Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Un caso de película, de sobrevivencia, de angustia y dolor, padece la
ex directora Fomento a la Mipymes de la Secretaría de Industria y
Comercio, Ana Paola Pizzati, después de sobrevivir a un atentado.
Su
vehículo recibió más de 30 balazos, mientras que su cuerpo recibió una
herida. Pero lo peor no es el atentado criminal de parte de
desconocidos. Ahora Ana Paola, quien es testigo protegida en el caso por
el que se le quiso matar, es víctima del mismo Estado que la protege,
al quitarle la custodia de su hijo, también testigo protegido.
Ana
Paola es una mujer de 34 años. En el gobierno del presidente Porfirio
Lobo Sosa laboraba en la Dirección general de fomento a la Mipymes de la
Secretaría de Industria y Comercio (SIC).
Sin
embargo, tras el atentado criminal de agosto pasado, le vino la peor
pesadilla, que la despojaran de su hijo de 12 años, supuestamente, bajo
procedimientos legales amañados.
Al
parecer las puertas se le cierran a cualquier instancia que acude,
mientras, su hijo permanece bajo la custodia de su padre, el boliviano
Gunther Antonio Suárez, quien tendría un estatus de ilegal, según ella.
Ahora
está a la espera de que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
(Dinaf) reconozca que el procedimiento usado para despojarla de su hijo
ha sido incorrecto y se lo devuelva porque el menor ha permanecido con
ella toda la vida.
El día del atentado
Al
salir de su trabajo en la SIC, ubicada en el bulevar Kuwait de la
capital, el 20 de agosto del año pasado, Ana Paola conducía su vehículo
a inmediaciones del semáforo entre las colonias capitalinas El Prado y
Miramontes, a eso de las 5.00 de la tarde. Fue atacada a balazos por
sujetos desde otro vehículo.
Tras
el atentado, Ana Paola permaneció convaleciente, tiempo en que su ex
marido, aprovechando una visita que le hacía al niño en La Ceiba, como
cotidianamente ocurría los fines de semana, se lo llevó y no lo
devolvió. La policía reportó el hecho como rapto y se giró alerta
migratoria para que no saliera del país.
Él
realizó varias gestiones legales, en instituciones públicas, para que
el Estado, a través de Dinaf le asignara de manera legal la tutoría, lo
que finalmente ocurrió.
La
última resolución del Dinaf, que fue en consenso con personal de la
Fiscalía del Menor, de Juzgados de Letras de la Niñez y del Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), fue que el menor regresara a
su anterior hogar, pero extrañamente consideraron como ese último hogar
la casa de Gunther aunque nunca vivió con él.
Anteriormente,
el Dinaf había asignado la custodia del menor a una familia
alternativa, pero fue por poco período. Según Ana Paola, la condición de
residencia del padre del niño es de ilegal, porque tenía permiso de
trabajo en Honduras pues es boliviano, pero el mismo venció porque ya no
trabaja. Sin embargo, las autoridades tampoco proceden por la estadía
irregular en el territorio, esto sin contar que tiene varias denuncias
por violencia doméstica.
Recurso
Para
revertir lo actuado, Ana, quien está fuera del país porque recibió
amenazas de muerte; nuevamente a finales de marzo, interpuso ante el
Dinaf un recurso de nulidad absoluta de acciones a partir del auto de
admisión del 11 de enero anterior, en virtud de haber prescindido total y
absolutamente del procedimiento establecido.
En
ese sentido, el recurso es en el expediente 078-01-2015, de denuncia de
vulneración de derechos de un menor, interpuesta el 11 de enero
anterior, contra Gunther Antonio Suárez Santelices, por considerar que
el procedimiento para asignarle el niño al padre es contrario al
derecho.
Las
causales que establece el recurso es que el fallo emitido por el Dinaf a
favor del padre, no fue firmado por la directora del Dinaf, Loli Salas,
sino por Nolvia Herrera, gerente de Protección de Derechos del Dinaf,
lo que es incorrecto, y además carece de la firma del secretario general
que es el fedatario, lo que implica incumplimiento de la Ley de
Administración Pública, Código de la Niñez y la Ley de Procedimientos
Administrativos.
En
el expediente hacen parecer que en la exploración sicológica emitido
por Katerine Marie Zerón el 12 de enero de 2015, maliciosamente aduce
que los abuelos maternos fueron los que interpusieron la denuncia,
haciendo ver que esto se relacionará con lo que supuestamente dijo el
menor, que su madre estaba hace un año en Canadá, y de esa manera
facilitar la vía para que el padre se quedara con el niño, lo que es
incorrecto.
Además
que la abogada Nolvia Herrera solicitó un estudio socioeconómico a
Gunther Suárez, pero hasta un mes se le hizo, denotando la parcialidad
de la abogada, pese a que hay suficiente información relacionada a que
Gunther nunca ha convivido con el menor y que se lo llevó sin
consentimiento de su madre y de los abuelos que lo tenían en La Ceiba,
por razones del atentado criminal.
El
documento establece que Gunther puso en riesgo la seguridad del niño
porque es testigo protegido. Además el estudio socioeconómico a Gunther
no se hizo porque no pudieron establecer el domicilio.
Luego,
la misma abogada Herrera, según el escrito, usurpó funciones del
Director ejecutivo y el secretario general del Dinaf, al emitir una
resolución el 13 de febrero anterior, mediante la cual convocó a las
partes para resolver el conflicto de vulneración de derechos del niño,
evidenciando la insistencia por violar el proceso y los derechos de Ana
Paola.
Luego
establece que se convocó a la directora del Dinaf para el 16 de
febrero, para ratificar y aprobar todas las irregularidades cometidas al
no evacuar medios de prueba, al no estar representada Ana Paola se
ordenó que el niño fuera a un hogar sustituto.
Como
si fuera poco, la abogada Herrera resolvió el 27 de febrero la
restitución del menor a un entorno de familia, tomando la decisión del
juzgado de letras de familia, que es quien debe conceder la guarda y
custodia a favor de Gunther, sin ningún dictamen legal.
Por esas irregularidades es que se pide la nulidad del proceso por prescindir del procedimiento debido, según Ana Paola.
Este
medio fue al Dinaf para conocer la versión de la directora del Dinaf y
de Nolvia Herrera, pero no atendieron ni dieron cita, pese a la
insistencia, mientras, de Gunther, tampoco se logró su versión, sin
embargo, parte de las respuestas están en el expediente que se sigue por
el caso.
Gunther
deja claro que Ana Paola no puede ser testigo protegido, ni su hijo, de
algo que no vieron porque no saben quienes perpetraron el atentado.
Además
que ella como mamá casi nunca estaba con el niño, sino que estaba al
cuidado de los abuelos, razón por la que reclama la custodia.
También
aduce que por el riesgo que ella corre, tras el atentado, el niño está
en el mismo peligro, por lo que estaría mejor con él, además que la idea
de ella es llevarse el niño para Canadá, donde vive con su actual
esposo, y de esa forma separarlo y quitarle el derecho.
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