Como Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe apoyamos la iniciativa de Amnistía Internacional de descriminalizar el ejercicio del trabajo sexual como parte de su defensa de los derechos humanos.
En agosto próximo se reunirá el Consejo Internacional de Amnistía Internacional para definir si adopta en sus políticas a nivel global la defensa de los derechos de las personas que ejercemos el trabajo sexual. Instamos a esa organización internacional a aprobar la propuesta basada en evidencia y en un reconocimiento de los principios de igualdad de género y no discriminación.
En nuestra Región hemos aportado pruebas suficientes que demuestran que la criminalización de nuestro trabajo sólo aporta violencia y más sometimiento por falta de un estado que ampare derechos.
Los datos que presentamos no son teorizaciones filosóficas realizadas desde un escritorio, sino que surgen de la realidad que vivimos día a día las mujeres que ejercemos este trabajo y padecemos la violencia institucional y social por la negativa de los estados a reconocernos como sujeto de derecho y descriminalizar el ejercicio de nuestro trabajo.
En nuestra última presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltamos algunos casos emblemáticos de violencia en 14 países de Latinoamérica y el Caribe, casos que son consecuencia de la criminalización de nuestro trabajo:
· En Honduras, entre septiembre de 2013 a abril de 2014 se registraron 16 asesinatos a trabajadoras sexuales.
· En El Salvador, la organización de la Red ha registrado el asesinato de más de 27 trabajadoras sexuales entre 2012 y 2014.
· En República Dominicana se registró en el mismo periodo el asesinato de 14 trabajadoras sexuales por su condición de tal.
· En Nicaragua contabilizamos 13 mujeres trabajadoras sexuales asesinadas entre el 2011 y el 2015.
· En Bolivia, en octubre del 2014, un operativo Policial culminó con 20 trabajadoras sexuales detenidas por el supuesto delito de atentado a la salud pública. Además, una compañera fue sentenciada a prisión domiciliaria por ejercer el trabajo sexual siendo una persona viviendo con VIH.
· En Panamá, a modo de ejemplo, en junio pasado la policía detuvo de manera arbitraria e infundada a una trabajadora sexual mientras ejercía su trabajo. Fue agredida verbal y físicamente mientras era arrestada, con el agravante de que estaba embarazada de 8 meses.
· En Argentina son habituales los robos de dinero y objetos durante los allanamientos por las fuerzas de seguridad a cargo del procedimiento, arguyendo que el dinero es evidencia de la existencia de relaciones comerciales. Un ejemplo reciente ocurrió en San Juan, donde una compañera que ya había sido detenida mientras trabajaba en la vía pública volvió a ser golpeada y detenida un mes después–la policía entró a su domicilio sin orden de allanamiento-, por cuatro días más.
· En Costa Rica, al 30% de las trabajadoras sexuales la policía les exige coimas o pagos y padecen violencia sexual por parte de la policía a cambio de no detenerlas, por no tener permiso de trabajo o libreta de salud
Que quede claro: nosotras defendemos los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual autónomo. Que no se desvirtúe el debate sobre el necesario acceso a derechos de personas que ejercemos el trabajo sexual por decisión propia mezclándolo con el de personas sometidas contra su voluntad.
Esperemos que lo grupos que intentan presionar a Amnistía Internacional para que no descriminalice el trabajo sexual autónomo no se conviertan en cómplices funcionales de quienes ejercen la violencia contra nosotras.
CARTA A
Secretario General Amnesty International Salil Shetty (Secretario General Amnesty International)
Amnistía Internacional
https://www.change.org/p/amnist%C3%ADa-internacional-adopten-entre-sus-pol%C3%ADticas-la-defensa-de-los-dd-hh-de-las-personas-que-ejercemos-el-trabajo-sexual-redtrasex/share?after_sign_exp=default&just_signed=true
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