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Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
2 de marzo de 2012

Honduras

Periodistas y actores de la sociedad civil, en medio de la tormenta tras una nueva ola de amenazas

Desde el inicio del año 2012, en Honduras no ha pasado un día sin que a un periodista, un propietario de un medio de comunicación local o un observador de la sociedad civil le hagan saber vía telefónica que su vida está en peligro. Ese cúmulo de amenazas e intimidaciones se registra tanto en la región militarizada del Aguán –teatro de un violento conflicto agrario–, como en el departamento de Copán, fronterizo con Guatemala y ruta del narcotráfico, incluso en las principales ciudades, como pudo constatar una representante de Reporteros sin Fronteras que visitó el país del 17 al 29 de febrero.

Alimentado por la represión generada tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, este clima de terror resurgió con el lanzamiento, en noviembre de 2011, del “Operativo Relámpago”, que moviliza a la policía y el ejército (http://es.rsf.org/honduras-absuelven-al-principal-sospechoso-02-11-2011,41329.html). Clima que se prolonga con la tragedia nacional vivida por el incendio del centro penitenciario de Comayagua, en el cual 361 presos perdieron la vida la noche del 14 al 15 de febrero. Hasta este momento, la impunidad perdura en los 24 casos de asesinato de periodistas registrados desde hace una década; tan sólo 17 de ellos fueron cometidos en el periodo que siguió al golpe de Estado (http://es.rsf.org/honduras-asesinan-a-un-periodista-atacan-a-08-12-2011,41530.html). La impunidad también persiste en los casos de asesinato de representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y abogados (http://es.rsf.org/paraguay-asesinan-a-un-abogado-que-denuncio-19-01-2012,41711.html) registrados estos últimos años.

Aguán: silencio, reprimimos

Después de que campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) ocuparan, en 2009, tierras usurpadas por terratenientes (http://es.rsf.org/honduras-miguel-facusse-barjum-empresario-y-03-05-2011,40163.html), el envío del ejército convirtió a la región del Aguán en un verdadero enclave del territorio hondureño. Las pequeñas radios comunitarias, portavoces de los movimientos locales, sufren todo tipo de maniobras de censura. El 20 de enero pasado el MUCA perdió a uno de sus miembros, el dirigente y representante comunitario Matías Valle (http://es.rsf.org/honduras-no-hay-tregua-en-el-terror-contra-24-01-2012,41762.html).

El reciente Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Tocoa, realizado del 17 al 20 de febrero, no atenuó en nada los ardores represivos del ejército o de los enemigos de las comunidades. Así, el 19 de febrero una veintena de periodistas que viajaban en una caravana conformada por seis vehículos fue interceptada por un retén militar; cuando intentaban conocer los motivos de la detención de los ocupantes de uno de los autos, conducido por un dirigente del MUCA, los soldados no dudaron en esgrimir sus armas apuntando a los periodistas, según el testimonio de uno de ellos, Giorgio Trucchi, de la Rel-UITA.

Según nuestra representante, en menos de una semana el coordinador del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, Wilfredo Paz, recibió dos llamadas en las que lo amenazaban. En ambas ocasiones, los mensajes se referían a Juan Chinchilla, otro dirigente del MUCA. El segundo mensaje, que ofrecía una fuerte suma por el asesinato de Juan Chinchilla, data del 24 de febrero. Ese mismo día el presidente Porfirio Lobo, acompañado de varios ministros, realizaba una visita en la región para ratificar un acuerdo firmado una semana antes por un grupo de campesinos del MUCA, destinado a garantizarles el derecho de posesión de las tierras ocupadas.

Al respecto, el conductor de un programa del Centro de Noticias de Colón (CNC), Roberto Hernández, y el reportero de este pequeño canal local David Corea, nos confiaron que es casi imposible para los periodistas del Aguán ejercer su oficio. Financiados por anunciantes a veces susceptibles de recibir dinero sucio del narcotráfico, los pequeños medios de comunicación privados locales, conducidos por periodistas precarios y sin títulos, prefieren autocensurarse en lo que respecta a temas delicados.

Comayagua, las verdades incómodas

¿Las puertas permanecieron cerradas por temor de una fuga, dejando a los presos a merced de las llamas durante el incendio del penal de Comayagua? ¿De dónde provienen los impactos de bala descubiertos durante la autopsia de algunos reos? ¿Por qué fueron los vecinos del lugar y no los directivos de la prisión los que llamaron a los bomberos? ¿Esto habría sacado a relucir que se acordó la salida de presos a cambio de dinero y que al final se traicionó tal promesa? Tantos elementos que se suman al escándalo de la sobrepoblación y de la inseguridad carcelaria, y que la tragedia de Comayagua puso de manifiesto.

Por haber abordado estas cuestiones e investigado, el periodista Luis Rodríguez y su camarógrafo Javier Villalobos, del canal local por cable Catedral TV, recibieron amenazas explícitas el 22 de febrero: “dejen de seguir hablando del incendio o les metemos fuego”. Según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización colaboradora de Reporteros sin Fronteras, el propietario de este canal, Juan Ramón Flores, así como Ramón Cabrera, gerente general de Digicable, la empresa que brinda el servicio de cable a Catedral TV, recibieron amenazas similares.

Protección arriesgada

No han cesado los ataques contra los medios de comunicación nacionales conocidos por su oposición al golpe de Estado y sus representantes. El 23 de febrero Ivis Alvarado, director de un programa transmitido por Globo TV y Radio Globo –que sufrió varias suspensiones y requisas en la época del golpe (http://es.rsf.org/honduras-cierre-de-dos-medios-y-represion-29-09-2009,34613.html)–, denunció al aire el robo de dos ordenadores de su casa y el posterior registro de su vehículo. Debido a que ha sido amenazado varias veces, el periodista goza de medidas cautelares.

Este no es aún el caso de Gilda Silvestrucci e Itsmania Pineda Platero (http://es.rsf.org/honduras-agreden-a-mujeres-periodistas-que-14-12-2011,41549.html), ambas miembros del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, que realizó una manifestación contra la impunidad que fue reprimida violentamente por militares y miembros de la Guardia de Honor Presidencial en las inmediaciones de la Casa de Gobierno el 13 de diciembre pasado, en Tegucigalpa. Reporteros sin Fronteras exige de nuevo una respuesta a su petición de que se brinde protección a las dos mujeres, así como en lo concerniente al seguimiento judicial de la denuncia presentada por el colectivo tras la agresión sufrida durante la manifestación del 13 diciembre.

De la misma manera, debe otorgarse protección a Danilo Osmaro Castellanos, vicepresidente de C-Libre y director del telenoticiero ATN: Honduras a Todo Noticias transmitido por el Canal 32,  quien el 22 de febrero fue blanco de amenazas a muerte contra el y su familia.  El periodista, que vive en Santa Rosa de Copán, se había pronunciado recientemente sobre la corta vision de la gestión en la administración local y sobre el intento de callar su voz mediante ofrecimientos de pagos a su equipo de prensa.

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Honduras

Journalists and civil society activists caught up in new wave of threats

Not a day has passed since the start of the year in Honduras without a journalist, local media owner or social commentator receiving a phone call to say his or her life is in danger. This daily reality of threats and intimidation applies as much in the militarized region of Aguán, scene of a violent land dispute, as in the Copan department which borders Guatemala and acts as a conduit for drug smuggling, and also in the main towns and cities, as recorded by a representative of Reporters Without Borders who was in the country between 17 and 29 February. 

The climate of fear that began with the crackdown that followed the coup on 28 June, 2009, was rekindled when police launched a security operation codenamed “Relámpago” (“Lightning”) last November (http://en.rsf.org/honduras-leading-suspect-cleared-of-killing-02-11-2011,41328.html). 

It has continued since the tragic fire at Comayagua prison during the night of 14 February, in which 361 inmates were killed. Meanwhile, the murders of 24 journalists over the past decade, 17 of them in the aftermath of the 2009 coup alone, remain unsolved and unpunished. (http://en.rsf.org/honduras-journalist-killed-paper-attacked-08-12-2011,41532.html).

This impunity also extends to the murders in recent years of civil society activists, human rights campaigners, trade unionists and lawyers (http://en.rsf.org/paraguay-lawyer-gunned-down-after-reporting-19-01-2012,41712.html). 

Aguán - Quiet please, crackdown in progress

In response to the 2009 occupation by a peasant coalition under the banner of MUCA , the  Unified Peasant Movement of Aguán, of land grabbed illegally by  big landowners (http://en.rsf.org/honduras-miguel-facusse-barjum-businessmen-03-05-2011,40195.html), the army’s intervention turned Aguán virtually into a separate enclave within Honduras.

The small community radio stations that carry the local movements’ message are the target of censorship of every kind. The MUCA lost one of its own when Matías Valle, its leader and spokesman, was shot dead on 20 January (http://en.rsf.org/honduras-women-journalists-terrorized-24-01-2012,41761.html).

The staging of the International Gathering for Human Rights in Honduras in Tocoa from 17 to 20 February did little to curb the repressive efforts of the army and the communities’ foes. On 19 February, about 20 journalists in a convoy of six vehicles were intercepted by troops while they were trying to find out why the occupants of one of the cars, which had a MUCA leader at the wheel, had been detained. According to one of the journalists, Giorgio Trucchi, of Rel-UITA, the soldiers waved their weapons in their direction.

Our representative reports that Wilfredo Paz, the coordinator of the Permanent Observatory of Human Rights in the Aguán, received two threatening phone calls in less than a week. Both messages were believed to refer to Juan Chinchilla, another MUCA activist. The second message, which offered a large reward for the murder of Chinchilla, was received on 24 February.

On the same day, President Porfirio Lobo visited the region, accompanied by several ministers, to ratify an agreement signed a week earlier with some of the MUCA peasants’ collectives aimed at guaranteeing them the right of ownership of the lands they had occupied.

Roberto Hernández and David Corea, respectively presenter and reporter for the small local television station Centro de Noticias in Colon (CNC), told us it was almost impossible for journalists in Aguán to carry out their duties. Small local media outlets, financed by advertisers whose sources of ill-gotten cash may include the proceeds of the drugs trade, and run by insecure and unqualified journalists, prefer to exercise self-censorship on sensitive topics.    

Comayagua - uncomfortable truths

During the fire at Comayagua prison, were the doors kept locked because of fears of an escape, leaving prisoners at the mercy of the flames?  Who fired the shots whose effects were discovered during the autopsies of some of the dead inmates?  Why were fire-fighters alerted by neighbours and not by the prison director? Did he hold out the prospect of a way out for some prisoners in exchange for cash, only to renege on his promise?

To these questions can be added the scandal of overcrowding and lack of safety precautions at prisons that have been exposed by the Comayagua tragedy.

The journalist Luis Rodríguez and his cameraman Javier Villalobos of the local cable television station Catedral TV, who investigated these questions, received an unequivocal threat on 22 February: “Stop talking about the fire or we shall set fire to you!”

According to the Committee for Free Expression (C-Libre), a Reporters Without Borders partner organization, a similar warning was received by the station’s owner Juan Ramón Flores and Ramón Cabrera, manager of Digicable, the cable contractor for Catedral TV.

Haphazard protection

Nor has there been any reduction in the attacks on national media organizations known to have opposed the coup, and on their staff. Ivis Alvarado, programme director of Globo TV and Radio Globo, which were suspended and had their equipment seized several times at the time of the coup (http://en.rsf.org/honduras-worse-feared-after-de-facto-regime-29-09-2009,34615.html) deplored on air on 23 February the targeted theft of two computers from his home a few days earlier, and also reported that his car had been broken into. He is now under protection as a result of persistent threats.

This is still not the case, however, for Gilda Silvestrucci and Itsmania Pineda Platero, (http://en.rsf.org/honduras-soldiers-use-clubs-to-disperse-14-12-2011,41548.html), members of the “Journalism for life and free expression” collective. The collective held a demonstration against impunity, which was violently dispersed by the army and the presidential guard outside the president’s palace in Tegucigalpa on 13 December last year. 

Reporters Without Borders again demands a response to its request for protection for the two women, and for an investigation of the complaint lodged by the collective after the December demonstration. 

Similarly, protection must be given to Danilo Osmaro Castellanos, programme director of the station Canal local 32 and vice-president of C-Libre, who received death threats to himself and his family on 22 February. The journalist, located in Santa Rosa de Copán, recently spoke out about a lack of transparency in the management of the local government, and reported that his editorial management had come under financial pressure to silence him.  

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Honduras

Journalistes et acteurs de la société civile dans la tourmente d’une nouvelle vague de menaces

Plus un jour ne se passe au Honduras, depuis le début de l’année 2012, sans qu’un journaliste, un propriétaire de média local ou un observateur de la société civile n’apprenne via son téléphone que sa vie est en danger. Ce lot quotidien de menaces et d’intimidations se vérifie aussi bien dans la région militarisée de l’Aguán, théâtre d’un violent conflit agraire, que dans le département de Copán, frontalier du Guatemala et passerelle du narcotrafic, ou encore dans les principales villes, comme a pu le constater une représentante de Reporters sans frontières présente dans le pays du 17 au 29 février.

Alimenté par la répression née du coup d’État du 28 juin 2009, ce climat de terreur a rebondi lors du lancement de l’opération policière Relámpago (Éclair) en novembre 2011 (http://fr.rsf.org/honduras-le-principal-suspect-de-l-02-11-2011,41327.html). Il se prolonge depuis la tragédie nationale survenue avec l’incendie du centre pénitentiaire de Comayagua, au cours duquel 361 détenus ont perdu la vie dans la nuit du 14 au 15 février. Pendant ce temps, l’impunité demeure dans les 24 affaires d’assassinats de journalistes constatées depuis une décennie, dont 17 pour la seule période consécutive au coup d’État (http://fr.rsf.org/honduras-une-journaliste-assassinee-un-08-12-2011,41527.html). Cette impunité concerne tout autant les cas de représentants de la société civile, militants des droits de l’homme, syndicalistes ou avocats (http://fr.rsf.org/paraguay-un-avocat-assassine-apres-avoir-19-01-2012,41710.html), tués ces dernières années.

Aguán : silence, on réprime

En réponse à l’occupation, en 2009, par des paysans coalisés au sein du MUCA (Mouvement unifié paysan de l’Aguán), de terres accaparées illégalement par de grands propriétaires (http://fr.rsf.org/honduras-miguel-facusse-barjum-entrepreneur-03-05-2011,40193.html), l’envoi de l’armée a converti la région de l’Aguán en véritable enclave au sein du territoire hondurien. Aucune manœuvre de censure n’est épargnée aux petites radios communautaires qui portent les voix des mouvements locaux. Le MUCA a perdu l’une des siennes en la personne du dirigeant et porte-parole communautaire Matías Valle, le 20 janvier dernier (http://fr.rsf.org/honduras-terreur-continue-contre-le-24-01-2012,41760.html).

La récente rencontre internationale pour les droits humains de Tocoa, du 17 au 20 février, n’a en rien atténué les ardeurs répressives de l’armée ou des ennemis des communautés. Ainsi, le 19 février, une vingtaine de journalistes présents dans une caravane de six véhicules ont été interceptés par des militaires, alors qu’ils tentaient de s’enquérir des raisons de la détention des occupants de l’une des voitures, conduite par un dirigeant du MUCA. Les militaires n’ont pas hésité à brandir leurs armes en direction des journalistes, selon le témoignage de l’un d’eux, Giorgio Trucchi, de la Rel-UITA.

En moins d’une semaine, d’après notre représentante, le coordinateur de l’observatoire permanent des droits humains dans l’Aguán, Wilfredo Paz, a reçu deux appels menaçants. Les messages se référaient à chaque fois à Juan Chinchilla, autre dirigeant du MUCA. Le second message, qui offrait une forte somme contre l’assassinat de Juan Chinchilla, est daté du 24 février. Ce même jour, le président Porfirio Lobo, accompagné de plusieurs ministres, effectuait une visite dans la région pour ratifier un accord signé une semaine auparavant avec une partie des collectifs paysans du MUCA, destiné à leur garantir un droit de possession sur les terres occupées.

Respectivement présentateur et reporter de la petite chaîne locale Centro de Noticias de Colón (CNC), Roberto Hernández et David Corea nous ont confié la quasi impossibilité pour les journalistes de l’Aguán d’exercer leur métier. Financés par des annonceurs parfois perméables à l’argent sale du narcotrafic, les petits médias privés locaux, animés par des journalistes précaires et sans diplôme, préfèrent s’autocensurer sur les sujets sensibles.

Comayagua, les vérités qui dérangent

Des portes ont-elles été maintenues fermées par crainte d’une évasion, laissant les prisonniers à la merci des flammes lors de l’incendie du pénitencier de Comayagua ? D’où proviennent les impacts de balles relevés lors de l’autopsie de certains détenus ?  Pourquoi les pompiers ont-ils été alertés par des riverains et non par le directeur de la prison ? Celui-ci aurait-il fait miroiter une sortie à des prisonniers en échange d’argent pour au final trahir sa promesse ? Autant d’éléments qui s’ajoutent au scandale de la surpopulation et de l’insécurité carcérales révélé que la tragédie de Comayagua a mis en évidence.

Pour avoir soulevé ces questions et enquêté, le journaliste Luis Rodríguez et son cameraman Javier Villalobos, de la chaîne locale câblée Catedral TV ont reçu des menaces explicites, le 22 février : “Arrêtez de parler de l’incendie ou c’est à vous que nous mettrons le feu !” Selon le Comité pour la libre expression (C-Libre), organisation partenaire de Reporters sans frontières, un avertissement du même type a également été adressé au détenteur de la chaîne, Juan Ramón Flores, ainsi qu’à Ramón Cabrera, gérant de Digicable, l’entreprise prestataire du câble à Catedral TV.

Protection hasardeuse

Les attaques n’ont pas davantage cessé contre les médias nationaux réputés pour leur opposition au coup d’État et leurs représentants. Directeur de programme pour Globo TV et Radio Globo - objet de plusieurs suspensions et réquisitions à l’époque du putsch (http://fr.rsf.org/honduras-fermeture-de-deux-medias-et-29-09-2009,34612.html) -, Ivis Alvarado a dénoncé à l’antenne, le 23 février, le vol ciblé de deux ordinateurs à son domicile quelques jours plus tôt et l’effraction de sa voiture. Le journaliste bénéficie, en raison de menaces persistantes, de mesures de protection.

Tel n’est toujours pas le cas de Gilda Silvestrucci et Itsmania Pineda Platero (http://fr.rsf.org/honduras-une-protestation-pacifique-de-14-12-2011,41547.html), toutes deux membres du collectif “Journalistes pour la vie et pour la liberté d’expression”, dont une manifestation contre l’impunité a été violemment réprimée par l’armée et la garde d’honneur présidentielle devant le palais du gouvernement, le 13 décembre 2011 à Tegucigalpa. Reporters sans frontières exige à nouveau une réponse à sa demande de protection en faveur des deux femmes, et concernant l’instruction de la plainte déposée par leur collectif après la manifestation du 13 décembre.

Une protection doit être accordée de la même manière à Danilo Osmaro Castellanos, directeur de programme pour la chaîne Canal local 32 et vice-président de C-Libre, cible de menaces de mort également dirigées contre sa famille, le 22 février. Le journaliste, établi à Santa Rosa de Copán, s’était récemment exprimé sur la gestion opaque de l’administration locale et avait dénoncé des pressions financières contre sa rédaction pour le faire taire. 

Benoît Hervieu
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IMPUNIDAD SILENCIA Y PERPETUA LA VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN HONDURAS, CONTRA PERIODISTAS

Amiga y Compañera incondicional
TIEMPO.HN

Periodista capitalina entre muertos de Río Blanquito

Saira Fabiola Almendárez Borjas había laborado en programas deportivos en radios y medios televisivos de Tegucigalpa. Le faltaban ocho clases para graduarse de licenciada en comunicaciones en la UMH.

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SAN PEDRO SULA.- La estudiante de periodismo Saira Fabiola Almendárez Borjas, de 22 años de edad, era la joven que junto a dos personas más fue encontrada sin vida la tarde del miércoles pasado en una de las calles del caserío Merilú, en Río Blanquito, Choloma.

Le faltaban ocho clases para graduarse pero ya había trabajado en algunas radios y canales de Tegucigalpa

Otra víctima fue identificada ayer en Medicina Forense como José Ramón Orellana Castellanos, de 20 años. La tercera  sería Carlos Morán Rivera, este último originario de La Ceiba, Atlántida, según fuentes ligadas a la familia de la joven. La jovencita estaba por graduarse de licenciada en comunicación en la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) y había laborado en programas deportivos de radios y medios televisivos de Tegucigalpa, de donde era originaria.

Lourdes Alicia Borjas, madre de Saira Fabiola Almendárez Borjas llegó a eso de las dos de la tarde a Medicina Forense pero no quiso brindar información a los medios de comunicación. La doliente madre es una de las afectadas en el incendio del mercado de Comayagüela, donde tenía un puesto ambulante.

Lourdes Borjas y José Gonzalo Salinas, madre y padrastro respectivamente de la muchacha,  viajaron ayer desde aquella ciudad, en compañía de otros parientes, para reclamar su cadáver.

A su llegada se mostraron herméticos y no quisieron brindar ninguna información a los medios de comunicación.

 Saira Fabiola Almendárez Borjas fue trasladada la tarde del miércoles a aquel caserío de Río Blanquito, junto a José Ramón Orellana Castellanos y Carlos Morán Rivera, por sujetos hasta ayer no identificados, quienes los habrían  transportado a ese lugar en un vehículo de generales todavía no establecidas.

El día de los hechos sólo se logró identificar el cadáver de José Ramón Orellana Castellanos por una partida de nacimiento que portaba en su vestimenta, y que acompañaba junto a una fotografía tamaño carné. Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, informó que la muchacha, según información brindada por su familia a las autoridades policiales, había llegado a San Pedro Sula en enero pasado, atendiendo un llamado de una amiga (no identificada aún) quien le aseguró que le había conseguido trabajo en esta ciudad. Empero los dolientes desconocen quien es la amiga y donde residían las jóvenes. Extraoficialmente se conoció que la ahora occisa vivía en un apartamento situado en la siete calle del barrio El Benque.

GUARDA

A la morgue también se hicieron presentes dos tíos de José Ramón Orellana Castellanos, quienes expresaron que su sobrino había llegado hace algunos meses de Concepción del Sur, Santa Bárbara, de donde era originario. El joven vivía en la colonia Stibys junto a uno de sus tíos, a quien ayudaba en una empresa donde trabajaba como guarda de seguridad. El vigilante dijo que su sobrino, hace 15 días, le manifestó que ya no quería vivir con él y se marchó de la casa, pero no supo hacia donde. “Hace tres días lo vi y me platicó que todavía no había encontrado empleo, pero no me comentó de problemas personales”, lamentó entre lágrimas el pariente.

DATOS

1 balazo que ingresó atrás de la oreja y salió en el pómulo izquierdo presentaba el cuerpo de Saira Fabiola Almendárez Borjas.

Prisión para un periodista declarado culpable por “injuria”: “un peligroso precedente”

Español/English/Français
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
1 de marzo de 2012

Colombia  
El director del diario Cundinamarca Democrática, Luis Agustín González fue declarado culpable por el delito de “injuria” el 29 de febrero 2012 por el Tribunal Superior del departamento de Cundinamarca, por la publicación de un editorial muy crítico en contra de la ex gobernadora y senadora María Leonor Serrano de Camargo. Esta decisión presentada en segunda instancia, debe hacer efectiva a priori la exorbitante pena de diez y ocho meses de prisión y 9 millones y medio de pesos (18 salarios mínimos, es decir unos 5 450 dólares) como multa impuesta al periodista.

“Así como sucedió recientemente en Perú (http://es.rsf.org/peru-la-despenalizacion-de-los-delitos-05-01-2012,41629.html) o en Ecuador (http://es.rsf.org/ecuador-esperado-desenlace-en-la-suprema-15-02-2012,41887.html), la urgencia por despenalizar los delitos de “difamación”, de “injuria” o de “calumnia” se manifiesta en Colombia con este nuevo caso. Este juicio constituye un grave precedente, un estímulo a la autocensura y censura previa y una mordaza para la libertad de opinión. Esperamos un resultado favorable al recurso de casación que depositarán en los próximos días los defensores de Luis Agustín González”, declaró Reporteros sin Fronteras.

González ya había sido condenado en primera instancia en septiembre 2011, momento en el cual había recibido una sentencia de veinte meses de prisión y de 20 salarios mínimos por “calumnia” e “injuria”. Tan solo ésta última calificación penal fue mantenida por la sentencia de apelación del 29 de febrero. En un artículo titulado ¡NO MÁS! (enlace), publicado en 2008, Luis Agustín González había realizado fuertes críticas en contra de  María Leonor Serrano de Camargo, denunciando su  presunta “arrogancia” y “despotismo”.

El abogado de la defensa Pedro Vaca considera que dos derechos se encontraban en conflicto, “la libertad de opinión versus el buen nombre. Es la primera vez que no prima la libertad de opinión”. El abogado denuncia, al igual que Reporteros sin Fronteras, una decisión contraria a los estándares jurídicos interamericanos.

“Como en anteriores casos similares producidos en otros países de la región, Reporteros sin fronteras no niega de ningún modo el derecho de las personas acusadas a través de la prensa a defender su honor. Nuestra inquietud se presenta a partir del momento que una respuesta penal desproporcionada pone en riesgo la libertad de informar o de expresar opiniones individuales”, concluyó la organización.
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Colombia 

Journalist’s imprisonment for criminal libel sets dangerous precedent

A regional court yesterday upheld the conviction of Luis Agustín González, editor of the newspaper Cundinamarca Democrática, for criminal libel for publishing an editorial that was highly critical of the former governor and senator, María Leonor Serrano de Camargo.

The ruling by the Higher Court in Cundinamarca department means an exorbitant penalty imposed earlier of 18 months’ imprisonment and a fine of 9.5 million pesos (18 “minimum salaries”, or approximately $5,450) will now be carried out. 

“As has occurred recently in Peru (http://en.rsf.org/peru-decriminalization-of-press-05-01-2012,41631.html) and in Ecuador (http://en.rsf.org/ecuador-supreme-court-hearing-expected-to-15-02-2012,41888.html), this latest case highlights the urgent need to decriminalize the offences of defamation, slander and libel in Colombia,” Reporters Without Borders said.

“This ruling constitutes a serious precedent, a boost for self-censorship and a gag on freedom of opinion. We hope that the appeal to the court of cassation to be filed shortly by Luis Agustín González’s defence team will be successful.”

The journalist was convicted by a lower court in September last year and sentenced to 20 months’ imprisonment and 20 “minimum salaries” for slander and libel. Only the second charge was upheld by the higher court yesterday.

In an article published in 2008 and headlined ¡NO MÁS! (“no more”) (click here for article in Spanish), González castigated Serrano de Camargo for alleged “arrogance” and “despotism”.

Defence lawyer Pedro Vaca believes that two basic rights, freedom of opinion and honour, are in conflict. “For the first time, freedom of opinion did not prevail,” he said. He and Reporters Without Borders deplored a judgement that was contrary to continent-wide standards of justice. 

“As in previous cases of this type elsewhere in the region, Reporters Without Borders does not deny the right of anyone subjected to accusations in the media to defend his or her honour,” the press freedom organization said. “Where we express our concern is when a disproportionate penalty endangers the right to report the news and express individual opinions.”
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Colombie

Prison pour un journaliste reconnu coupable d’“injure” : “Un précédent très dangereux”

Directeur du journal Cundinamarca Democrática, Luis Agustín González a été reconnu coupable d’“injure”, le 29 février 2012, par le Tribunal supérieur de la province de Cundinamarca, pour un éditorial très critique envers l’ancienne gouverneur et sénatrice María Leonor Serrano de Camargo. Cette décision de deuxième instance rend a priori effective la peine exorbitante de dix-huit mois de prison et de 9 millions et demi de pesos (18 salaires minimum soit environ 5 450 dollars) d’amende infligée au journaliste.

“Comme récemment au Pérou (http://fr.rsf.org/perou-la-depenalisation-des-delits-de-05-01-2012,41626.html) ou en Équateur (http://fr.rsf.org/equateur-epilogue-attendu-a-la-cour-supreme-15-02-2012,41886.html), l’urgence de dépénaliser les délits de ‘diffamation’, d’‘injure’ ou de ‘calomnie’ se manifeste en Colombie avec cette présente affaire. Ce jugement constitue un précédent grave, une prime à l’autocensure et un bâillon contre la liberté d’opinion. Nous espérons une issue favorable au recours en cassation que comptent prochainement déposer les défenseurs de Luis Agustín González”, a déclaré Reporters sans frontières.

Déjà condamné en première instance en septembre 2011, le journaliste avait alors écopé d’une peine de vingt mois de prison et de 20 salaires minimum pour “calomnie” et “injure”. Seule cette dernière qualification pénale a été retenue dans le jugement d’appel du 29 février. Dans un article intitulé ¡NO MÁS! (pas plus) (lien), publié en 2008, Luis Agustín González avait tenu des propos très durs à l’encontre de María Leonor Serrano de Camargo, n’hésitant pas à fustiger son “arrogance” ou son “despotisme” présumés.

Aux yeux de l’avocat de la défense Pedro Vaca, deux droits étaient en conflit, “la liberté d’opinion et l’honneur. C’est la première fois que la liberté d’opinion ne l’emporte pas”. L’avocat dénonce, comme Reporters sans frontières, une décision contraire aux standards juridiques interaméricains.

“Comme dans les précédentes affaires du même type survenues dans d’autres pays de la région, Reporters sans frontières ne nie aucunement le droit des personnes mises en cause par voie de presse à défendre leur honneur. Notre inquiétude s’exprime dès qu’une réponse pénale disproportionnée met en péril la liberté d’informer ou l’expression d’opinions individuelles”, a conclu l’organisation.

Benoît Hervieu
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Honduras se responsabiliza por la muerte de 107 reos del Centro Penal San Pedro Sula

SAN JOSÉ.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) consideró un ejemplo para la región la solución amistosa alcanzada hoy por el Estado hondureño y los representantes de las víctimas de un incendio ocurrido en 2004 en la cárcel de San Pedro Sula, donde murieron 107 reos.

El Gobierno creará una comisión independiente, con el apoyo de la Iglesia católica, para investigar el incendio de 2004 y castigar a los responsables.

“Que los representantes y el Estado encuentren por la vía del acuerdo un camino que apunta a construir un nuevo centro penal y reconstruir nueve más son respuestas concretas que pueden servir de ejemplo a otras realidades que tienen estos problemas”, expresó hoy el presidente de la Corte IDH, el peruano Diego García-Sayán, durante la audiencia por este caso.

El juez afirmó que las malas condiciones de las cárceles “es un problema que le atañe a varios países de las Américas”, pues “el sistema penitenciario ha colapsado prácticamente en todos lados”.

García-Sayán aseguró que el colapso de los sistemas penitenciarios se debe a “la saturación e incapacidad de las autoridades de prevenir situaciones internas y de crear espacios de rehabilitación para los reclusos”.

El acuerdo entre Honduras y los representantes de las víctimas indica que el Estado reconoce su responsabilidad por la muerte de los 107 reos en la cárcel de San Pedro Sula y se compromete a realizar un acto público al respecto en mayo de 2013, encabezado por el presidente del país, Porfirio Lobo.

Además, el Estado promete construir un nuevo centro penal de San Pedro Sula y reconstruir nueve cárceles más, con la promesa de que no volverán a ocurrir hechos similares.

Otro punto del acuerdo señala que el Gobierno creará una comisión independiente, con el apoyo de la Iglesia católica, para investigar el incendio de 2004 y castigar a los responsables.

INDEMNIZARÁN FAMILIARES
El Estado también indemnizará a los familiares de los 107 reclusos que fallecieron en la cárcel, dinero que será administrado en un fideicomiso con colaboración de la Iglesia católica.

Este acuerdo se presenta un par de semanas después de que en Honduras ocurriera otro hecho similar en la cárcel de Comayagua, donde el pasado día 14 murieron 361 reclusos en un incendio.

Otros casos similares sucedieron este mes en Latinoamérica, pues el 19 de febrero 44 reos, supuestos miembros del cártel del Golfo, fueron asesinados en el penal de Apodaca, en el estado mexicano de Nuevo León, por presuntos integrantes del cártel de Los Zetas, que utilizaron el tumulto creado en la prisión para fugarse.

Otro suceso en las cárceles de la región ocurrió el pasado viernes en Nicaragua, cuando 10 reclusos y cinco vigilantes resultaron heridos, incluido el director del penal, que fue golpeado por prisioneros que lo mantuvieron retenido durante casi seis horas.

Este fue el saldo de un motín ocurrido en la cárcel Puertas de la Esperanza, ubicada en el municipio de Estelí, 146 kilómetros al norte de Managua, que revivió el debate en ese país sobre el hacinamiento en el sistema penitenciario.

El presidente de la Corte IDH afirmó que la solución amistosa alcanzada por Honduras y los representantes de las víctimas es una muestra de que el sistema interamericano “está cumpliendo su misión” de “solucionar problemas”.

La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, destacó que con el acuerdo Honduras ofrece garantías de que no se repitan los hechos, reconoce su responsabilidad y se compromete a mejorar el sistema penitenciario y las condiciones de vida de los privados de libertad.

Sin embargo, recordó que los hechos ocurridos en 2004 “respondieron a fallas estructurales conocidas por el Estado”, por lo que espera que Honduras cumpla en adecuar sus cárceles a los estándares internacionales.

Pese al anuncio de solución amistosa, la Corte IDH continuó hoy escuchando a los testigos y peritos propuestos por las partes

Encuentran otro cuerpo en cárcel de Comayagua; cuentas ya no cuadran

Autor del articulo: Proceso Digital

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Tegucigalpa - Las cuentas cuadradas que tenían las autoridades policiales y del Ministerio Público (MP) se verán afectadas con el hallazgo de otro cuerpo del incendio de la granja penal de Comayagua.

El hallazgo se produjo la tarde de este sábado en el recinto penal siniestrado, por lo que el número de víctimas se incrementa a 361.

La madrugada del pasado 15 de febrero un voraz incendio consumió la granja penal de Comayagua, dejando una mujer y 360 reos fallecidos, con el último cuerpo encontrado, lo que lo convirtió en la tragedia carcelaria más grande en América Latina.

El jefe de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid, se había pronunciado con respecto al número de víctimas y se atrevió a asegurar que sí aparecía un prófugo o un muerto más se trataría de un “fantasma”, porque las cuentas estaban completas.

El mismo jerarca policial hizo sus cuentas de la siguiente forma: 852 internos antes de la tragedia, de los cuales 477 reos estaban vivos en el penal, 20 que fueron trasladados a varios hospitales y 355 víctimas reportadas hasta ese momento.

Los datos anteriores estaban bien cuadrados y no había ni faltantes ni sobrantes.

Con el hallazgo de otro cuerpo se abre la polémica, sí realmente hubo prófugos la noche fatídica del 15 de febrero.

Vocero del MP lo confirma

En comunicación con Proceso Digital, el vocero del MP, Melvin Duarte, confirmó el hallazgo del cadáver el sábado a las tres de la tarde aproximadamente.

Según versiones de Duarte, el cuerpo se encontró en la celda ocho y estaba completamente calcinado.

“Recuerde que después de las labores del cuerpo de investigación estadounidense de ATF, se nos entregó la escena del crimen para hacer las labores de inspección y fue así como logramos encontrar otra víctima del siniestro”, expresó el vocero.

Según versiones de Duarte, las cifras no varían “recuerde usted que había una mujer de visita conyugal y que por ahí puede venir la confusión”, explicó.

Hace una semana se identificó el cuerpo de la mujer que la noche de la tragedia andaba de visita conyugal y se trata de Katia Gissela Franco, quien ya fue reclamada por sus familiares y contada dentro de las víctimas.

Asimismo el vocero del MP no descartó encontrar más cuerpos en el recinto carcelario, lo que dispararía más las contradicciones de las cuentas oficiales de cadáveres.

Trabajos continúan

Hasta el momento, el cuerpo forense ha identificado 130 cuerpos de los cuales 72 ya fueron entregados a sus apesarados deudos.

Los trabajos forenses continúan por parte de médicos nacionales con equipos de salvadoreños y mexicanos.

Hay una buena cantidad de cadáveres que no se lograrán identificar, por lo que se estarán enviando pruebas de ADN a Chile y Perú respectivamente, no se logró conocer la cantidad exacta de víctimas que pasarán por este proceso.

Amnistía Internacional sobre el incendio de la prisión de Comayagua, COMUNICADO DE PRENSA,

http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/honduras-investigar-muertes-incendio-prision-2012-02-15

 febrero 2012

HONDURAS DEBE INVESTIGAR LAS MUERTES PORINCENDIO DE PRISIÓN

Índice AI: PRE01/086/2012

Las autoridades hondureñas deben abrir concarácter urgente una investigación exhaustiva e imparcial sobre el incendiode la prisión de Comayagua que, según informes, causó la muerte de másde 300 presos y quemaduras graves a decenas de reclusos más, ha declaradoAmnistía Internacional.
Los informes indican que la situación dela prisión, a unos 85 km. al norte de la capital, Tegucigalpa, es horriblemientras se recuperan del lugar a numerosos reclusos con heridas críticasy los cuerpos carbonizados de otros.

“Es esencial que los sobrevivientes delincendio y los familiares de los fallecidos sepan la verdad de lo ocurridoy los sucesos que desembocaron en esta terrible pérdida de vidas”, hadeclarado Esther Major, investigadora sobre Centroamérica de Amnistía Internacional.

“Además, el gobierno debe adoptar medidasurgentes para garantizar que se aprenden lecciones cruciales y se mejoranlas condiciones penitenciarias para que no ocurra de nuevo una tragediade estas dimensiones.”

Este no es el primer incendio de una prisiónde Honduras que se salda con un gran número de muertos: en 2004, un fuegodesatado en la prisión de San Pedro Sula causó la muerte de más de 100personas.
“Ocho años después, decenas de reclusoshan fallecido, una vez más, en las circunstancias más atroces, atrapadossin ningún medio en absoluto de escapar”, concluyó Esther Major.

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Políticas represivas de los gobiernos son las responsables de la inseguridad y el incremento del crimen en la región latino americana.

Por ITSMANIA PINEDA PLATERO

HIJA DE EL CABALLERO SIN TACHA Y SIN MIEDO

Las políticas represivas de los gobiernos encaminadas al combate de la criminalidad en especial al narcotráfico y las pandillas han sido los responsables del hacinamiento en las prisiones, así como el incremento de políticas de exclusión, marginamiento, aumento en la emigración y las altos índices de inseguridad en que trabajamos los defensores derechos humanos y periodistas de  la región latinoamericana.

Operación rastrio, mano dura, súper mano dura, alerta América, operación relámpago, operación tela araña han demostrado que son ineficientes para enfrentar la lucha contra la delincuencia y reducir los índices de inseguridad de los pueblos latino americanos, el resultado es que hoy países como Colombia, Estados Unidos México y Guatemala se mantienen en un debate abierto aceptando que los crímenes trasnacionales les ganan la partida y que ven como mejor opción la legalización de la droga.

“En Honduras existen delitos comunes, delitos especiales y crimen organizado expreso una fuente oficial de la policía nacional de Honduras, pero realmente a los hondureños no les afecta el crimen organizado sino la delincuencia común, esta crece aceleradamente, debido a la falta de trabajo y la mala distribución de la riqueza, a los jóvenes y niños les queda como mejor opción meterse a trabajos ilegales y suplir sus necesidades.

Ante esta situación

Las autoridades hondureñas que garantizan las seguridad jurídica y social han demostrado su incapacidad de hacer frente a este flagelo que día a día crece e incrementa el número de pobres que llenaran las cárceles de honduras, aunque se indulten 20 reos mañana tendremos 200 ocupando su lugar.

Los albergues ubicados en los puntos fronterizos a con México y Guatemala , resumen las historia de cientos de centro americanos que viajan y enfrentan la lucha por llegar a los Estados Unidos en su mayoría por salvar la vida, unos porque son perseguidos, porque han tenido que abandonar sus casa, porque son víctimas de extorciones a veces impagables, y otros porque les han declarado la muerte.

Saúl un niño hondureño de 14 años declara ante un juez que efectivamente el robo porque es adicto y necesita comprar la droga, él dice, que no le importa "yo tengo que robar para comprar crack no puedo vivir sin ella",

Honduras cuenta con pocos centros de desintoxicación el Santa Rosita y el hospital Mario Mendoza que son del Estado estos son públicos sin embargo el internamiento para desintoxicación oscila mas o menos por los 50 dólares, más los gastos de ir y venir en el trasporte .

Los centros privados como mínimo piden un aporte para los gastos de desintoxicación y comida alrededor de los 150 dólares mensuales (2500 lempiras) , otros 200 dólares y el Ministerio Internacional Cristiano cobra alrededor de los 500 dólares mensuales, estos no están al alcance de los más pobres ni de aquellos que con su salario mínimo apenas podrían pagar la cuota de ingreso.

El centro Renaciendo en el año 2005 al 2007 fue expuesto a los ojos del mundo por las torturas, tratos crueles e inhumanos a los que estaban expuestos los menores de edad fue creado como un complejo pedagógico donde los niños infractores de la ley y los que se consideran en riesgo social podrían encontrar un lugar que les brindara educación y seguridad, el resultado no es ese, aun hoy que las condiciones han mejorado el centro Renaciendo no cuenta con un medico que lleven a los menores a un proceso de desintoxicación que les permita incorporarse a una vida social segura y productiva.

Reportes de la prensa Hondureña relatan que:

Niño de 13 años mata a un agente de la oficina antidroga de Estados Unidos (DEA), de la DEA durante un asalto

los periódicos publicados decían:

Sólo tienen 13 años y ambos —cabecilla y guardaespaldas— ya están acusados de asesinar a Michael Timothy Markey, un agente de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Markey, de 44 años, fue asesinado a tiros cuando visitaba como turista un templo religioso de la aldea, a 12 kilómetros al este de Tegucigalpa. Allí está la virgen de Suyapa, patrona católica de Honduras.
Luego de que fuera presa de un asalto en Honduras, informaron fuentes oficiales. El agente murió desangrado en el hospital, a pesar de que emprendiera la huida, recibiera dos impactos de bala. Las mismas fuentes indicaron que no hay duda, que tanto Erlan Fabricio Colindres —quien ha sido capturado ya en tres ocasiones— como Manuel Romero son los culpables y son delincuentes altamente peligrosos, lo cual se refuerza con la declaración de algunos testigos, quienes los identifican plenamente.

 Según la policía, Colindres, vivía en una casa de madera en El Infiernito, conocido así porque allí residen numerosos mareros que con frecuencia asesinan y asaltan a los transeúntes y vecinos. El lugar está en la colonia Nueva Suyapa, en la zona este de la ciudad. además de que es distribuidor de drogas. La policía arrestó a Colíndres y a su guardaespaldas Manuel Romero, también de 13 años. Alias “El Siniestro” ha sido capturado tres veces por asesinato y huido de las correccionales estatales en tres años

Antes de haber sido asesinado el agente de la Oficina Antidrogas, Erlan colindres y su guardaespaldas estuvieron por tres ocasiones castigado en el Complejo Pedagógico Renaciendo http://www.xibh.unlugar.com/ por orden de los juzgados de la niñez y de la fiscalía de la niñez. El 17 de febrero del año 2006 – ... el humanista Español Juan Carlos Mestre expreso que visitar ese complejo es “un descenso a los infiernos inimaginables del horror”; . Lo que fue aceptado como PERITAJE: CASO 12331, SERVELLON GARCIA y OTROS, HONDURAS: l4J : 002/005: P,c\GE 82, Honorable, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica

Dias después Colindres se había fugado, un informe decía" escapó el viernes del Centro Renacimiento del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), a unos 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde estaba recluido desde el 8 de agosto, tras fugarse por primera vez después de haber sido capturado el 30 de julio.

El menor, a quien la Policía hondureña atribuye múltiples crímenes, se fugó aprovechando la escasa vigilancia que hay en el centro, La fuga del menor ocurrió pocos días después de que el Juzgado de la Niñez de Tegucigalpa ordenara que se flexibilizaran las medidas de seguridad para él, porque la organización no gubernamental Xibalba denunció que estaba incomunicado, esposado y sufría torturas.

siete años después Erlan Colindres alias ahora el chorizo estaba recluido en el Presidio de Comayagua en donde murió calcinado y según algunas versiones fue en su recinto donde se inicio el escalofriante  incendio.

Es evidente que no se han destinado fondos para reforzar políticas preventivas que caminen de la mano con las acciones represivas de los órganos policiales necesarias para combatir la criminalidad tampoco se ha aportado en  campañas disuasivas que sean manejadas inteligentemente por los Medios de Comunicación, importantes para llevar a todos los confines del mundo la necesidad de hacer algo por salvar la vida, evitar que los índices de criminalidad suban aceleradamente.

 el resultado de las políticas represivas es la sobrepoblación en los centros de privación de libertad y un aumento desmedido en el consumo de alcohol y otras drogas.

“Si se caya la libertad de expresión se callaran los pueblos…Itsmania”