Las reformas y la aplicación del llamado Escudo de las Américas en Honduras dejan fuera, al menos, a 20 bandas criminales que operan localmente y a un núcleo de 22 estructuras principales que se reparten el territorio hondureño. Varias de ellas han sido señaladas por presuntos vínculos con elementos de la Policía, militares y funcionarios del Estado.
Se trata de estructuras criminales de alto impacto relacionadas con redes de tráfico y trata de personas, incluidos niños, mujeres y hombres; explotación sexual, violación, pornografía infantil, esclavitud, servidumbre, reclutamiento forzado, pedofilia y otros delitos conexos. Son actividades criminales que afectan directamente las políticas migratorias y de seguridad impulsadas por el gobierno del presidente Trump.
Combatir el crimen y perseguir el delito es una obligación del Estado. Las cifras tienen detrás familias enlutadas y hondureños convertidos en simples números dentro de las estadísticas.
En Honduras, organizaciones responsables de velar por los derechos humanos e incluso algunas fiscalías se niegan, según denuncias recibidas, a tomar determinados casos. Esta situación incrementa el riesgo, los abusos y las amenazas contra defensores de derechos humanos y defensores de la vida que hoy enfrentan criminalización. Para los ciudadanos particulares, el panorama puede ser todavía más grave.
Honduras se ha convertido en una enorme cárcel dentro de Centroamérica. Una nube gris cubre los casos de corrupción e impunidad y termina protegiendo a funcionarios señalados, tanto de administraciones anteriores como de estructuras que continúan manejando cantidades millonarias de recursos públicos. Parte de esos fondos han estado destinados a atender a la población migrante y a prevenir el desplazamiento forzado fuera del país.
La legislación y las políticas de seguridad terminan criminalizando la pobreza cuando concentran su atención en los barrios más pobres y dejan fuera de la mirada las grandes mansiones, las operaciones financieras y las estructuras utilizadas para el lavado de dinero, blanqueo de capitales y lavado de activos.
Los migrantes pobres salen de Honduras porque no tienen alimentos suficientes, empleo, acceso adecuado a la salud ni posibilidades de vivienda digna. En el país, las pandillas y maras han modificado sus formas de identificación y ya no dependen necesariamente de tatuajes visibles.
Niños y jóvenes detenidos por consumo de drogas pueden terminar ante los tribunales y ser procesados como narcotraficantes. Bajo las nuevas figuras legales, existe además el riesgo de que sean tratados como terroristas sin que previamente exista una investigación exhaustiva que determine su verdadera responsabilidad penal.
Señor presidente Donald Trump, señor presidente Nayib Bukele:
Nuestra ley corre el riesgo de convertirse en un instrumento mal diseñado de represión, incapaz de alcanzar las estructuras de poder donde también debe investigarse la criminalidad.
Los actos de corrupción y los posibles delitos cometidos dentro del Congreso Nacional de Honduras, así como los señalamientos contra algunos jueces, fiscales, miembros del Ejército y de la Policía Nacional, requieren investigaciones independientes. Existen denuncias sobre funcionarios y agentes que habrían operado desde la clandestinidad o en coordinación con estructuras criminales.
Aún no han sido intervenidas agencias de investigación señaladas recientemente por presuntos vínculos con redes criminales. Tampoco se ha atendido de manera integral la situación de los centros de rehabilitación para menores infractores.
Honduras carece de una infraestructura pública suficiente para la desintoxicación y rehabilitación de jóvenes. Los pocos centros disponibles pueden alcanzar costos cercanos a los 100 mil lempiras, una cantidad imposible de pagar para la mayoría de las familias hondureñas.
Los centros de menores pueden terminar convirtiéndose en semilleros de la violencia futura si el Estado abandona a quienes llegan a ellos. El problema alcanza a hogares pobres y ricos. Jóvenes sin tratamiento, oportunidades ni reinserción regresan a una sociedad que actúa como si ellos no existieran.
El destino de una política exclusivamente represiva puede ser devastador. Las cárceles hondureñas todavía albergan personas que sostienen haber sido procesadas injustamente como consecuencia de investigaciones deficientes, irregularidades procesales o abusos de autoridad.
El Ejército y la Policía Nacional de Honduras no tienen facultad legal para reformar el Código Penal. Esa atribución corresponde al Congreso Nacional.
La Policía y el Ejército tampoco deben convertirse simultáneamente en investigadores, acusadores y beneficiarios de facultades extraordinarias cuando existen denuncias que vinculan a algunos de sus integrantes con actividades ilícitas.
El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), donde participan las fuerzas de seguridad, diseñó un paquete de reformas que amplía las facultades operativas de policías y militares para combatir estructuras criminales.
Entre las medidas planteadas se encuentran mayores atribuciones para realizar capturas y allanamientos. Cualquier ampliación de estas facultades debe estar acompañada de controles judiciales efectivos, debido proceso y mecanismos independientes capaces de investigar los abusos.
El combate al crimen organizado no puede convertirse en una cortina que oculte la corrupción dentro de las propias instituciones.
Los bienes y recursos administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) deberían contribuir a reparar el daño que el crimen organizado y el narcotráfico causan a la sociedad hondureña.
Esos recursos pueden servir para garantizar seguridad, justicia, prevención, atención a las víctimas, rehabilitación y oportunidades para las comunidades más afectadas.
El pueblo hondureño necesita condiciones que le permitan permanecer en su propia tierra sin verse obligado a abandonarla por miedo, pobreza, violencia o falta de oportunidades.
Señor presidente Trump:
Señor presidente Bukele:Si el Escudo de las Américas pretende combatir realmente al crimen organizado, debe alcanzar también a quienes lo protegen desde las instituciones, a quienes lavan sus recursos y a quienes utilizan cargos públicos para garantizar impunidad.
Dejar fuera esas estructuras convierte el escudo en una cortina.
Y detrás de esa cortina pueden continuar intactos quienes han utilizado el Estado para proteger la corrupción.
Itsmania Platero
Defensora de derechos humanos de Honduras 
