Fallece conocido periodista hondureño Aldo Calderón

la prensa.hn
San Pedro Sula, Honduras

El periodista hondureño Aldo Calderón Van Dyke murió anoche en el hospital de especialidades de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El presentador del noticiero de Canal 11 y periodista de Diario Tiempo será velado en funerales San Miguel Arcángel en la colonia Alameda en Tegucigalpa después será trasladado hacia San Pedro Sula donde será sepultado. 

El director del Ihss, Mario Zelaya, confirmó que el comunicador presentaba uncuadro de intoxicación y que los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero murió alrededor de las 10 de la noche. En las próximas horas presentarán un informe detallado de las causas del deceso.
Calderón cubría la fuente del Ministerio Público para diario Tiempo; en Canal Once, también se desempeñó por muchos años como presentador de sus noticieros estelares.
En los años 90, Calderón laboró en Diario La Prensa. Sin duda que será recordado por su carisma y múltiples facetas como reportero, entrevistador, redactor y hasta como animador de eventos de beneficencia social.

ALDO CALDERON VAN DYKE

ITSMANIA PINEDA PLATERO
HONDURAS ESTA DE LUTO

HONDURAS ESTA DE LUTO UN PERIODISTA Y GRAN AMIGO SE ADELANTO EN EL CAMINO, SUS SONRISAS, SU ALEGRÍA HACÍAN DE EL UN PERIODISTA CARISMÁTICO UNA MANO AMIGA, LEAL E INCONDICIONAL, UN AMIGO QUE MARCO LA VIDA DEL PUEBLO HONDUREÑO Y DE TODOS LOS QUE LE CONOCIMOS Y LLEGAMOS A AMARLO. ESTAMOS SOLIDARIOS CON EL DOLOR DE SUS SERES QUERIDOS. ASÍ TE RECORDAREMOS SIEMPRE VIVO Y ALEGRE

Firma el manifiesto «Tenemos derecho a saber

http://blogs.mediapart.fr/blog/la-redaction-de-mediapart/110713/firma-el-manifiesto-tenemos-derecho-saber

11 juillet 2013 |  Par La rédaction de Mediapart

Aquí está el manifiesto por la libertad de información lanzado por cuarenta cabeceras de prensa, asociaciones por la defensa de la libertad y sindicatos este jueves en París. Los firmantes muestran su preocupación ante la pérdida de garantías democráticas que supone la sentencia dictada por el Tribunal de Versalles que condena al diario digital Mediapart y al semanario Le Point a suprimir cualquier artículo publicado sobre las grabaciones del caso Bettencourt.

Tenemos derecho a saber

La libertad de información no es un privilegio de los periodistas, sino un  derecho de los ciudadanos. En una democracia real, el poder del pueblo soberano entraña que el público esté informado. Ser libre y autónomo en la toma  de decisiones implica conocer aquello que es de interés público, es decir, todo lo que determina y condiciona nuestra vida en sociedad.
Cuando atañe a asuntos de carácter público, la publicidad debe ser la regla y el secreto, la excepción. Hacer público aquello que es de interés público  siempre es legítimo, especialmente cuando al mantenerse el secreto se está tapando de forma indebida injusticias y delitos, va en contra del interés general o atenta contra los derechos humanos. Por tanto, los Estados no deben impedir que se den a conocer los casos de violación de libertades individuales, como tampoco la salvaguarda de la intimidad de la vida privada, un imperativo legítimo, sin duda, debe ser la coartada utilizada para infringir las leyes.
De ahí la importancia de defender a los periodistas profesionales, a las fuentes y a los denunciantes que han permitido la revelación de hechos de interés general, sin cuyo trabajo y audacia, serían desconocidos por el público. Apoyarles es proteger y expandir un derecho a saber universal, garantía del fortalecimiento de la democracia mundial en la época de la revolución digital.
Por todas estas razones, nos declaramos solidarios con Mediapart recientemente condenado. Dicha condena supone censurar, tres años después,
sus informaciones sobre el escándalo Bettencourt. En señal de protesta, desde este momento hacemos nuestras todas sus informaciones. Animamos a los medios de comunicación, a las asociaciones, a los cargos públicos, a los ciudadanos a copiar dichas informaciones y a difundirlas por todos los medios democráticos posibles que se encuentren a su alcance.
Signez l'appel «Nous avons le droit de savoir», completando el formulario con tu apellido, nombre, profesión (opcional), ciudad y correo electrónico.
'We have the right to know' – join the Appeal

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Primeros signatarios

Semanales. Charlie Hebdo, L'Express, Les Inrockuptibles, Marianne, Le Nouvel Observateur, Politis.
Diarios. Le Courrier (Suiza), L'Humanité, Libération, Le Soir (Bélgica).
Sitios de información. Aqui! Presse, Aqui.fr, Arrêt sur images, ArteRadio, Basta !, Le Courrier des Balkans, Edito+Klartext (Suiza), Electron Libre, Factuel.info, Infolibre (España), lexpress.fr, Marsactu, Mediapart, Reflets, Rue89, Le Télescope d’Amiens, Ragemag.fr.
Radio. Radio Nova.
Mensuales et trimestriales. Causette, Lyon Capitale, Mensuel Le Ravi, Polka Magazine, Regards, Terra Eco.
Asociaciones y sindicatos. Association Anticor, Association de la presse judiciaire, Attac, Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception (Cadac), Déclaration de Berne (association pour un développement solidaire, Lausanne, Suisse), Ligue des droits de l’Homme, The National Union of Journalists (branche française), La Quadrature du Net, Syndicat de la magistrature, Syndicat national des journalistes (SNJ), Syndicat national des journalistes SNJ CGT, SNESUP-FSU Alsace, Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil), Reporters sans frontières.
Responsables políticos. 
Paul Alliès, universitario, secretario nacional del PS
Pouria Amirshahi, diputado PS de los Franceses del extranjero
Kalliopi Ango Ela, senadora EELV
Clémentine Autain, Front de gauche
Guillaume Balas, presidente del grupo PS de la región Ile-de-France
Denis Baupin, vice-presidente de la Asamblea nacional, diputado EELV de París
Sandrine Bélier, eurodiputada EELV
Esther Benbassa, senadora EELV
Marie-Christine Blandin, senadora EELV
Corinne Bouchoux, senadora EELV
José Bové, diputado europeo EELV
Marie-George Buffet, diputada PCF de Seine-Saint-Denis
Nathalie Chabanne, diputada PS des Pyrénées-Atlantiques
André Chassaigne, presidente del grupo Front de gauche en la Asamblea nacional
Sergio Coronado, diputado EELV 
Jean Desessard, senador EELV
André Gattolin, senador EELV
Sylvie Guillaume, eurodiputada PS
Razzy Hammadi, diputado PS 
Mathieu Hanotin, diputado PS 
Liêm Hoang-Ngoc, eurodiputado PS
Yannick Jadot, eurodiputado EELV
Eva Joly, eurodiputada EELV
Régis Juanico, diputado PS
Chaynesse Khirouni, diputada PS 
Joël Labbé, senador EELV
Pierre Laurent, secretario nacional del PCF
Patrick Le Hyaric, eurodiputado PCF
Arnaud Leroy, diputado PS
Hélène Lipietz, senadora EELV
Sandrine Mazetier, diputada PS de Paris, vice-presidente de la Asamblea nacional
Jean-Vincent Placé, presidente del grupo EELV en el Senado
Barbara Pompili, copresidente del grupo EELV en la Asamblea nacional
François Rebsamen, senador alcade de Dijon, presidente del grupo socialista del Senado
Barbara Romagnan, diputada PS
François de Rugy, copresidente del grupo EELV en la Asamblea nacional
Catherine Trautmann, eurodiputada PS
Marie-Christine Vergiat, eurodiputada Front de gauche
Michel Vergnier, diputado PS
Yann Werhling, Modem

HONDURAS LISTA DE PERIODISTAS ASESINADOS

HONDURAS...NACA, NACA PÍRINACA, NI FU NI FA, NO A LA IMPUNIDAD...FRASE DE ANIBAL BARROW
Itsmania Pineda Platero


Periodistas y comunicadores muertos (2003-2013)
1.German Rivas
2. Carlos Salgado
3. Fernando González
4. Bernardo Rivera Paz
5. Rafael Munguía
6. Osman Rodrigo López
7. Gabriel Fino Noriega
8. Nicolás Asfura
9. Joseph Hernández
10. David Meza
11. Nahúm Palacios
12. Bayardo Mairena
13. Víctor Manuel Juárez Vásquez
14. Luis Chévez Hernández
15. Georgino Orellana
16. Carlos Humberto Salinas Midence
17. Luis Arturo Mondragón
18. Israel Díaz Zelaya
19. Henry Orlando Suazo
20. Héctor Francisco Medina Polanco
21. Luis Mendoza
22. Adán Benítez
23. Nery Jeremías Orellana
24. Medardo Flores
25. Luz Marina Paz
26. Fabiola Almendares Borjas
27. Fausto Elio Valle
28. Noel Alexander Valladares
29. Erick Martínez
30. Ángel Alfredo Villatoro
31. Adonis Felipe Bueso Gutiérrez
32. José Noel Canales Lagos
33. Julio César Cassaleno
34. Ángel Edgardo López Fiallos
35. Celín Orlando Acosta Zelaya
36. Aníbal Barrow

HONDURAS "Los autores intelectuales del salvaje asesinato de Aníbal Barrow deben ser identificados y juzgados"

Español/English/Français

Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
11 de julio de 2013

Reporteros sin Fronteras expresa su consternación por la muerte del periodista Aníbal Barrow, cuyo cuerpo fue descubierto el 9 de julio de 2013 cerca de Villanueva (Cortés), a unos veinte de kilómetros del lugar en que había sido secuestrado el 24 de junio, cerca de San Pedro Sula.
"Expresamos nuestra solidaridad a la familia de Aníbal Barrow y a todos los periodistas hondureños, traumatizados por un crimen tan salvaje. Aunque la investigación en curso ha arrojado resultados, la impunidad permanecerá mientras no se identifique y juzgue a los autores intelectuales del asesinato de Aníbal Barrow. La pista profesional –que el crimen esté relacionado con su oficio periodístico– parece muy probable en esta tragedia”, señaló Reporteros sin Fronteras.
El 10 de julio las autoridades confirmaron que el cuerpo que encontraron desmembrado y parcialmente calcinado a orillas de una laguna era el del periodista. Aníbal Barrow habría sido asesinado el mismo día de su secuestro. Nunca se pidió ningún rescate por él.
Fueron detenidas cuatro personas acusadas de haber sido los autores materiales del crimen. La policía busca a otras cuatro y asegura que este crimen no quedará impune. Según un testigo protegido, una banda de delincuentes que opera en la zona habría recibido 400,000 lempiras (unos 15,000 euros) por matar al periodista, suma que habría sido pagada por un personaje “poderoso”, según ciertos medios de comunicación.
Con el homicidio de Aníbal Barrow suma 36 el número de periodistas asesinados en Honduras en una década, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Reporteros sin Fronteras ha registrado 26 tan sólo en el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
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HONDURAS

Authorities urged to identify instigators of TV journalist’s barbaric murder

Reporters Without Borders is shocked to learn that TV journalist Aníbal Barrow’s dismembered remains were found on 8 July by a lagoon near Villanueva, around 20 km from the spot on the outskirts of the city of San Pedro Sula where he was kidnapped on 24 June.
“We express our solidarity with Barrow’s family and all Honduran journalists, who are traumatized by this barbaric crime,” Reporters Without Borders said. “While the investigation has already produced some results, the murder will remain unpunished as long as the instigators have not been identified and brought to trial.”
Reporters Without Borders added: “It seems highly probably that Barrow’s murder was linked to his work as a journalist.”
The authorities confirmed yesterday that the partially burned and dismembered body found the day before was Barrow’s. It is thought he was killed on the day he was abducted. No ransom request had been made.
Four persons have been arrested on suspicion of directly participating in the crime and at least four others are being actively sought by the police, who have said it will not go unpunished.
According to a protected witness, a group of criminals operating in the area were paid 400,000 lempiras (15,000 euros) to kill Barrow. Some news outlets are saying the money came from a “highly-placed” person.
The National Commission for Human Rights (CONADEH) said Barrow was the 36th journalist to have been killed in the past decade. According to the tally kept by Reporters Without Borders, his death brings the number of journalist killed since the June 2009 coup d’état to 26.
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HONDURAS

"Les commanditaires de l’assassinat barbare d’Aníbal Barrow doivent être identifiés et jugés"

Reporters sans frontières exprime sa vive émotion, suite à la découverte du corps du journaliste Aníbal Barrow, le 9 juillet 2013, près de Villanueva (Cortés), à une vingtaine de kilomètres de l’endroit où il avait été enlevé le 24 juin, près de San Pedro Sula.
"Nous exprimons notre solidarité à la famille d’Aníbal Barrow ainsi qu’à l’ensemble des journalistes honduriens, traumatisés par un crime aussi barbare. L’enquête en cours a certes mené à des résultats, mais l’impunité demeurera tant que les commanditaires de l’assassinat d’Aníbal Barrow n’auront pas été identifiés et jugés. La piste professionnelle apparaît hautement probable dans cette tragédie", déclare Reporters sans frontières.
Le 10 juillet, les autorités ont confirmé que le corps retrouvé démembré et partiellement calciné à côté d’un lagune, était bien celui du journaliste. Aníbal Barrow aurait été assassiné le jour même de son enlèvement. Aucune rançon n’a jamais été réclamée.
Quatre personnes, suspectées d’avoir directement participé au crime, ont déjà été arrêtées. Au moins quatre autres restent toujours activement recherchées par la police, qui a assuré que cet assassinat ne resterait pas impuni. Selon un témoin protégé, un groupe de délinquants opérant dans la zone aurait reçu 400,000 lempiras (environ 15,000 euros) afin de tuer le journaliste. La somme aurait été versée par une personne "haut placée" selon certains médias.
Aníbal Barrow est le 36ème journaliste assassiné au Honduras en une décennie selon la commission nationale des droits de l’homme (Conadeh). Reporters sans frontières en a dénombré 26 durant la seule période consécutive au coup d’Etat du 28 juin 2009.

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REPORTERS SANS FRONTIÈRES

Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas Desk, Reporteros sin Fronteras

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HONDURAS ASESINAR PERIODISTA ES MATAR LA ESPERANZA DE UN PUEBLO

Itsmania Pineda Platero

En abril del  año 2010 Obama en reunión con su homólogo Porfirio Lobo Sosa , prometiéndole que  ayudaría al gobierno de Lobo a investigar los crímenes de ocho periodistas asesinados de forma violenta desde febrero. http://archivo.laprensa.hn/Ediciones/2010/04/26/Noticias/Obama-preocupado-por-los-DDHH-en-Honduras

En el año 2013 después del inicio de la controversia en torno a las escuchas telefónicas a la agencia de prensa Associated Press, la Casa Blanca intentó retomar la iniciativa al anunciar un proyecto de ley para proteger las fuentes de los periodistas.

Sin embargo en Honduras a los 16 días de desaparecido el periodista Anibal Barrow después de haber sido secuestrado fue asesinado con saña desmembrado su cuerpo, quemado, pese a todo la angustia y el repudio que esta noticia ha causado  en la población Hondureña y en el gremio periodismo las autoridades mantienen un fuerte hermetismo al dar declaraciones a la prensa Hondureña.

Hoy más que nunca hacemos  un llamado a la comunidad Internacional por el gran golpe que ha sufrido el gremio de periodistas de Honduras, callar la verdad y ocultar los detalles del caso del periodista Anibal Barrow, llamándose al silencio.

En un periodo de 4 años 33 periodista y comunicadores sociales han sido asesinados hasta la fecha todos los casos están en la impunidad, más de 400 periodistas que se encuentran en Honduras con medidas de seguridad interna de protección las que están inactivas por ola de desconfianza que genera la falta de depuración en  la policía y el desorden con que esta se maneja.

Todos estamos expuestos ante la incapacidad de las autoridades de esclarecer los crímenes y denuncias interpuestas en el Ministerio Publico y en la Dirección General de investigación Criminal de Honduras, por lo que hoy es necesario exigir Justicia y esclarecer los crímenes de los comunicadores. Por lo que recordamos  al Presidente Obama  su ofrecimiento.

Itsmania Pineda Platero

Defensora de los derechos humanos

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Presidenta de XIBALBA DDHH

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URUGUAY “La presión de ciertos grupos de medios de comunicación no debe afectar la votación de la Ley de SCA”

REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Español/English/Français
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
9 de julio de 2013

Reporteros sin Fronteras expresa su apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) –conocida también como Ley de Medios– que empezó a ser examinada en la Cámara de Diputados el 22 de mayo de 2013 y que será debatida en el Senado desde ahora hasta el final del año. La organización lamenta las recientes presiones ejercidas por ciertos grupos de medios de comunicación –que podrían ver afectada su posición dominante por esta ley– para frenar, si no es que impedir, su aprobación.

Las cláusulas y los objetivos de la Ley de Medios uruguaya recuerdan en gran medida a los de la Ley de SCA de Argentina –que apoyamos en su principio–, cuya aplicación aún se encuentra en suspenso en medio de un condenable clima de polarización entre el gobierno y una parte de la prensa privada. Hasta ahora Uruguay no ha enfrentado esta situación y el examen de la ley no debe servir de pretexto para generarla.

El proceso de desconcentración del espacio audiovisual que engendraría la futura ley se enfrenta lógicamente a la hostilidad de los grupos dominantes en el mercado. La primera semana de julio los propietarios de los canales 4, 10 y 12 boicotearon hasta el último minuto el proceso de concesión de espacios en la televisión digital –el plazo de presentación de ofertas vencía el 8 de julio–, aunque asegurándose de la renovación de su licencia de difusión. Los empresarios querían conservar todas sus frecuencias y, además, que el gobierno diera marcha atrás con la nueva ley. Finalmente aceptaron cumplir con los requisitos de presentación de ofertas ante la Unión Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), a cambio de que el gobierno postergara diez días el plazo de cierre.

“Esta forma de chantaje no es admisible. No debe confundirse la defensa de los intereses económicos de una empresa de comunicación o de prensa con la lucha por la libertad de expresión y de información”, considera Reporteros sin Fronteras, que lamenta que se genere tal confusión entre los opositores a la ley. “Promover la existencia de un mayor pluralismo implica ampliar la oferta de frecuencias en condiciones de transparencia e igualdad, como nos parece lo hace la Ley de SCA. Por ello apoyamos –en Uruguay y en otras partes del continente– las legislaciones o las cláusulas legales que favorecen la desconcentración de los medios de comunicación y buscan el equilibrio entre los diferentes sectores del espacio audiovisual: públicos, privados y comunitarios. Por otra parte, Uruguay fue pionero en lo que se refiere a los medios de comunicación comunitarios, pues en 2007 adoptó una legislación específica en ese sentido que les reservaba un tercio de las frecuencias de radio (AM y FM) y televisión hertzianas”.

Respecto a las principales disposiciones de la Ley de Medios, Reporteros sin Fronteras destaca en particular los artículos 44 y 45, que buscan evitar el desarrollo de oligopolios audiovisuales. El primero se aplica a los medios de comunicación hertzianos y establece que una persona (física o jurídica) no puede poseer, de forma parcial o total, más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos en la misma banda de frecuencias (AM, FM y televisión), en todo el territorio nacional. El segundo artículo concierne a los servicios de televisión para abonados. En esta área, una persona no puede poseer más de seis licencias en el territorio nacional ni más de una en el mismo ámbito de cobertura local (en el caso del departamento de Montevideo el límite son tres).

El plazo de concesión que se establece es de: diez años para servicios de radio y quince para los de televisión. En ambos casos las renovaciones se efectuarán por períodos de diez años (art. 117). A estos plazos se suman criterios de transparencia para su concesión –licitaciones, concursos, consultas públicas– que ya se contemplaban, en parte, en la ley de medios comunitarios de 2007. La futura Ley de SCA integra sobre todo una garantía capital (art. 106) contra la censura indirecta: "Queda prohibido el uso discriminatorio del mecanismo de otorgamiento o renovación de autorizaciones y licencias con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas o editoriales”. Habría sido benéfico incluir esta cláusula en legislaciones similares adoptadas en otros países de la región.

Si bien la Ley de SCA impone a los medios de comunicación cuotas mínimas de producción nacional y establece restricciones respecto a la programación en ciertos horarios en nombre de la protección a menores de edad, al mismo tiempo evita toda tendencia de control de contenidos o de los medios de comunicación. En ese aspecto es comparable con la Ley de SCA argentina y, por el contrario, se diferencia de la reciente Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador.

“La futura Ley de Medios representa bajo diversas perspectivas un buen modelo de regulación para otros países del continente, donde la libertad de información padece desequilibrios flagrantes (leer el informe de Brasil, enlace en portugués). El debate con la sociedad civil que condujo a su elaboración también constituye un ejemplo”, concluyó Reporteros sin Fronteras.

Consultar en línea la entrevista realizada a Edison Lanza, director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CaInfo) de Uruguay.
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URUGUAY
“Pressure from big media must not endanger proposed media law”

Reporters Without Borders supports a proposed broadcast media law, known as the SCA or Ley de Medios, which Uruguay’s Chamber of Deputies began considering on 22 May and which is due to be submitted to the Senate by the end of the year.

The media freedom organization therefore regrets the pressure that some media groups have recently been exercising in an attempt to delay or block adoption of this bill, which could weaken their dominant position.

The provisions and goals of Uruguay’s SCA recall those of Argentina’s SCA, which we supported in principle although its implementation continues to held up by a regrettable climate of polarization between the government and some privately-owned media.

Uruguay has so far avoided similar polarization and we hope that examination of this bill will not provide any pretext.

The dominant broadcast media groups are hostile to the proposed law, which would promote less concentrated ownership. Last week, the owners of Channels 4, 10 and 12 boycotted the digital broadcast licence allocation process until the last day, 8 July, although they had been assured that their licences would be renewed.

Hoping to keep all their frequencies and, furthermore, get the government to do a U-turn on the proposed law, they finally agreed to renew their licences in return for a 10-day extension to the deadline for presenting their programme plan to the Regulatory Unit for Communication Services (URSEC).

“This kind of blackmail is unacceptable,” Reporters Without Borders said. “The defence of a broadcast or print media company’s business interests must not be confused with the fight for freedom of expression or information. It is regrettable that the bill’s opponents are trying to confuse the two.

“Promoting more pluralism includes expanding the availability of broadcast frequencies in a transparent and fair way, and we think the SCA will do this. We support legislation or legislative provisions in Uruguay and elsewhere in the western hemisphere that promote less concentrated ownership and a balance between state-owned, privately-owned and community media.

“It should be recalled that Uruguay was a regional pioneer for community broadcast media, adopting a law in 2007 that assigned them a third of AM and FM radio frequencies and over-the-air television broadcast frequencies.”

Reporters Without Borders particularly supports articles 44 and 45 of the SCA, which aim to prevent broadcasting oligopolies. Article 44 would limit each owner to no more than two AM, two FM and two over-the-air broadcast TV licences anywhere in Uruguay, while article 45 would limit ownership of subscription TV services.

At the same time, no person or company would be able to have more than six licences anywhere in the country and no more than one in a single locality - a ceiling that would increase to three in Montevideo department.

Initial concessions would be valid for 10 years for radio and 15 years for TV while, in both cases, the renewal period would be 10 years (article 117). They would be allocated on the basis of competitive bids that would be conducted transparently and would include public consultation, as in the 2007 community radio law.

In a major safeguard against censorship, article 106 forbids “discriminatory use of the granting or renewal of permits and licences with the aim of exercising pressure in order to punish or reward journalists or media according to their news coverage or editorial policies.” Such a clause could usefully have been included in similar legislation in other countries in the region.

While the SCA would restrict programming at certain times of the day to protect minors and would impose a nationally-produced content quota, it refrains from any other attempt to control or regulate content. In this, it is similar to Argentina’s SCA and quite different from Ecuador’s recently-adopted media law.

Reporters Without Borders concluded: “In every respect, the future SCA is a model of media regulation for other countries in the region, where freedom of information suffers from glaring imbalances (see the Brazil report). The civil society debate that oversaw the drafting process was also exemplary.”

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URUGUAY

“La pression de certains groupes de médias ne doit pas compromettre le vote de la loi SCA”

Reporters sans frontières exprime son soutien à la loi sur les services de communication audiovisuelle (SCA) - ou Ley de Medios -, dont l’examen a débuté le 22 mai 2013 à la Chambre des députés, et devrait se poursuivre au Sénat d’ici à la fin de l’année. L’organisation regrette les récentes pressions exercées par certains groupes de médias, dont le texte remettra de fait en cause la position dominante, pour en freiner, sinon empêcher, l’adoption.

Les clauses et les objectifs de loi SCA uruguayenne rappellent en grande partie ceux de la loi SCA argentine, que nous soutenons dans son principe mais dont l’application reste à ce jour suspendue dans un climat condamnable de polarisation entre le gouvernement et une partie de la presse privée. L’Uruguay a jusque là échappé à cette situation, à laquelle l’examen de la loi ne doit pas fournir prétexte.

Le processus de déconcentration de l’espace audiovisuel qu’entérine la future loi se heurte à l’hostilité des groupes dominants sur le marché. Au cours de la première semaine de juillet, les propriétaires des chaînes 4, 10 et 12, bien qu’assurés de voir renouvelée leur licence de diffusion, ont boycotté jusqu’à la dernière minute la procédure d’assignation d’espaces en télévision digitale, qui arrivait à échéance ce 8 juillet. Voulant conserver la totalité de leurs fréquences et au-delà, obtenir du gouvernement qu’il fasse machine arrière sur la nouvelle loi, les intéressés ont finalement consenti à s’acquitter de leur licence, mais en contrepartie d’un nouveau délai de dix jours pour présenter leur projet de programmation à l’Unité régulatrice des services de communication (Ursec).

“Cette forme de chantage n’est pas admissible. La défense des intérêts économiques d’une entreprise de communication ou de presse ne se confond pas avec le combat pour la liberté d’expression et d’information”, estime Reporters sans frontières, qui regrette qu’une telle confusion se manifeste parmi les opposants à la loi. “Promouvoir davantage de pluralisme, c’est aussi élargir l’offre des fréquences dans des conditions de transparence et d’équité que la SCA nous semble réunir. C’est pourquoi nous soutenons, en Uruguay et ailleurs sur le continent, des législations ou des clauses légales favorisant la déconcentration des médias, et recherchant l’équilibre entre les différents secteurs appelés à occuper l’espace audiovisuel : publics, privés et communautaires. L’Uruguay avait d’ailleurs été pionnier pour ces derniers avec une législation spécifique adoptée en 2007 leur réservant un tiers des fréquences en radios AM et FM, et télévisions hertziennes.”

Des principales dispositions de la SCA, Reporters sans frontières retient en particulier les articles 44 et 45, destinés à éviter le développement d’oligopoles audiovisuels. Le premier s’applique aux médias hertziens et limite à trois le nombre d’autorisations (licences) à émettre en radio ou en télévision et à deux leur nombre sur une même bande de fréquence (AM, FM et télévision), pour l’ensemble du territoire national. Le second article concerne les services de télévision par abonnement. Dans ce cadre, une même personne physique ou morale ne peut détenir plus de six licences pour le territoire national ni plus d’une pour une couverture locale (plafond porté à trois pour le département de Montevideo).

Le délai de validité d’une licence de diffusion est portée à dix ans pour les radios et à quinze ans pour les télévisions. Dans les deux cas, les licences sont renouvelées pour une période de dix ans (art. 117). A ces délais s’ajoutent des critères de transparence dans leur octroi – appels d’offre, concours, consultations publiques – qui figuraient déjà pour partie dans la loi de 2007 sur les radios communautaires. La future SCA introduit surtout une garantie capitale (art. 106) contre la censure indirecte, en interdisant “l’usage discriminatoire du mécanisme d’octroi ou de rénovation des autorisations et licences, dans le but d’exercer une pression et punir, ou récompenser et avantager des communicateurs ou des médias en fonction de leurs lignes informatives ou éditoriales”. Cette clause aurait gagné à figurer dans des législations similaires adoptées dans d’autres pays de la région.

Si elle prévoit des restrictions de programmation à certaines heures de la journée au titre de la protection des mineurs, et impose aux médias un quota de production audiovisuelle nationale, la SCA s’abstient en même temps de toute tendance au contrôle des contenus ou à l’encadrement des médias. Elle se compare, sur ce point, à la SCA argentine. Elle se différencie, à l’inverse, de la récente loi de communication équatorienne.

“La future SCA représente à tous égards un bon modèle de régulation pour d’autres pays du continent, où la liberté de l’information pâtit de criants déséquilibres (lire le rapport Brésil). Le débat au sein de la société civile qui a présidé à son élaboration en fait également un exemple”, conclut Reporters sans frontières.
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REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas Desk, Reporteros sin Fronteras