Derechos y desigualdades Por: Itsmania Platero

Editora
Periodista y defensora de derechos humanos

En los últimos años se han multiplicado los comentarios, pronunciamientos, llamados y observaciones, por parte de los organismos internacionales responsables de la vigilancia de los derechos humanos, ellos  hacen mención a las acciones de los gobiernos  también de grupos no-estatales que utilizan la violencia en la persecución de sus metas políticas.
Hoy, frente una crisis global de inseguridad y miedo, de creciente rechazo a la migración y los acontecimientos políticos, nos sabemos si los derechos humanos son agentes aliados vinculados a los estados, o al contrario, son algo que está amenazado por distintos actores sociales. Este tema tan trillado se repite en una atmósfera de rechazo de una población ávida de ver justicia.

Jacinto Elvir, un comerciante de los mercados de Comayagüela, dice que este tema no es importante, al preguntarle el por qué expresó: “nosotros enfrentamos el bloqueo económico de la OEA, los vendedores de los mercados mantenemos una gran parte de la economía del país, aquí diariamente se mueve el dinero y se refleja la pobreza, la miseria y no digamos la prosperidad, pero somos los menos favorecidos  con los derechos humanos”.
Una revisión de los casos publicados en Honduras, refleja términos dignos de analizar  como: "prácticas salvajes, homicidios arbitrarios, desaparecidos, violencia política, actos de terrorismo, crímenes crueles, asesinatos a sangre fría, asesinatos masivos, masacres de personas indefensas, femicidios, atentados contra la libertad de expresión, responsabilidad del estado por omisión, impunidad…etc. El común de todos estos términos es que expresan una condena fuerte e inequívoca a nivel ético, moral y político.
Los organismos internacionales encargados de defender la vida, así como los organismos nacionales, tenemos el desafío de tomar claras e inequívocas medidas para combatir la impunidad de los autores de violaciones a los derechos fundamentales, la diferencia de los últimos acontecimientos lo da la participación de los defensores de la vida en trozos de novela contradictorios a sus ideales.
La persistencia de la pena de muerte aun no legalizada en Honduras pero que diariamente se practica, la discriminación en aumento hacia las mujeres y pueblos indígenas, la desigualdad, la desaparición forzada y la tortura, la discriminación por ideologías y  trabajos,  el reclutamiento y utilización de menores por organizaciones criminales es una práctica corriente.

Los hondureños visualizamos la ausencia clara de políticas y programas encaminados a la prevención, con esfuerzos que permiten únicamente, fortalecer políticas represivas que terminan por recrudecer el crimen la marginalidad y el desempleo.
Los órganos de seguridad del estado siguen pretendiendo tapar la corrupción a través del lenguaje práctico de la fuerza. La inseguridad jurídica alienta la impunidad, la ausencia de voluntad política por parte del gobierno que no busca los mecanismos para proceder a juzgar y castigar a los autores de violaciones a los derechos fundamentales en particular “la vida”.

Los defensores de derechos humanos nadamos contra la corriente asumiendo nuevos retos frente a una sociedad contemporánea, cargada de exigencias americanistas y europeas que no van de acuerdo con nuestra realidad nacional,  se fortalece una familia sin identidad propia y sin dignidad, deshumanizada a través  del internet, pero sin comida, ni estudios, ni trabajo. El compromiso de los Estados de respaldar y garantizar las labores de los defensores de derechos humanos sigue siendo una utopía. Pero la visión no es del todo desalentadora, nos anima saber que cada vez más países del hemisferio firman y ratifican los estatutos de la Corte Internacional de justicia.
Expertos analistas advierten que: La OEA provee varios mecanismos de protección de los derechos humanos, esta protección no se perdió ante la suspensión de Honduras en el 2009, el texto de la resolución de la OEA reafirma que “Honduras debe continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos” e insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que “continúe adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”.

“La lucha del ser humano contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido...”
- Milan Kundera

CEPAL: “Honduras es el país más pobres de América Latina”

2017
La crisis económica que ha venido experimentando Honduras en los últimos años, ha hecho que miles de personas busquen maneras urgentes para poder sobrevivir, en un país que tienen pocas opciones de encontrar un trabajo, y en el que una parte de la población sobrevive con un dolar al día.

Esas estadísticas provocan un nivel de alarma, dado que muchos no encuentran como alimentar a sus familias, llegando a niveles de desnutrición, donde Honduras es uno de los países que tiene los indices más altos en esa problemática.

A nivel macroeconómico, los organismos internacionales indican que el países esta creciendo, mostrando indices que que son aceptables, pero a nivel microeconómico, la población no los percibe, ya que solo experimenta incrementos en la canasta básica, servicios públicos, educación, entro otros.

Las medidas de ajuste a las finanzas de un país, son hechas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pidiendo que los impuestos se incrementen, que la captación por servicios públicos sea mayor, para que la economía como país vaya de buena manera, pero pagando un alto precio a los más pobres.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indica que Honduras ocupa el primer lugar entre algunos países de América Latina con altos indices de pobreza con un 67.4 %

Los esfuerzos gubernamentales tienen que ser más fuertes y con medidas que ayuden hacia un buen desarrollo, para crear mejores condiciones de vida. 2017 será un año en el que se elegirá a un nuevo gobernante, el cual tendrá por delante mejorar la calidad de vida el país.

A continuación la tabla de indices de pobreza en Latinoamérica.

Tiembla la reelección de JOH, el New York Times declara que la reelección de JOH es ilegal y que probablemente EEUU no reconocería su gobierno en caso que ganara i

New York Times

En 2015, la Corte Suprema respaldó el esfuerzo del Sr. Hernández, al dictaminar que los límites a los períodos violan el derecho de un individuo a postularse para un cargo. Ahora el Sr. Hernández está usando ese fallo para justificar su campaña de reelección. Los hondureños van a las urnas el 26 de noviembre.

Mientras se desempeñaba como presidente del Congreso hondureño en 2012, Hernández encabezó el esfuerzo por despedir ilegalmente a cuatro miembros de la Corte Suprema en medio de la noche. Al día siguiente, fueron reemplazados por los leales de Hernández, que más tarde emitieron el fallo que ahora se utiliza para legitimar su carrera.

El pueblo de Honduras protestó por la decisión del Tribunal Supremo en vano. Grandes grupos de la sociedad civil han pedido a la autoridad electoral que anule la candidatura del presidente, citando la violación constitucional. Sus solicitudes también han sido ignoradas por los funcionarios leales al presidente.

Frente a las protestas, el gobierno del Sr. Hernández ha estado fortaleciendo su dominio ya firme sobre la sociedad. Observadores internacionales y defensores de los derechos humanos han sido amenazados y expulsados ​​del país. Las manifestaciones estudiantiles han sido violentamente divididas por la policía. El gobierno ha aprobado leyes que podrían restringir el derecho a protestar.

A pesar de eso, se está construyendo una poderosa oposición. La oposición se basa en movimientos sociales de base y en dos nuevos partidos políticos fundados en 2012, el partido de centro izquierda Libre (Libertad y Refundación) y el partido anticorrupción de derecha conocido como PAC (Partido Anticorrupción). Esos dos partidos se unieron para la elección, formando la Alianza de oposición bajo la candidatura de Salvador Nasralla del PAC.

Es posible que el Sr. Nasralla gane unas elecciones libres y justas, ya que hay mucha oposición a la reelección del Sr. Hernández: casi dos tercios de los hondureños se oponen a la reelección. Pero el Sr. Hernández y sus aliados controlan el proceso de escrutinio de votos, la comisión de supervisión electoral, el ejército, que según la ley hondureña mueve las papeletas, y todos los procesos de apelación. Dado su total control sobre el proceso electoral, no podemos esperar que él y sus manipuladores corruptos permitan una elección libre y justa para decidir su destino.

El gobierno hondureño bajo el Sr. Hernández no es nuevo en el negocio de silenciar a los disidentes. En octubre, el Grupo Consultivo Internacional de Expertos, o Gaipe por sus iniciales en español, publicó un informe detallado sobre la muerte de una amiga mía de Honduras, Berta Cáceres. Fue asesinada por sus esfuerzos como activista ambiental y de derechos indígenas. El informe de Gaipe describe cómo el gobierno ha sido deliberadamente lento para llevar a los autores intelectuales detrás de su asesinato a la justicia. Son hombres y mujeres poderosos y bien conectados que viven por encima de la ley bajo el gobierno de Hernández. El caso de la Sra. Cáceres es emblemático de la impunidad y la represión que existen hoy en Honduras, pero es solo una de muchas.

Con la violencia, la corrupción y la represión de la sociedad civil como telón de fondo, el pueblo hondureño se dirigirá a las urnas. Se les entregará una boleta que ilegalmente incluye al Sr. Hernández como candidato, y es probable que enfrenten coerción, intimidación y sobornos para influir en su voto a favor del presidente en funciones.

Aún así, el pueblo hondureño sigue comprometido. Se están librando campañas políticas vibrantes. Muchos valientes votantes se dirigirán a las urnas y harán todo lo que esté en su mano para hacer que se escuchen sus voces. Los aplaudo y admiro.

La comunidad internacional les debe a estos ciudadanos ser prudentes, escépticos y estar bien informados cuando lleguen los resultados de las elecciones. Durante demasiado tiempo, los Estados Unidos han sido rápidos en apoyar ciegamente al Sr. Hernández, viéndolo como un socio útil. Él confía en el apoyo internacional, y cualquier indicación de los Estados Unidos y nuestros aliados de que podríamos revocar nuestro apoyo podría contribuir en gran medida a hacer que reconsidere su próximo movimiento.

A la vista de la comunidad internacional y en flagrante desafío a los documentos fundacionales de su propio gobierno, Hernández se acerca cada vez más al gobierno autoritario y a la dictadura total. Si logra volver a elegir a sí mismo, Estados Unidos debería dejar en claro que vemos su poder agarrar por lo que es. Debemos retirar nuestro apoyo incondicional, retirar los millones de dólares que enviamos a Honduras en ayuda de seguridad cada año y dejar en claro que no toleramos el comportamiento autocrático de nuestros aliados.

https://mobile.nytimes.com/2017/11/23/opinion/honduras-juan-orlando-hernandez-election.html?mwrsm=WhatsApp&referer

la Secretaria Interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, TPS Honduras/Nicaragua

Secretario interino Elaine Duke Anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal para Nicaragua y Honduras

Fecha de lanzamiento: 

6 de noviembre de 2017

Para publicación inmediata 

Oficina del Secretario de Prensa 

WASHINGTON- Hoy, la Secretaria Interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, anunció su decisión de terminar la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua con una fecha de vigencia demorada de 12 meses para permitir una transición ordenada antes de que la designación finalice el 5 de enero de 2019. También determinó que es necesaria información adicional con respecto a la designación de TPS para Honduras, y por lo tanto no ha tomado ninguna determinación con respecto a Honduras en este momento. Como resultado de la imposibilidad de tomar una determinación, la designación de TPS para Honduras se extenderá automáticamente por seis meses a partir de la fecha de vencimiento actual del 5 de enero de 2018 a la nueva fecha de vencimiento el 5 de julio de 2018.

La decisión de terminar el TPS para Nicaragua se tomó después de una revisión de las condiciones en las que se basó la designación original de 1999 del país y de si esas condiciones sustanciales pero temporales impidieron a Nicaragua manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales, como exige la ley. Tampoco hubo una solicitud del gobierno nicaragüense para extender el estado actual de TPS. Con base en toda la información disponible, incluidas las recomendaciones recibidas como parte de un proceso de consulta interinstitucional, el Secretario interino Duke determinó que esas condiciones sustanciales pero temporales causadas en Nicaragua por el huracán Mitch ya no existen, y por lo tanto, según el estatuto aplicable, el TPS actual la designación debe ser terminada.

Para permitir una transición ordenada, la fecha de vigencia de la terminación del TPS para Nicaragua se retrasará 12 meses. Esto proporcionará tiempo para que las personas con TPS busquen un estatus migratorio legal alternativo en los Estados Unidos, si es elegible o, si es necesario, organizar su partida. También dará tiempo a Nicaragua para prepararse para el regreso y la reintegración de sus ciudadanos. TPS para Nicaragua terminará el 5 de enero de 2019.

Con respecto a Honduras, el Secretario interino Duke concluyó que a pesar de recibir aportes de un amplio espectro de fuentes, es necesario tiempo adicional para obtener y evaluar información suplementaria relativa a las condiciones del país en Honduras a fin de hacer una determinación apropiadamente deliberativa de designación de TPS. Con base en la falta de información definitiva sobre las condiciones sobre el terreno en comparación con el Huracán Mitch anterior, el Secretario interino no ha hecho una determinación en este momento, extendiendo automáticamente la designación actual de TPS para Honduras por seis meses hasta el 5 de julio de 2018. 

Sin embargo, dada la información actualmente disponible para el Secretario en funciones, es posible que la designación de TPS para Honduras termine al final de la extensión automática de seis meses con un retraso apropiado. 

Reconociendo la dificultad que enfrentan los ciudadanos de Nicaragua -y potencialmente ciudadanos de otros países- que han recibido la designación de TPS por casi dos décadas, el Secretario interino Duke insta al Congreso a promulgar una solución permanente para este programa inherentemente temporal.

Los nicaragüenses y hondureños con TPS deberán volver a solicitar documentos de autorización de empleo para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos hasta el final de los períodos de rescisión o extensión respectivos. Más detalles sobre esta renovación para TPS aparecerán en un aviso del Registro Federal.