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viernes, 10 de septiembre de 2010

MEXICO Informe del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas (2009)

Publicado el 16 de junio de 2009
Traducción extraoficial de la sección concerniente a México – Inglés Original
México (Grupo 2 de la Lista de Observación)


México es un país importante de origen, tránsito y destino de personas que son sujetos de trata de seres humanos para la explotación sexual comercial y trabajo forzado. Los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en México incluyen a mujeres, niños, indígenas y migrantes indocumentados. Un número significativo de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de trata dentro del mismo país para explotación sexual comercial, llevados mediante engaños con ofertas falsas de trabajo desde sus regiones rurales pobres hacia zonas urbanas, fronterizas y turísticas. De acuerdo con el gobierno de México, más de 20 mil niños mexicanos son víctimas de la trata sexual cada año, especialmente en las zonas turísticas y fronterizas. La gran mayoría de las víctimas provenientes de otros países que son objeto de explotación sexual comercial vienen de América Central, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador; muchos de ellos pasan por México con destino a los Estados Unidos, y en menor grado a Canadá y a Europa occidental. En una nueva tendencia, un número creciente de menores de edad provenientes de Centroamérica que viajan solos por México para reunirse con familiares en los Estados Unidos, caen víctimas de redes de trata de seres humanos, particularmente cerca de la frontera con Guatemala. Víctimas de trata provenientes de Sudamérica, el Caribe, Europa oriental y Asia son llevadas a México para explotación sexual o laboral o para su posterior tránsito hacia los Estados Unidos; niños y hombres mexicanos son llevados del sur al norte de México para labores forzadas. Centroamericanos, en especial guatemaltecos, son sujetos de labores forzadas en el sur de México, particularmente para trabajar en agricultura. El turismo sexual infantil continúa creciendo en México, especialmente en zonas turísticas como Acapulco y Cancún, y en ciudades en la frontera norte como Tijuana y Ciudad Juárez. Viajeros extranjeros que buscan turismo sexual llegan en su mayoría de los Estados Unidos, Canadá y Europa occidental. Redes de crimen organizado llevan a niñas y mujeres mexicanas a los Estados Unidos para su explotación sexual comercial. Hombres, mujeres y niños mexicanos son llevados a los Estados Unidos para trabajo forzado, particularmente en la agricultura y en fábricas clandestinas.


El gobierno mexicano no cumple completamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; sin embargo está haciendo esfuerzos significativos por cumplir. El gobierno tomó medidas para implementar la ley federal contra la trata de personas, y publicó el reglamento en febrero de 2009. Para mayo de 2009, veintidós estados del país y el Distrito Federal habían promulgado la legislación que criminaliza algunas formas de trata de seres humanos a nivel local. Sin embargo, no se reportaron sentencias o castigos importantes contra tratantes de personas en el último año, a pesar de que el gobierno federal abrió 24 investigaciones criminales en contra de sospechosos de ofensas por trata de personas. Además, el gobierno no ha completado las renovaciones planeadas del refugio para víctimas de trata, si bien continuó refiriendo a las víctimas a organizaciones no gubernamentales para recibir apoyo. Aunque los funcionarios mexicanos reconocen la trata de personas como un problema serio, la falta de una respuesta más fuerte del gobierno es preocupante, especialmente a la luz del gran número de víctimas en el país.


Recomendaciones para México: Implementar con vigor la nueva ley federal contra la trata de personas, y liberar fondos para su puesta en vigor; aumentar los esfuerzos por investigar y castigar las ofensas por trata y sentenciar a los culpables, incluyendo a funcionarios cómplices; dedicar más recursos para asistencia a las víctimas; continuar desarrollando y poniendo en marcha procedimientos formales para identificar a las víctimas de la trata entre los sectores vulnerables, y aumentar la capacitación contra la trata de personas para jueces y oficiales de procuración de justicia, incluyendo funcionarios de migración y del trabajo.


Procesamiento Legal


El gobierno de México no mejoró sus limitados esfuerzos en procuración de justicia contra la trata de personas el año pasado. No se reportaron condenas o sentencias de tratantes de personas a nivel federal, estatal o local. A finales de 2007 el gobierno federal promulgó una legislación para prohibir todas las formas de trata de personas, con penas de seis a doce años en prisión. Bajo condiciones agravantes, como en caso que la víctima sea menor de edad o carezca de sus facultades mentales, las penas aumentan de nueve a 18 años de prisión. Cuando el acusado es un funcionario público, las penas aumentan un cincuenta porciento. Las penas citadas son lo suficientemente enérgicas y exceden a aquellas prescritas para otros crímenes serios como la violación. Sin embargo, hay preocupación sobre la implementación efectiva de la nueva ley, particularmente porque las víctimas deben presentar cargos contra los victimarios, de otro modo no son considerados víctimas de trata de personas, y no se les brinda la asistencia adecuada. Durante el periodo que se reporta, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República, que lleva los casos federales de trata de personas en coordinación con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, abrió 24 investigaciones por actividades de trata de personas, incluyendo 11 casos de explotación laboral, y 13 casos de explotación sexual comercial; FEVIMTRA también llevó un gran número de casos de violencia doméstica contra las mujeres el año pasado. En octubre de 2008, FEVIMTRA entregó un caso por trabajos forzados en el estado de Chiapas. En el sistema federalista de México, los gobiernos estatales investigan y proceden legalmente contra actividades de trata de persona a nivel local. Para mayo de 2009, veintidós estados y el Distrito Federal habían promulgado al menos leyes parciales contra la trata de personas. Las autoridades federales se ven involucradas típicamente en casos de delincuencia organizada o casos que involucran trata de personas a nivel internacional o transnacional; sin embargo, el gobierno federal de México aún no reafirma claramente su jurisdicción sobre casos de trata. El año pasado, fiscales del estado de Chihuahua abrieron nueve casos de trata de seres humanos; dos de ellos esperan fecha de juicio y siete continúan bajo investigación. El gobierno federal de México continuó brindando asistencia significativa al gobierno de los Estados Unidos en investigaciones transfronterizas de casos de trata de personas el año pasado. Estados Unidos extraditó a un sospechoso de trata de menores a México en 2006; el proceso contra el sospechoso aún no comienza en México, si bien permaneció en custodia federal durante el periodo que se reporta. El año pasado, prioridades y preocupaciones de seguridad y la lucha contra el crimen en México, junto con la escasez de recursos gubernamentales, continuaron obstruyendo las investigaciones contra la trata de personas. Sin embargo, mientras los grupos del crimen organizado continúen con la trata de personas dentro de su espectro de actividades ilícitas, la lucha del gobierno contra el crimen organizado, principalmente los cárteles de la droga, incluye el combate a la trata de personas. Las organizaciones no gubernamentales y otros observadores continuaron reportando que la corrupción entre funcionarios públicos, especialmente personal de migración y de procuración de justicia local era de preocupación particular; se reporta que algunos funcionarios aceptaron o pidieron sobornos o servicios sexuales, falsificaron documentos de identidad, disuadieron a víctimas de trata de personas de reportar los crímenes, o ignoraron casos de prostitución infantil y otras actividades de trata de personas en sitios de comercio sexual. No se lograron condenas o sentencias contra funcionarios corruptos el año pasado, aunque dos oficiales de migración que fueron arrestados en 2007 por presuntamente liderar un grupo criminal involucrado en la extorsión y en contrabando permanecieron bajo custodia. La Operación Limpieza, una investigación del gobierno de México de corrupción de alto nivel, resultó en el arresto de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, además de funcionarios militares. Nuevos procedimientos de certificación en la PGR han resultado en múltiples remociones de funcionarios de bajo nivel. El gobierno continuó aportando fondos para entrenamiento contra la trata de personas para funcionarios públicos, aunque organizaciones no gubernamentales señalaron que muchos funcionaros públicos en México, incluyendo funcionarios locales y estatales, no distinguen adecuadamente entre tráfico de ilegales y trata de personas.

Protección


El gobierno de México brindó asistencia limitada a víctimas el año pasado, apoyándose en organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales que ofrecieron la mayor parte del apoyo y servicio especializados para víctimas de la trata de personas, particularmente para adultos. El DIF, la agencia de apoyo social de México, operó refugios para niños que son víctimas de violencia, incluyendo a niños víctimas de la trata de personas. En 2007, el congreso mexicano aprobó 70 millones de pesos para refugios para hombres, mujeres y niños víctimas de la trata; los fondos se distribuyeron el año pasado y una propiedad especial está en renovación para dar cobijo a 33 personas. Este refugio incluirá una clínica de desintoxicación, salas de terapia y espacios para talleres. A finales de 2007, la PGR donó una residencia que confiscó a un narcotraficante convicto para ser usada como un refugio para víctimas de la trata. El año pasado se renovó la residencia, y ya está en operación, con espacio para 22 víctimas. El gobierno ofreció a las víctimas que son ciudadanos extranjeros una alternativa temporal legal a su repatriación a países donde pueden encontrar dificultad o represalias; sin embargo, la mayoría de las víctimas de la trata, particularmente los adultos, continuaron siendo deportadas dentro de un periodo de 90 días. El gobierno continuó emitiendo visas humanitarias renovables de un año a víctimas extranjeras que asistieran en la investigación y procesamiento legal de los tratantes; sin embargo, las víctimas que se negaron a apoyar al personal de procuración de justicia fueron repatriadas, y no fueron elegibles para ayuda o servicios. Sólo tres víctimas de trata de personas recibieron visas humanitarias el año pasado. Muchas víctimas en México tuvieron miedo de identificarse como tales y denunciar legalmente por miedo a la represalia de sus victimarios, muchos de los cuales son miembros de redes de crimen organizado. No hubo reportes confirmados de víctimas que fueran penalizadas por actos ilícitos cometidos como resultado directo de su condición de objeto de trata de personas. El gobierno no utilizó procedimientos formales para identificar a víctimas de la trata de personas entre los sectores vulnerables, como mujeres prostituidas en burdeles. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración continuó desarrollando lineamientos para identificar a víctimas de la trata, particularmente niños, entre los detenidos. El año pasado las autoridades mexicanas identificaron a 55 víctimas de trata de personas dentro del país: 28 mujeres y 27 hombres; los alegatos de la trata se referían tanto a la explotación sexual comercial como a trabajo forzado. FEVIMTRA condujo a las víctimas identificadas a centros locales para recibir asistencia.

Prevención

El gobierno federal y los gobiernos estatales sostuvieron sus esfuerzos de prevención de trata de personas el año pasado. En enero de 2009 FEVIMTRA lanzó una amplia campaña para distribuir materiales contra la trata de personas en todo el país. Con el apoyo de ONGs y de organizaciones internacionales, el gobierno continuó con actividades adicionales para elevar la conciencia pública, particularmente contra la explotación sexual comercial de niños. En febrero de 2009, el gobierno publicó el reglamento para establecer una comisión de diversas agencias contra la trata de personas, y asignar responsabilidades a distintas agencias federales. La colaboración del gobierno con ONGs y con organizaciones internacionales en esfuerzos contra la trata de personas continuó el año pasado, pero se reporta que fue variable entre las diversas agencias federales involucradas; bajo el reglamento de la ley federal contra la trata de personas, las ONGs tienen un papel limitado con el comité de agencias gubernamentales para la trata de personas y actividades relacionadas, tales como la recolección de estadísticas sobre la trata. Las autoridades tomaron algunas medidas para reducir la demanda de actos sexuales comerciales mediante procedimientos legales, a nivel estatal, contra individuos que buscaran tales relaciones con menores. No se reportaron medidas específicas para reducir la demanda de trabajos forzados.

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