Policía hondureña daña honor e imagen de ciudadanos
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Laura Esther Dubón podría ser solo un caso más de los tantos que bajo abuso de poder y clara violación a los derechos humanos están cometiendo las autoridades hondureñas, en este caso la Dirección Nacional de Investigación Criminal y el Ministerio Público.
El 24 de septiembre de 2014, Laura, dueña de un negocio de venta de plásticos, fue capturada junto a su empleado Emanuel Esaú Cabrera, por agentes de la DNIC, en la colonia Jardines de Toncontín, en Comayagüela, bajo los cargos de ocultar vehículos en un parqueo, que eran usados por pandilleros para cometer crímenes.
Y es que efectivamente, la Policía allanó el lugar donde encontró vehículos con reporte de robo y que además hay evidencia que eran usados para cometer delitos, sin embargo, Laura les explicó que ella es vecina del parqueo pero no es suyo, ni siquiera lo administra, ella es dueña pero de una distribuidora de plástico que está contiguo.
Pero lo terrible del caso no fue ni el allanamiento, del que hubo resultados como el decomiso de cuatro vehículos, si no la inmediata captura de Laura y su empleado, a quienes sindicaron de ser cómplices de la “Mara 18”.
Tras la captura Laura y su empleado fueron esposados y llevados hasta el Campo de Parada Marte, donde ambos fueron presentados ante los medios de comunicaciones, junto a los vehículos, incluyendo la motocicleta de su esposo Dagoberto Mendoza, que estaba en el parqueo de su negocio.
Luego de ser presentados ante los medios, ella con el apodo de “La Tía”, la noticia fue totalmente pública y los titulares en las redes sociales, televisión y luego periódicos no se hicieron esperar, “decomisan cuatro vehículos a la Mara 18”, y coincidían, junto a la foto de Laura y su empleado, esposados.
Laura pasó la noche bajo custodia policial, hasta que a las 5.00 de la mañana la remitieron a las instalaciones donde ates era el Core 7, en el barrio Abajo, donde lejos de presentarla ante el fiscal a declarar, le informaron que todo era un error, que ya podía irse a su casa, pero en los medios virtuales, televisivos y radiales la noticia ya estaba difundida, y los periódicos también traían impresa la nota.
Y ahora, a casi ocho meses del “error” policial, los medios de comunicación no le publicaron ninguna aclaración, bajo el argumento que la información fue brindada por la policía, mientras, el desprestigio le pasó factura porque hasta tarjetas de crédito le fueron canceladas, esto porque los bancos mantienen contacto con la policía, donde las personas con antecedentes penales sufren este castigo.
"Errores"
Laura intentó limpiar su expediente y el entonces director de la DNIC, Leandro Osorio, le informó que la ayudaría, pero al solicitar una hoja de antecedentes penales para un trámite, en la misma se establece que tiene causa pendiente por ocultamiento y robo de vehículos en perjuicio de un testigo protegido. A parte de eso, la empresaria teme que hasta le cancelen su visa americana, todo por el antecedente policial.
Pero como los errores se han vuelto parte del sistema en Honduras, ahora resulta que Laura solicitó apoyo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), pero la respuesta es que es un asunto administrativo de la policía, y en otras organizaciones defensoras de derechos humanos simplemente le tomaron el testimonio pero no hicieron nada para ayudarla a limpiar su expediente policial.
En ese sentido, Laura procedió a denunciar ante el Ministerio Público, por los cargos de abuso de autoridad y detención ilegal contra la fiscal Melissa Vásquez, contra el periodista y vocero de la DNIC, Aníbal Baca, por abuso de autoridad y contra los agentes de investigación Rafael Castro y Nelson Varela, por abuso de autoridad y detención ilegal. La denuncia fue interpuesta desde el 22 de febrero pero aún no tiene respuesta.
Cabe mencionar que en este medio también consta la denuncia de otro ciudadano, Henry Antonio Núñez, contra un grupo de agentes de investigación, quienes en otro hecho registrado el 7 de abril pasado, lo capturaron en la colonia La Pradera de Comayagüela, donde junto a otros vecinos lo presentaron ante los medios de comunicación como parte de una banda de robacarros, los ficharon, y por la madrugada los liberaron, pero ya les habían saqueado los apartamentos, llevándole a él, joyas y dinero. Nunca fueron presentados ante la Fiscalía por falta de pruebas.
Entre tanto, Aníbal Baca, vocero de la DNIC, dijo no recordar el caso, pero que la policía tiene facultades para una detención para investigación, y si no se presentan cargos contra ella, debe, a través de la fiscalía, solicitar se le limpie el expediente.
Al
salir de su trabajo en la SIC, ubicada en el bulevar Kuwait de la
capital, el 20 de agosto del año pasado, Ana Paola conducía su vehículo
a inmediaciones del semáforo entre las colonias capitalinas El Prado y
Miramontes, a eso de las 5.00 de la tarde. Fue atacada a balazos por
sujetos desde otro vehículo.
Además
que la abogada Nolvia Herrera solicitó un estudio socioeconómico a
Gunther Suárez, pero hasta un mes se le hizo, denotando la parcialidad
de la abogada, pese a que hay suficiente información relacionada a que
Gunther nunca ha convivido con el menor y que se lo llevó sin
consentimiento de su madre y de los abuelos que lo tenían en La Ceiba,
por razones del atentado criminal.
