AFP/Redacción
· El documento hace referencia al asesinato de periodistas, activistas sociales y políticos en los dos últimos años.
Periodistas, activistas sociales y políticos siguen siendo víctimas de asesinatos, amenazas y otras violaciones de derechos humanos en Honduras pese a la normalización política tras la crisis generada por el “golpe de Estado” de 2009, aseguró este domingo el informe anual de Human Rights Watch (HRW).
"La normalización política no ha impedido que continúen las violaciones a los derechos humanos", destacó HRW, y añadió que la "participación de miembros de la policía" en algunos de los "abusos" causa "particular preocupación".
En junio de 2009, el entonces presidente Manuel Zelaya fue destituido de su cargo por el Congreso Nacional, quien juramentó a Roberto Micheletti para que asumiera un gobierno interino hasta enero de 2010, cuando asumió la presidencia Porfirio Lobo tras la realización de elecciones.
HRW menciona que la impunidad persiste pese a que en julio de 2011 la Comisión de la Verdad documentó 11 muertes en represión de marchas opositoras, y otras ocho por crímenes selectivos achacados a fuerzas de seguridad estatal.
El repudio por las acciones violentas contra periodistas y comunicadores sociales en Honduras; y contra miembros de la comunidad lésbico-gay ha sido manifestado tanto por organismos nacionales como internacionales.
Desde el inicio del gobierno de “Pepe” Lobo, desconocidos asesinaron a 12 periodistas, tres de ellos en 2011; según HRW, algunos de estos se opusieron al golpe, denunciaron corrupción o violaciones a derechos humanos y muchos están bajo amenazas de muerte.
El informe reseña además el asesinato de más de 30 personas en el Bajo del Aguán, en el norteño departamento de Colón, en agosto de 2011, cuando campesinos ocuparon tierras cultivadas por grandes empresas agrícolas establecidas en la zona.
"Muchas víctimas fueron miembros de las asociaciones campesinas, atacados por guardias de seguridad de esas empresas", y luego cuatro guardias de seguridad fueron asesinados por individuos armados con rifles de asalto”, señaló.
La investigación de los crímenes no ha sido posible por la "sistemática obstrucción" de la Policía y las Fuerzas Armadas, por alteración de la escena del crimen, manipulación de documentos, negligencia y liberación de sospechosos, afirma HRW.
lunes, 23 de enero de 2012
Honduras en el Informe Anual 2012 de Humans Rights Watch
Durante 2011, Honduras no hizo justicia en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto instaurado con posterioridad al golpe militar de 2009. Una gran cantidad de casos continúan impunes, a pesar de que enmayo de 2010 el gobierno creó una Comisión de la Verdad que analizaría los sucesos relativos al golpe de estado y de los esfuerzos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público por investigar los abusos.
También persistieron los hechos de violencia y las amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y personas transgénero. Son pocos los casos en que se juzga a los responsables de estos abusos.
Impunidad de abusos posteriores al golpe
Luego del golpe militar de 2009, el gobierno de facto suspendió varias libertades civiles fundamentales, como la libertad de prensa y de reunión. En los días posteriores, el Ejército ocupó diversos medios opositores y canceló su transmisión en forma provisoria. Tanto policías como militares respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza. Este patrón de uso desproporcionado de la fuerza derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias.
En julio de 2011, la Comisión de la Verdad creada por el Presidente Porfirio Lobo para investigar los eventos previos y posteriores al golpe de Estado presentó su informe. Los comisionados documentaron los casos de 20 personas, y concluyeron que 12 de ellas habían muerto como resultado de uso excesivo de la fuerza por policías o miembros del Ejército, y que 8 habían sido asesinadas deliberadamente por agentes del gobierno.
La comisión también informó que policías y militares habían participado en la “obstrucción sistemática” de las investigaciones sobre estos abusos, a través de, por ejemplo, alterar la escena del crimen y documentos oficiales, actuar de manera negligente y ayudar a los presuntos responsables a escapar.
Según información proporcionada en octubre de 2011 por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, ninguna persona había sido condenada penalmente por los graves abusos que habrían sido cometidos por las fuerzas de seguridad tras el golpe de estado y en el marco de manifestaciones a favor del presidente depuesto Manuel Zelaya. Los fiscales de derechos humanos continúan enfrentando obstáculos en sus investigaciones, como colaboración limitada por parte de las fuerzas de seguridad, insuficiencia de recursos y falta de implementación de un programa de protección a testigos.
Ataques contra periodistas
Desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010 hasta noviembre de
2011, agresores no identificados asesinaron a al menos 12 periodistas murieron —tres de ellos durante 2011—. Muchas de las víctimas habían repudiado el golpe de estado o habían informado sobre casos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Otros periodistas han recibido amenazas de muerte. En julio de 2011, el periodista de radio Nery Jeremías Orellana, de 26 años, se dirigía en motocicleta a su trabajo en Candelaria, departamento de Lempira, cuando agresores armados no identificados le dispararon en la cabeza. Murió en el hospital pocas horas después. Orellana dirigía Radio Joconguera de Candelaria, un medio que informó sobre violaciones de derechos humanos en la zona y en varias oportunidades había difundido la opinión de opositores al golpe. Orellana habría recibido anteriormente varias amenazas de muerte.
En la mayoría de estos crímenes, las personas responsables no han sido identificadas ni acusadas penalmente. En marzo de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cuatro casos estaban siendo analizados por la justicia y que otros seis aún estaban siendo investigados. Varios funcionarios gubernamentales, entre ellos el Secretario de Seguridad y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, han rechazado señalamientos que aseguran que los asesinatos estarían relacionados con la actividad profesional de las víctimas.
Violencia rural
Más de 30 personas fueron asesinadas entre enero y agosto de 2011 en el valle del Bajo Aguán, una zona fértil de producción de aceite de palma en el norte de Honduras. En mayo estalló un conflicto por la tierra que tiene décadas de vigencia, luego de que un grupo de campesinos ocupó terrenos que estaban siendo cultivados por grandes compañías agrícolas de propiedad privada. Muchas de las víctimas eran miembros de asociaciones de campesinos que presuntamente habrían sido abatidos por guardias de seguridad privada armados que trabajaban para estas compañías.
A su vez, cuatro guardias de seguridad privada murieron tras recibir disparos en agosto de 2011, cuando un grupo de personas se presentaron con fusiles y otras armas e intentaron ocupar una hacienda. No ha sido posible esclarecer las circunstancias de cada uno de estos incidentes ante la falta de investigaciones penales adecuadas. Hasta septiembre, ninguna persona había sido acusada por los asesinatos en la región de Bajo Aguán.
Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
En marzo de 2011, trascendieron denuncias creíbles de que miembros de la policía nacional arrojaron gases lacrimógenos indiscriminadamente y golpearon a manifestantes durante las protestas organizadas por sindicatos de docentes que se oponían a una serie de reformas propuestas al sistema de educación pública. Ilse Velázquez Rodríguez, docente y miembro de una organización de derechos humanos, se habría desmayado luego de ser golpeada en la frente por un cartucho de gas lacrimógeno y murió pocos minutos después tras ser atropellada por un automóvil.
Violencia contra personas transgénero
Los ataques dirigidos específicamente a personas transgénero representan un problema grave en Honduras. Seis mujeres transgénero fueron asesinadas entre noviembre de 2010 y enero de 2011 en la vía pública o en sus viviendas en Tegucigalpa, la capital del país, y en Comayagüela y San Pedro Sula. Los ataques incluyeron desde agresiones armadas hasta prender fuego a las víctimas. Algunas víctimas habrían sido torturadas antes de ser asesinadas. Entre enero y noviembre de 2011, cuatro nuevos casos de homicidio de mujeres transgénero han sido documentados por
activistas de derechos humanos locales.
La supuesta participación de miembros de la policía hondureña en algunos de estos violentos abusos resulta particularmente preocupante. Son pocas las instancias en que, luego de estos hechos, se impulsan investigaciones rigurosas, y muchos menos los casos en que se aplica alguna condena penal. En enero de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos condenó los “crímenes de odio” contra miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT).
En febrero, el gobierno creó una unidad especial en el Ministerio Público que se encargaría de investigar el asesinato de mujeres, transgénero y de miembros de otros grupos vulnerables, y en noviembre se conformó otra similar en San Pedro Sula.
Honduras no cuenta con leyes contra la discriminación y su legislación penal vigente expone a miembros de la comunidad de LGBT a detenciones arbitrarias por conductas que han sido definidas de manera sumamente imprecisa como “faltas contra las buenas costumbres”.
Independencia judicial
Hasta hace poco, la Corte Suprema de Justicia gozaba de poderes absolutos sobre cuestiones de manejo del personal del poder judicial. En mayo de 2010, aplicó estos poderes de manera abusiva para destituir a cuatro jueces que se habían manifestado abiertamente en contra del golpe de estado, acusándolos de haber participado en política, mientras que no adoptó medida alguna contra jueces que habían apoyado públicamente el derrocamiento del ex Presidente Zelaya. En agosto de 2011, el Consejo de la Carrera Judicial confirmó la destitución de tres de los jueces, otorgó una indemnización a sólo uno de ellos y reincorporó al cuarto juez.
En febrero de 2011, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas constitucionales que crearon un nuevo organismo, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, un órgano electo encargado de nombrar y destituir a jueces. En noviembre de 2011, tras prolongadas demoras como resultado de diferencias políticas, el Congreso aprobó varios artículos clave de una ley que regula la integración y las facultades del Consejo. Los legisladores acordaron no incluir a un representante del poder ejecutivo en el Consejo, cuyos cinco miembros serían elegidos por el Congreso luego de celebrar audiencias públicas.
Defensores de derechos humanos
En algunos casos, funcionarios del gobierno han fomentado una actitud de hostilidad por parte de algunos sectores del público respecto de defensores de derechos humanos que promueven los derechos de víctimas de abusos policiales. En mayo de 2011, la titular de la
Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Sandra Ponce, recibió una serie de mensajes de texto intimidatorios luego de que el Subsecretario de Seguridad la criticara públicamente por haber iniciado una investigación de la muerte de siete jóvenes que presuntamente eran miembros de una pandilla en Ciudad Planeta, cerca de San Pedro Sula.
Leo Valladares, uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos de Honduras y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contó a Human Rights Watch que había recibido amenazas telefónicas, y advirtió que su vivienda fue vigilada y que fue seguido por individuos luego de cuestionar el poder cada vez más amplio que detenta el Ejército de Honduras desde el golpe de estado de 2009.
Actores internacionales clave
En junio de 2011, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos votó a favor de la readmisión de Honduras, cuya membresía había sido suspendida inmediatamente después del golpe de 2009. Unos días antes, Zelaya puso fin a su exilio y regresó a Honduras luego de que un tribunal de apelación de ese país desestimara las acusaciones de corrupción en su contra.
En junio de 2011, el Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) interpuso una demanda en el marco de la Ley de Reclamaciones Civiles para Extranjeros de Estados Unidos (United States Alien Tort Statute) contra el ex Presidente de facto Roberto Micheletti en representación de los padres del adolescente Isis Obed Murillo, asesinado por disparos de miembros del Ejército hondureño durante una manifestación contra el golpe de estado. Al momento de la redacción de este informe, la demanda civil aún se encontraba pendiente ante un Tribunal de Distrito Federal del Distrito Sur de Texas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un rol clave en Honduras desde el golpe de estado, y ha elaborado informes exhaustivos donde se documentan abusos como asesinatos, amenazas y ataques contra periodistas.
Desde agosto de 2010, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene un asesor de derechos humanos en Honduras, quien brinda asesoramiento al gobierno sobre estrategias de protección y promoción de los derechos humanos, así como consejos y apoyo a organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
El Presidente Lobo continuó apoyando durante 2011 la creación de una comisión internacional respaldada por la ONU contra la impunidad en Honduras, en el contexto de medidas internacionales destinadas a brindar asistencia a los gobiernos para luchar contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción en América Central.
También persistieron los hechos de violencia y las amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y personas transgénero. Son pocos los casos en que se juzga a los responsables de estos abusos.
Impunidad de abusos posteriores al golpe
Luego del golpe militar de 2009, el gobierno de facto suspendió varias libertades civiles fundamentales, como la libertad de prensa y de reunión. En los días posteriores, el Ejército ocupó diversos medios opositores y canceló su transmisión en forma provisoria. Tanto policías como militares respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza. Este patrón de uso desproporcionado de la fuerza derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias.
En julio de 2011, la Comisión de la Verdad creada por el Presidente Porfirio Lobo para investigar los eventos previos y posteriores al golpe de Estado presentó su informe. Los comisionados documentaron los casos de 20 personas, y concluyeron que 12 de ellas habían muerto como resultado de uso excesivo de la fuerza por policías o miembros del Ejército, y que 8 habían sido asesinadas deliberadamente por agentes del gobierno.
La comisión también informó que policías y militares habían participado en la “obstrucción sistemática” de las investigaciones sobre estos abusos, a través de, por ejemplo, alterar la escena del crimen y documentos oficiales, actuar de manera negligente y ayudar a los presuntos responsables a escapar.
Según información proporcionada en octubre de 2011 por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, ninguna persona había sido condenada penalmente por los graves abusos que habrían sido cometidos por las fuerzas de seguridad tras el golpe de estado y en el marco de manifestaciones a favor del presidente depuesto Manuel Zelaya. Los fiscales de derechos humanos continúan enfrentando obstáculos en sus investigaciones, como colaboración limitada por parte de las fuerzas de seguridad, insuficiencia de recursos y falta de implementación de un programa de protección a testigos.
Ataques contra periodistas
Desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010 hasta noviembre de
2011, agresores no identificados asesinaron a al menos 12 periodistas murieron —tres de ellos durante 2011—. Muchas de las víctimas habían repudiado el golpe de estado o habían informado sobre casos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Otros periodistas han recibido amenazas de muerte. En julio de 2011, el periodista de radio Nery Jeremías Orellana, de 26 años, se dirigía en motocicleta a su trabajo en Candelaria, departamento de Lempira, cuando agresores armados no identificados le dispararon en la cabeza. Murió en el hospital pocas horas después. Orellana dirigía Radio Joconguera de Candelaria, un medio que informó sobre violaciones de derechos humanos en la zona y en varias oportunidades había difundido la opinión de opositores al golpe. Orellana habría recibido anteriormente varias amenazas de muerte.
En la mayoría de estos crímenes, las personas responsables no han sido identificadas ni acusadas penalmente. En marzo de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cuatro casos estaban siendo analizados por la justicia y que otros seis aún estaban siendo investigados. Varios funcionarios gubernamentales, entre ellos el Secretario de Seguridad y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, han rechazado señalamientos que aseguran que los asesinatos estarían relacionados con la actividad profesional de las víctimas.
Violencia rural
Más de 30 personas fueron asesinadas entre enero y agosto de 2011 en el valle del Bajo Aguán, una zona fértil de producción de aceite de palma en el norte de Honduras. En mayo estalló un conflicto por la tierra que tiene décadas de vigencia, luego de que un grupo de campesinos ocupó terrenos que estaban siendo cultivados por grandes compañías agrícolas de propiedad privada. Muchas de las víctimas eran miembros de asociaciones de campesinos que presuntamente habrían sido abatidos por guardias de seguridad privada armados que trabajaban para estas compañías.
A su vez, cuatro guardias de seguridad privada murieron tras recibir disparos en agosto de 2011, cuando un grupo de personas se presentaron con fusiles y otras armas e intentaron ocupar una hacienda. No ha sido posible esclarecer las circunstancias de cada uno de estos incidentes ante la falta de investigaciones penales adecuadas. Hasta septiembre, ninguna persona había sido acusada por los asesinatos en la región de Bajo Aguán.
Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
En marzo de 2011, trascendieron denuncias creíbles de que miembros de la policía nacional arrojaron gases lacrimógenos indiscriminadamente y golpearon a manifestantes durante las protestas organizadas por sindicatos de docentes que se oponían a una serie de reformas propuestas al sistema de educación pública. Ilse Velázquez Rodríguez, docente y miembro de una organización de derechos humanos, se habría desmayado luego de ser golpeada en la frente por un cartucho de gas lacrimógeno y murió pocos minutos después tras ser atropellada por un automóvil.
Violencia contra personas transgénero
Los ataques dirigidos específicamente a personas transgénero representan un problema grave en Honduras. Seis mujeres transgénero fueron asesinadas entre noviembre de 2010 y enero de 2011 en la vía pública o en sus viviendas en Tegucigalpa, la capital del país, y en Comayagüela y San Pedro Sula. Los ataques incluyeron desde agresiones armadas hasta prender fuego a las víctimas. Algunas víctimas habrían sido torturadas antes de ser asesinadas. Entre enero y noviembre de 2011, cuatro nuevos casos de homicidio de mujeres transgénero han sido documentados por
activistas de derechos humanos locales.
La supuesta participación de miembros de la policía hondureña en algunos de estos violentos abusos resulta particularmente preocupante. Son pocas las instancias en que, luego de estos hechos, se impulsan investigaciones rigurosas, y muchos menos los casos en que se aplica alguna condena penal. En enero de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos condenó los “crímenes de odio” contra miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT).
En febrero, el gobierno creó una unidad especial en el Ministerio Público que se encargaría de investigar el asesinato de mujeres, transgénero y de miembros de otros grupos vulnerables, y en noviembre se conformó otra similar en San Pedro Sula.
Honduras no cuenta con leyes contra la discriminación y su legislación penal vigente expone a miembros de la comunidad de LGBT a detenciones arbitrarias por conductas que han sido definidas de manera sumamente imprecisa como “faltas contra las buenas costumbres”.
Independencia judicial
Hasta hace poco, la Corte Suprema de Justicia gozaba de poderes absolutos sobre cuestiones de manejo del personal del poder judicial. En mayo de 2010, aplicó estos poderes de manera abusiva para destituir a cuatro jueces que se habían manifestado abiertamente en contra del golpe de estado, acusándolos de haber participado en política, mientras que no adoptó medida alguna contra jueces que habían apoyado públicamente el derrocamiento del ex Presidente Zelaya. En agosto de 2011, el Consejo de la Carrera Judicial confirmó la destitución de tres de los jueces, otorgó una indemnización a sólo uno de ellos y reincorporó al cuarto juez.
En febrero de 2011, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas constitucionales que crearon un nuevo organismo, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, un órgano electo encargado de nombrar y destituir a jueces. En noviembre de 2011, tras prolongadas demoras como resultado de diferencias políticas, el Congreso aprobó varios artículos clave de una ley que regula la integración y las facultades del Consejo. Los legisladores acordaron no incluir a un representante del poder ejecutivo en el Consejo, cuyos cinco miembros serían elegidos por el Congreso luego de celebrar audiencias públicas.
Defensores de derechos humanos
En algunos casos, funcionarios del gobierno han fomentado una actitud de hostilidad por parte de algunos sectores del público respecto de defensores de derechos humanos que promueven los derechos de víctimas de abusos policiales. En mayo de 2011, la titular de la
Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Sandra Ponce, recibió una serie de mensajes de texto intimidatorios luego de que el Subsecretario de Seguridad la criticara públicamente por haber iniciado una investigación de la muerte de siete jóvenes que presuntamente eran miembros de una pandilla en Ciudad Planeta, cerca de San Pedro Sula.
Leo Valladares, uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos de Honduras y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contó a Human Rights Watch que había recibido amenazas telefónicas, y advirtió que su vivienda fue vigilada y que fue seguido por individuos luego de cuestionar el poder cada vez más amplio que detenta el Ejército de Honduras desde el golpe de estado de 2009.
Actores internacionales clave
En junio de 2011, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos votó a favor de la readmisión de Honduras, cuya membresía había sido suspendida inmediatamente después del golpe de 2009. Unos días antes, Zelaya puso fin a su exilio y regresó a Honduras luego de que un tribunal de apelación de ese país desestimara las acusaciones de corrupción en su contra.
En junio de 2011, el Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) interpuso una demanda en el marco de la Ley de Reclamaciones Civiles para Extranjeros de Estados Unidos (United States Alien Tort Statute) contra el ex Presidente de facto Roberto Micheletti en representación de los padres del adolescente Isis Obed Murillo, asesinado por disparos de miembros del Ejército hondureño durante una manifestación contra el golpe de estado. Al momento de la redacción de este informe, la demanda civil aún se encontraba pendiente ante un Tribunal de Distrito Federal del Distrito Sur de Texas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un rol clave en Honduras desde el golpe de estado, y ha elaborado informes exhaustivos donde se documentan abusos como asesinatos, amenazas y ataques contra periodistas.
Desde agosto de 2010, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene un asesor de derechos humanos en Honduras, quien brinda asesoramiento al gobierno sobre estrategias de protección y promoción de los derechos humanos, así como consejos y apoyo a organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
El Presidente Lobo continuó apoyando durante 2011 la creación de una comisión internacional respaldada por la ONU contra la impunidad en Honduras, en el contexto de medidas internacionales destinadas a brindar asistencia a los gobiernos para luchar contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción en América Central.
jueves, 12 de enero de 2012
Fustiga México denuncia de Reporteros sin Fronteras
11 de enero, 2012 [17:05]
Agencias / París
Denuncia ARTICLE 19 ante CIDH falta de protección a periodistas
Protestan reporteros en Congreso con mantas
Resuelven México y EU diferendo por transporte fronterizo
París.-
México tachó de “desalentadora” la campaña llevada a cabo por Reporteros Sin Fronteras (RSF) para llamar la atención sobre la situación de la libertad de prensa y de los periodistas en ese país y en otros destinos turísticos favoritos de los franceses.
En una nota de la embajada de México en París enviada hoy a Efe, se aseguró que el gobierno mexicano comparte la preocupación de la sociedad civil sobre la violencia que sufren algunos periodistas por parte del crimen organizado, pero considera que ese tipo de iniciativas “demeritan los esfuerzos actuales de las autoridades al respecto”.
“Resultan sorprendentes los términos en los que RSF aborda la situación que actualmente prevalece en México”, señala la nota, que destaca “la importancia que el gobierno mexicano concede a la labor de los periodistas para el sano funcionamiento de la democracia” y las medidas emprendidas para garantizar su trabajo.
RSF recreó hoy una playa en pleno invierno parisino para sensibilizar a la gente de que a la hora de elegir un destino vacacional es necesario informarse de su clima no solo a nivel meteorológico, sino también en cuanto a la situación política y de la libertad de la prensa.
La organización de defensa de los profesionales del periodismo centró su denuncia en México, país al que tachó de ser “uno de los más mortíferos para los periodistas”, en Vietnam, “uno de los que más encarcela” , y en Tailandia, “de los que más persigue a la prensa en internet” .
La embajada subrayó que el crimen organizado es el “único responsable de los lamentables decesos de periodistas registrados en distintas regiones del país” , e hizo hincapié en que el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia para garantizar la seguridad de los reporteros, cuyos resultados son a su juicio “palpables” .
Por ello, y para que el análisis sobre la situación en el país sea “más apegado a la realidad” , esa legación reiteró su disposición para entregar a RSF y a otras ONG toda la información sobre las acciones llevadas a cabo.
“México está abierto al escrutinio internacional y en ese tenor -concluyó el comunicado- sus acciones se apegan a los compromisos internacionales que se han asumido en materia de derechos humanos y de fortalecimiento del Estado de derecho” .
Agencias / París
Denuncia ARTICLE 19 ante CIDH falta de protección a periodistas
Protestan reporteros en Congreso con mantas
Resuelven México y EU diferendo por transporte fronterizo
París.-
México tachó de “desalentadora” la campaña llevada a cabo por Reporteros Sin Fronteras (RSF) para llamar la atención sobre la situación de la libertad de prensa y de los periodistas en ese país y en otros destinos turísticos favoritos de los franceses.
En una nota de la embajada de México en París enviada hoy a Efe, se aseguró que el gobierno mexicano comparte la preocupación de la sociedad civil sobre la violencia que sufren algunos periodistas por parte del crimen organizado, pero considera que ese tipo de iniciativas “demeritan los esfuerzos actuales de las autoridades al respecto”.
“Resultan sorprendentes los términos en los que RSF aborda la situación que actualmente prevalece en México”, señala la nota, que destaca “la importancia que el gobierno mexicano concede a la labor de los periodistas para el sano funcionamiento de la democracia” y las medidas emprendidas para garantizar su trabajo.
RSF recreó hoy una playa en pleno invierno parisino para sensibilizar a la gente de que a la hora de elegir un destino vacacional es necesario informarse de su clima no solo a nivel meteorológico, sino también en cuanto a la situación política y de la libertad de la prensa.
La organización de defensa de los profesionales del periodismo centró su denuncia en México, país al que tachó de ser “uno de los más mortíferos para los periodistas”, en Vietnam, “uno de los que más encarcela” , y en Tailandia, “de los que más persigue a la prensa en internet” .
La embajada subrayó que el crimen organizado es el “único responsable de los lamentables decesos de periodistas registrados en distintas regiones del país” , e hizo hincapié en que el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia para garantizar la seguridad de los reporteros, cuyos resultados son a su juicio “palpables” .
Por ello, y para que el análisis sobre la situación en el país sea “más apegado a la realidad” , esa legación reiteró su disposición para entregar a RSF y a otras ONG toda la información sobre las acciones llevadas a cabo.
“México está abierto al escrutinio internacional y en ese tenor -concluyó el comunicado- sus acciones se apegan a los compromisos internacionales que se han asumido en materia de derechos humanos y de fortalecimiento del Estado de derecho” .
martes, 10 de enero de 2012
Mujer toleteada por la Guardia de “Honor” Presidencial
Mujer toleteada por la Guardia de “Honor” Presidencial víctima de amenazas a muerte
Alertas C-Libre
9 de enero de 2012
http://terratv.terra.com.ar/videos/Noticias/5140-355151/La-policia-reprime-marcha-de-mujeres-periodistas-en-Honduras.htm
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre). Itsmania Pineda Platero, una de las periodistas reprimidas por miembros de la Guardia de “Honor” Presidencial, el día martes 13 de diciembre de 2011, frente a Casa de Gobierno, denunció estar siendo amenazada e intimidada vía teléfono celular.
Según la denuncia de Pineda Plateros, desde el día 6 de enero del presente año a eso de las seis de la tarde, recibió una llamada a su celular por parte de un hombre que le dijo: “PERRA TE VAMOS A MATAR”. Cuatro horas más tarde le volvieron a llamar y al contestar escuchó voces de hombres, al tiempo que cerrajeaban un arma de fuego como acto de intimidación.
El domingo ocho de enero a las 12:27pm con 18 segundos, Pineda Plateros recibió un mensaje en su celular, enviado desde el número 8814-4796, el que literalmente dice: “El que escupe para arriba en la cara le cae, no juegues con fuego, que ni tu guarda espalda te va a salvar, caminas botadita cuídate”.
“Sabes, así llévatela en cualquier momento te vamos a ir a votar al crematorio vamos a ser tu pesadilla”, es otro de los mensajes que según Pineda Plateros le enviaron sus agresores el lunes nueve de enero a las 8:26am con 43 segundos.
La también defensora de Derechos Humanos, es una de las 15 periodistas del colectivo por la Vida y la Libertad de Expresión que el 21 de diciembre del año pasado denunciaron ante la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, al Presidente de Honduras, al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y al Jefe de la Guardia de “Honor” Presidencial por los delitos de abuso de autoridad y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por funcionarios civiles y militares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la constitución de la república.
“Cualquier cuestión que me pase a mí y a mis familiares será responsabilidad del Estado de Honduras que hasta la fecha ha incumplido con las medidas de seguridad otorgadas a mi favor y de la señora María Isabel Barahona Morales fundadora de XIBALBA”. Denuncio la afectada.
Por su parte, la periodista Sandra Maribel Sánchez, del colectivo de periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión, repudió enérgicamente las amenazas e intimidaciones en contra de su colega, “no nos queda duda de que el acoso contra Itsmania, es consecuencia de las acciones de denuncia nacional e internacional que hemos realizado contra este régimen y del enojo que les ha provocado la gran repercusión que sus acciones han tenido a nivel mundial.
Itmania Pineda Plateros era una de la periodistas que cargaba un simbólico ataúd el día la protesta frente a Casa de Gobierno, imagen que fue recogida por el periódico Los Ángeles Times, para ilustrar uno de sus editoriales en el que demandó que el gobierno de Lobo Sosa rindiera cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras, informó Sánchez.
Por su parte el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), emitió durante el 2011 una alerta con fecha 18 de mayo, donde Pineda Plateros, denunciaba ser víctima de una campaña de persecución y desprestigio en su contra.
En el informe de violaciones a la libertad de expresión del año 2010, C-Libre también registra las denuncias de amenaza e intimidación de que fue objeto Pineda Plateros, cuando dirigía una organización humanitaria en Honduras.
____________________________________________________________
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.
Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.
Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico alertas@clibrehonduras.com, para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite www.clibrehonduras.com
COMITE POR LA LIBRE EXPRESION
Colonia Palmira, Primera Calle, contiguo al Centro Cultural de España, 25 mts al norte del Redondel de los Artesanos, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Telefax. (504) 2237-9966
Alertas (504) 3229-6242
Alertas C-Libre
9 de enero de 2012
http://terratv.terra.com.ar/videos/Noticias/5140-355151/La-policia-reprime-marcha-de-mujeres-periodistas-en-Honduras.htm
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre). Itsmania Pineda Platero, una de las periodistas reprimidas por miembros de la Guardia de “Honor” Presidencial, el día martes 13 de diciembre de 2011, frente a Casa de Gobierno, denunció estar siendo amenazada e intimidada vía teléfono celular.
Según la denuncia de Pineda Plateros, desde el día 6 de enero del presente año a eso de las seis de la tarde, recibió una llamada a su celular por parte de un hombre que le dijo: “PERRA TE VAMOS A MATAR”. Cuatro horas más tarde le volvieron a llamar y al contestar escuchó voces de hombres, al tiempo que cerrajeaban un arma de fuego como acto de intimidación.
El domingo ocho de enero a las 12:27pm con 18 segundos, Pineda Plateros recibió un mensaje en su celular, enviado desde el número 8814-4796, el que literalmente dice: “El que escupe para arriba en la cara le cae, no juegues con fuego, que ni tu guarda espalda te va a salvar, caminas botadita cuídate”.
“Sabes, así llévatela en cualquier momento te vamos a ir a votar al crematorio vamos a ser tu pesadilla”, es otro de los mensajes que según Pineda Plateros le enviaron sus agresores el lunes nueve de enero a las 8:26am con 43 segundos.
La también defensora de Derechos Humanos, es una de las 15 periodistas del colectivo por la Vida y la Libertad de Expresión que el 21 de diciembre del año pasado denunciaron ante la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, al Presidente de Honduras, al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y al Jefe de la Guardia de “Honor” Presidencial por los delitos de abuso de autoridad y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por funcionarios civiles y militares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la constitución de la república.
“Cualquier cuestión que me pase a mí y a mis familiares será responsabilidad del Estado de Honduras que hasta la fecha ha incumplido con las medidas de seguridad otorgadas a mi favor y de la señora María Isabel Barahona Morales fundadora de XIBALBA”. Denuncio la afectada.
Por su parte, la periodista Sandra Maribel Sánchez, del colectivo de periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión, repudió enérgicamente las amenazas e intimidaciones en contra de su colega, “no nos queda duda de que el acoso contra Itsmania, es consecuencia de las acciones de denuncia nacional e internacional que hemos realizado contra este régimen y del enojo que les ha provocado la gran repercusión que sus acciones han tenido a nivel mundial.
Itmania Pineda Plateros era una de la periodistas que cargaba un simbólico ataúd el día la protesta frente a Casa de Gobierno, imagen que fue recogida por el periódico Los Ángeles Times, para ilustrar uno de sus editoriales en el que demandó que el gobierno de Lobo Sosa rindiera cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras, informó Sánchez.
Por su parte el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), emitió durante el 2011 una alerta con fecha 18 de mayo, donde Pineda Plateros, denunciaba ser víctima de una campaña de persecución y desprestigio en su contra.
En el informe de violaciones a la libertad de expresión del año 2010, C-Libre también registra las denuncias de amenaza e intimidación de que fue objeto Pineda Plateros, cuando dirigía una organización humanitaria en Honduras.
____________________________________________________________
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.
Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.
Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico alertas@clibrehonduras.com, para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite www.clibrehonduras.com
COMITE POR LA LIBRE EXPRESION
Colonia Palmira, Primera Calle, contiguo al Centro Cultural de España, 25 mts al norte del Redondel de los Artesanos, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Telefax. (504) 2237-9966
Alertas (504) 3229-6242
ameriques@rsf.orgEspañol/English/Français
Reporteros sin Fronteras
Actu/Update
10 de enero de 2012
Honduras
Una manifestante de “Periodistas por la Vida” recibió cuatro amenazas de muerte en tres días
“¡Perra, te vamos a matar!” En esos términos fue “advertida” por primera vez, el 6 de enero de 2012, la periodista independiente y defensora de los derechos humanos Itsmania Pineda Platero. Ese mismo día, y después el 8 y 9 de enero, recibió otras tres llamadas telefónicas con amenazas del mismo tipo. En una de ellas podía oírse el ruido del cargador de una pistola.
Reporteros sin Fronteras considera que las autoridades son responsables de la seguridad de la periodista, quien marchaba a la cabeza de una manifestación del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, llevada a cabo el 13 de diciembre pasado y que fue duramente reprimida en las inmediaciones de la Casa de Gobierno (http://es.rsf.org/honduras-agreden-a-mujeres-periodistas-que-14-12-2011,41549.html). Ocho días después, periodistas del colectivo presentaron una denuncia por esta agresión, cometida por militares y miembros de la Guardia de Honor Presidencial. Reporteros sin Fronteras espera conocer el seguimiento judicial que se le ha dado.
“Itsmania Pineda Platero ya era una personalidad expuesta al peligro, debido a su cargo de directora de la organización de defensa de derechos humanos Xibalba (http://xibalbahonduras.blogspot.com/). Ahora, tras la manifestación del 13 de diciembre, lo es aún más, y no se le ha dado a ella ni a su familia ninguna protección ofrecida normalmente. Es urgente remediar esta situación, no se puede esperar más. La impunidad ha durado demasiado. Desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, 17 periodistas han perdido la vida en Honduras. Por el caso de Itsmania Pineda Platero, consideramos que de ahora en adelante todo el colectivo de ‘Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión’ se encuentra amenazado. De nuevo, se trata de la responsabilidad de las autoridades”, declaró Reporteros sin Fronteras.
_________
Honduras
“Journalism for life” demonstrator receives four death threats in three days
“We’ll skin you alive, bitch!” With these words the independent journalists and human rights campaigner Itsmania Pineda Platero was threatened on 6 January, then again in three similar calls -- once more on the same day, and on 8 and 9 January.
During one of the calls, there was the sound of a gun being loaded in the background.
Reporters Without Borders holds the Honduran authorities responsible for the safety of the journalist, who walked at the head of the “Journalism for life and free expression” march on 13 December that was violently dispersed in front of the presidential palace in Tegucigalpa (http://en.rsf.org/honduras-soldiers-use-clubs-to-disperse-14-12-2011,41548.html).
A week later, a complaint was filed about the violence used by soldiers and members of the presidential guard. Reporters Without Borders is waiting to hear what legal action will be taken as a result.
“Itsmania Pineda Platero was already at risk because of her prominent position as head of the Xibalba human rights organization (http://xibalbahonduras.blogspot.com/),” the press freedom organization said.
“She is exposed to even greater danger since the 13 December demonstration and none of the usual measures to protect her and her family have been carried out. This must be rectified without delay.
“Impunity has gone on too long. Seventeen journalists have been killed in Honduras since the coup in June 2009.
“Through Itsmania Pineda Platero, we consider all members of the ‘Journalism for life and free expression’ group to be under threat from now on. Once again, the authorities bear the responsibility.”
________
Honduras
Quatre menaces de mort en trois jours contre une manifestante des “Journalistes pour la vie”
“Chienne, on va te buter !” La journaliste indépendante et défenseur des droits de l’homme Itsmania Pineda Platero a été “avertie” une première fois en ces termes, le 6 janvier 2012, avant de recevoir, le jour même puis les 8 et 9 janvier, trois autres appels du même type. L’un d’eux laissait entendre le bruit d’un chargeur de pistolet.
Reporters sans frontières tient les autorités pour responsable de la sécurité de la journaliste, qui défilait en tête du cortège des “Journalistes pour la vie et la liberté d’expression”, au cours d’une manifestation durement réprimée devant le palais du gouvernement, le 13 décembre dernier (http://fr.rsf.org/honduras-une-protestation-pacifique-de-14-12-2011,41547.html). Une plainte a été déposée, huit jours plus tard, suite à cette agression commise par des militaires et des membres de la garde d’honneur présidentielle. Reporters sans frontières attend d’en connaître les suites judiciaires.
“Itsmania Pineda Platero était déjà une personnalité exposée, au titre de ses fonctions de directrice de l’organisation de défense des droits de l’homme Xibalba (http://xibalbahonduras.blogspot.com/). Elle l’est encore davantage depuis la manifestation du 13 décembre et aucune protection normalement garantie n’a été mise en œuvre pour elle et sa famille. Il y a urgence à remédier à cette situation sans délai. L’impunité n’a que trop duré. Dix-sept journalistes ont perdu la vie au Honduras depuis le coup d’État du 28 juin 2009. A travers Itsmania Pineda Platero, nous considérons que l’ensemble du collectif des ‘Journalistes pour la vie et pour la liberté d’expression’ se trouve désormais menacé. La responsabilité des autorités est à nouveau engagée”, a déclaré Reporters sans frontières.
Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas desk
Reporters sans frontières
47 rue Vivienne 75002 Paris - France
+33 1 44 83 84 68 / ameriques@rsf.org
twitter : RSF_Americas
skype : rsf_americas
Reporteros sin Fronteras
Actu/Update
10 de enero de 2012
Honduras
Una manifestante de “Periodistas por la Vida” recibió cuatro amenazas de muerte en tres días
“¡Perra, te vamos a matar!” En esos términos fue “advertida” por primera vez, el 6 de enero de 2012, la periodista independiente y defensora de los derechos humanos Itsmania Pineda Platero. Ese mismo día, y después el 8 y 9 de enero, recibió otras tres llamadas telefónicas con amenazas del mismo tipo. En una de ellas podía oírse el ruido del cargador de una pistola.
Reporteros sin Fronteras considera que las autoridades son responsables de la seguridad de la periodista, quien marchaba a la cabeza de una manifestación del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, llevada a cabo el 13 de diciembre pasado y que fue duramente reprimida en las inmediaciones de la Casa de Gobierno (http://es.rsf.org/honduras-agreden-a-mujeres-periodistas-que-14-12-2011,41549.html). Ocho días después, periodistas del colectivo presentaron una denuncia por esta agresión, cometida por militares y miembros de la Guardia de Honor Presidencial. Reporteros sin Fronteras espera conocer el seguimiento judicial que se le ha dado.
“Itsmania Pineda Platero ya era una personalidad expuesta al peligro, debido a su cargo de directora de la organización de defensa de derechos humanos Xibalba (http://xibalbahonduras.blogspot.com/). Ahora, tras la manifestación del 13 de diciembre, lo es aún más, y no se le ha dado a ella ni a su familia ninguna protección ofrecida normalmente. Es urgente remediar esta situación, no se puede esperar más. La impunidad ha durado demasiado. Desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, 17 periodistas han perdido la vida en Honduras. Por el caso de Itsmania Pineda Platero, consideramos que de ahora en adelante todo el colectivo de ‘Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión’ se encuentra amenazado. De nuevo, se trata de la responsabilidad de las autoridades”, declaró Reporteros sin Fronteras.
_________
Honduras
“Journalism for life” demonstrator receives four death threats in three days
“We’ll skin you alive, bitch!” With these words the independent journalists and human rights campaigner Itsmania Pineda Platero was threatened on 6 January, then again in three similar calls -- once more on the same day, and on 8 and 9 January.
During one of the calls, there was the sound of a gun being loaded in the background.
Reporters Without Borders holds the Honduran authorities responsible for the safety of the journalist, who walked at the head of the “Journalism for life and free expression” march on 13 December that was violently dispersed in front of the presidential palace in Tegucigalpa (http://en.rsf.org/honduras-soldiers-use-clubs-to-disperse-14-12-2011,41548.html).
A week later, a complaint was filed about the violence used by soldiers and members of the presidential guard. Reporters Without Borders is waiting to hear what legal action will be taken as a result.
“Itsmania Pineda Platero was already at risk because of her prominent position as head of the Xibalba human rights organization (http://xibalbahonduras.blogspot.com/),” the press freedom organization said.
“She is exposed to even greater danger since the 13 December demonstration and none of the usual measures to protect her and her family have been carried out. This must be rectified without delay.
“Impunity has gone on too long. Seventeen journalists have been killed in Honduras since the coup in June 2009.
“Through Itsmania Pineda Platero, we consider all members of the ‘Journalism for life and free expression’ group to be under threat from now on. Once again, the authorities bear the responsibility.”
________
Honduras
Quatre menaces de mort en trois jours contre une manifestante des “Journalistes pour la vie”
“Chienne, on va te buter !” La journaliste indépendante et défenseur des droits de l’homme Itsmania Pineda Platero a été “avertie” une première fois en ces termes, le 6 janvier 2012, avant de recevoir, le jour même puis les 8 et 9 janvier, trois autres appels du même type. L’un d’eux laissait entendre le bruit d’un chargeur de pistolet.
Reporters sans frontières tient les autorités pour responsable de la sécurité de la journaliste, qui défilait en tête du cortège des “Journalistes pour la vie et la liberté d’expression”, au cours d’une manifestation durement réprimée devant le palais du gouvernement, le 13 décembre dernier (http://fr.rsf.org/honduras-une-protestation-pacifique-de-14-12-2011,41547.html). Une plainte a été déposée, huit jours plus tard, suite à cette agression commise par des militaires et des membres de la garde d’honneur présidentielle. Reporters sans frontières attend d’en connaître les suites judiciaires.
“Itsmania Pineda Platero était déjà une personnalité exposée, au titre de ses fonctions de directrice de l’organisation de défense des droits de l’homme Xibalba (http://xibalbahonduras.blogspot.com/). Elle l’est encore davantage depuis la manifestation du 13 décembre et aucune protection normalement garantie n’a été mise en œuvre pour elle et sa famille. Il y a urgence à remédier à cette situation sans délai. L’impunité n’a que trop duré. Dix-sept journalistes ont perdu la vie au Honduras depuis le coup d’État du 28 juin 2009. A travers Itsmania Pineda Platero, nous considérons que l’ensemble du collectif des ‘Journalistes pour la vie et pour la liberté d’expression’ se trouve désormais menacé. La responsabilité des autorités est à nouveau engagée”, a déclaré Reporters sans frontières.
Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas desk
Reporters sans frontières
47 rue Vivienne 75002 Paris - France
+33 1 44 83 84 68 / ameriques@rsf.org
twitter : RSF_Americas
skype : rsf_americas
martes, 3 de enero de 2012
Holding Honduras accountable, angeles times
Editorial
Holding Honduras accountable
President Porfirio must demonstrate that he's taking measurable steps to prevent human rights abuses.
January 2, 2012
Honduras has the highest homicide rate in the world, according to the United Nations, and its government has long been plagued by allegations of corruption and human rights abuses. A 2009 military coup deepened political rifts and eroded public trust in democratic institutions. And a recent Human Rights Watch report found that officials have yet to bring to justice many of those allegedly responsible for violations committed after the coup.
Indeed, the crisis appears to be growing more acute. In November, Rep. Howard Berman (D-Van Nuys) asked Secretary of State Hillary Rodham Clinton to reevaluate U.S. aid to Honduras in light of recent killings, including the deaths of two unarmed students. One of those students was the son of a university rector who served on the truth commission that investigated the 2009 coup, Berman noted. Four police officers were arrested in connection with the deaths but released days later without explanation. And human rights observers say the killings continue. In December, a former anti-narcotics advisor and outspoken critic of government corruption was gunned down and a prominent journalist was shot to death outside her home.
Now Congress has stepped in, cutting off some of the nearly $70 million in annual aid earmarked for the country. That's an important start. Temporarily withholding 20% of the estimated $1.8 million designated for police and military assistance could help persuade President Porfirio Lobo to adopt reforms. His administration, for example, has yet to provide the attorney general's office with promised funding to hire independent investigators; currently, allegations of human rights abuses by police are investigated by the Ministry of Security, the same ministry the police report to. And it could pressure him to speed up funding for a witness protection program, which prosecutors in the attorney general's human rights unit say could help secure testimony from victims.
Congress' decision to withhold a fraction of the total aid to Honduras could be seen as a symbolic gesture. But it still sends an important message, one the Obama administration has been reluctant to send: Lobo must demonstrate that he's taking measurable steps to prevent human rights abuses and to hold those who commit them responsible. Honduras needs assistance, but it also needs to be held accountable.
Editorials
Holding Honduras accountable
President Porfirio must demonstrate that he's taking measurable steps to prevent human rights abuses.
January 2, 2012
Honduras has the highest homicide rate in the world, according to the United Nations, and its government has long been plagued by allegations of corruption and human rights abuses. A 2009 military coup deepened political rifts and eroded public trust in democratic institutions. And a recent Human Rights Watch report found that officials have yet to bring to justice many of those allegedly responsible for violations committed after the coup.
Indeed, the crisis appears to be growing more acute. In November, Rep. Howard Berman (D-Van Nuys) asked Secretary of State Hillary Rodham Clinton to reevaluate U.S. aid to Honduras in light of recent killings, including the deaths of two unarmed students. One of those students was the son of a university rector who served on the truth commission that investigated the 2009 coup, Berman noted. Four police officers were arrested in connection with the deaths but released days later without explanation. And human rights observers say the killings continue. In December, a former anti-narcotics advisor and outspoken critic of government corruption was gunned down and a prominent journalist was shot to death outside her home.
Now Congress has stepped in, cutting off some of the nearly $70 million in annual aid earmarked for the country. That's an important start. Temporarily withholding 20% of the estimated $1.8 million designated for police and military assistance could help persuade President Porfirio Lobo to adopt reforms. His administration, for example, has yet to provide the attorney general's office with promised funding to hire independent investigators; currently, allegations of human rights abuses by police are investigated by the Ministry of Security, the same ministry the police report to. And it could pressure him to speed up funding for a witness protection program, which prosecutors in the attorney general's human rights unit say could help secure testimony from victims.
Congress' decision to withhold a fraction of the total aid to Honduras could be seen as a symbolic gesture. But it still sends an important message, one the Obama administration has been reluctant to send: Lobo must demonstrate that he's taking measurable steps to prevent human rights abuses and to hold those who commit them responsible. Honduras needs assistance, but it also needs to be held accountable.
Editorials
Holding Honduras accountable
Editorial
President Porfirio must demonstrate that he's taking measurable steps to prevent human rights abuses.
Journalists hold a coffin as they protest against the murder of colleagues,… (Orlando Sierra/AFP/Getty Images)
Honduras has the highest homicide rate in the world, according to the United Nations, and its government has long been plagued by allegations of corruption and human rights abuses. A 2009 military coup deepened political rifts and eroded public trust in democratic institutions. And a recent Human Rights Watch report found that officials have yet to bring to justice many of those allegedly responsible for violations committed after the coup.
viernes, 23 de diciembre de 2011
Annual overview - The 10 most dangerous places for journalists in 2011
2011 in figures:
66 journalists killed (16% more than in 2010)
1,044 journalists arrested
1,959 journalists physically attacked or threatened
499 media censored
71 journalists kidnapped
73 journalists fled their country
5 netizens killed
199 bloggers and netizens arrested
62 bloggers and netizens physically attacked
68 countries subject to Internet censorship
Reporters Without Borders has this year, for the first time, compiled a list of the world’s 10 most dangerous places for the media – the 10 cities, districts, squares, provinces or regions where journalists and netizens were particularly exposed to violence and where freedom of information was flouted.
Overall, 2011 took a heavy toll on media freedom. The Arab Spring was at the centre of the news. Of the total of 66 journalists killed in 2011, 20 were killed in the Middle East (twice as many as in 2010). A similar number were killed in Latin America, which is very exposed to the threat of criminal violence. For the second year running, Pakistan was the single deadliest country with a total of 10 journalists killed, most of them murdered. China, Iran and Eritrea continue to be the world’s biggest prisons for the media.
The Arab Spring, the protest movements it inspired in nearby countries such as Sudan and Azerbaijan, and the street protests in other countries such as Greece, Belarus, Uganda, Chile and the United States were responsible for the dramatic surge in the number of arrests, from 535 in 2010 to 1,044 in 2011. There were many cases of journalists being physically obstructed in the course of their work (by being detained for short periods or being summoned for interrogation), and for the most part they represented attempts by governments to suppress information they found threatening.
The 43 per cent increase in physical attacks on journalists and the 31 per cent increase in arrests of netizens – who are leading targets when they provide information about street demonstrations during media blackouts – were also significant developments in a year of protest. Five netizens were killed in 2011, three of them in Mexico alone.
From Cairo’s Tahrir Square to Khuzdar in southwestern Pakistan, from Mogadishu to the cities of the Philippines, the risks of working as a journalist at times of political instability were highlighted more than ever in 2011. The street was where danger was to be found in 2011, often during demonstrations that led to violent clashes with the security forces or degenerated into open conflict. The 10 places listed by Reporters Without Borders represent extreme cases of censorship of the media and violence against those who tried to provide freely and independently reported news and information.
Bilan annuel 2011 - Les dix lieux les plus dangereux pour les journalistes en 2011
2011 en chiffres
66 journalistes tués (+ 16%)
1044 journalistes arrêtés
1959 journalistes agressés ou menacés
499 médias censurés
71 journalistes enlevés
73 journalistes qui ont fui leur pays
5 net-citoyens tués
199 blogueurs et net-citoyens arrêtés
62 blogueurs et net-citoyens agressés
68 pays concernés par une forme de censure du Net
Pour la première fois, Reporters sans frontières a établi la liste des dix lieux les plus dangereux pour la presse. En 2011, dix villes, quartiers, places, provinces ou régions dans lesquels les journalistes et les net-citoyens ont été particulièrement exposés aux violences, dix lieux où la liberté d’informer a été bafouée.
Plus généralement, le bilan est lourd pour la liberté de la presse en 2011. Le Printemps arabe a été au cœur de l’actualité. Sur un total de 66 journalistes tués depuis janvier 2011, 20 l’ont été au Moyen-Orient (soit un chiffre qui a doublé par rapport à 2010). Un nombre presque égal concerne l’Amérique latine, très exposée à la violence et à l’insécurité. Pour la deuxième année consécutive, le Pakistan se distingue en tant que pays le plus meurtrier au monde pour les journalistes avec 10 tués, assassinés pour la plupart. La Chine, l’Iran et l’Erythrée restent les plus grandes prisons du monde pour la presse.
Le Printemps arabe et les mouvements de contestation qu’il a parfois inspirés dans d’autres parties du monde (Soudan, Azerbaïdjan) ainsi que les protestations populaires dans plusieurs pays comme la Grèce, le Bélarus, l’Ouganda, le Chili ou encore les Etats-Unis (Occupy Wall Street), sont à l’origine de l’explosion spectaculaire du nombre d’arrestations et d’interpellations (1044 en 2011 contre 535 en 2010). Les entraves physiques au travail d’information (courtes privations de liberté, interpellations, convocations) ont été particulièrement nombreuses et rendent compte dans bien des cas des efforts déployés par les gouvernements pour étouffer l’information qui les fragilise.
L’augmentation de 43% des agressions contre les journalistes et de 31% des arrestations de net-citoyens - ces derniers en première ligne comme relais d’information et de mobilisation de la rue dans des pays soumis au black-out médiatique - sont une autre tendance forte de l’année 2011, dans ce contexte riche en contestations populaires. Cinq net-citoyens ont été tués en 2011, dont trois pour le seul Mexique.
De la place Tahrir au Caire, à la ville de Khuzdar au Baloutchistan (Pakistan), de la ville de Mogadiscio aux zones métropolitaines des Philippines, l’année 2011, plus que jamais, illustre les risques d’exercer le métier de journaliste en période d’instabilité politique. Le danger était bel et bien dans la rue en 2011, souvent lors de manifestations qui donné lieu à des heurts violents avec les forces de l’ordre ou dégénéré en conflits. Les dix lieux répertoriés par Reporters sans frontières marquent des situations extrêmes dans la censure de la presse et dans les violences perpétrées contre ceux qui œuvrent à une information libre et indépendante.
____
(Classé par ordre alphabétique de pays)
Manama, au Bahreïn
Manama, la capitale du Bahreïn, a été le théâtre de manifestations pro-démocratiques d’où les journalistes étrangers ont été refoulés, où plusieurs ont été menacés voire agressés, comme leurs contacts locaux, afin de prévenir tout écho médiatique international. Les correspondants bahreinis, notamment les photographes, ont été jetés en prison, quelques heures ou plusieurs semaines. De nombreux procès ont été organisés devant des tribunaux militaires, avant que l'état d'urgence, imposé le 15 mars, ne soit levé. Après plusieurs mois de manifestations, l’ordre a été rétabli au prix d’une répression systématique. Un blogueur est toujours en prison, condamné par un tribunal d'exception, sans que son dossier n'ait été réexaminé devant une juridiction civile. Le Bahreïn est l’exemple d’une censure de l’information réussie avec la complicité de la communauté internationale, restée silencieuse. Un directeur de journal et un net-citoyen l’ont payé de leur vie.
Abidjan, en Côte d'Ivoire
Abobo, Adjamé, le Plateau, Koumassi, Cocody, Yopougon..., tous ces quartiers d'Abidjan ont été, à un moment ou à un autre du premier semestre 2011, des zones à très haut risque pour la presse. Les barrages, interpellations musclées et agressions de journalistes se sont multipliés, le siège de la télévision nationale RTI a été bombardé, un collaborateur des médias a été assassiné à coups de machette et de gourdin fin février, avant qu'un animateur de la radio de Yopougon soit exécuté par les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), en mai. La crise postélectorale puis la guerre ouverte que se sont livrés les camps Gbagbo et Ouattara ont eu des conséquences dramatiques pour la sécurité des journalistes. Pendant la bataille d'Abidjan, début avril, tout déplacement d'un professionnel de l'information dans la capitale économique ivoirienne était devenu impossible.
Place Tahrir (Le Caire), en Egypte
Place emblématique du soulèvement arabe, la place Tahrir a accueilli à partir de fin janvier les manifestations démocratiques qui ont forcé Hosni Moubarak au départ, le 20 février 2011. Les médias du monde entier sont venus y couvrir les événements. La première semaine de février 2011 a vu une incroyable concentration de violences, marquées par des attaques systématiques contre les journalistes étrangers. Du 2 au 5 février une véritable campagne de haine a été lancée contre la presse internationale. Plus de 200 exactions ont été recensées. Les journalistes locaux ont également été visés. Six mois plus tard, scénario similaire lors de la répression de nouvelles manifestations pour demander le départ du Conseil suprême des forces armées (CSFA), du 19 au 28 novembre 2011, avant la tenue des élections parlementaires, puis pendant le week-end du 17-18 décembre.
Misrata, en Libye
Fief des rebelles après la libération de Benghazi, point stratégique pour la prise de Tripoli, Misrata a été le théâtre de très durs combats entre les rebelles et l’armée régulière qui a assiégé la ville et l'a coupé du monde, et plus particulièrement la rue Tripoli où se sont concentrés l’essentiel des combats. La bataille de Misrata illustre les risques encourus par les journalistes sur les zones de conflit. Sur cinq journalistes tués en Libye en 2011, deux l’ont été dans cette ville, soumise à un blocus de l’information pendant de nombreuses semaines.
L'Etat de Veracruz, au Mexique
État du Golfe du Mexique et longtemps dominé par le cartel du même nom, l'État de Veracruz est à la croisée des commerces criminels, du narcotrafic à la contrebande d'essence. En 2011, il est devenu le nouvel épicentre de l'offensive fédérale contre les cartels et trois journalistes y ont été tués au cours de l'année. Une dizaine d'autres ont dû se résoudre à l'exil, face à l'inaction voire la complicité des autorités dans un contexte toujours plus alarmant pour la liberté d'informer.
Khuzdar, au Pakistan
Les nombreux assassinats et menaces à l'encontre des journalistes dans le district de Khuzdar, illustrent l'insécurité extrême qui règne dans tout le Baloutchistan. Les médias de cette province du sud-ouest du Pakistan, sont pris entre le feu des groupes armés séparatistes et celui des forces de sécurité. L'assassinat de Javed Naseer Rind, ancien secrétaire de rédaction du Daily Tawar, en est le dernier exemple. Le corps du journaliste a été retrouvé le 5 novembre 2011, près de trois mois après sa disparition. A la fin du mois de novembre, un groupe de militants Musallah Defa Army a publié une liste de noms (hit-list) de journalistes, annoncés comme leur prochaines cibles.
Les zones métropolitaines de Manille, Cebu et Cagayan de Oro sur les îles de Luçon et Mindanao, aux Philippines
A elles seules, ces trois zones urbaines concentrent la majorité des meurtres et des violences à l'encontre des journalistes commis aux Philippines. Les groupes paramilitaires et les milices privées, figurant parmi les “prédateurs de la liberté de la presse en 2011”, en sont les auteurs. Le gouvernement, en place depuis juillet 2010, n’a toujours pas su y répondre efficacement. En conséquence, ces groupes bénéficient d'une totale impunité, favorisée par la corruption, les liens qu'entretiennent certains hommes politiques avec des réseaux mafieux, et par une justice insuffisamment indépendante.
Mogadiscio, en Somalie
Mogadiscio est une capitale meurtrière. Qu'ils soient victimes d'attentats à la bombe, touchés par des balles perdues ou délibérément visés par des miliciens hostiles au travail des médias, les journalistes travaillent dans des conditions de sécurité effroyables. Malgré le retrait des insurgés islamistes d’Al-Shabaab, la persistance des combats rend la couverture de ce pays extrêmement périlleuse. Trois journalistes somaliens ont été tués, en août, octobre et décembre, à Mogadiscio. Un autre, de nationalité malaisienne, est mort après avoir reçu une balle dans les poumons alors qu'il suivait en voiture une organisation humanitaire dans une de ses missions.
Deraa, Homs et Damas, en Syrie
Deraa, Homs, épicentres de la contestation contre Bachar al-Assad soumis à un véritable blocus, tout comme Damas, ont été particulièrement dangereuses pour la presse en 2011. Le black-out médiatique imposé par la dictature est total. Expulsions des correspondants étrangers, refus de l'octroi de visas... Les rares images sur les manifestations pro-démocratiques qui ont débuté en mars 2011 ont été envoyées par de simples citoyens, au péril de leur vie. Arrestations éclairs, enlèvements, passages à tabac et tortures sont le lot quotidien des Syriens qui transmettent images et informations sur la répression. Les moukhabarat, services de renseignements, les shabihas, milices, et sa cyber-armée ont été le bras armé du régime pour repérer et réprimer les journalistes. Les agressions ont été quotidiennes. De nombreux blogueurs et journalistes ont fui le pays. Une trentaine de journalistes seraient encore en détention.
Place du Changement (Sanaa), au Yémen
C’est place du Changement, à Sanaa, qu’a pris la contestation contre le président Ali Abdallah Saleh. C'est sur cette place qu'une grande part des exactions contre les journalistes se sont produites. La couverture des rassemblements lors desquels les heurts avec les forces de sécurité ont été nombreux et sanglants, a posé de grands risques à la presse, directement visée par un pouvoir bien décidé à réprimer le mouvement en faveur de changements démocratiques et à museler l’information. Deux journalistes l’ont payé de leur vie. Les baltajiyas, milices du pouvoir, ont mené de véritables expéditions punitives. Attaques physiques, destructions de matériels, enlèvements, saisies et destructions de journaux, assauts contre des bureaux de médias illustrent une politique de violences systématiques contre les professionnels des médias.
Gilles Lordet
Coordinateur de la Recherche
Reporters sans frontières
47, rue Vivienne
75002 Paris
+33 1 44 83 84 58
gilles.lordet@rsf.org
http://fr.rsf.org/IMG/gif/signature_izis_fr.gif
Reporters Without Borders promotes and defends the freedom to be informed and to inform others throughout the world. Based in Paris, it has ten international offices (Berlin, Brussels, Geneva, Madrid, Montreal, New York, Stockholm, Tunis, Vienna and Washington DC) and more than 150 correspondents in all five continents.
66 journalists killed (16% more than in 2010)
1,044 journalists arrested
1,959 journalists physically attacked or threatened
499 media censored
71 journalists kidnapped
73 journalists fled their country
5 netizens killed
199 bloggers and netizens arrested
62 bloggers and netizens physically attacked
68 countries subject to Internet censorship
Reporters Without Borders has this year, for the first time, compiled a list of the world’s 10 most dangerous places for the media – the 10 cities, districts, squares, provinces or regions where journalists and netizens were particularly exposed to violence and where freedom of information was flouted.
Overall, 2011 took a heavy toll on media freedom. The Arab Spring was at the centre of the news. Of the total of 66 journalists killed in 2011, 20 were killed in the Middle East (twice as many as in 2010). A similar number were killed in Latin America, which is very exposed to the threat of criminal violence. For the second year running, Pakistan was the single deadliest country with a total of 10 journalists killed, most of them murdered. China, Iran and Eritrea continue to be the world’s biggest prisons for the media.
The Arab Spring, the protest movements it inspired in nearby countries such as Sudan and Azerbaijan, and the street protests in other countries such as Greece, Belarus, Uganda, Chile and the United States were responsible for the dramatic surge in the number of arrests, from 535 in 2010 to 1,044 in 2011. There were many cases of journalists being physically obstructed in the course of their work (by being detained for short periods or being summoned for interrogation), and for the most part they represented attempts by governments to suppress information they found threatening.
The 43 per cent increase in physical attacks on journalists and the 31 per cent increase in arrests of netizens – who are leading targets when they provide information about street demonstrations during media blackouts – were also significant developments in a year of protest. Five netizens were killed in 2011, three of them in Mexico alone.
From Cairo’s Tahrir Square to Khuzdar in southwestern Pakistan, from Mogadishu to the cities of the Philippines, the risks of working as a journalist at times of political instability were highlighted more than ever in 2011. The street was where danger was to be found in 2011, often during demonstrations that led to violent clashes with the security forces or degenerated into open conflict. The 10 places listed by Reporters Without Borders represent extreme cases of censorship of the media and violence against those who tried to provide freely and independently reported news and information.
Bilan annuel 2011 - Les dix lieux les plus dangereux pour les journalistes en 2011
2011 en chiffres
66 journalistes tués (+ 16%)
1044 journalistes arrêtés
1959 journalistes agressés ou menacés
499 médias censurés
71 journalistes enlevés
73 journalistes qui ont fui leur pays
5 net-citoyens tués
199 blogueurs et net-citoyens arrêtés
62 blogueurs et net-citoyens agressés
68 pays concernés par une forme de censure du Net
Pour la première fois, Reporters sans frontières a établi la liste des dix lieux les plus dangereux pour la presse. En 2011, dix villes, quartiers, places, provinces ou régions dans lesquels les journalistes et les net-citoyens ont été particulièrement exposés aux violences, dix lieux où la liberté d’informer a été bafouée.
Plus généralement, le bilan est lourd pour la liberté de la presse en 2011. Le Printemps arabe a été au cœur de l’actualité. Sur un total de 66 journalistes tués depuis janvier 2011, 20 l’ont été au Moyen-Orient (soit un chiffre qui a doublé par rapport à 2010). Un nombre presque égal concerne l’Amérique latine, très exposée à la violence et à l’insécurité. Pour la deuxième année consécutive, le Pakistan se distingue en tant que pays le plus meurtrier au monde pour les journalistes avec 10 tués, assassinés pour la plupart. La Chine, l’Iran et l’Erythrée restent les plus grandes prisons du monde pour la presse.
Le Printemps arabe et les mouvements de contestation qu’il a parfois inspirés dans d’autres parties du monde (Soudan, Azerbaïdjan) ainsi que les protestations populaires dans plusieurs pays comme la Grèce, le Bélarus, l’Ouganda, le Chili ou encore les Etats-Unis (Occupy Wall Street), sont à l’origine de l’explosion spectaculaire du nombre d’arrestations et d’interpellations (1044 en 2011 contre 535 en 2010). Les entraves physiques au travail d’information (courtes privations de liberté, interpellations, convocations) ont été particulièrement nombreuses et rendent compte dans bien des cas des efforts déployés par les gouvernements pour étouffer l’information qui les fragilise.
L’augmentation de 43% des agressions contre les journalistes et de 31% des arrestations de net-citoyens - ces derniers en première ligne comme relais d’information et de mobilisation de la rue dans des pays soumis au black-out médiatique - sont une autre tendance forte de l’année 2011, dans ce contexte riche en contestations populaires. Cinq net-citoyens ont été tués en 2011, dont trois pour le seul Mexique.
De la place Tahrir au Caire, à la ville de Khuzdar au Baloutchistan (Pakistan), de la ville de Mogadiscio aux zones métropolitaines des Philippines, l’année 2011, plus que jamais, illustre les risques d’exercer le métier de journaliste en période d’instabilité politique. Le danger était bel et bien dans la rue en 2011, souvent lors de manifestations qui donné lieu à des heurts violents avec les forces de l’ordre ou dégénéré en conflits. Les dix lieux répertoriés par Reporters sans frontières marquent des situations extrêmes dans la censure de la presse et dans les violences perpétrées contre ceux qui œuvrent à une information libre et indépendante.
____
(Classé par ordre alphabétique de pays)
Manama, au Bahreïn
Manama, la capitale du Bahreïn, a été le théâtre de manifestations pro-démocratiques d’où les journalistes étrangers ont été refoulés, où plusieurs ont été menacés voire agressés, comme leurs contacts locaux, afin de prévenir tout écho médiatique international. Les correspondants bahreinis, notamment les photographes, ont été jetés en prison, quelques heures ou plusieurs semaines. De nombreux procès ont été organisés devant des tribunaux militaires, avant que l'état d'urgence, imposé le 15 mars, ne soit levé. Après plusieurs mois de manifestations, l’ordre a été rétabli au prix d’une répression systématique. Un blogueur est toujours en prison, condamné par un tribunal d'exception, sans que son dossier n'ait été réexaminé devant une juridiction civile. Le Bahreïn est l’exemple d’une censure de l’information réussie avec la complicité de la communauté internationale, restée silencieuse. Un directeur de journal et un net-citoyen l’ont payé de leur vie.
Abidjan, en Côte d'Ivoire
Abobo, Adjamé, le Plateau, Koumassi, Cocody, Yopougon..., tous ces quartiers d'Abidjan ont été, à un moment ou à un autre du premier semestre 2011, des zones à très haut risque pour la presse. Les barrages, interpellations musclées et agressions de journalistes se sont multipliés, le siège de la télévision nationale RTI a été bombardé, un collaborateur des médias a été assassiné à coups de machette et de gourdin fin février, avant qu'un animateur de la radio de Yopougon soit exécuté par les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), en mai. La crise postélectorale puis la guerre ouverte que se sont livrés les camps Gbagbo et Ouattara ont eu des conséquences dramatiques pour la sécurité des journalistes. Pendant la bataille d'Abidjan, début avril, tout déplacement d'un professionnel de l'information dans la capitale économique ivoirienne était devenu impossible.
Place Tahrir (Le Caire), en Egypte
Place emblématique du soulèvement arabe, la place Tahrir a accueilli à partir de fin janvier les manifestations démocratiques qui ont forcé Hosni Moubarak au départ, le 20 février 2011. Les médias du monde entier sont venus y couvrir les événements. La première semaine de février 2011 a vu une incroyable concentration de violences, marquées par des attaques systématiques contre les journalistes étrangers. Du 2 au 5 février une véritable campagne de haine a été lancée contre la presse internationale. Plus de 200 exactions ont été recensées. Les journalistes locaux ont également été visés. Six mois plus tard, scénario similaire lors de la répression de nouvelles manifestations pour demander le départ du Conseil suprême des forces armées (CSFA), du 19 au 28 novembre 2011, avant la tenue des élections parlementaires, puis pendant le week-end du 17-18 décembre.
Misrata, en Libye
Fief des rebelles après la libération de Benghazi, point stratégique pour la prise de Tripoli, Misrata a été le théâtre de très durs combats entre les rebelles et l’armée régulière qui a assiégé la ville et l'a coupé du monde, et plus particulièrement la rue Tripoli où se sont concentrés l’essentiel des combats. La bataille de Misrata illustre les risques encourus par les journalistes sur les zones de conflit. Sur cinq journalistes tués en Libye en 2011, deux l’ont été dans cette ville, soumise à un blocus de l’information pendant de nombreuses semaines.
L'Etat de Veracruz, au Mexique
État du Golfe du Mexique et longtemps dominé par le cartel du même nom, l'État de Veracruz est à la croisée des commerces criminels, du narcotrafic à la contrebande d'essence. En 2011, il est devenu le nouvel épicentre de l'offensive fédérale contre les cartels et trois journalistes y ont été tués au cours de l'année. Une dizaine d'autres ont dû se résoudre à l'exil, face à l'inaction voire la complicité des autorités dans un contexte toujours plus alarmant pour la liberté d'informer.
Khuzdar, au Pakistan
Les nombreux assassinats et menaces à l'encontre des journalistes dans le district de Khuzdar, illustrent l'insécurité extrême qui règne dans tout le Baloutchistan. Les médias de cette province du sud-ouest du Pakistan, sont pris entre le feu des groupes armés séparatistes et celui des forces de sécurité. L'assassinat de Javed Naseer Rind, ancien secrétaire de rédaction du Daily Tawar, en est le dernier exemple. Le corps du journaliste a été retrouvé le 5 novembre 2011, près de trois mois après sa disparition. A la fin du mois de novembre, un groupe de militants Musallah Defa Army a publié une liste de noms (hit-list) de journalistes, annoncés comme leur prochaines cibles.
Les zones métropolitaines de Manille, Cebu et Cagayan de Oro sur les îles de Luçon et Mindanao, aux Philippines
A elles seules, ces trois zones urbaines concentrent la majorité des meurtres et des violences à l'encontre des journalistes commis aux Philippines. Les groupes paramilitaires et les milices privées, figurant parmi les “prédateurs de la liberté de la presse en 2011”, en sont les auteurs. Le gouvernement, en place depuis juillet 2010, n’a toujours pas su y répondre efficacement. En conséquence, ces groupes bénéficient d'une totale impunité, favorisée par la corruption, les liens qu'entretiennent certains hommes politiques avec des réseaux mafieux, et par une justice insuffisamment indépendante.
Mogadiscio, en Somalie
Mogadiscio est une capitale meurtrière. Qu'ils soient victimes d'attentats à la bombe, touchés par des balles perdues ou délibérément visés par des miliciens hostiles au travail des médias, les journalistes travaillent dans des conditions de sécurité effroyables. Malgré le retrait des insurgés islamistes d’Al-Shabaab, la persistance des combats rend la couverture de ce pays extrêmement périlleuse. Trois journalistes somaliens ont été tués, en août, octobre et décembre, à Mogadiscio. Un autre, de nationalité malaisienne, est mort après avoir reçu une balle dans les poumons alors qu'il suivait en voiture une organisation humanitaire dans une de ses missions.
Deraa, Homs et Damas, en Syrie
Deraa, Homs, épicentres de la contestation contre Bachar al-Assad soumis à un véritable blocus, tout comme Damas, ont été particulièrement dangereuses pour la presse en 2011. Le black-out médiatique imposé par la dictature est total. Expulsions des correspondants étrangers, refus de l'octroi de visas... Les rares images sur les manifestations pro-démocratiques qui ont débuté en mars 2011 ont été envoyées par de simples citoyens, au péril de leur vie. Arrestations éclairs, enlèvements, passages à tabac et tortures sont le lot quotidien des Syriens qui transmettent images et informations sur la répression. Les moukhabarat, services de renseignements, les shabihas, milices, et sa cyber-armée ont été le bras armé du régime pour repérer et réprimer les journalistes. Les agressions ont été quotidiennes. De nombreux blogueurs et journalistes ont fui le pays. Une trentaine de journalistes seraient encore en détention.
Place du Changement (Sanaa), au Yémen
C’est place du Changement, à Sanaa, qu’a pris la contestation contre le président Ali Abdallah Saleh. C'est sur cette place qu'une grande part des exactions contre les journalistes se sont produites. La couverture des rassemblements lors desquels les heurts avec les forces de sécurité ont été nombreux et sanglants, a posé de grands risques à la presse, directement visée par un pouvoir bien décidé à réprimer le mouvement en faveur de changements démocratiques et à museler l’information. Deux journalistes l’ont payé de leur vie. Les baltajiyas, milices du pouvoir, ont mené de véritables expéditions punitives. Attaques physiques, destructions de matériels, enlèvements, saisies et destructions de journaux, assauts contre des bureaux de médias illustrent une politique de violences systématiques contre les professionnels des médias.
Gilles Lordet
Coordinateur de la Recherche
Reporters sans frontières
47, rue Vivienne
75002 Paris
+33 1 44 83 84 58
gilles.lordet@rsf.org
http://fr.rsf.org/IMG/gif/signature_izis_fr.gif
Reporters Without Borders promotes and defends the freedom to be informed and to inform others throughout the world. Based in Paris, it has ten international offices (Berlin, Brussels, Geneva, Madrid, Montreal, New York, Stockholm, Tunis, Vienna and Washington DC) and more than 150 correspondents in all five continents.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
