HONDURAS LISTA DE PERIODISTAS ASESINADOS

HONDURAS...NACA, NACA PÍRINACA, NI FU NI FA, NO A LA IMPUNIDAD...FRASE DE ANIBAL BARROW
Itsmania Pineda Platero


Periodistas y comunicadores muertos (2003-2013)
1.German Rivas
2. Carlos Salgado
3. Fernando González
4. Bernardo Rivera Paz
5. Rafael Munguía
6. Osman Rodrigo López
7. Gabriel Fino Noriega
8. Nicolás Asfura
9. Joseph Hernández
10. David Meza
11. Nahúm Palacios
12. Bayardo Mairena
13. Víctor Manuel Juárez Vásquez
14. Luis Chévez Hernández
15. Georgino Orellana
16. Carlos Humberto Salinas Midence
17. Luis Arturo Mondragón
18. Israel Díaz Zelaya
19. Henry Orlando Suazo
20. Héctor Francisco Medina Polanco
21. Luis Mendoza
22. Adán Benítez
23. Nery Jeremías Orellana
24. Medardo Flores
25. Luz Marina Paz
26. Fabiola Almendares Borjas
27. Fausto Elio Valle
28. Noel Alexander Valladares
29. Erick Martínez
30. Ángel Alfredo Villatoro
31. Adonis Felipe Bueso Gutiérrez
32. José Noel Canales Lagos
33. Julio César Cassaleno
34. Ángel Edgardo López Fiallos
35. Celín Orlando Acosta Zelaya
36. Aníbal Barrow

HONDURAS "Los autores intelectuales del salvaje asesinato de Aníbal Barrow deben ser identificados y juzgados"

Español/English/Français

Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
11 de julio de 2013

Reporteros sin Fronteras expresa su consternación por la muerte del periodista Aníbal Barrow, cuyo cuerpo fue descubierto el 9 de julio de 2013 cerca de Villanueva (Cortés), a unos veinte de kilómetros del lugar en que había sido secuestrado el 24 de junio, cerca de San Pedro Sula.
"Expresamos nuestra solidaridad a la familia de Aníbal Barrow y a todos los periodistas hondureños, traumatizados por un crimen tan salvaje. Aunque la investigación en curso ha arrojado resultados, la impunidad permanecerá mientras no se identifique y juzgue a los autores intelectuales del asesinato de Aníbal Barrow. La pista profesional –que el crimen esté relacionado con su oficio periodístico– parece muy probable en esta tragedia”, señaló Reporteros sin Fronteras.
El 10 de julio las autoridades confirmaron que el cuerpo que encontraron desmembrado y parcialmente calcinado a orillas de una laguna era el del periodista. Aníbal Barrow habría sido asesinado el mismo día de su secuestro. Nunca se pidió ningún rescate por él.
Fueron detenidas cuatro personas acusadas de haber sido los autores materiales del crimen. La policía busca a otras cuatro y asegura que este crimen no quedará impune. Según un testigo protegido, una banda de delincuentes que opera en la zona habría recibido 400,000 lempiras (unos 15,000 euros) por matar al periodista, suma que habría sido pagada por un personaje “poderoso”, según ciertos medios de comunicación.
Con el homicidio de Aníbal Barrow suma 36 el número de periodistas asesinados en Honduras en una década, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Reporteros sin Fronteras ha registrado 26 tan sólo en el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
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HONDURAS

Authorities urged to identify instigators of TV journalist’s barbaric murder

Reporters Without Borders is shocked to learn that TV journalist Aníbal Barrow’s dismembered remains were found on 8 July by a lagoon near Villanueva, around 20 km from the spot on the outskirts of the city of San Pedro Sula where he was kidnapped on 24 June.
“We express our solidarity with Barrow’s family and all Honduran journalists, who are traumatized by this barbaric crime,” Reporters Without Borders said. “While the investigation has already produced some results, the murder will remain unpunished as long as the instigators have not been identified and brought to trial.”
Reporters Without Borders added: “It seems highly probably that Barrow’s murder was linked to his work as a journalist.”
The authorities confirmed yesterday that the partially burned and dismembered body found the day before was Barrow’s. It is thought he was killed on the day he was abducted. No ransom request had been made.
Four persons have been arrested on suspicion of directly participating in the crime and at least four others are being actively sought by the police, who have said it will not go unpunished.
According to a protected witness, a group of criminals operating in the area were paid 400,000 lempiras (15,000 euros) to kill Barrow. Some news outlets are saying the money came from a “highly-placed” person.
The National Commission for Human Rights (CONADEH) said Barrow was the 36th journalist to have been killed in the past decade. According to the tally kept by Reporters Without Borders, his death brings the number of journalist killed since the June 2009 coup d’état to 26.
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HONDURAS

"Les commanditaires de l’assassinat barbare d’Aníbal Barrow doivent être identifiés et jugés"

Reporters sans frontières exprime sa vive émotion, suite à la découverte du corps du journaliste Aníbal Barrow, le 9 juillet 2013, près de Villanueva (Cortés), à une vingtaine de kilomètres de l’endroit où il avait été enlevé le 24 juin, près de San Pedro Sula.
"Nous exprimons notre solidarité à la famille d’Aníbal Barrow ainsi qu’à l’ensemble des journalistes honduriens, traumatisés par un crime aussi barbare. L’enquête en cours a certes mené à des résultats, mais l’impunité demeurera tant que les commanditaires de l’assassinat d’Aníbal Barrow n’auront pas été identifiés et jugés. La piste professionnelle apparaît hautement probable dans cette tragédie", déclare Reporters sans frontières.
Le 10 juillet, les autorités ont confirmé que le corps retrouvé démembré et partiellement calciné à côté d’un lagune, était bien celui du journaliste. Aníbal Barrow aurait été assassiné le jour même de son enlèvement. Aucune rançon n’a jamais été réclamée.
Quatre personnes, suspectées d’avoir directement participé au crime, ont déjà été arrêtées. Au moins quatre autres restent toujours activement recherchées par la police, qui a assuré que cet assassinat ne resterait pas impuni. Selon un témoin protégé, un groupe de délinquants opérant dans la zone aurait reçu 400,000 lempiras (environ 15,000 euros) afin de tuer le journaliste. La somme aurait été versée par une personne "haut placée" selon certains médias.
Aníbal Barrow est le 36ème journaliste assassiné au Honduras en une décennie selon la commission nationale des droits de l’homme (Conadeh). Reporters sans frontières en a dénombré 26 durant la seule période consécutive au coup d’Etat du 28 juin 2009.

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REPORTERS SANS FRONTIÈRES

Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas Desk, Reporteros sin Fronteras

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HONDURAS ASESINAR PERIODISTA ES MATAR LA ESPERANZA DE UN PUEBLO

Itsmania Pineda Platero

En abril del  año 2010 Obama en reunión con su homólogo Porfirio Lobo Sosa , prometiéndole que  ayudaría al gobierno de Lobo a investigar los crímenes de ocho periodistas asesinados de forma violenta desde febrero. http://archivo.laprensa.hn/Ediciones/2010/04/26/Noticias/Obama-preocupado-por-los-DDHH-en-Honduras

En el año 2013 después del inicio de la controversia en torno a las escuchas telefónicas a la agencia de prensa Associated Press, la Casa Blanca intentó retomar la iniciativa al anunciar un proyecto de ley para proteger las fuentes de los periodistas.

Sin embargo en Honduras a los 16 días de desaparecido el periodista Anibal Barrow después de haber sido secuestrado fue asesinado con saña desmembrado su cuerpo, quemado, pese a todo la angustia y el repudio que esta noticia ha causado  en la población Hondureña y en el gremio periodismo las autoridades mantienen un fuerte hermetismo al dar declaraciones a la prensa Hondureña.

Hoy más que nunca hacemos  un llamado a la comunidad Internacional por el gran golpe que ha sufrido el gremio de periodistas de Honduras, callar la verdad y ocultar los detalles del caso del periodista Anibal Barrow, llamándose al silencio.

En un periodo de 4 años 33 periodista y comunicadores sociales han sido asesinados hasta la fecha todos los casos están en la impunidad, más de 400 periodistas que se encuentran en Honduras con medidas de seguridad interna de protección las que están inactivas por ola de desconfianza que genera la falta de depuración en  la policía y el desorden con que esta se maneja.

Todos estamos expuestos ante la incapacidad de las autoridades de esclarecer los crímenes y denuncias interpuestas en el Ministerio Publico y en la Dirección General de investigación Criminal de Honduras, por lo que hoy es necesario exigir Justicia y esclarecer los crímenes de los comunicadores. Por lo que recordamos  al Presidente Obama  su ofrecimiento.

Itsmania Pineda Platero

Defensora de los derechos humanos

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Presidenta de XIBALBA DDHH

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URUGUAY “La presión de ciertos grupos de medios de comunicación no debe afectar la votación de la Ley de SCA”

REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Español/English/Français
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
9 de julio de 2013

Reporteros sin Fronteras expresa su apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) –conocida también como Ley de Medios– que empezó a ser examinada en la Cámara de Diputados el 22 de mayo de 2013 y que será debatida en el Senado desde ahora hasta el final del año. La organización lamenta las recientes presiones ejercidas por ciertos grupos de medios de comunicación –que podrían ver afectada su posición dominante por esta ley– para frenar, si no es que impedir, su aprobación.

Las cláusulas y los objetivos de la Ley de Medios uruguaya recuerdan en gran medida a los de la Ley de SCA de Argentina –que apoyamos en su principio–, cuya aplicación aún se encuentra en suspenso en medio de un condenable clima de polarización entre el gobierno y una parte de la prensa privada. Hasta ahora Uruguay no ha enfrentado esta situación y el examen de la ley no debe servir de pretexto para generarla.

El proceso de desconcentración del espacio audiovisual que engendraría la futura ley se enfrenta lógicamente a la hostilidad de los grupos dominantes en el mercado. La primera semana de julio los propietarios de los canales 4, 10 y 12 boicotearon hasta el último minuto el proceso de concesión de espacios en la televisión digital –el plazo de presentación de ofertas vencía el 8 de julio–, aunque asegurándose de la renovación de su licencia de difusión. Los empresarios querían conservar todas sus frecuencias y, además, que el gobierno diera marcha atrás con la nueva ley. Finalmente aceptaron cumplir con los requisitos de presentación de ofertas ante la Unión Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), a cambio de que el gobierno postergara diez días el plazo de cierre.

“Esta forma de chantaje no es admisible. No debe confundirse la defensa de los intereses económicos de una empresa de comunicación o de prensa con la lucha por la libertad de expresión y de información”, considera Reporteros sin Fronteras, que lamenta que se genere tal confusión entre los opositores a la ley. “Promover la existencia de un mayor pluralismo implica ampliar la oferta de frecuencias en condiciones de transparencia e igualdad, como nos parece lo hace la Ley de SCA. Por ello apoyamos –en Uruguay y en otras partes del continente– las legislaciones o las cláusulas legales que favorecen la desconcentración de los medios de comunicación y buscan el equilibrio entre los diferentes sectores del espacio audiovisual: públicos, privados y comunitarios. Por otra parte, Uruguay fue pionero en lo que se refiere a los medios de comunicación comunitarios, pues en 2007 adoptó una legislación específica en ese sentido que les reservaba un tercio de las frecuencias de radio (AM y FM) y televisión hertzianas”.

Respecto a las principales disposiciones de la Ley de Medios, Reporteros sin Fronteras destaca en particular los artículos 44 y 45, que buscan evitar el desarrollo de oligopolios audiovisuales. El primero se aplica a los medios de comunicación hertzianos y establece que una persona (física o jurídica) no puede poseer, de forma parcial o total, más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos en la misma banda de frecuencias (AM, FM y televisión), en todo el territorio nacional. El segundo artículo concierne a los servicios de televisión para abonados. En esta área, una persona no puede poseer más de seis licencias en el territorio nacional ni más de una en el mismo ámbito de cobertura local (en el caso del departamento de Montevideo el límite son tres).

El plazo de concesión que se establece es de: diez años para servicios de radio y quince para los de televisión. En ambos casos las renovaciones se efectuarán por períodos de diez años (art. 117). A estos plazos se suman criterios de transparencia para su concesión –licitaciones, concursos, consultas públicas– que ya se contemplaban, en parte, en la ley de medios comunitarios de 2007. La futura Ley de SCA integra sobre todo una garantía capital (art. 106) contra la censura indirecta: "Queda prohibido el uso discriminatorio del mecanismo de otorgamiento o renovación de autorizaciones y licencias con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas o editoriales”. Habría sido benéfico incluir esta cláusula en legislaciones similares adoptadas en otros países de la región.

Si bien la Ley de SCA impone a los medios de comunicación cuotas mínimas de producción nacional y establece restricciones respecto a la programación en ciertos horarios en nombre de la protección a menores de edad, al mismo tiempo evita toda tendencia de control de contenidos o de los medios de comunicación. En ese aspecto es comparable con la Ley de SCA argentina y, por el contrario, se diferencia de la reciente Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador.

“La futura Ley de Medios representa bajo diversas perspectivas un buen modelo de regulación para otros países del continente, donde la libertad de información padece desequilibrios flagrantes (leer el informe de Brasil, enlace en portugués). El debate con la sociedad civil que condujo a su elaboración también constituye un ejemplo”, concluyó Reporteros sin Fronteras.

Consultar en línea la entrevista realizada a Edison Lanza, director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CaInfo) de Uruguay.
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URUGUAY
“Pressure from big media must not endanger proposed media law”

Reporters Without Borders supports a proposed broadcast media law, known as the SCA or Ley de Medios, which Uruguay’s Chamber of Deputies began considering on 22 May and which is due to be submitted to the Senate by the end of the year.

The media freedom organization therefore regrets the pressure that some media groups have recently been exercising in an attempt to delay or block adoption of this bill, which could weaken their dominant position.

The provisions and goals of Uruguay’s SCA recall those of Argentina’s SCA, which we supported in principle although its implementation continues to held up by a regrettable climate of polarization between the government and some privately-owned media.

Uruguay has so far avoided similar polarization and we hope that examination of this bill will not provide any pretext.

The dominant broadcast media groups are hostile to the proposed law, which would promote less concentrated ownership. Last week, the owners of Channels 4, 10 and 12 boycotted the digital broadcast licence allocation process until the last day, 8 July, although they had been assured that their licences would be renewed.

Hoping to keep all their frequencies and, furthermore, get the government to do a U-turn on the proposed law, they finally agreed to renew their licences in return for a 10-day extension to the deadline for presenting their programme plan to the Regulatory Unit for Communication Services (URSEC).

“This kind of blackmail is unacceptable,” Reporters Without Borders said. “The defence of a broadcast or print media company’s business interests must not be confused with the fight for freedom of expression or information. It is regrettable that the bill’s opponents are trying to confuse the two.

“Promoting more pluralism includes expanding the availability of broadcast frequencies in a transparent and fair way, and we think the SCA will do this. We support legislation or legislative provisions in Uruguay and elsewhere in the western hemisphere that promote less concentrated ownership and a balance between state-owned, privately-owned and community media.

“It should be recalled that Uruguay was a regional pioneer for community broadcast media, adopting a law in 2007 that assigned them a third of AM and FM radio frequencies and over-the-air television broadcast frequencies.”

Reporters Without Borders particularly supports articles 44 and 45 of the SCA, which aim to prevent broadcasting oligopolies. Article 44 would limit each owner to no more than two AM, two FM and two over-the-air broadcast TV licences anywhere in Uruguay, while article 45 would limit ownership of subscription TV services.

At the same time, no person or company would be able to have more than six licences anywhere in the country and no more than one in a single locality - a ceiling that would increase to three in Montevideo department.

Initial concessions would be valid for 10 years for radio and 15 years for TV while, in both cases, the renewal period would be 10 years (article 117). They would be allocated on the basis of competitive bids that would be conducted transparently and would include public consultation, as in the 2007 community radio law.

In a major safeguard against censorship, article 106 forbids “discriminatory use of the granting or renewal of permits and licences with the aim of exercising pressure in order to punish or reward journalists or media according to their news coverage or editorial policies.” Such a clause could usefully have been included in similar legislation in other countries in the region.

While the SCA would restrict programming at certain times of the day to protect minors and would impose a nationally-produced content quota, it refrains from any other attempt to control or regulate content. In this, it is similar to Argentina’s SCA and quite different from Ecuador’s recently-adopted media law.

Reporters Without Borders concluded: “In every respect, the future SCA is a model of media regulation for other countries in the region, where freedom of information suffers from glaring imbalances (see the Brazil report). The civil society debate that oversaw the drafting process was also exemplary.”

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URUGUAY

“La pression de certains groupes de médias ne doit pas compromettre le vote de la loi SCA”

Reporters sans frontières exprime son soutien à la loi sur les services de communication audiovisuelle (SCA) - ou Ley de Medios -, dont l’examen a débuté le 22 mai 2013 à la Chambre des députés, et devrait se poursuivre au Sénat d’ici à la fin de l’année. L’organisation regrette les récentes pressions exercées par certains groupes de médias, dont le texte remettra de fait en cause la position dominante, pour en freiner, sinon empêcher, l’adoption.

Les clauses et les objectifs de loi SCA uruguayenne rappellent en grande partie ceux de la loi SCA argentine, que nous soutenons dans son principe mais dont l’application reste à ce jour suspendue dans un climat condamnable de polarisation entre le gouvernement et une partie de la presse privée. L’Uruguay a jusque là échappé à cette situation, à laquelle l’examen de la loi ne doit pas fournir prétexte.

Le processus de déconcentration de l’espace audiovisuel qu’entérine la future loi se heurte à l’hostilité des groupes dominants sur le marché. Au cours de la première semaine de juillet, les propriétaires des chaînes 4, 10 et 12, bien qu’assurés de voir renouvelée leur licence de diffusion, ont boycotté jusqu’à la dernière minute la procédure d’assignation d’espaces en télévision digitale, qui arrivait à échéance ce 8 juillet. Voulant conserver la totalité de leurs fréquences et au-delà, obtenir du gouvernement qu’il fasse machine arrière sur la nouvelle loi, les intéressés ont finalement consenti à s’acquitter de leur licence, mais en contrepartie d’un nouveau délai de dix jours pour présenter leur projet de programmation à l’Unité régulatrice des services de communication (Ursec).

“Cette forme de chantage n’est pas admissible. La défense des intérêts économiques d’une entreprise de communication ou de presse ne se confond pas avec le combat pour la liberté d’expression et d’information”, estime Reporters sans frontières, qui regrette qu’une telle confusion se manifeste parmi les opposants à la loi. “Promouvoir davantage de pluralisme, c’est aussi élargir l’offre des fréquences dans des conditions de transparence et d’équité que la SCA nous semble réunir. C’est pourquoi nous soutenons, en Uruguay et ailleurs sur le continent, des législations ou des clauses légales favorisant la déconcentration des médias, et recherchant l’équilibre entre les différents secteurs appelés à occuper l’espace audiovisuel : publics, privés et communautaires. L’Uruguay avait d’ailleurs été pionnier pour ces derniers avec une législation spécifique adoptée en 2007 leur réservant un tiers des fréquences en radios AM et FM, et télévisions hertziennes.”

Des principales dispositions de la SCA, Reporters sans frontières retient en particulier les articles 44 et 45, destinés à éviter le développement d’oligopoles audiovisuels. Le premier s’applique aux médias hertziens et limite à trois le nombre d’autorisations (licences) à émettre en radio ou en télévision et à deux leur nombre sur une même bande de fréquence (AM, FM et télévision), pour l’ensemble du territoire national. Le second article concerne les services de télévision par abonnement. Dans ce cadre, une même personne physique ou morale ne peut détenir plus de six licences pour le territoire national ni plus d’une pour une couverture locale (plafond porté à trois pour le département de Montevideo).

Le délai de validité d’une licence de diffusion est portée à dix ans pour les radios et à quinze ans pour les télévisions. Dans les deux cas, les licences sont renouvelées pour une période de dix ans (art. 117). A ces délais s’ajoutent des critères de transparence dans leur octroi – appels d’offre, concours, consultations publiques – qui figuraient déjà pour partie dans la loi de 2007 sur les radios communautaires. La future SCA introduit surtout une garantie capitale (art. 106) contre la censure indirecte, en interdisant “l’usage discriminatoire du mécanisme d’octroi ou de rénovation des autorisations et licences, dans le but d’exercer une pression et punir, ou récompenser et avantager des communicateurs ou des médias en fonction de leurs lignes informatives ou éditoriales”. Cette clause aurait gagné à figurer dans des législations similaires adoptées dans d’autres pays de la région.

Si elle prévoit des restrictions de programmation à certaines heures de la journée au titre de la protection des mineurs, et impose aux médias un quota de production audiovisuelle nationale, la SCA s’abstient en même temps de toute tendance au contrôle des contenus ou à l’encadrement des médias. Elle se compare, sur ce point, à la SCA argentine. Elle se différencie, à l’inverse, de la récente loi de communication équatorienne.

“La future SCA représente à tous égards un bon modèle de régulation pour d’autres pays du continent, où la liberté de l’information pâtit de criants déséquilibres (lire le rapport Brésil). Le débat au sein de la société civile qui a présidé à son élaboration en fait également un exemple”, conclut Reporters sans frontières.
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REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas Desk, Reporteros sin Fronteras

COLAPER COLEGIO LATINOAMERICANO DE PERIODISTAS

El Colegio Latinoamericano de Periodistas es un ente público internacional no estatal integrado por periodistas, comunicadores, estudiantes de comunicación social, trabajadores de los medios de comunicación y socios honorarios.

El (COLAPER), es una organización que representa a los periodistas de América Latina y el Caribe.

Respalda y promueve las ciencias de la comunicación colectiva para contribuir con el perfeccionamiento del sistema democrático, así como fortalecer la unión de los profesionales de la comunicación, gestionando auxilios y defendiendo sus intereses, individual y colectivamente y pronunciándose, oportunamente, sobre problemas públicos cuando lo considere conveniente.

El COLAPER Colegio Latinoamericano de Periodistas realiza en forma

habitual, coordinada y metódica una gran variedad de actividades destinadas a

cumplir su misión de promover la libertad de prensa y mejorar la calidad de vida. Entre las más destacadas: La vigilancia constante y denuncia de trasgresiones a la libertad de prensa y de expresión en cada país donde se encuentran nuestros afiliados.

Publicaciones en nuestras redes, sobre las denuncias de violaciones, amenazas o agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Todos los programas del COLAPER Colegio Latinoamericano de Periodistas están enfocados a proveer un mejor entendimiento entre los periodistas y de sus respectivas realidades nacionales. En ese sentido, el COLAPER sirve como un intermediario permanente de intercambio de ideas y opiniones entre periodistas, editores, directores de medios de comunicación e instituciones periodísticas.

También COLAPER Defiende la libertad de prensa, protege los intereses de los trabajadores de los diferentes medios de comunicación, salvaguarda la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo.

Abre el intercambio de ideas e información que contribuye al desarrollo técnico y profesional entre los países de Latinoamérica

UN PERIODISTA EXILIADO, OTRO ASESINADO: LA PROTECCIÓN SIGUE SIENDO INSUFICIENTE Y SE OCULTAN CRÍMENES

Reporteros sin Fronteras se une al evento "Sin Censura", que se llevará a cabo el 11 de julio de 2013 en México, en el que se realizará una venta de libros con el fin de recabar fondos para apoyar a los numerosos periodistas que se ven obligados a abandonar su región.



Muchos de ellos han optado por irse tras haber recibido amenazas debido a su trabajo. Es el caso de Emilio Lugo, director del portal de noticias Agoraguerrero, quien se vio obligado a dejar el Estado de Guerrero el 16 de abril de 2013, ante la falta de protección por parte de las autoridades.

Emilio Lugo explicó a la organización que recibió amenazas anónimas en su cuenta de Twitter después de que publicó –el 12 de marzo de 2013– información sobre un crimen en el que habrían perdido la vida un elemento de la policía federal, en Acapulco. El periodista presentó inmediatamente una denuncia y pidió protección a la Procuraduría General de la República. La policía federal le dijo que no podía darle protección en su domicilio y le recomendó resguardarse en un hotel de la ciudad –donde se hospedaba la policía federal–; allí permaneció un mes junto con su esposa.

Finalmente Emilio Lugo decidió dejar Guerrero, con la ayuda del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de defensores de los derechos humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación. En un artículo publicado el 24 de junio en Agoraguerrero, el periodista denuncia la incapacidad de las autoridades del Estado de “garantizar la libertad de información y la libre expresión", responsabilizando por esta situación al gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Desde el 16 de abril y desde la ciudad en que se encuentra, Emilio Lugo sigue publicando en Agoraguerrero y en las redes sociales información sobre los hechos de violencia en Guerrero, con el apoyo de un reportero que se encuentra en el Estado. Sin embargo, el periodista explicó a Reporteros sin Fronteras que le será "difícil sostener por mucho tiempo su medio [de comunicación] en estas condiciones".

El portal informativo Agoraguerrero –creado en 2009– ha sufrido en varias ocasiones presiones por parte del gobierno del Estado debido a su línea editorial, crítica de las autoridades, y a la información que publica sobre hechos de violencia en la región. En 2011 el gobierno del Estado pidió a Emilio Lugo que cerrara el portal y le ofreció una beca para que se dedicara a otra cosa. Fue en vano.

"El Mecanismo federal aún debe demostrar su eficacia. Si bien su creación es un mérito, éste dispositivo aún no ofrece garantías suficientes para que los periodistas o los blogueros pueda desempeñar sus actividades en su región, frente a las amenazas que los rodean”, declaró Reporteros sin Fronteras. "Este Mecanismo no llegará a ser plenamente eficaz hasta el día en que las autoridades se comprometan verdaderamente en la lucha contra la impunidad”.

Asesinato “no confirmado”

La organización deplora la opacidad y la falta de esfuerzos de las autoridades en la lucha contra la impunidad que marca la mayoría de los asesinatos de periodistas. Prueba de ello es el caso del periodista Mario Ricardo Chávez Jorge, cuyo cuerpo fue encontrado el 24 de junio de 2013 en el Ejido Santa Clara, en el Estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.

Mario Ricardo Chávez Jorge, quien trabajaba para el diario El Ciudadano (creado en 2012), habría sido secuestrado hace dos semanas por un grupo armado cuando salía de un cine de Ciudad Victoria junto con su familia, según fuentes no oficiales. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades. Éstas “no proporcionan ninguna información a los medios de comunicación sobre este asesinato, el gobierno se guarda todo lo que sabe”, señaló Humberto de la Garza (El Redactor) a Reporteros sin Fronteras.

"Debe realizarse una investigación lo antes posible para identificar a los autores del crimen y determinar el móvil, ya que no puede descartarse que esté relacionado con su actividad profesional”, declaró Reporteros sin Fronteras. "Por otra parte, es importante informar a los ciudadanos sobre los hechos de violencia registrados en el país. Ocultar esta realidad es volverse cómplice de la impunidad”, agregó la organización.

En México, en la última década, han sido asesinados 87 periodistas y otros 17 han desaparecido; 26 se encuentran actualmente fuera de su región o en el exilio.

Dibujo : Rapé

HRW critica las políticas de Estados Unidos contra los inmigrantes

http://www.diariolibre.com/noticias/2013/01/31/i369622_hrw-critica-las-politicas-estados-unidos-contra-los-inmigrantes.html
WASHINGTON.- El grupo humanitario "Human Rights Watch" (HRW) denunció hoy en su informe anual de 2013 que Estados Unidos encarcela a más personas que cualquier otro país del mundo y continúa la detención de inmigrantes no peligrosos, la pena de muerte y "prácticas abusivas" en su centro penal en Guantánamo.

En su informe sobre la situación de derechos humanos en 14 países del continente americano HRW destaca en el apartado sobre Estados Unidos que las víctimas de abusos en este país suelen ser grupos "vulnerables" como los inmigrantes, las minorías raciales y étnicas, los niños, los ancianos, los pobres y los presos.

A lo largo de ocho páginas, el análisis critica que EE.UU. "encarcela a más personas que cualquier otro país del mundo", con una población carcelaria en 2010 de 1,6 millones de personas y la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del mundo, con 500 reclusos por cada 100,000 habitantes.

"La pena de muerte, las condenas a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional para menores de edad, y el confinamiento solitario son habituales y se caracterizan a menudo por las disparidades raciales", subrayó HRW.

Además, un número creciente de inmigrantes están en centros de detención pese a que muchos "no plantean ningún peligro ni riesgo de fuga", agregó.

Así, EE.UU. ha registrado un aumento "drástico" en los procesos penales federales por el ingreso y reingreso ilegal en el país. En 2011, se enjuició a más de 34.000 personas por haber ingresado ilegalmente en EE.UU., y a más de 37.000 personas por reincidir en el delito.

De hecho, "volver a entrar ilegalmente en el país es el delito federal más enjuiciado en la actualidad. Muchos de los enjuiciados por estos delitos tienen antecedentes penales menores o ningún antecedente, y están sustancialmente ligados a EE.UU.", precisó HRW.

En el año fiscal 2012, EE.UU. registró el número "histórico" de 396.906 deportaciones, y los procesos penales por infracciones migratorias, junto con un aumento de detenciones, han alimentado un sistema de más de 250 centros de detenciones, señaló HRW.

Asimismo, el análisis criticó el controvertido programa "Comunidades Seguras" que, junto a otros programas policiales, ha contribuido al aumento de las deportaciones.

Aunque el Gobierno de Washington asegura que esos programas están dirigidos a expulsar a criminales peligrosos, la mayoría de los inmigrantes deportados a través de "Comunidades Seguras", por ejemplo, han sido clasificados como "no criminales" o delincuentes de nivel bajo.

El problema, según HRW, es que estos programas pueden "exacerbar la desconfianza de las comunidades inmigrantes en la policía y, por consiguiente, pueden disuadir a las víctimas de delitos de buscar protección y resarcimiento".

El informe destacó que el Gobierno del presidente Barack Obama "ha continuado algunas prácticas abusivas" en su lucha antiterrorista, incluyendo las detenciones sin cargos en el centro penal en su base naval en Guantánamo (Cuba), y juicios ante comisiones militares "que sufren deficiencias fundamentales".

Como en años anteriores, HRW condenó que EE.UU. continúe la práctica de la pena de muerte y otros castigos "excesivos". En la actualidad, 17 estados y el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, han abolido la pena de muerte, pero otros 33 estados la mantienen.

En 2012, al menos 40 personas habían sido ejecutadas, si bien "se ha registrado una tendencia a la baja de las ejecuciones desde 2000", según el grupo.

HRW destacó las disparidades raciales en el acceso a la justicia, al notar la presencia "desproporcionada" de las minorías en las cárceles: según cifras oficiales, cerca del 3,1% de los negros, 1,3% de los latinos y el 0,5% de los blancos están tras las rejas.

El documento denunció que cerca de 2.600 delincuentes menores de edad purgan cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, si bien hubo avances en 2012 para abolir esta práctica entre ese grupo poblacional.

Por otra parte, HRW dijo que "cientos de miles de niños trabajan en labores agrícolas" en EE.UU., en parte porque una ley federal de 1938 los exime de los requisitos de edad mínima y jornada laboral máxima que se aplica a los demás niños trabajadores.

La mayoría de los niños trabajadores agrícolas son latinos, suelen trabajar diez o más horas diarias y corren mayor riesgo de intoxicación por plaguicidas, lesiones y discapacidades permanentes, entre otros problemas.

En 2010, del total de niños menores de 16 años que sufrieron lesiones mortales relacionadas con el trabajo, el 75 % realizaba tareas agrícolas, según HRW.