
Tegucigalpa, MDC 19 de agosto de 2011.
LEONEL CASCO GUTIERREZ
PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS
Yo, ITSMANIA PINEDA PLATERO, hondureña, periodista, defensora de los Derechos Humanos, Miembro voluntaria de la Red Mundial de Mil Mujeres de Paz, comparezco ante usted a interponer la siguiente denuncia:HECHOSEl día doce de agosto del año 2011, a las 17:30 horas de la tarde, me disponía a regresar a mi casa ubicada en la colonia las Torres, me subí a un microbús, cuando a la altura de la primera avenida del puente Estocolmo, exactamente bajo el semáforo, una motocicleta con dos agentes de tránsito que portaban un chaleco color verde que no permitían ver el nombre de estos, ni el número que los identificaba, interceptaron el microbús, ordenándole al chofer que se detuviera y al mismo tiempo uno de los agentes trigueño de complexión gruesa, aproximadamente de unos 52 años, ordeno que yo me bajara del bus haciendo uso de palabras groseras, me decía que me bajara en el mercado, nosotros le discutimos que era muy peligroso, entonces él dijo que si yo no me bajaba del bus entonces él se subiría en el bus y nos llevaría detenidos.
Al no acceder el policía trigueño que no identifique su nombre ordeno al conductor del bus que arrancara nos conducimos rumbo al centro de Tegucigalpa, la moto nos seguía, aprovechando la fila de vehículos paramos frente al congreso, ahí una mujer que también viajaba se bajó corriendo y apunto la placa de la moto que la tenía al lado derecho casi escondida “M1-03”, yo trate de bajar pero el policía que conducía la moto de nombre MARCO ALONSO GALINDO ALVARADO, más o menos de unos 30 años , delgado bajo de estatura, trigueño claro, SACO SUS ESPOSAS Y en tono grosero y amenazante me dijo que me dejara poner las esposas, que subiera al bus, que me llevaba presa.Personas que se encontraban en el punto de microbuses del congreso rodearon a los policías e impidieron que este me subiera nuevamente al bus y me pusiera las esposa, el trigueño de edad más avanzada me ofendía verbalmente cuando por fin decidí identificarme y le dije que trabajaba en organizaciones de derechos humanos, “ ESO LOS ENOJO AUN MAS” .
Se llevaron al conductor, y le quebraron el vidrio lateral de la puerta,Cabe hacer notar Sr. Procurador, que estos policías son de Tránsito y están asignados a la posta del MANCHEN. Procedí a denunciar estos hechos a la “dirección general de investigación criminal”, y posteriormente llevar la denuncia a Asuntos Internos para que esta declaración sea ampliada considero que por ser policías también deben aparecer sus denuncias igual que el resto de los ciudadanos que infringen la ley, una opción para COMBATIR LA IMPUNIDAD es la equidad en la aplicación de la justicia, no importa quién sea el que comete la falta o delito. Este hecho aparece registrado con el número de denuncia 0801-2011-26565
Cabe hacer notar que en estos días he estado apoyando a la Fiscal de Derechos Humanos MERCEDES SUYAPA VASQUEZ COELLO, en asuntos relacionados con abuso de autoridad.
ITSMANIA PINEDA PLATERO
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESIDENTA DE ORGANIZACIÓN XIBALBA
96031998 celular
domingo, 14 de agosto de 2011
ALERTA AMERICA, PLAN DE SEGURIDAD OEA
10 de abril de 2011—
SAN SALVADOR, CA.
En el tiempo transcurrido desde la inmolación pública de Mohamed Bouazizi en un mercado de Túnez, una ola de protestas se extendió en el mundo árabe y mucho más allá. Su acto proporcionó la chispa que encendió la llama de la rebelión en millones de personas que sienten que se violan sus derechos, se les niega dignidad y se limitan sus oportunidades económicas.
Este drama regional, que continúa dominando el ciclo de noticias, forma parte de una larga historia que afecta las vidas de más de 1.500 millones de personas en países afectados por violencia política o criminal, desde naciones en desarrollo de África, América Latina y Asia hasta algunas de ingreso alto.
El Informe sobre el desarrollo mundial 2011: Conflicto, seguridad y desarrollo (IDM) destaca el efecto devastador de los enfrentamientos persistentes sobre las perspectivas de desarrollo de un país o región, observando que los 1.500 millones de personas que viven en zonas afectadas por conflictos tienen el doble de probabilidades de quedar sumidos en la pobreza. Ningún Estado frágil de ingreso bajo ha logrado alcanzar siquiera un objetivo de desarrollo del milenio y las tasas de pobreza son más del 20% más altas en países afectados por disputas que en otros.
“Los niños que viven en los Estados frágiles tienen el doble de probabilidades de padecer desnutrición y el triple de probabilidades de no asistir a la escuela. Y los efectos de la violencia en una región pueden extenderse a otras partes del mundo, y menoscabar así las perspectivas de desarrollo de otras naciones e impedir las perspectivas económicas de regiones enteras”, dijo el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick.
Las guerras civiles y entre Estados dominaron los enfrentamientos violentos en el último siglo. Actualmente prevalecen los brotes virulentos vinculados con disputas locales, represión y delincuencia organizada. Estas formas de violencia se entremezclan y mutan, exponiendo a las sociedades a ciclos repetitivos de violencia.
Instituciones legítimas en beneficio de la seguridad de los ciudadanos, la justicia y el empleo actúan como un sistema inmune contra amenazas de violencia
La violencia organizada del siglo XXI es impulsada por una serie de presiones internas e internacionales, como el desempleo entre los jóvenes; las crisis de ingresos; las tensiones entre grupos étnicos, religiosos o sociales; la desigualdad, y la infiltración de redes de tráfico y delincuencia organizada. En encuestas ciudadanas realizadas para el informe, el desempleo fue citado abrumadoramente como el factor más importante para el reclutamiento en pandillas y movimientos rebeldes.
Sin embargo, estas tensiones no terminan en violencia en todos los países. El IDM brinda nueva evidencia de que los Estados que carecen de instituciones legítimas, incluidos los que tienen altos niveles de corrupción y abuso de los derechos humanos, son menos capaces de contener estas presiones. Las instituciones legítimas son el sistema inmune que protege a las sociedades de los riesgos de una violencia generalizada.
“Para que podamos romper los círculos de violencia y reducir los factores de tensión que los provocan, los países deben crear instituciones más legítimas, responsables y eficientes que brinden seguridad, justicia y empleo a la ciudadanía”, dijo Zoellick.
Lecciones nacionales sobre transiciones hacia un futuro sin violencia
El IDM extrae enseñanzas de países de ingreso alto, mediano y bajo que han transitado hacia un futuro sin violencia. En situaciones de fragilidad, es necesario realizar esfuerzos deliberados para generar confianza entre los ciudadanos y el Estado. Esto, a su vez, requiere coaliciones políticas que sean suficientemente incluyentes para generar un amplio respaldo nacional orientado al cambio y esfuerzos encaminados decididamente a señalar una ruptura con el pasado, mediante resultados inmediatos confiables y medidas que fehacientemente aseguren el compromiso de cambio.
“En el IDM se ha recogido la experiencia de los países y líderes nacionales que han conducido exitosamente transiciones destinadas a dejar atrás los círculos repetitivos de violencia: esta es la verdadera contribución del informe”,dijo Nigel Roberts, codirector de la publicación.
La pronta acción es fundamental para devolver la confianza, pero el IDM muestra también que las transformaciones institucionales requieren tiempo. Les tomó una generación a los más rápidos reformadores del siglo XX para reformar las instituciones nacionales débiles o ilegítimas y volverlas resistentes a la violencia y la inestabilidad. Las sociedades que han logrado alejarse de la violencia han atravesado una secuencia de transiciones, no simplemente un único momento de cambio.
Para los reformadores nacionales, el IDM proporciona una serie de herramientas que han sido valiosas para restablecer la confianza entre los ciudadanos y el Estado en países que llevan adelante procesos de transición exitosos. Dichas herramientas incluyen medidas para aumentar la transparencia, asignaciones presupuestarias especiales para grupos desfavorecidos, nuevos nombramientos, la derogación de leyes discriminatorias y compromisos creíbles respecto de cronogramas realistas para la reforma a más largo plazo. Asimismo, se describen cinco programas prácticos a nivel nacional destinados a establecer un vínculo entre la rápida generación de confianza y la transformación institucional a más largo plazo: en la creación de empleo, en reformas de la seguridad y la justicia, en el otorgamiento de más poder a la comunidad, en la participación de la mujer y en medidas de lucha contra la corrupción.
Adaptación de la asistencia internacional
Es necesaria una nueva orientación del pensamiento internacional que lo aleje del énfasis excesivo en la reconstrucción a corto plazo después del conflicto y lo acerque a la reducción permanente de los riesgos en distintas situaciones, dicen los autores del informe. Las recomendaciones se basaron en los aportes de muchas otras organizaciones.
“En este informe se recoge el análisis de los investigadores y la experiencia de los encargados de formular las políticas en la comunidad del desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas y las instituciones regionales del mundo. La combinación de estos elementos proporciona información sumamente valiosa sobre los aspectos de políticas, seguridad y economía que se encuentran presentes a la hora de resolver los conflictos”, expresó Roberts.
En la publicación se recomienda incrementar el apoyo internacional en las siguientes esferas:
Brindar mayor asistencia, y en forma más integrada, a fin de mejorar la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo.
Reformar los sistemas internos de los organismos para respaldar las medidas inmediatas destinadas a restablecer la confianza y el fortalecimiento institucional a largo plazo.
Tomar medidas a nivel regional y mundial para hacer frente a las tensiones externas, como los efectos que provocan en los Estados frágiles la corrupción internacional, el tráfico ilegal y la inseguridad alimentaria.
Alcanzar un nuevo consenso internacional acerca de las normas de liderazgo responsable y fomentar el intercambio de conocimientos a partir de la experiencia de los países de ingreso mediano.
“Los líderes nacionales y mundiales deben mejorar la manera de responder a la demandas de empleo y justicia de la ciudadanía, desde el norte de África hasta Côte d'Ivoire, pasando por Haití. El sistema internacional debe reorientar la asistencia hacia la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo en las situaciones más frágiles. Para ello, habrá que reformar los procedimientos de los organismos internacionales, respondiendo a nivel regional, y renovar los esfuerzos de cooperación entre los países de ingreso bajo, mediano y alto”, declaró Sarah Cliffe, codirectora y representante especial del Informe sobre el desarrollo mundial
La 41º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó en San Salvador con un proyecto de Declaración Final que pide a los países miembros fortalecer la seguridad a fin de contrarrestar el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en la región.La denominada Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas incluye más de una docena de acuerdos e insta al Consejo Permanente de la OEA a elaborar un plan de acción hemisférico que asegure el cumplimiento de lo establecido.
El documento fija la obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas en materia de seguridad pública que se remitan a las causas que generan la violencia y la inseguridad, respetando los derechos humanos y la legislación.
También que se garantice a la población el "acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justicia penal eficaz, transparente y confiable".
Durante un encuentro con la prensa al margen de las sesiones, el secretario general de OEA, José Miguel Insulza, destacó la consolidación de la democracia en la región.
"Tenemos el continente más democrático que hayamos tenido nunca", dijo Insulza, quien subrayó que existe “un afianzamiento fuerte del proceso democrático, tanto el electoral como de estabilidad de los gobiernos".
Sin embargo, según un informe presentado por la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la organización, América Latina es la región más violenta del mundo, con un promedio de una persona muerta cada cuatro minutos.
Según Adam Blackwell, titular de la secretaría, en el mundo se registran ocho muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mientras que esa tasa casi se duplica en la región, con 14,9.
Reforzar los mecanismos
Insulza recalcó que el organismo regional apoya una iniciativa de América Central para crear un plan que frene la violencia desatada por el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas en la región y dio el respaldo de la OEA a una reunión que habrá el 22 y 23 de junio en Guatemala.
La denominada Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica tendrá como objetivo buscar apoyo económico y material con ese fin. Por lo pronto, durante su reciente visita a El Salvador, el presidente de EE.UU., Barack Obama, ofreció $200 millones para el plan.
En la reunión plenaria, los cancilleres y representantes de los estados miembros también abordaron la vieja demanda de Bolivia de recuperar la salida al mar que perdió en la Guerra del Pacífico, en la segunda mitad del siglo XIX, frente a Chile. Insulza dijo que sobre el asunto no fue presentado ningún proyecto de resolución.
Costa Rica propuso adoptar cambios para fortalecer la OEA, entre ellos "reformular" la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El canciller costarricense, René Castro, también dijo que la organización debe someter a una “revisión integral” los mecanismos interamericanos de defensa, que calificó de “obsoletos”.
Por su parte, el canciller chileno, Alfredo Moreno, propuso "reforzar los mecanismos" para prevenir rupturas del orden democrático en la región, y apoyó una reforma de la Carta Democrática de la OEA siempre y cuando no se altere “la esencia de ese instrumento".
SAN SALVADOR, CA.
En el tiempo transcurrido desde la inmolación pública de Mohamed Bouazizi en un mercado de Túnez, una ola de protestas se extendió en el mundo árabe y mucho más allá. Su acto proporcionó la chispa que encendió la llama de la rebelión en millones de personas que sienten que se violan sus derechos, se les niega dignidad y se limitan sus oportunidades económicas.
Este drama regional, que continúa dominando el ciclo de noticias, forma parte de una larga historia que afecta las vidas de más de 1.500 millones de personas en países afectados por violencia política o criminal, desde naciones en desarrollo de África, América Latina y Asia hasta algunas de ingreso alto.
El Informe sobre el desarrollo mundial 2011: Conflicto, seguridad y desarrollo (IDM) destaca el efecto devastador de los enfrentamientos persistentes sobre las perspectivas de desarrollo de un país o región, observando que los 1.500 millones de personas que viven en zonas afectadas por conflictos tienen el doble de probabilidades de quedar sumidos en la pobreza. Ningún Estado frágil de ingreso bajo ha logrado alcanzar siquiera un objetivo de desarrollo del milenio y las tasas de pobreza son más del 20% más altas en países afectados por disputas que en otros.
“Los niños que viven en los Estados frágiles tienen el doble de probabilidades de padecer desnutrición y el triple de probabilidades de no asistir a la escuela. Y los efectos de la violencia en una región pueden extenderse a otras partes del mundo, y menoscabar así las perspectivas de desarrollo de otras naciones e impedir las perspectivas económicas de regiones enteras”, dijo el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick.
Las guerras civiles y entre Estados dominaron los enfrentamientos violentos en el último siglo. Actualmente prevalecen los brotes virulentos vinculados con disputas locales, represión y delincuencia organizada. Estas formas de violencia se entremezclan y mutan, exponiendo a las sociedades a ciclos repetitivos de violencia.
Instituciones legítimas en beneficio de la seguridad de los ciudadanos, la justicia y el empleo actúan como un sistema inmune contra amenazas de violencia
La violencia organizada del siglo XXI es impulsada por una serie de presiones internas e internacionales, como el desempleo entre los jóvenes; las crisis de ingresos; las tensiones entre grupos étnicos, religiosos o sociales; la desigualdad, y la infiltración de redes de tráfico y delincuencia organizada. En encuestas ciudadanas realizadas para el informe, el desempleo fue citado abrumadoramente como el factor más importante para el reclutamiento en pandillas y movimientos rebeldes.
Sin embargo, estas tensiones no terminan en violencia en todos los países. El IDM brinda nueva evidencia de que los Estados que carecen de instituciones legítimas, incluidos los que tienen altos niveles de corrupción y abuso de los derechos humanos, son menos capaces de contener estas presiones. Las instituciones legítimas son el sistema inmune que protege a las sociedades de los riesgos de una violencia generalizada.
“Para que podamos romper los círculos de violencia y reducir los factores de tensión que los provocan, los países deben crear instituciones más legítimas, responsables y eficientes que brinden seguridad, justicia y empleo a la ciudadanía”, dijo Zoellick.
Lecciones nacionales sobre transiciones hacia un futuro sin violencia
El IDM extrae enseñanzas de países de ingreso alto, mediano y bajo que han transitado hacia un futuro sin violencia. En situaciones de fragilidad, es necesario realizar esfuerzos deliberados para generar confianza entre los ciudadanos y el Estado. Esto, a su vez, requiere coaliciones políticas que sean suficientemente incluyentes para generar un amplio respaldo nacional orientado al cambio y esfuerzos encaminados decididamente a señalar una ruptura con el pasado, mediante resultados inmediatos confiables y medidas que fehacientemente aseguren el compromiso de cambio.
“En el IDM se ha recogido la experiencia de los países y líderes nacionales que han conducido exitosamente transiciones destinadas a dejar atrás los círculos repetitivos de violencia: esta es la verdadera contribución del informe”,dijo Nigel Roberts, codirector de la publicación.
La pronta acción es fundamental para devolver la confianza, pero el IDM muestra también que las transformaciones institucionales requieren tiempo. Les tomó una generación a los más rápidos reformadores del siglo XX para reformar las instituciones nacionales débiles o ilegítimas y volverlas resistentes a la violencia y la inestabilidad. Las sociedades que han logrado alejarse de la violencia han atravesado una secuencia de transiciones, no simplemente un único momento de cambio.
Para los reformadores nacionales, el IDM proporciona una serie de herramientas que han sido valiosas para restablecer la confianza entre los ciudadanos y el Estado en países que llevan adelante procesos de transición exitosos. Dichas herramientas incluyen medidas para aumentar la transparencia, asignaciones presupuestarias especiales para grupos desfavorecidos, nuevos nombramientos, la derogación de leyes discriminatorias y compromisos creíbles respecto de cronogramas realistas para la reforma a más largo plazo. Asimismo, se describen cinco programas prácticos a nivel nacional destinados a establecer un vínculo entre la rápida generación de confianza y la transformación institucional a más largo plazo: en la creación de empleo, en reformas de la seguridad y la justicia, en el otorgamiento de más poder a la comunidad, en la participación de la mujer y en medidas de lucha contra la corrupción.
Adaptación de la asistencia internacional
Es necesaria una nueva orientación del pensamiento internacional que lo aleje del énfasis excesivo en la reconstrucción a corto plazo después del conflicto y lo acerque a la reducción permanente de los riesgos en distintas situaciones, dicen los autores del informe. Las recomendaciones se basaron en los aportes de muchas otras organizaciones.
“En este informe se recoge el análisis de los investigadores y la experiencia de los encargados de formular las políticas en la comunidad del desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas y las instituciones regionales del mundo. La combinación de estos elementos proporciona información sumamente valiosa sobre los aspectos de políticas, seguridad y economía que se encuentran presentes a la hora de resolver los conflictos”, expresó Roberts.
En la publicación se recomienda incrementar el apoyo internacional en las siguientes esferas:
Brindar mayor asistencia, y en forma más integrada, a fin de mejorar la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo.
Reformar los sistemas internos de los organismos para respaldar las medidas inmediatas destinadas a restablecer la confianza y el fortalecimiento institucional a largo plazo.
Tomar medidas a nivel regional y mundial para hacer frente a las tensiones externas, como los efectos que provocan en los Estados frágiles la corrupción internacional, el tráfico ilegal y la inseguridad alimentaria.
Alcanzar un nuevo consenso internacional acerca de las normas de liderazgo responsable y fomentar el intercambio de conocimientos a partir de la experiencia de los países de ingreso mediano.
“Los líderes nacionales y mundiales deben mejorar la manera de responder a la demandas de empleo y justicia de la ciudadanía, desde el norte de África hasta Côte d'Ivoire, pasando por Haití. El sistema internacional debe reorientar la asistencia hacia la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo en las situaciones más frágiles. Para ello, habrá que reformar los procedimientos de los organismos internacionales, respondiendo a nivel regional, y renovar los esfuerzos de cooperación entre los países de ingreso bajo, mediano y alto”, declaró Sarah Cliffe, codirectora y representante especial del Informe sobre el desarrollo mundial
La 41º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó en San Salvador con un proyecto de Declaración Final que pide a los países miembros fortalecer la seguridad a fin de contrarrestar el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en la región.La denominada Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas incluye más de una docena de acuerdos e insta al Consejo Permanente de la OEA a elaborar un plan de acción hemisférico que asegure el cumplimiento de lo establecido.
El documento fija la obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas en materia de seguridad pública que se remitan a las causas que generan la violencia y la inseguridad, respetando los derechos humanos y la legislación.
También que se garantice a la población el "acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justicia penal eficaz, transparente y confiable".
Durante un encuentro con la prensa al margen de las sesiones, el secretario general de OEA, José Miguel Insulza, destacó la consolidación de la democracia en la región.
"Tenemos el continente más democrático que hayamos tenido nunca", dijo Insulza, quien subrayó que existe “un afianzamiento fuerte del proceso democrático, tanto el electoral como de estabilidad de los gobiernos".
Sin embargo, según un informe presentado por la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la organización, América Latina es la región más violenta del mundo, con un promedio de una persona muerta cada cuatro minutos.
Según Adam Blackwell, titular de la secretaría, en el mundo se registran ocho muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mientras que esa tasa casi se duplica en la región, con 14,9.
Reforzar los mecanismos
Insulza recalcó que el organismo regional apoya una iniciativa de América Central para crear un plan que frene la violencia desatada por el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas en la región y dio el respaldo de la OEA a una reunión que habrá el 22 y 23 de junio en Guatemala.
La denominada Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica tendrá como objetivo buscar apoyo económico y material con ese fin. Por lo pronto, durante su reciente visita a El Salvador, el presidente de EE.UU., Barack Obama, ofreció $200 millones para el plan.
En la reunión plenaria, los cancilleres y representantes de los estados miembros también abordaron la vieja demanda de Bolivia de recuperar la salida al mar que perdió en la Guerra del Pacífico, en la segunda mitad del siglo XIX, frente a Chile. Insulza dijo que sobre el asunto no fue presentado ningún proyecto de resolución.
Costa Rica propuso adoptar cambios para fortalecer la OEA, entre ellos "reformular" la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El canciller costarricense, René Castro, también dijo que la organización debe someter a una “revisión integral” los mecanismos interamericanos de defensa, que calificó de “obsoletos”.
Por su parte, el canciller chileno, Alfredo Moreno, propuso "reforzar los mecanismos" para prevenir rupturas del orden democrático en la región, y apoyó una reforma de la Carta Democrática de la OEA siempre y cuando no se altere “la esencia de ese instrumento".
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