Las desapariciones forzadas persisten en muchos países del mundo, tras haber sido una característica habitual de la segunda mitad del siglo XX desde que empezaron a ser cometidas en gran escala en la Europa ocupada por los nazis en 1941.
Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley.
Es muy frecuente que las personas desaparecidas no sean jamás liberadas, y que su suerte nunca llegue a esclarecerse. Sus familias y amistades en muchos casos jamás llegan a saber qué les sucedió.
Sin embargo, esas personas no se desvanecen sin más. Alguien, en algún lugar, sabe qué fue de ellas. Alguien es responsable. La desaparición forzada es un delito según el derecho internacional, pero demasiado a menudo los responsables eluden la acción de la justicia.
Cada desaparición forzada viola una serie de derechos humanos, entre ellos:
- el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona;
- el derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante;
- el derecho a unas condiciones humanas de reclusión;
- el derecho a una personalidad jurídica;
- el derecho a un juicio justo;
- el derecho a la vida familiar;
- cuando la persona desaparecida es asesinada, el derecho a la vida.
La desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos especialmente cruel, que afecta tanto a la persona desaparecida como a su familia y amistades.
Las personas desaparecidas son a menudo torturadas y viven en un constante temor por su vida, apartadas de la protección de la ley, privadas de todos sus derechos y a merced de sus captores. Es una violación constante que con frecuencia persiste durante muchos años después del secuestro inicial.
Si la persona no muere y finalmente es puesta en libertad, puede seguir sufriendo el resto de su vida las secuelas físicas y psicológicas de esta forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que a menudo la acompañan.
Su familia, que desconoce la suerte corrida por su ser querido, espera, en ocasiones durante años, unas noticias que quizá nunca lleguen. No sabe si su ser querido volverá algún día, por lo que no puede llorarle y hacerse a la pérdida. Su angustia se ve a menudo agravada por las privaciones materiales cuando la persona desaparecida es el sustento de la familia. En ocasiones no pueden obtener pensiones ni otras ayudas si no hay un certificado de defunción.
¿Qué está haciendo Amnistía Internacional?
Amnistía Internacional condena todas las desapariciones forzadas, ya que se trata de delitos según el derecho internacional.
En los últimos años, en el transcurso de la "guerra contra el terror", Estados Unidos, en ocasiones con la complicidad de otros gobiernos, ha perpetrado desapariciones forzadas de personas a las que declaraba sospechosas de terrorismo. Amnistía Internacional ha hecho campaña para pedir que Estados Unidos y todos los Estados revelen la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y, si no las van a poner en libertad, que las acusen de un delito común reconocible y las sometan a un juicio justo conforme con las normas internacionales.
La organización también trabaja para que se lleve ante la justicia a los autores de desapariciones forzadas.
Además, cada año, Amnistía Internacional se une a activistas de todo el mundo para conmemorar, el 30 de agosto, el Día Internacional de los Desaparecidos, en el que se recuerda a las personas desaparecidas y a sus familiares.
Caso
El 14 de enero de 1990, 43 personas fueron secuestradas en Colombia, en la comunidad de Pueblo Bello, departamento de Antioquia, por 60 paramilitares respaldados por el ejército.
Al parecer, aquel secuestro fue una represalia por el robo de ganado perteneciente a un jefe paramilitar. Los 43 secuestrados fueron llevados a una granja donde, con toda probabilidad, los mataron.
En el trayecto hasta la granja, los paramilitares pudieron pasar sin trabas un control militar, pese a los informes que indican que se oían gritos procedentes de los camiones.
Tras unas exhumaciones, se identificaron seis cadáveres como pertenecientes a víctimas de los secuestros de Pueblo Bello. La suerte de las otras 37 sigue sin conocerse.
Varios paramilitares han sido condenados a penas de cárcel por el homicidio de las seis personas identificadas. Sin embargo, los responsables de la desaparición forzada de las demás víctimas han quedado impunes.
Trabajo de campaña
En diciembre de 2006, la ONU adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un tratado que busca prevenir las desapariciones forzadas, descubrir la verdad cuando se produzcan, castigar a los autores y ofrecer reparación a las víctimas y sus familias.
Esta Convención se considera uno de los tratados de derechos humanos más enérgicos jamás adoptados por la ONU. Algunas de sus disposiciones aparecen por primera vez e introducen importantes normas nuevas.
Amnistía Internacional se ha unido a los demás miembros de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas para pedir a todos los Estados que ratifiquen el tratado. Para que la Convención sea efectiva, los Estados deben introducir legislación que la aplique.
Texto completo de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
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