Vendedores ambulantes desnudan la corrupción de la alcaldía
Tegucigalpa. El Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (SIVELIH), denunció que funcionarios y empleados la Alcaldía Municipal del Distrito Central, atentan contra el derecho a la vida de sus afiliados. Aunque la organización sindical presentó las denuncias respectivas ante el alcalde Ricardo Álvarez y los órganos de derechos humanos del país, hasta hoy la situación sigue sin resolverse.
Una denuncia que recientemente presentó el SIVELIH ante la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, señala que los vendedores ambulantes ubicados en distintos sectores de la capital, sufren de persecución, amenazas y extorsión por parte de los policías municipales asignados en diversos sectores de la capital.
Detalla la denuncia que entre 15 y 20 policías municipales al mando del jefe de permisos de ambulantes, Genaro Izaguirre, se encargan de realizar desalojos, destruir las mercaderías y hasta de golpear a mujeres, niños y ancianos que trabajan en el mercado Zonal Belén y en el bulevar del Norte.
“En los últimos días golpearon a varias mujeres y a niños en el sector del bulevar del Norte y del Zonal Belén, agrediéndolas con brutalidad, desalojándolas con empujones, solo porque estos no querían perder la mercadería que les da el sustento para mantener a su familia”, dice el documento presentado a la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.
Por la difícil situación que atraviesan, los vendedores ambulantes que en su mayoría son madres solteras y ancianos con mucha necesidad, también se quejaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), organismo al que hicieron saber de los atropellos de que son víctima por parte de los representantes de la alcaldía capitalina.
Las denuncias también fueron presentadas ante la fiscalía especial de los derechos humanos. Sin embargo, el caso duerme el sueño de los justos.
Inspectores abusan del poder
El presidente de SIVELI, Ovidio Zelaya Gómez, pidió a las autoridades escuchar el lamento de los vendedores, sobre todo “porque la dignidad de la mujer está siendo atropellada continuamente, se les está violentando el derecho a trabajar y de tener un lugar digno donde ganarse la vida y eso lo hacen los funcionarios porque tienen el poder en sus manos”.
Detalló que a los vendedores que trabajan en el sector donde se construye el Mall Premier son atropellados continuamente, les saquean sus puestos, les decomisan la mercadería y los obligan a pagar entre 300 y 500 lempiras semanales por dejarlos trabajar.
Denunció que amparados en la supuesta política de reordenamiento, los empleados municipales desalojan a las personas, dándoles plazo de veinticuatro horas, los amenazan con decomisarles la mercadería si no lo hacen. “Pero esto lo hacen para desubicar a los que ya están allí para vender los puestos a otras personas. Ahorita en navidad viene mucha gente de otros sectores y ellos venden las aceras y medianas y se reparten el dinero”, dijo.
Asimismo reveló la existencia de una red organizada al interior de la alcaldía, quienes se han confabulado con personas externas. “Dan los permisos haciendo constar que el nuevo tiene más tiempo del que ya está allí, eso lo hace, Genaro Izaguirre, que es el jefe de permisos de ambulante, pero el jefe de Genaro, es Nelson Abdalá, un ingeniero que es el más molesta a la gente”, expresó el presidente del SIVELI.
“Yo en lo personal, como representante del sindicato quiero que tome nota de la cuenta 001-201-000000316404 que solo aparece con el nombre de Banco Ficosa Fiduciario, en la cual hacen que los vendedores vayan a pagar” especificó.
Siveli cuenta con 50 mil afiliados en todo el país. Mantiene seccionales con los vendedores de los marcados Colon, San Isidro, Zonal Belén y La Isla, a las orillas del Álvarez, 5ª y 7ª avenidas de Comayagüela, Bulevar del Norte, Sansoni, Hospital San Felipe y en el Seguro social de la Granja, además de contar con afiliados en Juticalpa, Campamento, Talanga, Siguatepeque Nacaome, y otros municipios.
La fiscalía me perdió la denuncia y las fotos
“A mí me quitaron porque dijeron que ellos eran autoridad y que podían hacer con los puestos lo que ellos querían. Yo les enseñé mi carne de Siveli y los inspectores me lo tiraron al suelo ellos andaban junto con el jefe de permisos de ambulantes, Genaro Izaguirre y Manuel Vásquez, que es subalterno”, aseguró Marleni Gómez Galo, una vendedora a quien le destruyeron su puesto de ventas, que con mucho esfuerzo había logrado construir con material metálico.
La afectada dijo que el hecho se produjo el pasado 8 de septiembre, cuando los inspectores después de golpear a sus hijos, cortaron la canaleta para levantar el puesto de ventas. “me dijeron que yo me tenía que quitarme porque ellos iban a poner ahí a un hombre que solo se conoce como el gallero.
Marleni, tenía 15 años de estar de trabajar en un puesto de venta de artículos de plástico, en el Bulevar del Norte, frente a Elektra, la mayoría de su producto lo había adquirido a través de préstamos. “Yo vendo plástico y me quebraron venta, me llevaron la canaleta que me costó más de 6 mil lempiras”, afirmó.
Aseveró que anteriormente asegurando que no la molestarían, los inspectores habían mandado a una persona identificada únicamente como Cristian, a pedirle que semanalmente les entregara 300 ó 500 lempiras, pero que debido a que sus ingresos a penas le alcanzan para cubrir las necesidades básicas de sus 5 hijos, no pudo complacer la demanda.
“Yo les dije que no podía dar eso porque además de ser madre soltera, trabajo con préstamos y por eso he perdido, la canaleta, la mercadería que me han robado, a mis hijos los han golpeado, a mi me golpearon también”, ratificó Marleni.
La vendedora presentó la denuncia ante Fiscalía Especial de los Derechos Humanos. Sin embargo, evidenciando poco interés para resolver situaciones que afectan a la población, en esta dependencia, desaparecieron la documentación y las evidencias que había presentado. “Hace poco llegaron a que les firmara de nuevo porque me dijeron que la habían perdido con todas las fotografías que llevé”.
Al momento de presentar la denuncia Marleni fue atendida por el oficial Alex Ponce y el caso fue asignado al fiscal Juan Carlos Griffin.
Marleni fue desalojada por la fuerza, la tarde del jueves ocho e septiembre pasado, donde participaron alrededor de 30 inspectores municipales. “Pero los que me golpearon solo fueron dos”, especificó.
“Por ser pobres nos quieren sacar”
Se trata de una joven emprendedora que junto a su padre y sus hermanos, hace ocho años trabaja en un pequeño taller de reparación de celulares, con sus ingresos además comprar sus alimentos, también sostiene sus estudios universitarios. Su centro de trabajo se ubica en la carretera a Olancho, en las afueras del antiguo aserradero Sansoni, lugar donde se construye el Mall Premier.
Desde hace muchos años en ese lugar funcionan 26 puestos de ventas que sirven de base para el sustento de igual número de familias. No ocasionan daño, porque sus ventas se basan en prendas de vestir y alimentos entre otros artículos permitidos por la ley. Tampoco obstaculizan la circulación de los peatones. Sin embargo, la construcción del Mall amenaza con hacerlos desaparecer.
“Nosotros tenemos problema porque allí están construyendo el mall premier, nosotros estábamos pagando, pero ahora nos quieren quitar. Antes teníamos un permiso de operación que era respetado por los inspectores, el mismo Genaro Izaguirre con los de la alcaldía llegaban y a ellos teníamos que darles el dinero, pero después nos fueron a decir que el permiso no tenía valor, nos ponían sellos en las puertas y nos decían que no teníamos derecho a abrir los negocios y que si no hacíamos caso que nos iban a sacar de allí y nos iban a meter presos”, aseguró Katia.
La comerciante dijo que desde que Sansoni vendió el terreno para la construcción del Mall, la municipalidad dejó de cobrarles el impuesto y desde ese momento comenzaron a enviarles notas haciéndoles saber que iban a ser desalojados.
“Nosotros no afectamos el mall, pero ellos dicen que nuestras casetas le quitan presentación porque son feas, no es justo que por ser pobres nos quieran sacar para favorecer al rico que construye el mall. Mi papá tiene un tallercito y de eso subsisto yo, de ahí gano dinero para ir a la universidad y viene la alcaldía solo a decir sálganse para complacer al empresario. Estamos en zozobra porque los meros hondureños no tenemos derecho a nada”, lamentó.
Dijo que el pasado 8 de octubre, por orden de la alcaldía, la policía preventiva realizó un operativo para desalojarlos “los policías andaban con barras de uña metiéndose en los locales, yo andaba con el celular tomando fotos y grabando y entonces me dijeron apague ese celular sino de un garrotazo se lo voy a apear, yo soy autoridad, -¿y ellos porque si me pueden tomar fotos a mi?, - y me querían llevar solo por eso” reflexionó Katia.
sábado, 19 de noviembre de 2011
domingo, 13 de noviembre de 2011
Cuatro Periodistas Latinoamericanos
Cuatro Periodistas Latinoamericanos entre ellos la hondureña Claudia Mendoza, ex coordinadora de Revistazo.com denuncian en Madrid el acoso a la prensa
Madrid -EFE- Cuatro periodistas latinoamericanos denunciaron hoy en Madrid el acoso que sufre la prensa en sus respectivos países, en los que los reporteros tienen que hacer frente a constantes amenazas, secuestros, requerimientos judiciales e incluso asesinatos para ejercer su profesión.
En una mesa redonda organizada en la facultad de Ciencias de la Información por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), el colombiano Herbin Hoyos, la hondureña Claudia Mendoza, el ecuatoriano Luis Vivanco y la mexicana Rosa Isela Pérez, expusieron las situaciones por las que, en algunos casos, han tenido que abandonar su país.
Sólo en lo que va de año, 30 periodistas han sido asesinados en América Latina, según indicó Malén Aznárez, presidenta de RSF-España al comienzo del acto.
Colombia, Honduras, Ecuador y México suman 16 de esos fallecidos en 2011, aunque, puntualizó Aznárez, "no hay que olvidar a los que no han muerto, pero permanecen encarcelados, secuestrados o exiliados por intentar defender la libertad de expresión.
El periodista Herbin Hoyos fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1994, cuando trabajaba en Bogotá en la emisora Radio Caracol.
De su cautiverio surgió el programa "Las voces del secuestro", que no sólo permitió conectar a cientos de personas con sus familiares secuestrados, sino que ofreció a Hoyos la posibilidad de desarticular bandas de grupos terroristas y otras en las que participaban miembros de las Fuerzas de Seguridad colombianas.
"A todos los que estamos aquí nos une un factor común: la corrupción que existe en las instituciones de nuestros países. Colombia es el laboratorio, del narcotráfico, el secuestro y el dinero fácil", dijo.
Para la mexicana Rosa Isela Pérez Torres, que ejerció su profesión en Ciudad Juárez, se hacía "muy difícil vivir y trabajar en una frontera con tantas mafias, corrupción y acuerdos económicos entre los grupos de poder de la zona".
Pérez Torres, exiliada en España desde hace dos años tras haber sido amenazada reiteradamente por denunciar los casos de asesinatos y violaciones de mujeres en su ciudad, explicó que "los propios medios de comunicación guardan relación con esos grupos de poder".
"La información se revisa para que no perjudique a la relación que se tiene con ellos. En ningún momento sentí el respaldo de mis jefes, y cuando me echaron de mi empleo nadie me quiso dar trabajo. Se me hizo un boicot laboral", indicó.
Una investigación sobre un grupo de empresas de seguridad en Honduras fue el detonante de las contantes amenazas y el acoso al que se enfrenta en su trabajo la periodista Claudia Mendoza, quien afirma que desde hace dos años su país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
"Durante el golpe de estado que sacó del poder en 2009 a Manuel Zalaya los medios de comunicación se abstrajeron de forma deliberada de los que estaba pasando. Los medios independientes que intentaron informar sufrieron cierres, persecuciones y se les retiró la publicidad", subrayó.
Mendoza recordó el cobro de un "impuesto de guerra" de las maras y pandillas que operan en Honduras, y se preguntó si "también habrá que pagar uno para la libertad de expresión".
En los último cuatro años Ecuador ha pasado a ser uno de los países más restrictivos en toda la región en cuanto a libertad de prensa se refiere, según indicó Luis Vivanco, jefe de información del diario La Hora, en Quito.
Vivanco explicó el caso del periódico "El Universo", cuyos directivos han sido condenados a pagar 40 millones de dólares de multa y se enfrentan a penas de no menos de tres años de cárcel por la publicación de una columna de opinión sobre el presidente del país, Rafael Correa.
"Los constantes requerimientos judiciales sirven para atemorizar a los periodistas en un país en el que, desde la llegada de Correa al poder 19 medios de comunicación han pasado a manos públicas y en total son 1.025 cadenas nacionales las que emiten 150 horas obligatorias para atacar al resto", afirmó.
Madrid -EFE- Cuatro periodistas latinoamericanos denunciaron hoy en Madrid el acoso que sufre la prensa en sus respectivos países, en los que los reporteros tienen que hacer frente a constantes amenazas, secuestros, requerimientos judiciales e incluso asesinatos para ejercer su profesión.
En una mesa redonda organizada en la facultad de Ciencias de la Información por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), el colombiano Herbin Hoyos, la hondureña Claudia Mendoza, el ecuatoriano Luis Vivanco y la mexicana Rosa Isela Pérez, expusieron las situaciones por las que, en algunos casos, han tenido que abandonar su país.
Sólo en lo que va de año, 30 periodistas han sido asesinados en América Latina, según indicó Malén Aznárez, presidenta de RSF-España al comienzo del acto.
Colombia, Honduras, Ecuador y México suman 16 de esos fallecidos en 2011, aunque, puntualizó Aznárez, "no hay que olvidar a los que no han muerto, pero permanecen encarcelados, secuestrados o exiliados por intentar defender la libertad de expresión.
El periodista Herbin Hoyos fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1994, cuando trabajaba en Bogotá en la emisora Radio Caracol.
De su cautiverio surgió el programa "Las voces del secuestro", que no sólo permitió conectar a cientos de personas con sus familiares secuestrados, sino que ofreció a Hoyos la posibilidad de desarticular bandas de grupos terroristas y otras en las que participaban miembros de las Fuerzas de Seguridad colombianas.
"A todos los que estamos aquí nos une un factor común: la corrupción que existe en las instituciones de nuestros países. Colombia es el laboratorio, del narcotráfico, el secuestro y el dinero fácil", dijo.
Para la mexicana Rosa Isela Pérez Torres, que ejerció su profesión en Ciudad Juárez, se hacía "muy difícil vivir y trabajar en una frontera con tantas mafias, corrupción y acuerdos económicos entre los grupos de poder de la zona".
Pérez Torres, exiliada en España desde hace dos años tras haber sido amenazada reiteradamente por denunciar los casos de asesinatos y violaciones de mujeres en su ciudad, explicó que "los propios medios de comunicación guardan relación con esos grupos de poder".
"La información se revisa para que no perjudique a la relación que se tiene con ellos. En ningún momento sentí el respaldo de mis jefes, y cuando me echaron de mi empleo nadie me quiso dar trabajo. Se me hizo un boicot laboral", indicó.
Una investigación sobre un grupo de empresas de seguridad en Honduras fue el detonante de las contantes amenazas y el acoso al que se enfrenta en su trabajo la periodista Claudia Mendoza, quien afirma que desde hace dos años su país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
"Durante el golpe de estado que sacó del poder en 2009 a Manuel Zalaya los medios de comunicación se abstrajeron de forma deliberada de los que estaba pasando. Los medios independientes que intentaron informar sufrieron cierres, persecuciones y se les retiró la publicidad", subrayó.
Mendoza recordó el cobro de un "impuesto de guerra" de las maras y pandillas que operan en Honduras, y se preguntó si "también habrá que pagar uno para la libertad de expresión".
En los último cuatro años Ecuador ha pasado a ser uno de los países más restrictivos en toda la región en cuanto a libertad de prensa se refiere, según indicó Luis Vivanco, jefe de información del diario La Hora, en Quito.
Vivanco explicó el caso del periódico "El Universo", cuyos directivos han sido condenados a pagar 40 millones de dólares de multa y se enfrentan a penas de no menos de tres años de cárcel por la publicación de una columna de opinión sobre el presidente del país, Rafael Correa.
"Los constantes requerimientos judiciales sirven para atemorizar a los periodistas en un país en el que, desde la llegada de Correa al poder 19 medios de comunicación han pasado a manos públicas y en total son 1.025 cadenas nacionales las que emiten 150 horas obligatorias para atacar al resto", afirmó.
sábado, 5 de noviembre de 2011
Asuntos Internos nunca dio resultado “altos jefes policiales apañan actos delictivos”
Lo más reciente 5 noviembre, 2011
LATRIBUNA.HN
TEGUCIGALPA.- Para defensores de los Derechos Humanos (DDHH) y analistas políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Internos nunca cumplió con los objetivos para los que fue creada debidos a los altos niveles de corrupción que se han destapado en los últimos días.
Itsmania Pineda: Existe un informe a nivel internacional de policías que integran bandas del crimen organizado.Del 2009 a inicios del 2011 esta unidad policial ha recibido más 5,000 denuncias por faltas y delitos cometidas por agentes de la Policía Nacional, y a las que supuestamente les siguen un proceso de investigación.
Por delitos se registran unas 540 denuncias y sin méritos recibieron 1,104, sin encontrar indicios racionales, pero todavía tienen más 3,184 en proceso de investigación, revelan los informes del titular de esa dependencia, Santos Simeón Flores.
Según las mismas autoridades, la mayor parte de las denuncias pertenecen a elementos de la escala básica que son 12,000 policías, comparado a un poco más de 1,000 oficiales.
En ese sentido, la procuradora de DD.HH y miembro de la Red Mundial de Mil Mujeres de Paz, Itsmania Pineda, señaló que de las zonas de donde más se reciben denuncias por abusos de policías es la costa norte, Tegucigalpa, Trujillo y Santa Bárbara.
Aseguró que existe un informe a nivel internacional de policías que integran bandas del crimen organizado, narcotráfico, secuestros y se estima que unos 1,500 elementos están siendo investigados por haber cometido algún tipo de crimen.
ABUSO DE AUTORIDAD
Pineda, lamentó que por lo general las autoridades tipifican las acciones delictivas de los agentes policiales como abuso de autoridad, cuando en realidad las acciones son tan graves como tentativa de homicidio.
Ejemplificó que hace unos años policías jugaron a la ruleta rusa con niños de ocho años, poniéndoles la pistola en los sentidos y obligándola a halar del gatillo con tiro en la pistola y pese a que a nivel internacional se vio como tentativa de asesinato, las autoridades en Honduras lo calificaron como abuso de autoridad.
Dijo que la investigación la realizó la Unidad de Asuntos Internos, en tal sentido, señaló que esa dependencia “nunca dio los resultados esperados, pese a que ellos hablan de 5,000 denuncias en los últimos dos o tres años, pero recientemente presentó unos 1,500 casos a la Ministerio Público. Sin embargo, no iban evacuados completamente”.
“Sus investigaciones no son suficientemente profundas para reforzar un caso en la Fiscalía, no presentan los documentos, ni los hechos que involucran a los policías teniendo como resultado la pérdida de los casos”.
“El problema es que no hacen las investigaciones profundas por temor u amistad” dijo, al tiempo de lamentar que mientras se desarrollan las investigaciones los policías están libres o las autoridades superiores los mandan como jefes a otros departamentos del país y hasta los ascienden.
Raul Pineda Alvarado: “Hay que reconocer que existen altos niveles de contaminación”.Además, refirió que también hay negligencia de las autoridades del Ministerio Público por medio de sus diferentes fiscalías por lentos procesos que siguen para presentar los requerimientos fiscales.
ORGANIZACIONES CRIMINALES
“Lo que pasó con el hijo de doña Julieta Castellanos es apenas la punta del Iceberg, porque en la Policía funciona una verdadera organización criminal y con conocimiento de los mismos jefes”, declaró a LA TRIBUNA, el analista político, Raúl Pineda Alvarado.
Indicó que los hechos delictivos realizados por los elementos policiales, son hechos con profunda eficacia y “son los jefes policiales que en este momento están poniendo en precaria la existencia de la policía”.
En ese sentido, dijo que se tiene que considerar seriamente la capacidad de intervenir la Policía, que no es un trabajo que puede desempeñar individualmente el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Pineda, recomendó tomar la experiencia de 1993, donde se nombró una junta interventora, encabezada por personas respetables, honestas y conocedoras del tema, con voluntad y firmeza como en aquel entonces que fue Oscar Andrés Rodríguez.
Sugirió integrar una comisión de policías honestos y especialmente seleccionados, personas de la sociedad civil bien informados y con asesoría de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA).
De ahí comenzar hacer una labor efectiva de depuración, desde los altos mandos policiales hasta la escala básica, acompañado con acciones emergentes.
CONTAMINADA
Reconoció que no toda la policía está contaminada. “Hay que reconocer que existen altos niveles de contaminación. Sin embargo, pueden ser depurados por una decisión política del Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa y el Congreso Nacional”.
“Este no es un problema donde hay que estar improvisando, sino de tomar las experiencias del pasado y entender que el problema es mucho más grande y complicado”.
Señaló que la población tiene altos niveles de desconfianza en la Policía, debido a que no está siendo controlada. “Las instituciones en que menos confía la sociedad hondureña son los políticos y la policial, pero son los políticos los obligados a tomar acciones urgentes, para castigar drásticamente a los que portan un uniforme, pero que son una amenaza para la población”.
En ese sentido, el Congreso Nacional, aprobó el jueves anterior desconcentrar los Asuntos Internos para crear la Dirección de Investigación y Evaluación de la Cerrera Policial, con el propósito de hacer más transparentes los procesos de investigación.
LATRIBUNA.HN
TEGUCIGALPA.- Para defensores de los Derechos Humanos (DDHH) y analistas políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Internos nunca cumplió con los objetivos para los que fue creada debidos a los altos niveles de corrupción que se han destapado en los últimos días.
Itsmania Pineda: Existe un informe a nivel internacional de policías que integran bandas del crimen organizado.Del 2009 a inicios del 2011 esta unidad policial ha recibido más 5,000 denuncias por faltas y delitos cometidas por agentes de la Policía Nacional, y a las que supuestamente les siguen un proceso de investigación.
Por delitos se registran unas 540 denuncias y sin méritos recibieron 1,104, sin encontrar indicios racionales, pero todavía tienen más 3,184 en proceso de investigación, revelan los informes del titular de esa dependencia, Santos Simeón Flores.
Según las mismas autoridades, la mayor parte de las denuncias pertenecen a elementos de la escala básica que son 12,000 policías, comparado a un poco más de 1,000 oficiales.
En ese sentido, la procuradora de DD.HH y miembro de la Red Mundial de Mil Mujeres de Paz, Itsmania Pineda, señaló que de las zonas de donde más se reciben denuncias por abusos de policías es la costa norte, Tegucigalpa, Trujillo y Santa Bárbara.
Aseguró que existe un informe a nivel internacional de policías que integran bandas del crimen organizado, narcotráfico, secuestros y se estima que unos 1,500 elementos están siendo investigados por haber cometido algún tipo de crimen.
ABUSO DE AUTORIDAD
Pineda, lamentó que por lo general las autoridades tipifican las acciones delictivas de los agentes policiales como abuso de autoridad, cuando en realidad las acciones son tan graves como tentativa de homicidio.
Ejemplificó que hace unos años policías jugaron a la ruleta rusa con niños de ocho años, poniéndoles la pistola en los sentidos y obligándola a halar del gatillo con tiro en la pistola y pese a que a nivel internacional se vio como tentativa de asesinato, las autoridades en Honduras lo calificaron como abuso de autoridad.
Dijo que la investigación la realizó la Unidad de Asuntos Internos, en tal sentido, señaló que esa dependencia “nunca dio los resultados esperados, pese a que ellos hablan de 5,000 denuncias en los últimos dos o tres años, pero recientemente presentó unos 1,500 casos a la Ministerio Público. Sin embargo, no iban evacuados completamente”.
“Sus investigaciones no son suficientemente profundas para reforzar un caso en la Fiscalía, no presentan los documentos, ni los hechos que involucran a los policías teniendo como resultado la pérdida de los casos”.
“El problema es que no hacen las investigaciones profundas por temor u amistad” dijo, al tiempo de lamentar que mientras se desarrollan las investigaciones los policías están libres o las autoridades superiores los mandan como jefes a otros departamentos del país y hasta los ascienden.
Raul Pineda Alvarado: “Hay que reconocer que existen altos niveles de contaminación”.Además, refirió que también hay negligencia de las autoridades del Ministerio Público por medio de sus diferentes fiscalías por lentos procesos que siguen para presentar los requerimientos fiscales.
ORGANIZACIONES CRIMINALES
“Lo que pasó con el hijo de doña Julieta Castellanos es apenas la punta del Iceberg, porque en la Policía funciona una verdadera organización criminal y con conocimiento de los mismos jefes”, declaró a LA TRIBUNA, el analista político, Raúl Pineda Alvarado.
Indicó que los hechos delictivos realizados por los elementos policiales, son hechos con profunda eficacia y “son los jefes policiales que en este momento están poniendo en precaria la existencia de la policía”.
En ese sentido, dijo que se tiene que considerar seriamente la capacidad de intervenir la Policía, que no es un trabajo que puede desempeñar individualmente el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Pineda, recomendó tomar la experiencia de 1993, donde se nombró una junta interventora, encabezada por personas respetables, honestas y conocedoras del tema, con voluntad y firmeza como en aquel entonces que fue Oscar Andrés Rodríguez.
Sugirió integrar una comisión de policías honestos y especialmente seleccionados, personas de la sociedad civil bien informados y con asesoría de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA).
De ahí comenzar hacer una labor efectiva de depuración, desde los altos mandos policiales hasta la escala básica, acompañado con acciones emergentes.
CONTAMINADA
Reconoció que no toda la policía está contaminada. “Hay que reconocer que existen altos niveles de contaminación. Sin embargo, pueden ser depurados por una decisión política del Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa y el Congreso Nacional”.
“Este no es un problema donde hay que estar improvisando, sino de tomar las experiencias del pasado y entender que el problema es mucho más grande y complicado”.
Señaló que la población tiene altos niveles de desconfianza en la Policía, debido a que no está siendo controlada. “Las instituciones en que menos confía la sociedad hondureña son los políticos y la policial, pero son los políticos los obligados a tomar acciones urgentes, para castigar drásticamente a los que portan un uniforme, pero que son una amenaza para la población”.
En ese sentido, el Congreso Nacional, aprobó el jueves anterior desconcentrar los Asuntos Internos para crear la Dirección de Investigación y Evaluación de la Cerrera Policial, con el propósito de hacer más transparentes los procesos de investigación.
lunes, 17 de octubre de 2011
SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA (SIP) preocupados por desproteccion de periodistas de Honduras
Humala en la SIP: “Vamos a trabajar de la mano con la prensa”
Lunes 17 de octubre de 2011
El Presidente del Perú, Ollanta Humala, acaba de inaugurar la 67 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se realiza en Lima. “Nosotros vamos a trabajar de la mano con la prensa y saludamos todas las veces que nos dicen nuestros errores” ha dicho Humala. ”Siempre ha existido un relación tensa entre la prensa y el poder. La prensa no debe ser un poder económico, porque puede entrar en contradicción los intereses particulares con el amor a la verdad. He tenido una relación a veces tensa con algunos sectores de la prensa, quiero decirles que se equivocaron, que no soy así”, dijo el mandatario.
Carlos Pérez, director de El Universo, en la SIP.
Ayer, Ecuador centró la atención en la lectura de los informes sobre la situación de la libertad de prensa por cada país, con el caso del diario El Universo, cuyos directivos recibieron una ovación durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, acompañado por el titular del comité organizador, Gustavo Mohme, dieron inicio a la presentación de los informes por país sobre el estado de la libertad de prensa e información en las Américas.
Los directivos del diario El Universo de Guayaquil, Carlos y César Pérez Barriga, expusieron la demanda planteada en marzo pasado por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por presunta difamación contra el excolumnista Emilio Palacio y los representantes de la empresa.
La Justicia ecuatoriana sentenció a Palacio y a los directivos del diario a tres años de prisión, además del pago de una indemnización de 40 millones de dólares a favor del gobernante.
El director de El Universo, Carlos Pérez, comentó a Efe que “este juicio ha sido el más rápido en la historia de Ecuador” y que después de acudir a las instancias judiciales superiores, irán a la Corte Constitucional, a pesar de que esa sala “la maneja la Presidencia de la República”.
Sin embargo, Pérez indicó que cumplirán con ese trámite “para que sea más claro y aceptado que hemos agotado todas las instancias internas”.
“De ahí vendrá la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), pero cuando vaya a la corte internacional ya nos habrán cobrado y mandado a la cárcel”, afirmó.
En opinión de Pérez, la demanda de Correa responde a “una estrategia militar: (la de) pegarle al más grande para que nadie más diga nada”.
Pérez señaló que Correa tiene cuatro canales de televisión afines a sus ideas, a través de los cuales también los difaman -según afirmó-, pero también “hay muchos medios en Ecuador que callan cómodamente y se benefician con la publicidad que les da la Presidencia”.
En tal sentido, Pérez dijo que su presencia hoy en la SIP responde a una necesidad de “crear conciencia” porque “hay muchos elementos que muestran que hay una actitud regional de irse en contra de la libertad de expresión y de muchas libertades”.
Tras la presentación de Ecuador, los asistentes les dieron un largo aplauso de respaldo.
Entre los países que entregaron hoy sus informes estuvieron Bolivia, que saludó la reducción de agresiones a los periodistas durante 2011, pero denunció la continuación de prácticas como la requisa de diarios en la región de Pando cuando se denuncian presuntos actos de corrupción.
Asimismo, Rodolfo Dumas, representante de la Tribuna de Honduras, denunció el asesinato de 5 periodistas en lo que va del año y de dos ataques armados contra hombres de prensa que lograron sobrevivir.
“Estos crímenes colocan a Honduras en una situación lamentable en cuanto a la protección de los periodistas, y de inacción del Gobierno ante estos asesinatos”, se quejó Dumas.
El presidente de la SIP anunció el nombramiento de una misión especial para que investigue estos delitos en Honduras y reclamar al Gobierno de ese país que ubique a los responsable y proteja a los hombres de prensa.
De otro lado, Eduardo Quirós, directivo de La Estrella de Panamá, dijo que el Gobierno utiliza las redes sociales y algunos medios afines para atacar a periodistas del periódico La Prensa y los canales TVN2 y Metcom.
Además, mencionó que el Ejecutivo de su país también pretende regular el salario de los periodistas con base en su idoneidad, lo cual ha sido rechazado por los medios de prensa.
Durante el resto de la tarde continuará la presentación de los informes por países y en la noche los participantes acudirán al Palacio de Gobierno para celebrar un cóctel con el presidente peruano, Ollanta Humala. EFE
Lunes 17 de octubre de 2011
El Presidente del Perú, Ollanta Humala, acaba de inaugurar la 67 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se realiza en Lima. “Nosotros vamos a trabajar de la mano con la prensa y saludamos todas las veces que nos dicen nuestros errores” ha dicho Humala. ”Siempre ha existido un relación tensa entre la prensa y el poder. La prensa no debe ser un poder económico, porque puede entrar en contradicción los intereses particulares con el amor a la verdad. He tenido una relación a veces tensa con algunos sectores de la prensa, quiero decirles que se equivocaron, que no soy así”, dijo el mandatario.
Carlos Pérez, director de El Universo, en la SIP.
Ayer, Ecuador centró la atención en la lectura de los informes sobre la situación de la libertad de prensa por cada país, con el caso del diario El Universo, cuyos directivos recibieron una ovación durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, acompañado por el titular del comité organizador, Gustavo Mohme, dieron inicio a la presentación de los informes por país sobre el estado de la libertad de prensa e información en las Américas.
Los directivos del diario El Universo de Guayaquil, Carlos y César Pérez Barriga, expusieron la demanda planteada en marzo pasado por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por presunta difamación contra el excolumnista Emilio Palacio y los representantes de la empresa.
La Justicia ecuatoriana sentenció a Palacio y a los directivos del diario a tres años de prisión, además del pago de una indemnización de 40 millones de dólares a favor del gobernante.
El director de El Universo, Carlos Pérez, comentó a Efe que “este juicio ha sido el más rápido en la historia de Ecuador” y que después de acudir a las instancias judiciales superiores, irán a la Corte Constitucional, a pesar de que esa sala “la maneja la Presidencia de la República”.
Sin embargo, Pérez indicó que cumplirán con ese trámite “para que sea más claro y aceptado que hemos agotado todas las instancias internas”.
“De ahí vendrá la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), pero cuando vaya a la corte internacional ya nos habrán cobrado y mandado a la cárcel”, afirmó.
En opinión de Pérez, la demanda de Correa responde a “una estrategia militar: (la de) pegarle al más grande para que nadie más diga nada”.
Pérez señaló que Correa tiene cuatro canales de televisión afines a sus ideas, a través de los cuales también los difaman -según afirmó-, pero también “hay muchos medios en Ecuador que callan cómodamente y se benefician con la publicidad que les da la Presidencia”.
En tal sentido, Pérez dijo que su presencia hoy en la SIP responde a una necesidad de “crear conciencia” porque “hay muchos elementos que muestran que hay una actitud regional de irse en contra de la libertad de expresión y de muchas libertades”.
Tras la presentación de Ecuador, los asistentes les dieron un largo aplauso de respaldo.
Entre los países que entregaron hoy sus informes estuvieron Bolivia, que saludó la reducción de agresiones a los periodistas durante 2011, pero denunció la continuación de prácticas como la requisa de diarios en la región de Pando cuando se denuncian presuntos actos de corrupción.
Asimismo, Rodolfo Dumas, representante de la Tribuna de Honduras, denunció el asesinato de 5 periodistas en lo que va del año y de dos ataques armados contra hombres de prensa que lograron sobrevivir.
“Estos crímenes colocan a Honduras en una situación lamentable en cuanto a la protección de los periodistas, y de inacción del Gobierno ante estos asesinatos”, se quejó Dumas.
El presidente de la SIP anunció el nombramiento de una misión especial para que investigue estos delitos en Honduras y reclamar al Gobierno de ese país que ubique a los responsable y proteja a los hombres de prensa.
De otro lado, Eduardo Quirós, directivo de La Estrella de Panamá, dijo que el Gobierno utiliza las redes sociales y algunos medios afines para atacar a periodistas del periódico La Prensa y los canales TVN2 y Metcom.
Además, mencionó que el Ejecutivo de su país también pretende regular el salario de los periodistas con base en su idoneidad, lo cual ha sido rechazado por los medios de prensa.
Durante el resto de la tarde continuará la presentación de los informes por países y en la noche los participantes acudirán al Palacio de Gobierno para celebrar un cóctel con el presidente peruano, Ollanta Humala. EFE
sábado, 15 de octubre de 2011
INDICES DE VIOLENCIA GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR
Un estudio realizado sobre violencia domestica i violencia intrafamiliar en Honduras , supera los indices de violencia , ya que son de 4 300 a 400 denuncias que se reciben a diario, de las cuales a 5 0 b7 casos se les da seguimeinento, son distribuidas a las diferntes fiscalias, ya sea de femisidios, niñez o homisiodios.
sin embargo a nivel de centro america este tema no es relevanten a pesar de que en la actualidad sigue siendo el tema de maras y barras juveniles las que dan mayor preocupacion a las autoridades de la region.
El crimen y la violencia constituyen el problema clave para el desarrollo de los países centroamericanos. "La esperanza centroamericana de un renacimiento tras las guerras civiles se ha visto opacada por otro tipo de plaga: un torrente de crimen y violencia que primero absorbió a El Salvador, Honduras y Guatemala y ahora amenaza a Nicaragua, Costa Rica y Panamá", dice el informe publicado en abril recién pasado.
Para poder entender la magnitud de esta nueva ola criminal, se plantea la siguiente comparación: tanto España como Centroamérica tienen una población aproximada de 40 millones de personas; sin embargo, España registró 336 asesinatos (es decir, menos de uno por día) en 2006, mientras que Centroamérica registró 14,257 (es decir, casi 40 por día).
De acuerdo con el documento, El Salvador tenía el índice de homicidios más alto de América Latina (58 por cada 100,000 habitantes), y otros dos países centroamericanos, Guatemala y Honduras, con índices de homicidios de 45 y 43 por cada 100,000 habitantes, respectivamente, se encuentran entre los primeros cinco de la región.
El índice de homicidios para Centroamérica en general es de 35.4 por cada 100,000 habitantes, comparado con aproximadamente 20 por cada 100,000 en toda América Latina.
Los índices de homicidios siguen siendo bajos en Panamá, Nicaragua y Costa Rica, aproximadamente la mitad que en América Latina en general, pero ahora también preocupa el aumento de la violencia en dichos países. Según este estudio, el tráfico de drogas es por un lado un promotor importante de los índices de homicidios y por otro el factor principal de los niveles de violencia en la región.
También está la violencia juvenil y las maras como una preocupación fundamental en Centroamérica.
Los datos manejados en el informe parecen muy cortos en relación con los registros que deja la violencia y criminalidad a nivel interno
la situación del 2009 al 2011 ha cambiado, a tal grado que Honduras estaría superando a El Salvador, "que ha logrado controlar un poco los homicidios" en los últimos años.
La tendencia hondureña va a la cabeza en muertes violentas. Se estima que en el 2010 en Honduras la tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes fue de 77.5, superando casi ocho veces la tasa promedio de 8.8 establecida por la OMS en el 2000.
en el país se estarían registrando 17 muertes violentas diariamente, que por lo general ocurren en las ciudades más grandes y en los departamentos de mayor dinamismo económico como son Cortés, Francisco Morazán y Atlántida. Los datos señalan una cuestión más grave.
En este momento las muertes por armas de fuego se elevaron de 78% al 83.4% y el 93.8% de las víctimas fueron hombres, explicó.
Ella considera que echarle la culpa la pobreza, es estigmatizarla. "Usted tiene países vecinos con similar situación, incluso con mayores niveles de pobreza pero no con las mismas estadísticas de violencia. Nicaragua ha logrado sostener en los últimos cinco años una tasa de 13 muertes por cien mil habitantes, y usted está hablando de un país pobre, entonces la pobreza no es la justificación".
Deficiencia
Flores recordó que cada año la Policía hondureña recibe mayor presupuesto para una respuesta reactiva, de ahí esos grandes operativos, pero no existe una respuesta sistemática que incorpore como instrumento fundamental la prevención.
"Quienes han hecho prevención en este país han sido las iglesias, las ONG (Organismos no Gubernamentales) con escasos recursos, pero con un compromiso moral muy fuerte", agregó la experta.
Sobre este aspecto, recientemente el Banco Mundial mostró su preocupación por los altos índices de violencia y criminalidad en la región y ha advertido que es una amenaza para las instituciones claves y para la estabilidad gubernamental. Señaló que las altas tasas de homicidio en Honduras, El Salvador y Guatemala, "socavan las esperanzas de paz y estabilidad que surgieron luego de la resolución de las guerras civiles regionales".
Después de un año en donde el tema de la inseguridad y la violencia cubrió los diarios del país mes tras mes, es importante poder dibujar la situación actual del país para tener un marco de referencia sobre el cuál actuar; es decir, tener una.
base sobre la que es posible empezar a definir políticas y que servirá como punto de partida para evaluar avances o retrocesos.
Respecto de este tema, FUNDESA mantiene el compromiso adquirido en el Encuentro Nacional de Empresarios – ENADE 2009 – y le da seguimiento a aquellas variables que son el origen de la alarma que ha hecho que la sociedad guatemalteca ponga manos a la obra para cambiar la situación existente. La variable más preocupante son los altos índices de criminalidad en el país.
constituida básicamente por las muertes provocadas por arma de fuego y por arma blanca. Este tema merece suma atención, ya que más que números y cifras, lo que está en juego es la vida de guatemaltecos que a diario pierden su vida por circunstancias que merecen una acción de nuestra parte.
Fuente: inacif.gob.gt
sin embargo a nivel de centro america este tema no es relevanten a pesar de que en la actualidad sigue siendo el tema de maras y barras juveniles las que dan mayor preocupacion a las autoridades de la region.
El crimen y la violencia constituyen el problema clave para el desarrollo de los países centroamericanos. "La esperanza centroamericana de un renacimiento tras las guerras civiles se ha visto opacada por otro tipo de plaga: un torrente de crimen y violencia que primero absorbió a El Salvador, Honduras y Guatemala y ahora amenaza a Nicaragua, Costa Rica y Panamá", dice el informe publicado en abril recién pasado.
Para poder entender la magnitud de esta nueva ola criminal, se plantea la siguiente comparación: tanto España como Centroamérica tienen una población aproximada de 40 millones de personas; sin embargo, España registró 336 asesinatos (es decir, menos de uno por día) en 2006, mientras que Centroamérica registró 14,257 (es decir, casi 40 por día).
De acuerdo con el documento, El Salvador tenía el índice de homicidios más alto de América Latina (58 por cada 100,000 habitantes), y otros dos países centroamericanos, Guatemala y Honduras, con índices de homicidios de 45 y 43 por cada 100,000 habitantes, respectivamente, se encuentran entre los primeros cinco de la región.
El índice de homicidios para Centroamérica en general es de 35.4 por cada 100,000 habitantes, comparado con aproximadamente 20 por cada 100,000 en toda América Latina.
Los índices de homicidios siguen siendo bajos en Panamá, Nicaragua y Costa Rica, aproximadamente la mitad que en América Latina en general, pero ahora también preocupa el aumento de la violencia en dichos países. Según este estudio, el tráfico de drogas es por un lado un promotor importante de los índices de homicidios y por otro el factor principal de los niveles de violencia en la región.
También está la violencia juvenil y las maras como una preocupación fundamental en Centroamérica.
Los datos manejados en el informe parecen muy cortos en relación con los registros que deja la violencia y criminalidad a nivel interno
la situación del 2009 al 2011 ha cambiado, a tal grado que Honduras estaría superando a El Salvador, "que ha logrado controlar un poco los homicidios" en los últimos años.
La tendencia hondureña va a la cabeza en muertes violentas. Se estima que en el 2010 en Honduras la tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes fue de 77.5, superando casi ocho veces la tasa promedio de 8.8 establecida por la OMS en el 2000.
en el país se estarían registrando 17 muertes violentas diariamente, que por lo general ocurren en las ciudades más grandes y en los departamentos de mayor dinamismo económico como son Cortés, Francisco Morazán y Atlántida. Los datos señalan una cuestión más grave.
En este momento las muertes por armas de fuego se elevaron de 78% al 83.4% y el 93.8% de las víctimas fueron hombres, explicó.
Ella considera que echarle la culpa la pobreza, es estigmatizarla. "Usted tiene países vecinos con similar situación, incluso con mayores niveles de pobreza pero no con las mismas estadísticas de violencia. Nicaragua ha logrado sostener en los últimos cinco años una tasa de 13 muertes por cien mil habitantes, y usted está hablando de un país pobre, entonces la pobreza no es la justificación".
Deficiencia
Flores recordó que cada año la Policía hondureña recibe mayor presupuesto para una respuesta reactiva, de ahí esos grandes operativos, pero no existe una respuesta sistemática que incorpore como instrumento fundamental la prevención.
"Quienes han hecho prevención en este país han sido las iglesias, las ONG (Organismos no Gubernamentales) con escasos recursos, pero con un compromiso moral muy fuerte", agregó la experta.
Sobre este aspecto, recientemente el Banco Mundial mostró su preocupación por los altos índices de violencia y criminalidad en la región y ha advertido que es una amenaza para las instituciones claves y para la estabilidad gubernamental. Señaló que las altas tasas de homicidio en Honduras, El Salvador y Guatemala, "socavan las esperanzas de paz y estabilidad que surgieron luego de la resolución de las guerras civiles regionales".
Después de un año en donde el tema de la inseguridad y la violencia cubrió los diarios del país mes tras mes, es importante poder dibujar la situación actual del país para tener un marco de referencia sobre el cuál actuar; es decir, tener una.
base sobre la que es posible empezar a definir políticas y que servirá como punto de partida para evaluar avances o retrocesos.
Respecto de este tema, FUNDESA mantiene el compromiso adquirido en el Encuentro Nacional de Empresarios – ENADE 2009 – y le da seguimiento a aquellas variables que son el origen de la alarma que ha hecho que la sociedad guatemalteca ponga manos a la obra para cambiar la situación existente. La variable más preocupante son los altos índices de criminalidad en el país.
constituida básicamente por las muertes provocadas por arma de fuego y por arma blanca. Este tema merece suma atención, ya que más que números y cifras, lo que está en juego es la vida de guatemaltecos que a diario pierden su vida por circunstancias que merecen una acción de nuestra parte.
Fuente: inacif.gob.gt
9500 MUERTES VIOLENTAS EN PRIMEROS 17 MESES DEL GOBIERNO DE PEPE LOBO.
Alrededor de 9,500 muertes violentas en primeros 17 meses del gobierno de Pepe Lobo
Lamentó que en materia de seguridad se siga jugando a la piñata, dando palos de ciego, intentando frenar
un problema con “medicinas” que ya fueron probadas y que son un fracaso.
Desde febrero del 2006 a junio de 2011 (65 meses), tres presidentes han gobernado el país con resultados
nada halagadores en materia de seguridad ya que se han registrado 25,859 muertes violentas de personas,
más del 80% víctimas de las armas de fuego.
Alrededor de 9,500 muertes violentas se han registrado en los primeros 17 meses del mandato
del presidente Porfirio Lobo Sosa, reveló un informe del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH).
El documento detalla que en los primeros once meses de su gestión (febrero – diciembre 2010),
al menos, 5,850 personas perdieron la vida en forma violenta y que otras 3,600 lo hicieron en los
primeros seis meses del 2011.
La situación es preocupante si se toma en cuenta que en febrero del 2010, que significó el
primer mes de su gestión como Presidente de la República, se reportó la muerte violenta de 420
personas, es decir, un promedio de 14 decesos diarios.
Desde ese momento, la cifra de muertes violentas ha ido en aumento al extremo que sólo en
diciembre del 2010 se registró la muerte, en circunstancias violentas, de 683 personas ó 22.76
víctimas diarias.
Desde febrero del 2006 a junio de 2011 (65 meses), tres presidentes han gobernado el país con
resultados nada halagadores en materia de seguridad ya que se han registrado 25,859 muertes
violentas de personas, más del 80% víctimas de las armas de fuego.
En el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya el saldo fue de 13,320 muertes violentas, en los
siete meses del gobierno de Roberto Micheletti se registraron 2,468, mientras que, en 17 meses
presididos por Porfirio Lobo, la cifra ronda alrededor de las 9,500 víctimas.
Preocupado por la situación de violencia delincuencial en el país, el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos, Ramón Custodio, recomendó al gobierno del presidente Porfirio Lobo definir
como una prioridad nacional el derecho a la seguridad pública, plasmándola en una política de
Estado coherente y participativa.
El defensor de los derechos humanos lamentó que entre el 2006 y junio de 2011 hayan perdido la
vida en forma violenta 25,859 personas, que ubican al país en uno de los más violentos del mundo.
Custodio señaló que hay departamentos que requieren atención inmediata, por parte de las
autoridades gubernamentales, por el número de muertes violentas que registran.
Para el caso, en los primeros seis meses del 2011, entre los departamentos con las mayores tasas
de muertes violentas están Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Yoro, Copán, Comayagua y
Olancho.
Recordó que entre el 2008 y el 2010, el departamento de Cortés se ubicó en el primer lugar de
muertes violentas con 4,844 decesos, bajo esas circunstancias.
Agregó que, durante el mismo período, en Francisco Morazán, se registró la muerte violenta de
2,828 personas que lo ubican en el segundo lugar, seguido por los departamentos de Atlántida con
1,389, Yoro 919 y Copán con 840 homicidios.
En lo que respecta a la tasa de homicidios por cada 100,000 habitante, Custodio, hizo énfasis en el
registró que hay del departamento de Atlántida que desde el 2005 ha estado por encima de la tasa
nacional.
En el 2010, la tasa de homicidios en ese departamento insular fue de 131.8 por cada 100,000
habitantes, muy superior a la tasa nacional que fue de 77.5 y casi 15 veces más alta que la mundial
establecida en 8.8.
Otros departamentos que en el 2010 registraron tasas de homicidios muy por encima de la
nacional fueron Cortés con 112.8, Colón con 88.6, Copán y Yoro con 85.9 y Olancho con 78.7.
Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ubicó a Honduras como el
país con mayor índice de homicidios en Centroamérica, con una tasa de 82.1 homicidios por cada
100 mil personas, la más alta a nivel mundial.
La situación en Honduras es crítica, dijo Custodio, si se toma en cuenta que en el año 2000 se
registraba un promedio de 8.7 homicidios por día, cifra que alcanzó un promedio de 20 en los
primeros meses del 2011.
El ombudsman hondureño es del criterio que los cambios realizados hasta ahora por el presidente
de la República, Porfirio Lobo, en materia de seguridad, indican el fracaso del gobierno en esta
etapa de su mandato y espera que los nuevos funcionarios sepan superar lo que se ha hecho mal y
lo mejoren.
Custodio lamentó que “en materia de seguridad se siga jugando a la piñata, dando palos de ciego,
con un problema que crece cada día”.
“No nos estamos comportando a la altura del siglo XXI, y se sigue intentando frenar un problema
con “medicinas” que ya fueron probadas y que son un fracaso”, sentenció el titular del organismo
humanitario.
Lamentó que en materia de seguridad se siga jugando a la piñata, dando palos de ciego, intentando frenar
un problema con “medicinas” que ya fueron probadas y que son un fracaso.
Desde febrero del 2006 a junio de 2011 (65 meses), tres presidentes han gobernado el país con resultados
nada halagadores en materia de seguridad ya que se han registrado 25,859 muertes violentas de personas,
más del 80% víctimas de las armas de fuego.
Alrededor de 9,500 muertes violentas se han registrado en los primeros 17 meses del mandato
del presidente Porfirio Lobo Sosa, reveló un informe del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH).
El documento detalla que en los primeros once meses de su gestión (febrero – diciembre 2010),
al menos, 5,850 personas perdieron la vida en forma violenta y que otras 3,600 lo hicieron en los
primeros seis meses del 2011.
La situación es preocupante si se toma en cuenta que en febrero del 2010, que significó el
primer mes de su gestión como Presidente de la República, se reportó la muerte violenta de 420
personas, es decir, un promedio de 14 decesos diarios.
Desde ese momento, la cifra de muertes violentas ha ido en aumento al extremo que sólo en
diciembre del 2010 se registró la muerte, en circunstancias violentas, de 683 personas ó 22.76
víctimas diarias.
Desde febrero del 2006 a junio de 2011 (65 meses), tres presidentes han gobernado el país con
resultados nada halagadores en materia de seguridad ya que se han registrado 25,859 muertes
violentas de personas, más del 80% víctimas de las armas de fuego.
En el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya el saldo fue de 13,320 muertes violentas, en los
siete meses del gobierno de Roberto Micheletti se registraron 2,468, mientras que, en 17 meses
presididos por Porfirio Lobo, la cifra ronda alrededor de las 9,500 víctimas.
Preocupado por la situación de violencia delincuencial en el país, el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos, Ramón Custodio, recomendó al gobierno del presidente Porfirio Lobo definir
como una prioridad nacional el derecho a la seguridad pública, plasmándola en una política de
Estado coherente y participativa.
El defensor de los derechos humanos lamentó que entre el 2006 y junio de 2011 hayan perdido la
vida en forma violenta 25,859 personas, que ubican al país en uno de los más violentos del mundo.
Custodio señaló que hay departamentos que requieren atención inmediata, por parte de las
autoridades gubernamentales, por el número de muertes violentas que registran.
Para el caso, en los primeros seis meses del 2011, entre los departamentos con las mayores tasas
de muertes violentas están Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Yoro, Copán, Comayagua y
Olancho.
Recordó que entre el 2008 y el 2010, el departamento de Cortés se ubicó en el primer lugar de
muertes violentas con 4,844 decesos, bajo esas circunstancias.
Agregó que, durante el mismo período, en Francisco Morazán, se registró la muerte violenta de
2,828 personas que lo ubican en el segundo lugar, seguido por los departamentos de Atlántida con
1,389, Yoro 919 y Copán con 840 homicidios.
En lo que respecta a la tasa de homicidios por cada 100,000 habitante, Custodio, hizo énfasis en el
registró que hay del departamento de Atlántida que desde el 2005 ha estado por encima de la tasa
nacional.
En el 2010, la tasa de homicidios en ese departamento insular fue de 131.8 por cada 100,000
habitantes, muy superior a la tasa nacional que fue de 77.5 y casi 15 veces más alta que la mundial
establecida en 8.8.
Otros departamentos que en el 2010 registraron tasas de homicidios muy por encima de la
nacional fueron Cortés con 112.8, Colón con 88.6, Copán y Yoro con 85.9 y Olancho con 78.7.
Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ubicó a Honduras como el
país con mayor índice de homicidios en Centroamérica, con una tasa de 82.1 homicidios por cada
100 mil personas, la más alta a nivel mundial.
La situación en Honduras es crítica, dijo Custodio, si se toma en cuenta que en el año 2000 se
registraba un promedio de 8.7 homicidios por día, cifra que alcanzó un promedio de 20 en los
primeros meses del 2011.
El ombudsman hondureño es del criterio que los cambios realizados hasta ahora por el presidente
de la República, Porfirio Lobo, en materia de seguridad, indican el fracaso del gobierno en esta
etapa de su mandato y espera que los nuevos funcionarios sepan superar lo que se ha hecho mal y
lo mejoren.
Custodio lamentó que “en materia de seguridad se siga jugando a la piñata, dando palos de ciego,
con un problema que crece cada día”.
“No nos estamos comportando a la altura del siglo XXI, y se sigue intentando frenar un problema
con “medicinas” que ya fueron probadas y que son un fracaso”, sentenció el titular del organismo
humanitario.
FEMISIDIOS EN HONDURAS
Mujeres víctimas de impunidad
La Convención Interamericana para Prevenir,Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)ratificada por el Estado de Honduras en 1995, señala que toda mujer tiene el derecho a vivir una vidalibre de violencia. Por tanto es obligación del Estado de Honduras, adoptar portodos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,sancionar y erradicar dicha violencia
EnHonduras desde el año 2005 al 2011, más de mil 800 mujeres han sido víctimas defemicidios. Su muerte, sus sueños truncados y el dolor de la familiarepresentan uno de los mayores escándalos nacionales de incumplimiento a losDerechos Humanos por parte del Estado hondureño. Esto coloca a Honduras en elsegundo lugar en femicidios en países de Centroamérica después de Guatemala.
El terreno fértil para que la violencia contra las mujeres continúeperpetuándose, se encuentra en la impunidad que rodea a estos casos. Según unEstudio, de la Tribuna contra los Femicidios, del total de 351 casos reportadosa la fiscalía en el 2010, sólo sepudieron ingresar a los Juzgados de Letras en materia penal 179 (51% del totalde casos), logrando llegar a los Tribunales de sentencia apenas 59 casos, delos cuales se obtuvieron 48 resoluciones, lo que nos indica un porcentaje de13.6% en la efectividad de dichos casos.
Laindiferencia del Estado, la inoperancia de las instituciones, la negligencia enla prevención y la negación del acceso a justicia igualitaria para las mujeres,envía un mensaje claro a la población: la vida de las mujeres no vale nada enHonduras. Este mensaje se traduce en la normalización e internalización de laviolencia hacia las mujeres por su condición de género en el pueblo hondureño,poniéndolas en mayor riesgo.
Como Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, alianza nacional deorganizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, responsabilizamos al Estadode los altos nivelesde Impunidad que rodea los asesinatos de cientos de mujeres en Honduras, en tantono cumple su obligación de protección, investigación y sanción de estoscrímenes. Mientras la impunidad exista las mujeres seguiremos en un estado deindefensión y la lista de víctimas de femicidios seguirá engrosándose. Tal ycomo lo ha declarado la Fiscal de Derechos Humanos de Honduras, Sandra Ponce "Mientras haya impunidad el Estado va a seguir siendoseñalado como responsable de los asesinatos por omisión, en tanto las muertesno sean investigadas”
En el marco en el marco del encuentro “Impunidad, libertad de expresión y justicia” y ante lapresencia del Juez Baltasar Garzón, en su condición de asesor del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), las organizaciones que integramos la Tribuna contra los Femicidios, hacemos un llamado a la comunidad internacional, paraque en base a los convenios internacionales firmados por Honduras, soliciten alEstado hondureño que informe inmediatamentesobre el estado actual de los casos de crímenes contra la vida de las mujeres que permanecen en altos niveles de impunidad y muestreavances concretos en la implementación de políticas efectivas y consultadas con la población para laprevención , sanción y eliminaciónde toda formas de violencia contra las mujeres en el país.
˝El hecho de que las autoridades no investiguen, enjuicien y castiguen a los responsables de actos de violencia contra la mujer ha contribuido a crear un clima de impunidad, que se ha traducido en una escasa confianza en el sistemade justicia".
Sra. Rashida Manjoo, Relatora especial deNaciones Unidas sobre la violenciacontra la mujer.
Honduras, 7 deOctubre 2011
Tribuna deMujeres contra los Femicidios
Campaña Nacional contra los Femicidios.
La Convención Interamericana para Prevenir,Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)ratificada por el Estado de Honduras en 1995, señala que toda mujer tiene el derecho a vivir una vidalibre de violencia. Por tanto es obligación del Estado de Honduras, adoptar portodos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,sancionar y erradicar dicha violencia
EnHonduras desde el año 2005 al 2011, más de mil 800 mujeres han sido víctimas defemicidios. Su muerte, sus sueños truncados y el dolor de la familiarepresentan uno de los mayores escándalos nacionales de incumplimiento a losDerechos Humanos por parte del Estado hondureño. Esto coloca a Honduras en elsegundo lugar en femicidios en países de Centroamérica después de Guatemala.
El terreno fértil para que la violencia contra las mujeres continúeperpetuándose, se encuentra en la impunidad que rodea a estos casos. Según unEstudio, de la Tribuna contra los Femicidios, del total de 351 casos reportadosa la fiscalía en el 2010, sólo sepudieron ingresar a los Juzgados de Letras en materia penal 179 (51% del totalde casos), logrando llegar a los Tribunales de sentencia apenas 59 casos, delos cuales se obtuvieron 48 resoluciones, lo que nos indica un porcentaje de13.6% en la efectividad de dichos casos.
Laindiferencia del Estado, la inoperancia de las instituciones, la negligencia enla prevención y la negación del acceso a justicia igualitaria para las mujeres,envía un mensaje claro a la población: la vida de las mujeres no vale nada enHonduras. Este mensaje se traduce en la normalización e internalización de laviolencia hacia las mujeres por su condición de género en el pueblo hondureño,poniéndolas en mayor riesgo.
Como Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, alianza nacional deorganizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, responsabilizamos al Estadode los altos nivelesde Impunidad que rodea los asesinatos de cientos de mujeres en Honduras, en tantono cumple su obligación de protección, investigación y sanción de estoscrímenes. Mientras la impunidad exista las mujeres seguiremos en un estado deindefensión y la lista de víctimas de femicidios seguirá engrosándose. Tal ycomo lo ha declarado la Fiscal de Derechos Humanos de Honduras, Sandra Ponce "Mientras haya impunidad el Estado va a seguir siendoseñalado como responsable de los asesinatos por omisión, en tanto las muertesno sean investigadas”
En el marco en el marco del encuentro “Impunidad, libertad de expresión y justicia” y ante lapresencia del Juez Baltasar Garzón, en su condición de asesor del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), las organizaciones que integramos la Tribuna contra los Femicidios, hacemos un llamado a la comunidad internacional, paraque en base a los convenios internacionales firmados por Honduras, soliciten alEstado hondureño que informe inmediatamentesobre el estado actual de los casos de crímenes contra la vida de las mujeres que permanecen en altos niveles de impunidad y muestreavances concretos en la implementación de políticas efectivas y consultadas con la población para laprevención , sanción y eliminaciónde toda formas de violencia contra las mujeres en el país.
˝El hecho de que las autoridades no investiguen, enjuicien y castiguen a los responsables de actos de violencia contra la mujer ha contribuido a crear un clima de impunidad, que se ha traducido en una escasa confianza en el sistemade justicia".
Sra. Rashida Manjoo, Relatora especial deNaciones Unidas sobre la violenciacontra la mujer.
Honduras, 7 deOctubre 2011
Tribuna deMujeres contra los Femicidios
Campaña Nacional contra los Femicidios.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
