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La libertad de expresión continúa en riesgo en Honduras pues persisten amenazas, intimidaciones y ataques no solo a medios de comunicación sino a periodistas. Además el manto de la impunidad que cubre el asesinato de cinco periodistas en este período. Hasta el momento el gobierno no ha esclarecido los crímenes y los responsables intelectuales y materiales siguen sin conocerse.
Aunque en el caso de David Meza, asesinado el 11 de marzo, los señalados por las autoridades fueron liberados por falta de pruebas, por el crimen de Jorge Alberto Orellana, ocurrido el 20 de abril, uno de los imputados está preso. Los demás asesinatos están impunes.
En este período, un comunicador sufrió un atentado, ocho fueron agredidos, dos recibieron amenazas a muerte, se registraron ataques contra los edificios de tres medios de comunicación y la frecuencia de un canal de televisión fue confiscada por el gobierno.
Por otra parte, se destaca la actitud renuente de las instituciones gubernamentales a rendir cuentas sobre la planificación, el uso y el destino de los fondos públicos.
El compromiso del presidente Porfirio Lobo de defender la libertad de prensa y de expresión está muy lejos de concretarse. Su administración ha tratado con mucha indiferencia los asesinatos, atentados y amenazas contra periodistas, así como los ataques a los edificios de los medios de comunicación, incluyendo al edificio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Las acciones del Poder Ejecutivo y Legislativo son de un claro irrespeto a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como desconocen sentencias judiciales al respecto.
Principales hechos en este período:
El 8 de agosto, el periodista Mario Salinas, quien dirige el programa “Ante la Nación” en canal 21 de San Pedro Sula, denunció ante a la policía que era víctima de persecución por parte de personas desconocidas, aunque luego denunció que su queja no fue considerada.
El 18 de agosto, el periodista Nelson Joaquín Murillo, de Radio América fue agredido por un grupo de personas ligadas al denominado frente de resistencia popular, afín al ex presidente Manuel Zelaya Rosales.
El 19 de agosto, el reportero gráfico de diario La Tribuna, Amílcar Luque, denunció ante el comisionado Nacional de los Derechos Humanos la agresión de que fue objeto un día antes (18 de agosto) por parte de miembros del grupo llamado resistencia popular.
Luque aseguró que en la agresión participó el ciudadano sueco Dick Emanuelson, quien supuestamente labora como corresponsal de una revista sueca. Según su relato, cuando el tomaba fotografías de una protesta, frente a un hotel cercano a Casa Presidencial, el supuesto corresponsal lo empezó a filmar.
El 19 de agosto, la periodista Itsmania Pineda Platero, presidenta de la organización Xibalba, Arte y Cultura, denunció que fue agredida por tres sujetos que se introdujeron a su casa el domingo 15 de agosto y que el lunes 16 fue amenazada por los mismos individuos por haber reportado lo sucedido a la autoridad.
El 24 de agosto, el periodista Israel Zelaya Díaz, de 56 años de edad, que colaboraba con el programa “Claro y Pelado” de Radio Internacional, fue asesinado en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés.
Zelaya Díaz, a quien sus colegas y amigos lo llamaban “Chacatay”, fue encontrado muerto de tres balazos en el tórax y en la cabeza.
La fiscal dijo que se descartaba el robo porque se encontraron sus documentos, reloj y teléfono celular en su pantalón. Sin que la investigación tuviere un mayor desarrollo, el comisario Leonel Sauceda, portavoz de la policía preventiva, manifestó un día después que “lo único que se ha podido determinar en la muerte del periodista Israel Zelaya Díaz es que no se debió al ejercicio de su profesión”.
Zelaya tenía más de 30 años de ejercer el periodismo, principalmente el radial, pero también tuvo un ligero paso por las redacciones de diario El Heraldo y La Tribuna.
El 27 de agosto, los periodistas de Radio Globo, Carlos Paz y Oswaldo Estrada, fueron golpeados por agentes de la policía que participaron en el desalojo de los predios de la Universidad Pedagógica “Francisco Morazán” donde se habían refugiado un grupo de maestros huelguistas.
El 2 de septiembre, ignorando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional aprobó un decreto mediante el cual le confisca la frecuencia de canal ocho a la empresa Teleunsa.
En mayo del 2007, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia y concedió a Teleunsa ser el operador único de la frecuencia de Canal 8. La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha posterior y por unanimidad de la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 2008.
La propuesta legislativa con procedencia de Casa Presidencial causó una agria discusión en la cámara. La decisión legislativa abrió un nuevo debate sobre la violación a la libertad de prensa y de libre expresión en el país.
La decisión fue tomada en un polémico debate en el que diputados de los partidos opositores dijeron que la medida es una "confiscación" de una frecuencia que legalmente estaba adjudicada al empresario Elías Asfura. “No es expropiación, simplemente le están diciendo que ese número el 8 y el 20 son del Estado”. El quitarle la frecuencia a Teleunsa “es un acto de soberanía”, sostuvo el presidente Porfirio Lobo, principal impulsor del decreto.
El comisionado nacional de los derechos humanos Ramón Custodio rechazó la actuación del gobierno manifestando: “si algo nos ha hecho libres, si algo nos ha hecho tener la poca democracia que tenemos, en Honduras, es la libertad de expresión”.
El 6 septiembre, el periodista René Rojas denunció que la policía lo persigue y lo hostiga por su ejercicio periodístico. Rojas, quien conduce el programa radial “Libre Expresión” en una emisora de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, aseguró que desde hace dos meses es víctima de acoso por haber denunciado los abusos que comete la Policía de Tránsito de esa ciudad.
El 9 septiembre, integrantes del frente de resistencia afín al ex presidente Manuel Zelaya atacaron con piedras el edificio de dos televisoras, Canal 10 y Canal 7, así como el del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en Tegucigalpa.
El 15 de septiembre, una veintena de policías y soldados ingresó sin autorización a las oficinas de Radio Uno, en San Pedro Sula, para desalojar a un grupo de manifestantes que se habían refugiado en las instalaciones de esa emisora, luego de atacar los desfiles conmemorativos al 189 aniversario de la independencia.
El 22 de septiembre, la periodista Verónica Cáceres, de la radioemisora HRN, fue atacada por dirigentes afín al ex presidente Manuel Zelaya. El ataque ocurrió cuando ella cubría frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una protesta de zelayistas que exigía la destitución de la rectora de esa casa de estudios.
El 23 de septiembre, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) presentó el informe “Evaluación de las Instituciones Obligadas en el Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP)” donde resalta que las autoridades de las instituciones gubernamentales se muestran renuentes a rendir cuentas sobre la planificación, el uso y el destino de los fondos públicos.
En el informe se consigna que varias instituciones, alegando temor a la inseguridad ciudadana, se resisten a rendir cuentas sobre la remuneración mensual de los servidores públicos.
El 24 de septiembre, el regidor de la alcaldía de San Pedro Sula, Reynaldo Rouglas agredió a la periodista de Telediario, Golda Sánchez, cuando ésta le realizaba una entrevista. El ataque tuvo lugar en la oficina del funcionario municipal, quien se molestó cuando la comunicadora le preguntó si el era el dueño de las grúas que utiliza la alcaldía para movilizar aquellos vehículos mal estacionados en las calles de la ciudad.
El 4 de octubre, el periodista Danilo Antúnez, editor de las páginas económicas de diario La Tribuna se salvó de morir acribillado luego que dos sujetos le dispararon, en el momento en que se disponía a abrir la puerta de su automóvil. Según su denuncia, el atentado podría estar vinculado a sus notas periodísticas sobre la crisis económica en Cuba y Venezuela.
El 12 de octubre, el camarógrafo José Jorge Amador, quien trabaja para la Web de El Heraldo fue detenido y asaltado cuando cubría, en el Congreso Nacional, una marcha afín al ex presidente Manuel Zelaya.
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