• La
impunidad hace perder más de 11 mil millones de lempiras al año al
país, denunciaron organizaciones fiscalizadoras de la gestión pública.
• La ausencia de castigo para los culpables de homicidios en materia de DD.HH. supera el 98 por ciento.
• Unos
33 comunicadores sociales que fueron asesinados en los últimos años y
solo uno de esos casos ha sido resuelto, el asesinato del periodista
“Giorgino” Orellana.
• Desde el 2005 a la fecha al menos 82 abogados han caído producto de las balas de sus asesinos.
• El
Comité de Derechos Humanos, (Codeh) contabiliza más de 85 mil huérfanos
y alrededor 40 mil mujeres asesinadas en la última década.
• Los
hondureños entre los 25 y 64 años están “poco o nada satisfechos” con lo
que operadores de justicia y seguridad han hecho para garantizar el
acceso a una justicia imparcial.
Por Luis Vallecillo
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Los niveles de impunidad en Honduras se filtran en diferentes sectores
de la sociedad y el Estado, desde el Congreso Nacional, la Policía, el
Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, los Juzgados y
Tribunales, carcomiendo la seguridad jurídica y convirtiendo a Honduras
en un Estado deteriorado.Así lo concluyeron este viernes 23 de noviembre
cuando se celebró el Día Mundial contra la Impunidad, en un foro
convocado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Centro de
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (Ciprodeh) y el Grupo
de la Sociedad Civil.
“Cada uno de nosotros tiene una gran
responsabilidad, combatir la impunidad, si no tomamos las medidas y
presionamos definitivamente el Estado no va a responder con acciones
concretas, la institucionalidad está aún debilitada precisamente porque
lo que impera es la corrupción política”, dijo en sus palabras de
bienvenida Héctor Longino Becerra, director Ejecutivo del Comité por la
Libre Expresión (C-libre).
Becerra
sostiene que “tenemos un Estado de derecho deteriorado y que, en la
medida que permanezca esta situación, la impunidad seguirá reinando en
nuestro país, aún y cuando algunos no creemos en estos procesos de
depuración, debemos involucrarnos como sociedad civil para que los
resultados sean enteramente positivos”.
Según la fundadora de la organización
Xibalba, Itsmania Pineda, el combate a la impunidad está desviado,
porque la depuración de la Policía es una farsa, el proceso se ha
politizado y los verdaderos criminales siguen dentro de institución.
Pineda consideró que el pie de apoyo de
la impunidad es la falta de solidaridad de la sociedad hondureña,
conjuntamente con la parsimonia de la llamada sociedad civil, que en
experiencias pasadas solo ha respondido a intereses políticos o de
grupos.
Impunidad y desigualdad: Los efectos sociológicos
Para el sociólogo Guillermo Molina
Chocano, “la exclusión social, vinculada a la desigualdad
de la distribución de ingreso, riqueza y oportunidades, tiende a
multiplicar obstáculos para un desarrollo con democracia. Entre éstos
destacan los costos de la violencia y el crimen en América Latina que
alcanzan alrededor de una décima parte del Producto Interno Bruto
(PIB)”.
A su juicio el aumento del crimen
organizado y las ejecuciones extrajudiciales socavan la relación entre
los ciudadanos y el gobierno debido a la percepción de fracaso del
Estado en asegurar la integridad física de las personas.
Esta situación, –explicó- disminuye
seriamente la confianza de los ciudadanos en la democracia, pues
demandan del Estado medidas efectivas, mientras que los grupos de
mayores recursos (económicos)
recurren
a la seguridad privada y los pobres participan o apoyan actividades de
vigilancia. “En ambas situaciones la Policía se convierte en
actor central, pero con frecuencia también en actor crítico. Que comete
frecuentes abusos de autoridad.”.
Irónicamente comentó, que Honduras es uno
de los pocos países de América Latina con una Ley de Acceso a la
Información Pública, pero con los niveles más altos de corrupción.
A su criterio, es precisamente el derecho
al acceso a la información pública y el empoderamiento de la sociedad
civil constituye un primer escalón en la lucha contra la corrupción e
impunidad, mientras que una vez alcanzado mayores niveles de
transparencia se constituye la primera parte de un proceso de cambio,
que tiene como meta la rendición de cuentas efectiva como mecanismo de
evaluación.
Impacto de la corrupción en el desarrollo de Honduras
El costo de la impunidad
De su lado, el director del Foro Social
de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), Mauricio Díaz Burdeth, explicó
que el impacto de la corrupción en el desarrollo de Honduras le causa a
Honduras pérdidas superiores a los 11 mil millones de lempiras anuales.
Según
el Fosdeh, el gobierno ha impulsado en el transcurso de sus dos años y
medio de gobierno al menos unos 30 reformas económicas, pero “de la base
de 65,000 contribuyentes, 805 son considerados grandes contribuyentes,
pero en realidad son mas recaudadoras de impuestos y estos aportan el
80% de los ingresos tributarios nacionales”,
Un ejemplo claro de las pérdidas, es la
publicidad supuestamente institucional otorgada “con el propósito de
favorecer pretensiones políticas de determinados funcionarios,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Conducta
Ética del Servidor Público (Decreto No. 36-200/; abril 24, 2007), que
indica que es contrario a la ética pública utilizar”.
Para el economista, “la falta de
aplicación de las normas sancionatorias, administrativas o penales,
contribuye a la impunidad y a la repetición de prácticas indebidas o
ilegales, afectándose con ello las finanzas públicas”.
Operadores de Justicia son partícipes de la impunidad
Para el exfiscal hondureño, Edmundo
Orellana Mercado, los operadores de justicia deben ser mas participes
“lamentablemente la falta de investigación forense, jurídica, y
especializada en materia de la misma del Ministerio Público se queda
corta”.
Orellana
subrayó que en materia financiera muchos en Honduras han quedado
impunes pues tanto la Comisión de Banca y Seguros (CNBS) y como
Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) “no han sido
entes supervisores y reguladores de estos delitos en el pasado” y en la
actualidad “el lavado de activos se ve reflejado en la construcción de
inmuebles que de la noche a la mañana salen nuevas edificaciones sin
saber el dinero de su procedencia”.
Grupos de poder y operadores de justicia
Según el representante del Comité por la
Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Andrés Pavón explicó que “los
grupos de poder están bien involucrados en los operadores de justicia”
de tal forma que dentro del Ministerio Público no proceden las denuncias
en las violaciones de los derechos humanos. Desde 1990 hasta la fecha
han ocurrido aproximadamente 75 mil homicidios y el 98 porciento están
en la impunidad.
El consultor de organismos
internacionales, Guido Eguigure, concluyó que “la impunidad constituye
el franco incumplimiento del deber del Estado que lesiona a la sociedad
y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos
humanos de que se trata y la total indefensión de las víctimas y sus
familiares”.
A esto se le suma la información emitida
por agencias de prensa internacional en Honduras se cree que la Policía
está implicada en el asesinato en el año 2000 de más de mil jóvenes en
manos de los escuadrones de la muerte en ese entonces.
“La sumisión de los jueces a los deseos
de los poderes políticos y económicos así como también la impunidad de
los políticos de alto nivel y de los agentes económicos”, subrayó.
Perpetuación de la impunidad y la sociedad civil
Según el Ciprodeh, en la década de los
años 80’s los actores de la impunidad eran los militares y sectores
afines en el cual fueron afectados los derechos humanos, sectores de
oposición social y política y las consecuencias fueron la corrupción de
bienes públicos.
Sin embargo, desde los años 90’s a la
actualidad la impunidad se ha infiltrado no solo en los militares, si no
que en grupos de poder y crimen organizado.
La violencia y el narcotráfico se han
penetrado mas en Honduras por la misma impunidad en la sociedad más
generalizada como apropiación de bienes públicos, de recursos naturales y
destrucción de la institucionalidad del Estado de derecho.
Según el Ciprodeh existen tres
características principales de los grupos de poder en Honduras: Una
creciente tendencia a la parlamentarización del poder gubernamental, el
autoritarismo disfrazado de modernidad y transparencia y la influencia
de diversos grupos de poder.
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