Centros penales al borde del colapso por hacinamiento y falta de política penitenciaria
§ La situación empeora cada año al registrarse en el 2004 una sobrepoblación de 2,651 privados de libertad, cifra que aumentó 3,393 en el 2007 y alrededor de 5,100 en el 2010.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que los Centros Penales, a nivel nacional, siguen al borde del colapso por el hacinamiento, la corrupción y la falta de una política penitenciaria.
Según el organismo humanitario la mayoría de los centros que albergan a los privados de libertad están sobre-poblados.
Señaló que esta situación los convierte en una “bomba con mecha corta” que sigue poniendo en peligro la integridad física de internos, policías penitenciarios y de la sociedad en general.
A lo anterior se agrega que al no cumplir a cabalidad con el rol social de la rehabilitación del privado de libertad, convierte a las cárceles hondureñas en “escuelas del crimen” para especialistas en planificación y ejecución de delitos.
Un informe del CONADEH establece que solo en el 2010, este organismo humanitario atendió alrededor de 366 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas en los diferentes centros penales del país.
Entre las denuncias destacan, al menos, 30 casos de torturas, 34 de malos tratos, 17 amenazas a muerte, 35 casos de negligencia, 40 por violaciones del derecho a la salud y 145 por ejercicio indebido del servidor público.
Ramón Custodio, titular del CONADEH expresó que es notoria, en el país, la falta de una política pública en materia penitenciaria.
Diversos sectores de la sociedad hondureña coinciden en señalar que los centros penitenciarios lejos de proyectarse como un lugar de rehabilitación de las personas que han cometido un ilícito penal se han convertido en “universidades del crimen”.
Es urgente, dijo Custodio, que el Estado hondureño tenga una Política Criminal que incluya la Política Penitenciaria, debidamente formulada como un régimen, a efecto de mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario del país.
Explicó que lo que se busca es, por un lado, una verdadera inserción, en la sociedad hondureña, de las personas que fueron privadas de libertad, por cometer un ilícito penal y, segundo, que no se cometan ilícitos que repercutan en los índices criminalidad en el país.
Se ha vuelto común en los centros de privados de libertad el libre acceso de armas y celulares, situación que les permite operar como una red que forma parte del crimen organizado y del crimen común.
Custodio es uno de los principales críticos en el país del modelo de policía única, creada por el Congreso Nacional, que le dio a la Policía Nacional el manejo de las direcciones nacionales de Tránsito, Preventiva, Investigación Criminal, Servicios Especiales Preventivos y Servidos Especiales de Investigación.
El ombudsman hondureño no ha cesado en denunciar los resultados negativos y el fracaso de la policía hondureña en el manejo de todas las direcciones que tienen a su cargo entre ellos los centros penitenciarios.
“La materia penitenciaria o sea la que se encarga de los privados de libertad no es una materia policial”, indicó.
Añadió que la política penitenciaria no tiene nada que ver con la Policía Preventiva y la Policía de Investigación Criminal.
Recordó que cuando se creo la Ley Orgánica de Policía, los señores policías quisieron controlar todo lo que era de esta materia, incluyendo la materia penitenciara pese a que ellos no son formados para ser guardias penitenciarios.
Honduras cuenta con 24 centros penales a nivel nacional con una capacidad para albergar 8,280 personas, cifra que ha sido superada con creces en los últimos años.
En el 2004, la población de privada de libertad era de 10,931 personas con una sobrepoblación de 2,651 personas. Para el 2007, la población carcelaria era de 11,673, es decir una diferencia de 3,393 superior a la capacidad. En el 2010, la sobrepoblación superó las 5 mil personas.
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